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Sentencia sobre Biodiversidad/ carta a ZP
1)- Al mismo tiempo que en Asturias se debatía sobre los mal
llamado biocarburantes, con presencia y testimonio de Comunidades del
Cacarica, y de Justicia y Paz,
y se trasladaban esos testomonios a la secundaria y a una Casa de Cultura
en Siero,
allá, en la Comunidad de origen, estaba sesionando el Tribunal
Permanente de los Pueblos tratando el tema de Biodiversidad.
2) Aún estás a tiempo de enviar la carta a tu gobierno,
para que no sea cómplice, y se oponga a financiar la importanción
de biocombustibles desde territorios robados a las Comunidades, con violación
masiva de los derechos humanos, o con destrucción de Selva y Soberanía
Alimentaria. Carta a ZP.
TPP DICTAMEN AUDIENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD
Durante
el 25 y 26 de febrero en el marco de la Conmemoración de los 10
años de la Operación Génesis" sesiono el Tribunal
Permanente de los Pueblos en la Audiencia sobre Biodiversidad y Crimenes
de Lesa Humanidad. Tres jueces, cuatro con-jueces de altas calidades escucharon
las diversas pruebas y diversos testigos y víctimas de las empresas
Smurfitt - Cartón Colombia, Maderas del Darién- Pizano S.A,
Monsanto en medio de la observación de delegaciones de Francia,
de Italia, de España, de Gran Bretaña, de Alemania y de
Canadá, de Estados Unidos, de México, de Panamá,
de Chile, de Argentina, de Brasil, de Bolivia y de más de 70 organizaciones
afrocolombianas, indígenas y campesinas colombianas y 7 de los
25 miembros de la Comisión Etica.
En un escenario selvático, por primera vez, en sus 32 sesiones
a nivel mundial se ha realizado esta expresión de Sanción
Moral, esfuerzo que coincide con la inhumación de los restos de
MARINO LOPEZ, afrodescendiente, víctima de la Operación
"Génesis" perpetrada por el General RITO ALEJO DEL RIO
ROJAS entre febrero 24 y 27 de 1997. Su crimen y la operación militar
que propició el desplazamiento de más de 2.500 personas
aún se encuentra en la impunidad, operación armada institucional
que empezó a asegurar la destrucción ambiental y la persecución
sistemática a indígenas, afrocolombianos, y campesinos mestizos
en esta región del país.
Ante más de 327 personas que participaron en el tribunal los jueces
leyeron su DICTAMEN el que dejamos en su conocimiento.Adjuntamos el DICTAMEN
del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en la Zona Humanitaria
Nueva Esperanza en Dios en el Cacarica.
Bogotá, D.C Febrero 27 de 2007
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
TRIBUNAL PERMANENTE DE
LOS PUEBLOS
SESIÓN COLOMBIA
AUDIENCIA SOBRE BIODIVERSIDAD
DICTAMEN
En
continuidad con anteriores audiencias que han examinado el problema de
las empresas multinacionales en Colombia, en su actividad de extracción
de recursos naturales con apoyo de la fuerza pública colombiana
y grupos paramilitares, el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó
en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca del río
Cacarica en el bajo Atrato chocoano durante los días 25 y 26 de
febrero de 2007. La audiencia fue presidida por el jurista argentino Marcelo
Ferreira – cátedra libre de derechos humanos de la facultad
de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires - delegado
por la presidencia del Tribunal en compañía de los jueces
Ricardo Carrere coordinador internacional del Movimiento Mundial por los
Bosques Tropicales, João Ricardo dos Santos Costa, miembro de la
Asociación de Jueces por la Democracia del Brasil y del Foro Mundial
de Jueces. Actuaron como conjueces Andebeng Labeu Madeleine Alingue de
nacionalidad tchadiana, presidenta de la Corporación Alianza Panafricana
de Colombia y experta en cooperación sur-sur; el periodista y escritor
colombiano Alfredo Molano, la abogada Francine Damasceno Pinheiro abogada
miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra del Brasil y maestra en ciencias sociales, y el delegado
indígena chileno del pueblo Mapuche Lorenzo Loncon.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, como continuidad de los tribunales
Russel respaldado por la Fundación Lelio Basso, tiene como objeto
dar visibilidad y calificar jurídicamente situaciones de violación
masiva de derechos fundamentales, que no encuentran respuestas institucionales.
En los días previos, algunos de los jueces recorrieron la región
en compañía de un numeroso grupo de observadores nacionales
e internacionales para verificar los impactos de la presencia de algunas
empresas nacionales y multinacionales en el medio ambiente y la sociedad
de la región. Los mentados jueces quieren dejar expresa constancia
de que vieron con sus propios ojos el sufrimiento de los seres de esta
tierra y la degradación de la naturaleza.
