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La trama de los agrocarburantes en España
Rosa Binimelis, Mónica Vargas y Alejandro Jurado
Revista Biodiversidad
En España, la Ley 24/1998 del Sector de Hidrocarburos establece el objetivo (obligatorio) de que para 2010, el 5,75% del consumo energético en transporte proceda de agrocombustibles, acorde con las directivas europeas
El
modelo de implantación de los agrocarburantes a gran escala profundiza
el proceso de concentración masiva de riqueza y prioriza la rentabilidad
económica de unas pocas empresas por sobre la sustentabilidad social
y ambiental de las regiones más vulnerables del planeta. Derivar
productos alimenticios a combustibles tendrá efectos catastróficos
en los países en vías de desarrollo, comprometiendo la soberanía
alimentaria de millones de personas.
La expansión de los agrocombustibles a escala global puede explicarse,
en buena medida, por el apoyo que las principales potencias económicas,
Europa y EUA, brindan mediante políticas públicas,
subvenciones y medidas legislativas. En España, la Ley
24/1998 del Sector de Hidrocarburos establece el objetivo (obligatorio)
de que para 2010, el 5.75% de su consumo energético en transporte
proceda de agrocombustibles, acorde con las directivas europeas.
Sus defensores argumentan el aumento de la seguridad energética
(léase la reducción de la dependencia frente a los países
productores de petróleo percibidos como “políticamente
inestables”); la preocupación por el calentamiento global,
por la hipotética “reducción” de las emisiones
de gases con efecto de invernadero (CO2, óxido nitroso, etcétera)
y, finalmente, el dar respuesta a la crisis del sector agrario en los
países del Centro, que permitiría, dicen, mejorar las condiciones
de vida los pobladores de la Periferia al ofrecerles mercados para sus
productos agrícolas . Este último argumento se
articula con el de los países productores como Brasil:
mostrar a los carburantes elaborados con base en la biomasa como solución
a la pobreza, el éxodo rural y las desigualdades sociales, al promover
el “desarrollo rural”.
El impacto de los agrocarburantes en el mundo rural estará fuertemente
determinado por el precio de las materias primas y por el modelo global
o local que se imponga en cada región.
Existe un debate sobre las razones del aumento progresivo del
precio de los alimentos básicos (pan, por ejemplo): ¿es
éste atribuible a la utilización de las producciones agrícolas
(maíz, trigo, colza, caña de azúcar, oleaginosas,
etcétera) para elaborar agrocombustibles (que actualmente es poco
significativa), o se explica por el crecimiento sostenido de la demanda
y el estancamiento de la producción mundial?
Independientemente
de la explicación, derivar productos alimenticios a combustibles
(ante igual comportamiento de la productividad mundial y en el actual
modelo de producción a gran escala) tendrá efectos catastróficos
en los países en vías de desarrollo, comprometiendo la soberanía
alimentaria de millones de personas. Incluso si no se trata de cultivos
alimenticios (como es el caso de la jatrofa), el resultado es el mismo
pues se desplazan parcelas inicialmente destinadas a la alimentación
local. Por otro lado, el aumento de precio de algunas materias primas
para la alimentación animal (piensos) eleva el costo de producción
de los ganaderos, que si lo trasladan al consumidor no serán los
únicos perjudicados.
A modo de ejemplo, consideramos aquí el caso de la implantación
de los agrocombustibles en el Estado español, que aspira a incrementar
de manera masiva este tipo de producción. Analizamos su capacidad
de producción de agrocombustibles y su relación con las
hectáreas necesarias para satisfacer localmente la producción.
Analizando las redes implicadas identificamos quiénes controlan
el negocio.
En España existen 46 plantas de producción de biodiésel
(16 productivas, 19 en construcción y 11 en proyecto) y
4 plantas de bioetanol en actividad [1]. La capacidad de producción
de biodiésel es de 670 mil toneladas/año, aunque la producción
de 2006 no superó el 19% de la capacidad instalada. A pesar de
ello, se prevé triplicar la capacidad productiva en los próximos
2 años, cuando se finalicen las plantas en construcción,
hasta aumentar a un 600% con el funcionamiento de las plantas proyectadas.
