Colombia: ¿paramilitarismo sustentable?

En Colombia, los agronegocios no son sólo un problema técnico. Están sirviendo, desde 2005 (año en que el Estado colombiano decretó oficialmente el fin del conflicto paramilitar), para legitimar la posible apropiación de seis millones de hectáreas del territorio colombiano por parte de los mismos dirigentes paramilitares y sus pandillas, a quienes el gobierno de Álvaro Uribe ha dado reconocimiento como agrupaciones políticas y forman parte del proyecto de Asociaciones Productivas, mediante el cual, los responsables de los genocidios, desapariciones, desplazamientos y despojos a comunidades campesinas, indígenas y negras, podrán reciclarse, convenientemente, como flamantes “agroempresarios verdes”. Al mismo tiempo, organizaciones sociales y comunitarias colombianas, denuncian que, según el censo de 1994, en ese año había 40 millones de habitantes en el país, pero recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Colombia informó que la población actual del país es de 41 millones. “Cómo puede ser, dice Daniel Libreros, si el crecimiento vegetativo de la población en Colombia es de 500 mil niños y niñas anualmente, deberíamos ser hoy, en 2007, 46 o 47 millones. Nos faltan al menos 4 millones de personas. ¿Y dónde están? Pues debajo de las carreteras, de las cortinas de las represas, en fosas clandestinas…” Los propios jefes paramilitares han admitido que Colombia desconoce aún los miles y miles de muertos que tiene, y buena parte de la población del país se ha insensibilizado a la tragedia.

El esquema de reconversión y legitimación social y política de los paramilitares, a quienes el gobierno colombiano ha rebautizado como “sediciosos” o paramilitares buenos, porque supuestamente, las motivaciones de sus acciones mercenarias habrían tenido un carácter social (por ejemplo, el “combate al terrorismo” o la “autodefensa”), será financiado, entre otras, por agencias de cooperación internacional europeas, como la española, que ya tiene listo el borrador de un programa de Fondos Canasta, para donar recursos que sirvan al propósito de crear asociaciones productivas 3⁄4por ejemplo, de plantaciones de palma africana3⁄4, entre las víctimas y los victimarios. En otras palabras, el Estado español financiará un programa mediante el cual, las comunidades masacradas y desplazadas recibirán bimestralmente un subsidio de 600 mil pesos colombianos (unos 330 dólares), de los cuales los campesinos deberán reservar una parte (260 mil pesos o 140 dólares), para pagar la asociación con sus asesinos. Es este el modo como Uribe pretende reconciliar a la sociedad colombiana: que los agredidos reciban en su casa al agresor y financien ellos mismos la explotación de su territorio y de su fuerza de trabajo. De justicia y reparación del daño a las comunidades, ni hablar. Y si las comunidades se oponen, de inmediato se les tilda de terroristas, de oponerse a la reconciliación social.

El gobierno promueve intensamente la apropiación de tierras que considera “improductivas”, por estar en posesión de comunidades negras en el Chocó Biogeográfico (Curvaradó y Jiguamiandó) o de comunidades indígenas y campesinas en la Guajira, el Catatumbo, Dabeiba, Vichada, Montes de María, el Valle del río Cimitarra, Cacarica y la región del bajo Atrato, al amparo del llamado Estatuto Rural, que las traspasa a los supuestamente arrepentidos paramilitares (para “reincorporarlos”) para que establezcan plantaciones de palma africana y se integren en el boom global de los agrocombustibles, justo en las tierras de aquellos a quienes durante años se han dedicado a asesinar. Desde fines de los noventa, una nueva oleada de violencia paramilitar, aunque esta vez disfrazada de alternativa económica sustentable, ha dejado un saldo de casi 4 millones de desplazados forzados en el país. El propio ministro de agricultura del gobierno nacional colombiano ha dicho que los indígenas “tienen demasiada tierra”: 30 millones de hectáreas para un millón de personas. Insiste además que habría que poner esos territorios en su justa dimensión (es decir, reducirlo a una hectárea por persona). Pero lo que no dice el ministro es que de ese territorio sólo es cultivable el 0.1%. El resto son montañas, bosques y fuentes de agua, ni más ni menos.