La audiencia tuvo lugar en la semana en que se conmemoraron los 10 años
de una expulsión violenta y masiva que destruyó numerosas
comunidades de la región obligando a sus habitantes a abandonar
sus territorios los cuales fueron luego ocupados por la actividad de empresas
transnacionales. Dicho operativo que fue denominado por el ejército
colombiano “operación Génesis” estuvo acompañado
de numerosos asesinatos. Entre ellos debemos destacar el degollamiento
de Marino López Mena a quien luego de cercenarle su cabeza los
victimarios jugaron fútbol con ella frente a la comunidad en un
acto de escarmiento típico del terrorismo de estado. La clausura
se llevó a cabo precisamente en el décimo aniversario de
su muerte.
La audiencia se realizó en un asentamiento que se constituyó
como zona humanitaria luego del retorno de algunos que fueron violentamente
desplazados en 1997 y que han ejercido una heroica resistencia durante
varios años decidiendo permanecer en el territorio a pesar de los
continuos hostigamientos y amenazas de las fuerzas armadas colombianas
y los grupos paramilitares. Asistieron a la audiencia cerca de trescientas
personas provenientes de diversas regiones del país donde estas
y otras empresas multinacionales han generado daños similares en
el medio ambiente apoyándose en grupos paramilitares para el logro
de sus objetivos. También participaron delegados de organizaciones
solidarias de 17 países de Europa, norte y Suramérica.
Las sesiones de la audiencia se desarrollaron en distintos planos conceptuales,
a saber: exposiciones de contexto sobre biodiversidad y biopiratería,
palma y biocombustibles, política ambiental y agraria y transgénicos
en Colombia.
En otro plano fueron presentadas acusaciones contra varias empresas transnacionales
algunas de las cuales tienen sus filiales en Colombia. Cada acusación
fue respaldada por testimonios de personas que han sufrido directamente
el impacto de sus actividades y por pruebas documentales presentadas por
los acusadores y testigos. El Tribunal procedió a agregar la prueba
documental y testimonial, para su presentación a la audiencia final
de la sesión Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos que
se celebrará en julio de 2008.
Así mismo, y en forma previa a la audiencia se desarrolló
una preaudiencia en Medellín el día 22 de febrero sobre
fumigaciones y militarización en Colombia cuyas conclusiones fueron
presentadas a esta audiencia e hicieron parte de la acusación.
A
la empresa Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, se le acusó
por violación de derechos humanos, ambientales, sociales y culturales.
Específicamente por: destrucción de selvas húmedas
tropicales, bosques andinos y otros ecosistemas y por destruir el tejido
social, medios de producción tradicional y cultural de las comunidades;
suprimir y contaminar fuente hídricas; influir la formulación
de políticas gubernamentales en el país y presionar a funcionarios
del Estado en pro de los intereses de la multinacional; ocultar información
relacionada con la empresa y manipular los medios de comunicación
tanto a escala regional como nacional; usar falsos postulados, información
y publicidad mentirosa para justificar sus actividades y enmascarar los
impactos generados; acusar y criminalizar con argumentos falsos a quienes
denuncian su accionar incorrecto.
A la empresa MULTIFRUITS S.A. filial de la transnacional norteamericana
DELMONTE se le acusa de práctica del agronegocio ilegal de banano
proyectado en 22 mil hectáreas, en el que se incluiría el
de caucho y palma en los caseríos de La Balsa, San José,
Varsova y Bendito Bocachica; beneficiarse del asentamiento de las estructuras
paramilitares en la Balsa desde el 26 de febrero de 1.997, que produjo
el desplazamiento de más de 2500 afrocolombianos, el saqueo y destrucción
de bienes de supervivencia, y el crimen de MARINO LOPEZ así como
la utilización de este sitio como centro de operaciones paramilitares
en medio de las cuales torturaron, desaparecieron, ejecutaron a civiles,
entre ellos varias de las 85 víctimas de esta comunidad; en donde
mantienen el control a través de acciones de presión con
la denominación de “Águilas Negras” a pesar
del anuncio de su desmovilización en el 2005; se le acusa también
de daño ambiental irreparable sobre el ecosistema así como
la remoción de tierras para la agroindustria y de fosas comunes
de las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad.