Mientras hoy se producen 41 875 tn/año de media por planta, las
plantas en construcción tienen el potencial de producir 103 579
tn/año, y las que están en proyecto rondarían las
185 mil tn/año. La planta proyectada por infinita en Huelva,
por ejemplo, podría producir 600 mil tn/año, 4.8 veces más
que el conjunto de plantas en 2006.
Si
el biodiésel se produjera a partir de colza, se necesitaría
usar el 10% de las tierras cultivables del Estado español para
atender la demanda que supondría la totalidad de las plantas de
biodiésel en pleno funcionamiento. De utilizarse girasol
o soja, este porcentaje se duplicaría. La tendencia actual
muestra que las materias primas no provendrán de territorio español,
sino que la mayoría se importará de Argentina, Brasil, Centroamérica,
Indonesia, etcétera, recorriendo miles de kilómetros.
Según un informe de Asociación de Productores de
Energías Renovables (appa, 2007), la cantidad de oleaginosas
requeridas en Europa en 2020 supondría más de 90% de toda
la producción comunitaria y por tanto, el abastecimiento de biodiésel
sólo será posible recurriendo a la importación del
50% del consumo previsto. El transporte requerido por dicha importación
implica aumentar las emisiones de co2 ya que se realiza mediante combustibles
fósiles. En el Estado español, el 61% de la producción
de biodiésel se exporta a países de la Comunidad Europea,
lo que implica aún más consumo de energía fósil,
comprometiendo el balance final de emisiones de CO2. La producción
de biodiésel en España en 2010 podría duplicar el
objetivo marcado por la legislación, lo que parece continuar la
tendencia actual.
La producción de bioetanol en 2006 fue de 321 mil toneladas (72%
de los agrocombustibles), sobre una capacidad de producción de
441 mil toneladas anuales. Aunque aún no existe ningún proyecto
de construir nuevas plantas de bioetanol, dicha capacidad queda muy por
debajo de la producción requerida para cumplir los objetivos de
la legislación europea —sólo un 32% del objetivo.
La mayor parte del bioetanol se destina al consumo interno (75%).
Cabe subrayar una novedosa convergencia entre el sector público
y las grandes empresas del sector petrolero, automovilístico, agroalimentario,
biotecnológico, energético y financiero.
A
nivel global, vemos por ejemplo a la petrolera BP asociarse con la biotecnológica
DuPont para proveer el mercado británico del biobutanol, o a la
semillera Bunge plantearse una alianza con la constructora Acciona para
suministrar biodiésel a Repsol YPF.
Observamos por ejemplo que en la planta Bio-Gibraltar
se ubican inversiones de Abengoa y Cepsa (de la que la
petrolera francesa Total controla 48%, bsch
30% y Unión Fenosa 5%). La planta de Bio-Dosbio
se encuentra a cargo de Biocombustibles Castilla y León,
participada por Abengoa, y el gigante agroalimentario
Ebro Puleva. En el negocio de los agrocarburantes intervienen
principalmente grandes corporaciones españolas [2]. A pesar de
la gran cantidad de actores, las 5 empresas con mayor volumen de producción
de agrocarburantes en el Estado español reunieron en 2006 una cuota
conjunta de 88% sobre el total de la producción (DBK, 2007).
Los distintos niveles de gobierno y numerosos centros de investigación
públicos y privados son parte del entramado al apoyar la producción
de agrocombustibles: la planta Bionet Europa (Reus) tiene
participación del Instituto para el Desarrollo Energético
(IDEA), l’Institut Català de l’Energia (ICEAN), y socios
privados como Agrar Tecknick y Reagra; la planta Idea (Alcalá de
Henares) es impulsada por el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (idae) y la Universidad Complutense de Madrid;
o la planta Biodiésel de Andalucía 2004 sa-vida, proyecto
subvencionado al 100% por el gobierno andaluz.
La implementación obligatoria de los agrocarburantes en el sector
de transportes, sin disponer de la capacidad de producción local
necesaria, ni de disponibilidad de tierras dentro del Estado español
para cultivos energéticos, genera la necesidad de importar materia
prima (soja, palma aceitera, maíz, etcétera). Una mayor
demanda de materia prima implica el desarrollo desmesurado de cultivos
energéticos en países en vías de desarrollo, lo que
tendrá impactos sociales y ecológicos negativos, pues supone
que los países productores incrementen la superficie de cultivo.
