| ¿De
la indignación
a la rebelión indígena?
Editorial de Crónica Digital
Crónica Digital
 El
asesinato del joven universitario y comunero mapuche Matías
Catrileo, que se produjo este jueves al interior del fundo Santa
Margarita en la localidad de Vilcún, en la Novena Región,
puede llevar al pueblo mapuche de su actual indignación a
una futura rebelión indígena, lo que podría
poner en jaque a las políticas públicas que pretenden
beneficiar a esa comunidad originaria.
No es menor la declaración pública leída en
la víspera por Mónica Quezada, madre del estudiante
abatido al señalar con lagrimas en sus ojos: “que no
haya más impunidad".
"Los familiares de Matías tenemos la convicción
de que el disparo criminal provino desde el arma de Carabineros,
y no podemos hacer más que calificar dicha acción
como un acto ruin y cobarde", sostuvo.
"Este dolor -agregó la madre- se acrecienta a cada instante
producto del tratamiento falaz con que algunas autoridades gubernamentales
y de Carabineros, se refieren a los hechos y a la persona de nuestro
querido Matías".
Esta claro que las políticas públicas aplicadas en
las zonas donde viven los mapuches no han cursado el efecto deseado,
además si se suman la constante depredación de las
tierras ancestrales de ese pueblo por las empresas forestales y
el “dialogo” bajo ocupación de la policía
militarizada en la región de La Araucanía, puede ser
hoy la chispa que prenda un fuego que nadie sea capaz de apagar
en el futuro.
Más aún, si se entiende el mensaje del ministro secretario
general del Gobierno, Francisco Vidal, quien aseguró ayer
que el Ejecutivo "va a cumplir la ley y va a hacerla cumplir,
tanto en materias de orden público como en materias de políticas
públicas que beneficien a la comunidad mapuche".
El actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central
y ex juez Juan Guzmán Tapia aseguró a este medio que
la “situación de discriminación y atropellos
a los que se somete a las comunidades indígenas daña
la imagen del país y es una señal de alerta que las
autoridades no pueden obviar”.
El ex juez, dijo a fines de noviembre pasado al renunciado Ministro
del Interior, Belisario Velasco que “se ponga término
a la militarización en las comunidades indígenas de
La Araucanía, cuyas comunidades denuncian ser víctimas
de hostigamiento por parte de la policía uniformada”.
“El pueblo mapuche está siendo castigado y maltratado
en relación a la empresa privada y las transnacionales que
siempre son las favorecidas. No se ha dado importancia a los pueblos
originarios y esto es precisamente lo que ellos reclaman”,
dijo en su oportunidad el jurista.
La denuncia de Guzmán no ha sido tomada en serio por las
autoridades chilenas, analistas políticos concordaron con
el ex juez, e indicaron que “en el sur de Chile, se está
anidando una suerte de rebelión y que podría poner
en jaque no sólo la imagen de país”.
LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN HOY A LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS
 Según
los especialistas, los pueblos indígenas continúan
sin ser escuchados, sin que se les respete y siguen protagonizando
una historia de dolor y de desgarro.
En Chile, es preocupante constatar cómo las autoridades de
gobierno se dejan seducir por los empresarios y no paralizan los
proyectos que afectan al medio ambiente y al hábitat de estos
pueblos originarios. Nadie se toma tiempo siquiera para consultar
su opinión a las comunidades. En esos casos la exigencia
de la participación ciudadana se olvida.
La lista de conflictos que les afecta es tan larga como Chile: la
Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) en el sur pretende
desplazar riles (residuos industriales líquidos) al mar,
lo que afectará a más de 300 pescadores artesanales
que viven en la caleta de Mehuín; se construirán seis
centrales hidroeléctricas en Panguipulli, específicamente
en Pellaifa, San Pedro, Liquiñe, Lago Neltume, Maqueo y Choshuenco.
La puesta en marcha de estas plantas afectará aproximadamente
a 400 familias.
En la zona huilliche de Chiloé, las salmoneras transnacionales
continúan con la destrucción del borde costero impactando
gravemente el medio ambiente; las empresas mineras amenazan con
explotar vastas zonas de la Provincia de Arauco y contaminar con
sus desechos la ribera del lago Lleu-Lleu.
A esto se agrega la construcción del nuevo Aeropuerto de
La Araucanía, en medio de comunidades del sector de Kepe
y que arrasará con las tierras indígenas; la violencia
policial contra dirigentes mapuches de Temucuicui, en la IX Región;
y la autorización otorgada por la Comisión Regional
del Medio Ambiente de Tarapacá, para la exploración
cuprífera en la Reserva Nacional de las Vicuñas que
atenta contra los derechos territoriales del pueblo Aymara de las
provincias de Arica y Parinacota.