A la empresa PIZANO S.A Y SU FILIAL MADERAS DEL DARIÉN, se le acusa
del uso destructivo en forma mecanizada de los recursos maderables del
Cacarica; haber generado un profundo daño en el territorio, los
recursos forestales y en las condiciones de vida de las comunidades afrocolombianos
que habitan las zonas de extracción; beneficiarse de la explotación
extensiva de madera, afectando principalmente las formaciones boscosas
de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién en el departamento
del Chocó; la explotación indiscriminada de la especie catival
(Priora copaifera), que se cataloga como una especie en vía de
extinción, y la generación de un agudo impacto sobre la
vocación forestal de la selva húmeda tropical, así
como del desplazamiento forzoso de más de 2.500 afrocolombianos
y mestizos y una tercera parte de los pueblos indígenas de la región
luego de la Operación Génesis en la que fue evidente la
connivencia con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá (hoy Bloque Elmer Cárdenas) en la que se perpetraron
ametrallamientos contra la población, incendios a sus bienes y
cosechas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desapariciones
forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Al Estado
Colombiano se le atribuyó responsabilidad por su acción
y omisión en los crímenes de lesa humanidad, genocidio y
terrorismo, en todas las manifestaciones que se anotaron cometidos por
miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional en colaboración
con los grupos paramilitares que se encuentran en la zona así como
por mantener en la impunidad cada uno de los delitos cometidos contra
las víctimas y por no investigar, juzgar y sancionar en debida
forma, a los miembros de la fuerza pública y a los paramilitares
que actúan en connivencia.
A la empresa URAPALMA S.A, se le acusó de haber actuado en conjunto
con otras empresas palmeras y el Estado Colombiano en la siembra ilegal
de palma entre 4000 y 7000 hectáreas de tierra con una proyección
a 22 mil dentro de territorios colectivos de comunidades afrocolombianas;
operaciones que fueron posibles gracias a la comisión e impunidad
de más de 113 crímenes de Lesa Humanidad, 13 desplazamientos
forzados, 15 torturas, 17 detenciones arbitrarias, 19 saqueos a caseríos,
14 incursiones de tipo paramilitar, agresiones a la zona humanitaria,
4 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y la llamada “desmovilización”
que ha posibilitado el desarrollo de nuevas amenazas de muerte y de control
sobre la población. Se acusa a la empresa de haber propiciado la
violencia y de haberse favorecido de ella y haber pretendido legalizar
la propiedad a favor de sus intereses a través de mecanismos como:
celebración de contratos de usufructo, compraventas de mejoras
a propietarios, suscripción de falsas actas de compromiso para
el aprovechamiento, la conformación de asociaciones campesinas
de fachada, el desarrollo de figuras como las llamadas Alianzas Estratégicas
para la consecución de recursos de fomento público, la falsificación
de documentos públicos y privados, la alteración de resoluciones
de adjudicación de baldíos y la figura de la accesión,
entre otros.
A la empresa transnacional Monsanto se la acusó por suministrar
sin sentido ético ni responsabilidad legal el componente Raund-up
ultra para aspersión aérea en el programa de erradicación
de cultivos de uso ilícito con glifosato, aplicado desde 1984 y
convertido en estrategia principal del plan Colombia implementado conjuntamente
por el estado de Colombia y los Estados Unidos de América; por
complicidad flagrante y a conciencia en la violación del artículo
14 del Protocolo 1 de Ginebra que prohíbe como método de
combate hacer padecer hambre a las personas civiles y atacar bienes indispensables
para la supervivencia de la población civil como artículos
alimenticios, cosechas, ganados, reservas de agua potable y las obras
de riego; por vender al gobierno de Colombia con recursos del gobierno
de los Estados Unidos sustancias tóxicas frecuentemente utilizadas
como arma de guerra convirtiéndose en cómplice de una guerra
química contra la población civil; por violación
de normas internacionales que obligan a entes estatales y a sus consorcios
privados a proteger y respetar la biodiversidad y el medio ambiente, como
el Convenio de diversidad Biológica, la Convención Ramsar
sobre humedales y la convención 169 de la OIT sobre derechos de
los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas;
por omisión frente a las consecuencias humanitarias, sociales y
territoriales producto de las acciones de fumigaciones aéreas masivas
e indiscriminadas que utilizan sustancias producidas por esta transnacional.
A la empresa transnacional Dyncorp se le acusó de generar guerra
e inestabilidad política y de lograr lucro atizando conflictos,
y volverlos funcionales a la prestación de sus servicios; beneficiarse
del mercenarismo que promueve y propicia el deterioro de las condiciones
de vida de la población que padece la militarización, la
pérdida de miles de vidas y con ellas el delicado tejido social
al que pertenecen,; la destrucción de recursos naturales; la pérdida
de valores de la humanidad en términos culturales y ecológicos;
propiciar graves crisis humanitarias, e ignominiosas crisis alimentarias;
la pérdida de bienes de la población, la vulneración
de la dignidad humana; la destrucción y el dolor. Se le responsabiliza
de violaciones a los derechos humanos contra comunidades colombianas y
también ecuatorianas que sufren los impactos de su actividad empresarial,
todas ellas, graves afrentas contra la humanidad; ejecutar una política
deliberada de violación de los derechos humanos, formulada por
el gobierno de los Estados Unidos y aceptada por el gobierno de Colombia.
De la biodiversidad:
De las pruebas aportadas al Tribunal se desprende que las políticas
promovidas e impuestas por el estado colombiano atentan gravemente contra
la biodiversidad agrícola y forestal que fue utilizada sustentablemente
durante siglos por las comunidades indígenas afrocolombianas y
campesinas.
