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empresarios de la palma a indagatoria en Colombia
Los Palmeros, el Robo de Tierras y los paramilitares.
A INDAGATORIA 23 EMPRESARIOS DE LA PALMA
Mientras el Fiscal General anuncia la indagatoria de 23 empresarios en
la comisión de graves delitos, el presidente Uribe semanas antes
invita a aprovechar la palma del Sur de Urabá para el biocombustible.
¿Se trata de la palma sembrada en el Bajo Atrato o de cuál?
¿Se trata de la justicia o del negocio de la impunidad?
Los Indagados
El
Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada
por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro
del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la
instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios
antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas
en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó
en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran
los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación
de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio
ambiente.
De acuerdo con la información suministrada por el periódico,
la actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras
paramilitares en la región desde 1996. En las declaraciones rendidas
por el desmovilizado FREDY RENDON HERRERA alias “El Aleman”
manifiesta que el control militar se realizó como parte de una
operación de los hermanos CASTAÑO GIL, y que solamente hasta
el año 2001, en la que se inició la siembra de la palma,
esta fue entregada al control del bloque Elmer Cárdenas. El Fiscal
General afirmó en la entrevista que: “los paramilitares no
buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron”.
Según lo que se ha conocido, los representantes legales vinculados
son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa
Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal
de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA,
representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO,
representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante
legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista
mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante
legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante
legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE,
representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO,
representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA.
Entre los comisionistas de tierras en la comunidad de El Guamo, territorio
colectivo de Curvaradó; DANILO JOSE PACHECO DE LA HOZ, comisionista
de tierras de la comunidad de Caño Claro Andalucía, territorio
colectivo de Curvaradó; y.ERNÉN JOSE MUÑOZ GONZALEZ
(sic), quien seria HERMEN JOSE MUÑOZ GONZALEZ. Este integrante
de estructuras paramilitares se encuentra acusado en otro proceso penal,
en el grado de coautor del delito de homicidio agravado en la persona
de ORLANDO VALENCIA; CARLOS DANIEL MERLANO RODRIGUEZ, asesor jurídico
de la empresa Urapalma, quién de acuerdo con la información
recaudad diseñó la telaraña jurídica para
declarar la accesión de más de 17.000 hectáreas a
4 predios que en su conjunto no se extienden a más de 120 hectáreas,
y la cadena de traspasos de propiedad utilizando la figura de asociaciones
de colonos, para que finalmente las tierras usurpadas o acrecentadas llegaran
a manos de las empresas palmicultoras.
Igualmente fueron vinculados, IVAN JOSE PALACIOS PALACIOS, JORGE LUIS
SANTOS ORTEGA, JAVIER MORALES ESTRADA, MARIO LEON VILLA PACHECO, JOHN
ALFREDO ZEA RESTREPO, REMBERTO MANUEL ALVAREZ BERTEL. MARIO ALBERTO VELEZ
GIRALDO, VICTOR ANDRES ZAPATA CAICEDO.
Si bien el Fiscal General hace mención a la recepción de
más de un centenar de testimonios, inspecciones judiciales a las
sedes de las empresas cultivadoras de palma, en bancos, a notarias y a
oficinas de registro de instrumentos públicos, no expresa el valor
testimonial y el riesgo que padecen las víctimas que afirman integralmente
sus derechos a la Vida y al Territorio.
Posibilidad de los derechos o espacio a
la impunidad
Hasta ahora no existe ninguna decisión de fondo. Se ha pasado casi
un año después de iniciado el proceso 3856, sin olvidar
más de 10 años desde las primeras denuncias y constancias
públicas sistemáticas desoídas permanentemente. La
decisión es un avance que hoy se encuentra en posibilidad de llegar
a lo estructural o quedarse en formalidades que toquen solo a personas
que fueron usadas por los empresarios para la apropiación ilegal
de las tierras y los consecuentes procesos fraudulentos de legalización.
Han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales.
Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos
públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del
nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias
ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes
a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la
falsificación de escrituras. No se ha identificado, ni individualizado
a toda la estructura económica y criminal que cometió estas
violaciones a derechos fundamentales y la ley penal. Esto a pesar de las
pruebas aportadas y de todos los indicios de responsabilidad existentes.
No se ha establecido la responsabilidad de miembros de la fuerza pública
y funcionario públicos, que participaron en la comisión
de crímenes de Lesa Humanidad y en el despojo de tierras a los
ocupantes legítimos y de buena fe de los territorios colectivos.
Por ejemplo, la responsabilidad del General RITO ALEJO DEL RIO en la masacre
de Brisas de Curvaradó y de los sucesivos comandantes en las operaciones
de tipo paramilitar y en su protección al sector empresarial en
la comisión de los crímenes ambientales. O por la actuación
realizada por el General PAUSELINO LA TORRE, ex comandante de la Brigada
XVII que “intermedió” para que se legalizara el desplazamiento
forzado y la venta fraudulenta de la que era victima el señor ENRIQUE
PETRO.
La investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes
de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a
vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios
individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron
y se convirtieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes.
La Resolución de apertura de instrucción tampoco determina
la suspensión del daño hecho a las comunidades afrodescendientes
del Curvaradó y Jiguamiandó, y que persiste hasta el momento.
En virtud de lo expresado en la ley 600 de de 2000 se deberían
adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por
la comisión del delito, las cosas vuelvan al estado anterior y
se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible. Para el
caso tal medida deberá ser, que se ordene y ejecute la suspensión
de toda actividad productiva en los sembrados de palma de aceite.
El estado procesal actual solo permite inferir que las personas mencionadas
declararan acompañados por un abogado para responder sobre los
hechos que originaron su vinculación a la investigación,
manifestándoles los delitos que se les imputan. Si se establece
que existen razones para imponer medida de aseguramiento, consistente
en detención preventiva en un establecimiento carcelario, se deberá
privar de la libertad al indagado y definirle su situación jurídica.
A la fecha no se conoce cuando los imputados serán indagados y
tampoco se han practicado todas las pruebas conducentes solicitadas por
la comunidad y sus abogados.
A la luz de la magnitud del caso, en relación con la sistematicidad
en el ejercicio criminal, las pretensiones sobre la vida y el territorio,
y la altísima probabilidad que los imputados desarrollen estrategias
de retaliación contra las víctimas, entre ellas, nuevas
judicializaciones y operaciones armadas, la investigación no ha
contado con la eficacia requerida.
Igualmente, de la Fiscalía depende, que el plazo de 24 meses que
tiene para adelantar la instrucción, no se convierta en una dilación
de diligencias y actuaciones que conduzcan en un futuro a libertades por
vencimiento de términos y la consecuente impunidad.
Entre la formalidad y la realidad
Hoy
a pesar de esta decisión judicial, en conjunto con las resoluciones
de la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural - INCODER, no existe voluntad del gobierno nacional
en materializar el retorno de estas comunidades a sus parcelas, en plenas
condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos
como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño
en su calidad de victimas.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación es
un primer paso, sin embargo, la misma no puede llevar a engaños
y creer que se está accediendo a la Justicia. Se requiere no solo
decisiones en la vía judicial, sino hechos en el mundo real, desmantelamiento
de toda la empresa del delito que participó en la comisión
de los hechos, sus beneficiarios políticos y económicos,
la imposición de sanciones a quienes sean hallados responsables
de estos crímenes, la devolución material de los territorios
sembrados con palma de aceite, reparación integral de todos los
daños sufridos por estas comunidades y garantía de que estos
crímenes no se volverán a repetir.
Hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando
las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten
medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares
continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose
y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo
el mundo, sin que la institucionalidad actúe.
Hoy continúa, insistimos, la extracción de fruto de la palma,
su transporte en camiones hasta Mutatá en donde se encuentra la
planta “Extractora Bajirá S.A”, hoy persiste la limpieza
de los cultivos en más de 8000 hectáreas en plena producción,
sin que haya autoridad judicial o administrativa; las amenazas contra
los campesinos ENRIQUE PETRO y EUSTAQUIO POLO; las secuelas psicosociales
por los atentados contra la vida a los hermanos HOYOS en septiembre pasado;
hoy la actuación de ex militares y narcotraficantes en Caño
Manso amenazando a los legítimos dueños del territorio en
medio de la Brigada 15 persiste; la presencia de “Aguilas Negras”
en Llano Rico y Pavarandocito; las operaciones militares orientadas a
perseguir a lideres del Jiguamiandó; los hostigamientos a los testigos
que han declarado en diversos procesos judiciales; además la continuación
de la tala de bosques en el Jiguamiandó para la expansión
del agronegocio y la extensión ganadera.
Esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece
estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez
el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución
hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también
de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales
relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó
Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la
zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran
posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos
de biodiesel. Es decir, se trataría de Bajo Atrato
Chocoano, que en la avaricia y lógica empresarial es visto como
una extensión del Urabá Antioqueño.
Si este mensaje fue escuchado por los empresarios de la palma que apropiaron
las tierras a los mestizos y afrodescendientes, ¿tendrán
acaso disposición, voluntad para acatar los contenidos de las resoluciones
de Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, o en el llamado
a indagatoria, la disposición a decir la Verdad, a asumir la sanción
penal y disponerse a una reparación integral por los más
de 113 crímenes, 15 desplazamientos forzados y destrucción
de su territorio?¿Tendrán posibilidad real de restitución
de los derechos territoriales de las comunidades con estos anuncios del
más alto nivel?
Adjuntamos:
Jefe de Estado se dirige a los empresarios del Banano en Medellín.
http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html
http://web.presidencia.gov.co/sp/2007/diciembre/12/09122007.html
Es una investigación amparada en falsedades, dicen palmicultores.
El
Tiempo.23 de diciembre de 2007
A indagatoria 23 empresarios por el delito de desplazamiento forzoso en
el Chocó. El Tiempo 23 de diciembre de 2007
Bogotá, D.C. Enero 10 de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