Las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, luchan por recuperar sus tierras mediante ocupaciones y, una a una, desplantar las palmas y recuperar su agricultura. Tienen urgencia porque las leyes colombianas están rápidamente legalizando el despojo ocurrido a fines de la década de los noventa, a partir del cual, si pasan cinco años sin que se reclame el despojo, el usurpador 3⁄4frecuentemente de origen paramilitar3⁄4, puede quedarse con la tierra. Además, dado que la palma africana no puede crecer en suelos húmedos, como son los suelos en el Chocó Biogeográfico (una de las regiones más lluviosas del mundo), también hay urgencia, porque las plantaciones de palma están drenando y desecando los suelos para permitir que las raíces sean más profundas y, por tanto, más difíciles de desenterrar. En el departamento de Bolívar (al norte del eje eléctrico de Antioquia), región de comunidades indígenas y negras, rica en biodiversidad, frutos tropicales y agua, se están entregando entre 25 y 30 mil hectáreas de tierra a los paracos para que produzcan aceite de palma para exportación. El gobierno colombiano ha firmado un convenio con el venezolano para abastecer etanol suficiente para que las gasolinas venezolanas contengan, al menos, un 7% de etanol en el futuro próximo. En Colombia se dedican ya 303 mil hectáreas de tierra a la producción de palma aceitera, pero son insuficientes para los objetivos que se quieren alcanzar: si en la central petrolera de Barranca Bermeja, la mayor del país, se refinan diariamente más de 23 millones de galones diarios de gasolina, la ley estipula que al menos debe producirse 5% de alcoholes hidrocarburantes (4.37 millones de litros diarios) que saldrán de la producción de aceite de palma, por lo que “ni 600 mil hectáreas de cultivo de palma son suficientes”, según declaró el propio presidente colombiano.

Representantes de distintas comunidades y organizaciones indígenas (Embera-Katío, Wayuú, Kankuamo, Barí, Kuna), campesinas, afrodescendientes y sociales colombianas, se han reunido en Bogotá para reflexionar sobre los impactos y las luchas que realizan contra las plantaciones de palma africana y caña destinadas a producir biocombustibles. Al encuentro han asistido también organizaciones de Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, España, Reino Unido, Estados Unidos, México, Australia, Indonesia, Uruguay y Ecuador, convocados por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz al Seminario Crisis planetaria, derechos humanos y agrocombustibles. Diagnósticos, análisis y alternativas. Colombia es el quinto productor mundial de aceite de palma, y el gobierno de Uribe está afanosamente buscando mecanismos para agilizar los despojos a las comunidades, reforzar los latifundios y vincular a los agronegocios con los esquemas globales de financiamiento que, desde la bolsa de valores de Nueva York, pretenden controlar corporaciones como Citigroup o Chase Manhattan, vinculadas a los nuevos entrepreneurs armados y a trasnacionales bien conocidas en toda América Latina, como Cargill, Archer Daniels-Midland, etcétera.

Entretanto, las organizaciones se han manifestado contra los agrocombustibles, no sólo por su ya probada ineficacia para responder al cambio climático o porque son una embestida contra la propiedad comunal, la agricultura campesina, el territorio, los recursos y la soberanía, sino porque, también, constituyen una forma de reciclar los monocultivos agroindustriales, los “desiertos verdes” de cualquier tipo (yuca, plátano, mango, maíz, palma, soya, eucalipto), que en Colombia son desiertos rojos, porque están irrigados con la sangre de los campesinos y con el agua que se niega a los pueblos. En una plantación típica, cada palma requiere de casi 35 litros diarios de agua y en cada hectárea se plantan, en promedio, 139 palmas, de modo que una hectárea de palma aceitera consume al menos 4 mil 753 litros de agua por hectárea diariamente. En un año, las 303 mil hectáreas de palma en Colombia, habrán gastado más de 525 mil millones de litros de agua. Esa agua podría abastecer a casi la mitad de la población de Colombia durante 50 días, en vez de destinarla a alimentar a los autos. Asimismo, cada hectárea de palma rendirá, igualmente, un promedio de 6 mil litros de aceite, lo cual significa que por cada litro de aceite se insumen casi 300 litros de agua. Eso, sin contar el gasto de agua que implica su refinación para convertirla en el proverbial biodiesel, carburante “renovable y amigable con el ambiente”. Si esto han hecho en 300 mil hectáreas para montarse en el tren de la “conservación ambiental”, imaginemos lo que harán con seis millones. Y Uribe se encuentra muy activo buscando acuerdos con gobiernos como el nicaragüense para ofrecer asistencia en la producción de biocombustibles. ¿Incluirá esa asistencia la aplicación de los métodos paramilitares de apropiación de tierras? Y luego dicen que los gobiernos de América Latina no contribuyen a frenar el calentamiento global.