- el desplazamiento de poblaciones indígenas, afrocolombianas y
campesinas implican la pérdida de especies y variedades, así
como del conocimiento tradicional asociado a las mismas.
- La expulsión de las comunidades tradicionales y la sustitución
de la agricultura de subsistencia por monocultivos industriales afectan
la soberanía alimentaria local y nacional.
- La aplicación masiva e indiscriminada de herbicidas resulta en
la destrucción de bosques y cultivos así como de la fauna
asociada.
- La implantación de monocultivos de banano, pinos, eucaliptos,
cipreses y palma aceitera sustituyen ecosistemas de enorme biodiversidad
por desiertos verdes de una sola especie. La aplicación masiva
de plaguicidas en los monocultivos afectan a las pocas especies de fauna
que logran sobrevivir en los monocultivos. El paquete de agroquímicos
utilizados afecta también a los recursos hídricos lo cual
impacta sobre la salud de las poblaciones locales y de la flora y fauna
asociada a ríos arroyos, lagunas y humedales.
El testimonio de una testigo resume claramente la situación al
decir: “la palma aceitera está abonada por la sangre de nuestros
hermanos, amigos y familiares…” “no tenemos donde trabajar
porque el territorio está cubierto de palma”
El monocultivo industrial de palma y otras especies se presenta así
mismo como un método muy efectivo de control del territorio, e
indirectamente de control social, merced a la implementación de
un modelo globalizado a gran escala.
De la soberanía y autodeterminación
de los pueblos:
La práctica comercial de Monsanto imponiendo el monopolio de sus
productos biológicamente modificados viene acarreando la extinción
de semillas ancestralmente utilizadas por las poblaciones indígenas,
afrocolombianas y campesinas. El cultivo de maíz hace parte del
complejo cultural de las poblaciones tradicionales y el dominio de las
técnicas de producción es una de las expresiones de su identidad
en cuanto a pueblos, además de ser un factor que garantiza de su
autonomía.
El exterminio de las semillas criollas atenta contra la autonomía
de los pueblos tradicionales porque genera dependencia con relación
a las culturas económicamente dominantes llevando a esos pueblos
a la exclusión social.
La autonomía de los pueblos es una garantía consagrada en
el conjunto de normas internacionales de derechos humanos; por tanto está
contemplada en el derecho positivo colombiano que lo ratificó.
Por ello, el gobierno está obligado a tomar las medidas necesarias
para evitar el destierro de su población regional y la extinción
gradual de su diversidad cultural.
De las pueblos afrocolombianos, indígenas
y comunidades campesinas.
En las cabeceras de los afluentes y ríos que desembocan en el Atrato
se ubican principalmente los pueblos indígenas, afrocolombianas
y las comunidades campesinas.
Históricamente, los pobladores de esta región son los pueblos
afrocolombianos que escaparon del sistema de esclavitud y como esclavizados
libertos llegaron a convivir con los pueblos Kunas, Katios, Emberas, Wuanan
ubicadas en la región de forma ancestral.
En los anos 50, llegan campesinos desplazados por la violencia de los
departamentos andinos y de la costa.
La ocupación del territorio por las comunidades ha permitido el
desarrollo de saberes, costumbres, practicas ancestrales que propiciaron
el perfeccionamiento de técnicas agrícolas sostenibles preservando
y ampliando la biodiversidad local. Asimismo, el sistema de producción
genero el equilibrio necesario para establecer unas formas dignas de vida
y de convivencia.
Luego, en los anos 60 entran los ganaderos desde Antioquia, con la apertura
de la carretera Medellín -Turbo.;
En los anos 90, existe una convergencia de atención geoestratégica
en la región determinada por: el proyecto de la Carretera Panamericana,
los enfrentamientos armados entre las fuerzas de la guerrilla, paramilitares
y el Estado, la devolución de la Zona del Canal de Panamá.
Asimismo, este cambio coincide con el incremento de las demandas internacionales
de madera y banano.
Estos hechos dan lugar a un nuevo modelo de seguridad y política
de desarrollo regional que entran en contradicción con las formas
tradicionales de las comunidades. Y en particular con las formas legales
de asociación: resguardos indígenas, comunidades ancestrales
afrocolombianas y reservas campesinas.
En el ano 1997, el ejército colombiano con la colaboración
de los paramilitares realiza la Operación Génesis. Allí
se bombardean y se ocupa por agua y tierra las poblaciones de las cuencas
de los ríos de Salaquí y Cacarica.
Los testigos expusieron al tribunal los horrendos crímenes: mutilaciones,
ejecuciones, fusilamientos, torturas, violaciones carnales, desapariciones
forzadas. La motosierra fue utilizada como arma de guerra contra seres
humanos.