En diversas regiones esto provocará el avance irremediable de la
frontera agropecuaria sobre áreas de incalculable valor biológico
y cultural, profundizando, además, los impactos ya conocidos de
los monocultivos: el uso desregulado de agroquímicos, el desplazamiento
de comunidades indígenas y campesinas, el despoblamiento rural
por la concentración de la tierra y la producción de gran
escala para exportación.
Todo ello por satisfacer las necesidades energéticas del mundo
desarrollado [3], cuando en realidad debería primar la generación
de recursos energéticos con materias primas locales, privilegiando
la búsqueda de la soberanía energética.
El
modelo de implantación de gran escala profundiza el proceso de
concentración masiva de riqueza y prioriza la rentabilidad
económica de unas pocas empresas por sobre la sustentabilidad social
y ambiental de las regiones más vulnerables del planeta. Nos preguntamos
entonces cómo pueden acceder los pequeños agricultores y
las comunidades rurales a los beneficios de la producción y comercialización
de los agrocombustibles cuando la producción, la distribución,
la provisión de insumos y la regulación del precio se hallan
en manos de las grandes corporaciones y lobbies económicos. Cómo
es que gobiernos “de profundos valores democráticos”
promueven los biocombustibles, aun sabiendo que en los países productores
esto generará profundas desigualdades, exclusión social,
pérdida de diversidad, libertades y autonomía.
Peor si consideramos que las poblaciones de estos países no tienen
ninguna participación en la toma de decisiones que afectarán
directamente su modo de vida.
Y en cuanto a la supuesta solución que constituirían
los agrocombustibles ante el cambio climático, el modelo agro exportador
contribuye en 14% a las emisiones de gases de efecto invernadero y los
cambios de uso de suelo (sobre todo la deforestación) representan
otros 18% [4]. Por tanto resulta difícil entender que se pretenda
mitigar el calentamiento global intensificando dicho modelo para producir
agrocarburantes.
Alternativa:
Consideramos que producir agrocombustibles en pequeña escala (para
autoconsumo, con materias primas que no entren en conflicto con la producción
alimentaria o bien provengan del reciclado o del cultivo de tierras degradadas,
promovidas por cooperativas o asociaciones de pequeños productores,
entre otras características) podría constituir un modelo
alternativo viable. En lo inmediato, una respuesta atinada se ubica en
políticas que regulen el consumo energético insostenible,
mejoren la eficiencia y, de manera general, permitan iniciar un proceso
de descrecimiento operando una ruptura con la lógica crematística
actual, principal responsable de dichas problemáticas. Proponemos
la aplicación de principios de sustentabilidad, dar prioridad a
tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, en vez
de incrementar la cantidad extraída de recursos (Daly,
1997), dar prioridad a tecnologías orientadas a la satisfacción
de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción
de las desigualdades (Vilches y Gil-Pérez, 2003),
y
aplicar el Principio de Precaución cuando no conocemos
las repercusiones económicas, sociales, ambientales e institucionales
que una tecnología puede desencadenar en el ámbito local
y global. A partir de la noción de justicia ambiental
, es que las políticas públicas del Estado español
deberían tender a evitar la afectación social y ambiental
de las poblaciones de la Periferia, provocada por el uso desproporcionado
de los recursos de por sí limitados del planeta por las sociedades
del Centro, y las propias empresas españolas. La expansión
de varias de ellas ha contado con diferentes mecanismos públicos
de apoyo a la internacionalización, a pesar de haber demostrado
en los últimos años una auténtica irresponsabilidad
social corporativa en sus actuaciones en el Sur [5].
* Rosa Binimelis, Observatori del Deute en la Globalització
– Càtedera unesco de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica
de Catalunya e Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental-Universidad
Autónoma de Barcelona.
Mónica Vargas, Instituto de Ciencia y Tecnología
Ambiental-Universidad Autónoma de Barcelona.
Alejandro Jurado, Instituto de Gobierno y Políticas
Publicas-Universidad Autónoma de Barcelona.
Publicado en Revista Biodiversidad en España
http://www.grain.org/biodiversidad/
