Informe Misión Agrocombustibles. Grave afectación a derechos humanos y ambientales

Categórico Informe  Agrocarburantes en Colombia. (rumbo a la Conferencia del Clima en Cochabamba)

Misión internacional para la verificación del impacto de los agrocombustibles en 5 zonas afectadas por los monocultivos de palma aceitera y caña de azúcar en Colombia

Impactos sobre los territorios, los derechos, la soberanía alimentaria y el medio ambiente
Abril de 2010

la producción de agrocombustibles en Colombia ha tenido un impresionante crecimiento

de 328.973,8 ha. plantadas con palma en 2007, siendo 921.000 ha. la meta del gobierno nacional para el año 2010

la Misión pudo observar que los conflictos territoriales yacen sobre lógicas y estrategias de apropiación y uso de bienes ambientales

comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y ribereñas implican violaciones a los derechos comunitarios, comprometiendo la soberanía territorial y afectando su reproducción sociocultural

resulta preocupante la consolidación violenta de un modelo terrateniente y hacendatario de expropiación

la Misión reconoció la responsabilidad que ostenta la demanda internacional de agrocombustibles sobre los conflictos socio-ambientales locales derivados de la expansión de los monocultivos de caña de azúcar y palma aceitera en Colombia

Además de los diputados europeos Thérèse Snoy y Jean Louis Christ, la asistente Anabelle Sack del eurodiputado Daniel Cohn-Bendit y el asesor Eros Sana del Senador francés Jacques Muller, las organizaciones internacionales involucradas en la convocatoria y gestión de la Misión fueron La Coordinación Belga por Colombia, que incluye a Broederlijk Delen (Bélgica), CNCD (Bélgica), Oxfam Solidaridad (Bélgica) y Solidarité Socialista (Bélgica), adicionalmente, El Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (Francia), Salva la Selva (Alemania), KOLKO e.V. (Alemania), Instituto para los Estudios Avanzados en las Ciencias, Tecnologías y la Sociedad (Austria), WOLA (EEUU), Congress on Latin America - NACLA (EEUU), Human Rights Network (EEUU), Ecologistas en Acción (España), Taula Catalana per la Pau i les Drets Humans a Colombia (España), MUNDUBAT (España), Mensen mete en Missie (Holanda), Corporate Europe Observatory –CEO- (Holanda), Red de Alternativas a la impunidad y la Globalización (Italia), Human Rights Every Where –HREW- (Luxemburgo), coordinación Suiza-Colombia (Suiza), Sobrevivencia (Paraguay), Nucleo Amigos da Terra NAT (Brasil), Radio Mundo Real (Uruguay), WAHLI - Amigos de la Tierra Indonesia (Indonesia), Sindicato de Campesinos de Java Occidental (Indonesia), y varias redes internacionales como la Global Forest Coalition, FIAN internacional y Amigos de la Tierra Internacional.  En total, al menos 14 países participaron en la Misión y más de 30 organizaciones sociales.

las denuncias y demandas asociadas con la expansión de los monocultivos de caña y de palma en Colombia están directamente relacionadas con conflictos por el uso y propiedad de las tierras, el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, la flexibilización laboral y las condiciones infrahumanas de trabajo, la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria, la violación de derechos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes, la pérdida de biodiversidad y ecosistemas fundamentales de las regiones, y la grave transformación cultural y de las estrategias de supervivencia de las comunidades locales

una intervención del Estado a nivel local a través de los planes de Acción Social, pero también a través del fortalecimiento de los emprendimientos agro-empresariales y de la intensificación de las fuerzas militares legales, en complicidad con fuerzas paramilitares

RECOMENDACIONES
Comunidad Internacional

  • Acompañar a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Choco; San Alberto, Puerto Wilches, Puente Sogamoso, Regidor, Rio Viejo, Las Pavas, Barrancabermeja y Yarima, en el Magdalena Medio; Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario de Alto Mira y Forntera, y pueblo indígena Awá, en Nariño; comunidades de El Hormiguero, Palmira, Guachené, Candelaria, El Bolo y otras de la cuenca del río Cauca, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca; y a las comunidades de Primavera y Cumaribo en el Vichada. Estas comunidades recibieron a la Misión y aportaron sus conocimientos, vivencias y experiencias para que los delegados pudieran tener un panorama claro sobre la situación de los agrocombustibles en Colombia, incluso bajo el riesgo que esto implica para sus vidas e integridad personal y comunitaria.

  • Acompañar a las organizaciones Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CENSAT Agua Viva, La Vía Campesina Colombia (Fensuagro, Coordinador Nacional Agrario, Fenacoa), Diócesis de Quibdó, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y Proceso de Comunidades Negras (PCN), quienes convocaron desde Colombia esta Misión, y acompañan solidaria y comprometidamente a las comunidades en sus territorios.

  • Cuestionar los mecanismos internacionales que legitiman la producción agro-industrial de energía: mecanismos de certificación, discursos eco-eficientes de energías renovables y/o argumentos costo-beneficio de parte de los gremios nacionales y empresas transnacionales.

  • Propiciar investigaciones participativas que permitan profundizar la comprensión crítica de los impactos sobre los territorios y las comunidades locales de la expansión de los agrocombustibles. Apoyar y gestar procesos de incidencia desde el sur global hacia los países del norte global, no sólo en los organismos de la Unión Europea sino también en las instancias de las Naciones Unidas, especialmente en Nueva York y Suiza.

  • Denunciar internacionalmente el papel antidemocrático del actual gobierno por las disposiciones normativas que favorecen los agrocombustibles sobre los derechos de las comunidades locales, por la corrupción en la asignación de créditos y subsidios a grandes terratenientes antes que a pequeños agricultores necesitados de ellos, por la complicidad en la violación de Derechos Humanos al no responder de forma efectiva a la protección de la vida y dignidad de las comunidades locales, por la complacencia con las empresas privadas al des-institucionalizar funciones del Estado para favorecer fraudulentamente intereses privados, y por la violación de la soberanía y autonomía sobre territorios colectivos y ancestrales, despojando a las comunidades de recursos escenciales para su subsistencia como la tierra, el agua y la alimentación.

  • La Directiva Europea 2003/30/CE sobre biocombustibles debe revisar urgentemente sus criterios de sustentabilidad para aclarar asuntos como la diferencia entre bosques y plantaciones, la restricción a subsidios indirectos que alteren la competitividad en la producción de agrocombustibles, el respeto por las tierras en las que se cultivan alimentos y las medidas de protección de fuentes hídricas, no sólo humedales sino también yacimientos y aguas subterráneas.

  • Ni el gobierno de Colombia ni la RSPO cuenta con criterios y mecanismos claros y efectivos para garantizar los derechos de comunidades locales y su medio ambiente, por lo cual esta instancia se considera inapropiada y, más aún, riesgosa en la legitimación de la demanda de aceite de palma, pues los criterios ambiguos de la Mesa sirven para maquillar de verde los desastrosos impactos sociales y ambientales de la industria palmicultora.

  • La Unión Europea debe que orientar su cooperación con Colombia hacia al sector agrícola en proyectos que favorezcan a pequeños productores, garantizando el respeto de los Derechos Humanos, territoriales y ambientales, y fortaleciendo todas las condiciones que garanticen la soberanía y autonomía alimentaria.

  • De no evitarse, los acuerdos de asociación y/o de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea y/o sus estados miembro tienen que integrar clausulas estrictas de Derechos Humanos, laborales, ambientales y DESC de manera que su garantía y control tenga una aplicación efectiva y vinculante.

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