Las poblaciones huyen hacia los montes abandonando sus tierras, sus casas,
su ganado, sus bienes. Luego se concentran en la Ciudad de Turbo y algunos
se refugien en Panamá. El rompimiento de las familias, el desarraigo,
el hambre, la discriminación social, la falta de atención
en salud, falta de condiciones de trabajo llevan a la desestructuracion
social e familiar con la absoluta indiferencia del Estado
Los defensores protectores de la naturaleza y de la biodiversidad terminan
hacinados en el estadio de Turbo.
Los desplazados siguen manteniendo su deseo de retornar, preservar la
Biodiversidad. Apoyados por organizaciones nacionales e internacionales
de derechos hunamos retornan a sus territorios fundando zonas humanitarias
de resistencia.
Ahora como comunidades de resistencia exigen el derecho a existir como
pueblo, ejercer su cultura, preservar su identidad cultural, sus territorios
ancestrales, garantizando la soberanía alimentaría, educación,
salud, integridad física entre otros derechos fundamentales.
Valoración de los hechos:
De las pruebas aportadas al tribunal se desprende que las políticas
promovidas e impuestas por el estado colombiano evidencian un cuadro generalizado
y sistemático de violación de los derechos humanos fundamentales,
en el marco de un proceso de brutal reorganización de la sociedad
colombiana, merced a la destrucción de sus tejidos sociales, en
pro de un proyecto de rediseño económico y social en beneficio
de compañías transnacionales.
En este sentido, los hechos relatados a este tribunal, tales como asesinatos,
torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, mutilaciones y
especialmente el desplazamiento forzoso de miles de personas, constituyen
crímenes de lesa humanidad tal como están definidos en las
convenciones internacionales.
En efecto, los crímenes de lesa humanidad son aquellos cometidos
en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra población
civil, y esto es precisamente lo que ocurre en la región. Así,
los testigos declaran que “entran mochando cabezas, torturando para
que ellos puedan quedarse con las tierras y ejercer su macroproyecto”.
“Nos dicen que nos vayamos que ellos necesitan la tierra limpia
para combatir con la guerrilla pero la guerrilla no está ahí”
La relevancia de esta calificación finca en que los crímenes
de lesa humanidad repugnan a la conciencia de la humanidad entera; son
inderogables, imperdonables, imprescriptibles , y pueden ser juzgados
por cualquier tribunal en cualquier lugar del mundo, cualquiera sea la
época en que hayan sido cometidos. Ningún criminal puede
alegar inmunidad frente a ellos, y cualquier criminal puede ser perseguido
hasta el fin de sus días y hasta el último confín
de la tierra.
Así mismo se verifican rasgos propios de un verdadero genocidio,
entendido como actos destinados a la eliminación de un grupo de
personas. Tales rasgos son: la metodología de desaparición
de personas con ocultamiento de los cadáveres como modo de generar
incertidumbre sobre la suerte y el paradero de las víctimas y en
definitiva sembrar el terror como método de control social. Lo
expuesto se verifica elocuentemente en las declaraciones de una testigo
que conmovió al tribunal cuando dijo refiriéndose al pueblo
campesino:”no los matan con balas, pero los matan de otro modo,
porque el campesino solo sabe vivir de su tierra”.
Es también propio del genocidio el llamado a una “limpieza”
aplicable a seres humanos: una toilette quirúrgica en donde lo
sucio o infectado son las personas. Un testigo dice: “los paramilitares
decían que iban a hacer limpieza”..”su trabajo era
matar”. Cabe resaltar que la responsabilidad por este trabajo sucio
(de limpieza) recae en el estado colombiano por permitir y apoyar su accionar.
En este sentido el paramilitarismo ha significado la imposición
de la lógica del capital global, y el proceso de negociación
que se desarrolla en la actualidad es una legalización encubierta
de los crímenes de lesa humanidad y una legitimación de
la contrarreforma agraria impuesta por ellos, un camino hacia la impunidad.
El llamado genocidio reorganizador opera hacia el interior de una sociedad
ya constituida, un estado nación preexistente, y busca refundar
las relaciones sociales, los vínculos, los códigos, la cotidianidad,
las mediaciones políticas y en suma el ejercicio concreto del poder
en dicha sociedad. El desplazamiento forzado de personas, y el sometimiento
de los grupos a condiciones de vida que impliquen su destrucción
son actos típicos del crimen de genocidio (crimen de crímenes).
En forma paradójica y brutal el estado colombiano ha dejado grabado
para la posteridad el carácter genocida de su plan macabro, con
la denominación operativo Génesis: un proyecto de muerte
y miedo es llamado con un nombre bíblico. En efecto, Génesis
significa creación, para el caso, creación de algo nuevo
previa destrucción del estado de cosas preexistente. Reorganización
violenta de la sociedad sobre bases nuevas.
En este sentido el Tribunal encontró particularmente ilustrativo
el testimonio de un economista que describió elocuentemente el
proceso de destrucción de las redes sociales colombianas mediante
el asesinato de tres mil sindicalistas, en el marco de un proceso general
de reprimarización de la economía como modo de integrarla
a la economía mundial.
Este testigo describió el fracaso del proyecto de industrialización
colombiano y su sustitución por un proyecto nuevo con características
perversas. El retorno a una economía primaria y dependiente basada
en la destrucción de la agrodiversidad, el fomento de sectores
energéticos y el modelo puramente exportador, con la consecuencia
calculada de la reducción de la población rural.
De la Responsabilidad:
De las pruebas aportadas se desprende en forma contundente la responsabilidad
de cada una de las empresas acusadas extensiva a sus casas matrices y
también del estado colombiano. En este último sentido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sentada o establecida
la responsabilidad de los estados por violaciones a los derechos humanos
cometidas por terceros particulares. El estado parte tiene la obligación
de proteger a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción,
inclusive frente a grupos armados irregulares de cualquier naturaleza.
En cuanto a la responsabilidad de las empresas por crímenes de
lesa humanidad la misma encuentra fundamento en el plano del derecho internacional
por cuanto tales crímenes pueden ser cometidos por organizaciones,
con el apoyo o connivencia del estado. En este sentido en los juicios
para Alemania derivados de los tribunales de Nuremberg se trató
la responsabilidad de empresas cómplices con el régimen
nazi, esta idea es perfectamente aplicable al caso colombiano y debe ser
retomada por el derecho internacional. La discusión sobre la responsabilidad
de las empresas no es una creación novedosa sino que tiene bases
en el pasado.
Así mismo, la conservación de diversidad biológica
también excede el marco de la justicia de los estados e involucra
a toda la humanidad. Así, el convenio sobre diversidad biológica
ratificado por Colombia establece en su preámbulo que “la
conservación de la diversidad biológica es interés
común de toda la humanidad”, y en su artículo 10 inciso
10 establece que el Estado protegerá la utilización de los
recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales
tradicionales
Por las razones anteriores, invocando la carta de Argel sobre los Derechos
de los Pueblos, luego de constatar la veracidad y contundencia de los
testimonios vertidos con apoyo en abundante prueba documental, considerando
probadas la totalidad de las acusaciones contra todas y cada una de las
empresas como así mismo la responsabilidad del Estado colombiano,
y en la convicción de que la violación de sus derechos constituye
un atentado contra la conciencia común de la humanidad y concierne
a todos los pueblos, el tribunal resuelve:
1. Elevar las acusaciones y la prueba producida a la audiencia final deliberante
del Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Colombia.
2. Comunicar el presente dictamen a las pueblos indígenas, pueblos
afrocolombianos y comunidades campesinas que han sufrido los impactos
de la acción destructiva de las transnacionales y a las organizaciones
solidarias con las anteriores, igualmente a los trabajadores, organizaciones
académicas y estudiantiles, a la Fiscalía General de la
Nación, a las altas cortes y organismos de control de Colombia,
redes de comunicación alternativa, medios masivos de información,
la Unión Africana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Corte IDH, alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Corte Penal
Internacional, a las empresas acusadas, sus casas matrices y los Estados
donde tienen sede.
3. Expresar su solidaridad y reconocimiento al dolor de las víctimas.
4. Apoyar vivamente su lucha por la verdad, la justicia, la reparación
integral, restablecimiento de los derechos conculcados y la garantía
de que los crímenes no se repitan.
Con el ideal de que los pueblos de Colombia tendrán finalmente
la paz con justicia social que merecen.
Dado en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca del
río Cacarica en el bajo Atrato chocoano el 26 de febrero de 2007.
Marcelo Ferreira
Presidente
Ricardo Carrere
João Ricardo dos Santos Costa
Andebeng Labeu Madeleine Alingue
Alfredo Molano
Francine Damasceno Pinheiro
Lorenzo Loncon.
Pide a los Jefes de Estado que digan no a los objetivos de biocarburantes en la próxima cumbre europea.
De aprobarse, estos objetivos supondrían la creación de un inmenso mercado europeo (obligatorio, es decir garantizado) de materia prima procedente del Sur para alimentar nuestros coches.
Propiciarían un nuevo expolio de los países pobres (las empresas españolas ya están desembarcando en todo América Latina y en Africa se están prospectando las mejoras zonas para cultivar alimentos .... para el parque móvil europeo).
Y supondrían arrasar más bosques tropicales y turberas para cultivos de palma y de soja, roturar pastizales e intensificar la agricultura (las empresas de fertilizantes ya se están frotando las manos; en su último anuario pregonan las bondades de la "bioenergía" que prevén incrementará sus negocios), con un dudoso balance de emisiones de gases de efecto invernadero.
Favorecerían el avance imparable de los transgénicos que no nos queremos comer... y la contaminación genética de la agricultura. Competirían con la producción alimentaria mundial, provocando subidas de precio de los alimentos básicos y hambre. Provocarían el desplazamiento de poblaciones indígenas y campesinas de sus tierras.... violaciones de derechos humanos..... (ya están ocurriendo). ...
NO SIGO.
Os reenvio la ALERTA circulada hoy por Biofuelwatch y ONGs de todo el mundo, solicitando a los dirigentes europeos que tomen una decisión acertada para el futuro de la Humanidad y del planeta. Esta puede ser la última posibilidad para intentar evitar que estas destructivas propuestas se conviertan en norma europea y de exigir a los políticos que actúen sensatamente para reducir las emisiones que provocan el cambio climático.
En la Cumbre de la UE del 8 y 9 de marzo, los 27 Jefes de Estado de
los países europeos decidirán su respaldo a una propuesta
de objetivos obligatorios del 10% para biocarburantes. Los fabricantes
de coches están presionando para la adopción de unos objetivos
muy altos, confiando evitar así que se aprueben normas de eficiencia
de los vehículos y limitaciones de velocidad, elementos prioritarios
para mitigar el cambio climático. La industria de los transgénicos
también presiona a favor de estos objetivos, esperando crear con
ello un inmenso mercado para los cultivos MG.
ENVIA EL TEXTO AL PIE (NO TIENES MÁS QUE CORTARLO Y PEGARLO), DIRIGIENDOLO AL correo del gabinete de la presidencia de la Moncloa: gabinete@presidenci a.gob.es jlrzapatero@ presidencia. gob.es
CIRCULA ESTA INFORMACIÓN.
La Cumbre Europea del 8 y 9 de marzo deberá decidir sobre la propuesta de fijar un objetivo de obligado cumplimiento de utilización del 10% de biocarburantes en el transporte para 2010. Le ruego se oponga a esta propuesta, utilizando su capacidad de veto para evitar que este objetivo pase a ser obligatorio en toda la Unión Europea. Las siguientes razones justifican este rechazo:
Fuerte oposición de la sociedad civil en países del Sur
Más de 200 organizaciones sociales de países del Sur así como del Norte han firmado una Carta Abierta (ver en: http://tinyurl.com/2vgtke) solicitando a la Unión Europea a renunciar a la adopción de objetivos de utilización de biocarburantes, debido a la grave amenaza que suponen no solo para el clima y los bosques tropicales sino para la seguridad alimentaria, el derecho a la tierra, los derechos humanos y la biodiversidad. En México la reciente subida del precio de alimentos básicos para la población más pobre, debido a la producción de etanol en EEUU, ha provocado gran malestar social. Las reservas mundiales de grano han descendido a su nivel más bajo en más de veinte años. El aumento del precio de los alimentos y el destino de tierras agrícolas a producir cultivos energéticosen detrimento de la producción alimentaria pone en peligro el compromiso de la Unión Europea con los Objetivos del Milenio. Le rogamos dedique unos minutos a la lectura de esta Carta Abierta, que se hace eco de la preocupación de millones de personas de países del Sur.
No está claro que los biocarburantes contribuyan a mitigar el cambio climático
Diversos expertos han cuestionado el balance energético positivo y el ahorro de emisiones de carbono de los biocarburantes. Una mayoría de los estudios son parciales, al no tener en cuenta el ciclo de vida completo de los biocarburantes, ofreciendo unos resultados excesivamente optimistas. Un creciente número de informes sobre el ciclo de vida completo indica que es mínimo -o incluso negativo- el ahorro de emisiones de carbono. Los biocarburantes se mezclan con combustibles fósiles convencionales, lo que diluye más aún este mínimo ahorro. Suponiendo un hipotético ahorro de emisiones de carbono del 17% para el biodiesel, por ejemplo, en una mezcla que contenga el 5,75% de este biocarburante el ahorro sería de menos del 1% por cada litro vendido en las gasolineras. Según un estudio realizado para la Comisión Europea en 2002, dedicar la totalidad de los 5,6 millones de hectáreas de tierras retiradas de cultivo en la UE a la producción de los cultivos energéticos con mayor rendimiento lograría reducir las emisiones europeas solo en un 0,3%, con repercusiones devastadoras en términos de biodiversidad.
Las importaciones de cultivos energéticos de países tropicales amenazan el climaLa UE no tiene capacidad agrícola suficiente para producir la materia prima necesaria para satisfacer la demanda de biocarburantes asociada a un objetivo europeo del 10% y se propone importarla de países tropicales donde su producción está destruyendo bosques tropicales, turberas y otros ecosistemas. Las propuestas presentadas a la Cumbre Europea no reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que amenazan con acelerar el calentamiento global, incrementando la destrucción de bosques tropicales cruciales para la regulación del clima mundial.
Los planes de biocarburantes de Indonesia, vinculados muy directamente con la política europea, prevén multiplicar por 43 la producción de aceite de palma (ver informe en: http://tinyurl. com/33lb7r), destruyendo 20 millones de hectáreas de bosques tropicales. Si la Cumbre europea favorece esta expansión con una decisión equivocada, serán arrasadas la mayor parte de las selvas tropicales y turberas del país, liberando hasta 50 billones de toneladas de carbono. Esta cantidad equivale a más de seis años de quema de combustibles fósiles y podría provocar un calentamiento de más de 2º C, superando el límite que la UE se ha comprometido a no sobrepasar.
Un reportaje reciente del Canal 4 del Reino Unido describe la liberación de este inmenso volumen de emisiones provocado por el drenaje de las turberas, que contribuye de forma significativa a incrementar el carbono presente en la atmósfera agravando el cambio climático. El documental incluye gráficos sencillos que explican esta problemática con claridad; puede verse en: http://tinyurl. com/yv3bj7. Le insto a que vea este reportaje que muestra con claridad los riesgos de cambio climático derivados de la producción a gran escala de biocarburantes en países tropicales.
Consecuencias devastadoras para la biodiversidad La expansión de los cultivos para biocarburantes en la UE requiere utilizar las tierras retiradas de cultivo. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha alertado que ello provocará una grave disminución de la biodiversidad. La supervivencia de numerosas especies de aves y de insectos depende actualmente de las tierras retiradas de cultivo. Las poblaciones de gran número especies polinizadoras están disminuyendo ya de forma preocupante, y un mayor aumento de la agricultura intensiva en toda Europa podría tener repercusiones desastrosas para especies de las que depende gran parte de la agricultura. La destrucción de habitats y la agricultura intensiva figuran entre las causas de mayor pérdida de biodiversidad en el mundo, y es probable que las propuestas de biocarburantes europeas provoquen una dramática reducción de la biodiversidad no sólo en el entorno europeo sino en países del Sur, haciendo imposible el cumplimiento del objetivo de la UE de terminar con la pérdida de biodiversidad para 2010.Los biocarburantes de segunda generación no llegarán a tiempo ni serán aceptables para los consumidores
Los biocarburantes de segunda generación, basados en tecnologías ligno-celulósicas, están todavía en fase de investigación y tampoco representan todavía una vía comercial viable para el cumplimiento de los objetivos de biocarburantes de la UE para 2020. Es probable que estos carburantes estén basados en tecnologías de ingeniería genética, tanto en caunto se refiere a cultivos como a su procesamiento. La industria biotecnológica confía que los consumidores acepten los alimentos y los piensos manipulados genéticamente (MG) una vez que empiecen a utilizarse para biocarburantes. Sin embargo, es poco probable que los consumidores europeos acepten los enormes riesgos asociados a la tecnología MG y la amenaza de contaminación de los cultivos alimentarios y la biodiversidad que ello conllevaría.
Los biocarburantes no debieran servir de excusa para aplazar unas normas de emisiones de vehículos más estrictas La Estrategia Energética de la UE de enero 2007 exigía a los fabricantes de coches mejoras para aumentar la eficiencia de los vehículos. Esta política era muy acertada: unos estándares más estrictos son una de las medidas fundamentales para abordar la problemática de emisiones del transporte. Resulta escandaloso, por tanto, enterarse que la industria está presionando a la UE para que adopte objetivos de biocarburantes, con el fin de eludir unas normas de mejora de rendimiento del carburante totalmente razonables, que reducirían considerablemente las emisiones de carbono. Cada gramo adicional de emisiones de dióxido de carbono por kilómetro permitido a los coches europeos supondrá la sustitución por monocultivos energéticos de cientos de miles de hectáreas de selvas vírgenes, de turberas y de cultivos indígenas en regiones tropicales, liberando un inmenso volumen adicional de CO2.
Es necesario adoptar medidas enérgicas de reducción de la demanda en el sector del transporte de la UE Europa necesita medidas enérgicas que disminuyan realmente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero: objetivos de mejora de la eficiencia energética, incluido el sector del transporte, y reducciones significativas en el consumo de energía, junto con políticas que favorezcan las energías limpias, descentralizadas y renovables, como la eólica y la solar.
Su apoyo contra los objetivos de biocarburantes de la UE es esencial para proteger el Sur y la estabilidad futura del clima Confio que no se pliegue a las presiones de la industria automovilística y de las compañías biotecnológicas y que se oponga a la adopción de objetivos de biocarburantes para la UE. Esta es la decisión más adecuada para estabilizar el clima, para el medio ambiente y para las necesidades de las comunidades locales de los países del Sur, cuyo sustento y seguridad alimentaría están amenazadas por la expansión de monocultivos destinados a la producción de biocarburantes.
Su veto a los objetivos de biocarburantes en la Cumbre de la Unión Europea será crucial para el futuro de las selvas tropicales y turberas del Sudeste Asiático y para el futuro de los bosques en todo África, Asia y Latino América así como para la estabilidad climática futura.
Le saluda atentamente,
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