Otro aspecto no menor, es el comportamiento político de los
gobiernos de la Concertación, estos todavía mantienen
pendientes las demandas de los pueblos indígenas de ser parte
del contrato social, de ser reconocidos en la Constitución
y la necesaria ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
En este contexto, las políticas de desarrollo por parte del
Estado chileno han ido en un apoyo de asistir y no de ayudar al
desarrollo de su cultura y de entender que son un pueblo con características
propias que deben ser parte tomados en cuenta, especialmente el
reconocimiento de sus derechos como parte de una sociedad pluricultural
como la que vive hoy este país.
La posibilidad de una rebelión por parte del pueblo mapuche,
hoy no es una locura. Es urgente iniciar un diálogo con los
pueblos originarios. Entender que ellos son el la reserva histórica
y moral de nuestra rica cultura, el respeto hacía ellos,
pasa por incorporarlos como un todo. No entender esta realidad,
puede llevar a una espiral de violencia que nadie hoy puede dimensionar
sus consecuencias.
El gobierno chileno extermina
al pueblo mapuche
Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada
 Chile
es un país cuyos dirigentes políticos se vanaglorian
de poseer un orden democrático, velando la práctica
consentida de torturas y de políticas etnocidas. Lo anterior
es consecuencia de estar regidos por la Constitución promulgada
durante el régimen de Pinochet; sin embargo, el mayor símbolo
de esta contradicción, ser demócrata y practicar el
exterminio al pueblo mapuche, se produce por la existencia de otra
ley de la dictadura. Se trata de la N1 18.314, conocida popularmente
como Ley antiterrorista. En vigor desde el 16 de mayo de 1984, fue
ideada por el entonces ministro del Interior de la Junta Militar,
Sergio Onofre Jarpa, para dejar sin efecto el habeas corpus y aplicar
la doctrina del enemigo interno. Instrumento que permitía
a las fuerzas de seguridad actuar a sus anchas
Se encarceló y torturó a miles de ciudadanos con el
pretexto de violar la propiedad privada, el territorio y ser enemigo
interno de la patria. Tras años de lucha, cuando muchos han
creído superados los tiempos negros de la infamia, el gobierno
mandará aplicar dicha ley contra el pueblo mapuche. Al hacerlo,
se sitúa al mismo nivel de quienes la promulgaron y viola
todos los principios democráticos de igualdad, justicia y
dignidad. Se condena al pueblo mapuche al exterminio. Es la solución
para acallar la voz reivindicativa de sus dirigentes en estos años
de enfrentamiento a las políticas de usurpación.
Aplicar la Ley antiterrorista es parte de la solución final.
Conlleva imputar a dirigentes mapuches su participación en
actividades contra la seguridad del Estado y la propiedad privada.
En la actualidad más de medio millar está en prisión
por dicha ley. Para evitar ser descubiertos, esta es la estrategia
elaborada por el Estado chileno para provocar el etnocidio y garantizar
su ejecución:
1) La mordaza comunicativa. Censura y control de los medios de comunicación.
Nada debe conocerse sobre dicha actividad. La prensa privada también
participa; 2) La oposición es cómplice con la política
del gobierno; 3) Los terratenientes campan por sus fueros y no dudan
en utilizar la fuerza paramilitar a sabiendas que las fuerzas de
seguridad dejarán hacer; 4) El colonialismo interno es el
mecanismo de explotación vigente de los pueblos mapuches
e indígenas en Chile, y 5) Las trasnacionales esperan beneficiarse
del etnocidio y alzarse como las máximas propietarias de
las riquezas hidráulicas. La española Endesa ya lo
hizo en 1999 con la presa Ralco, al quedarse con los territorios
del pueblo pehuenche y causar la desaparición del patrimonio
cultural del mismo. Así, todos son parte de un festín
propio de la globalización neoliberal no apto para demócratas.
La lucha fue dura. Ralco, un punto de inflexión. Ahora se
pasa al ataque final. En diciembre de 2001 se acusa de un incendio
intencionado de pinos, propiedad de Forestal Mininco, a líderes
de la coordinadora Arauco Malleco y comuneros mapuches. Se les aplicará
la Ley antiterrorista, entre otros a Héctor Llaitul, Juan
Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil,
Patricia Troncoso y José Henchunao.
Esta estrategia pueril es la forma de mostrar al pueblo mapuche
el descontento por su correosa defensa de los derechos territoriales.
No deben levantar la cabeza frente al hombre blanco. Y si lo hacen,
sufrir las consecuencias. El gobierno aplica la Ley antiterrorista
como montaje del Estado. Posteriormente simula un juicio donde los
testigos de la acusación salen encapuchados, sin rostro,
sin nombre real. Donde comuneros mapuches inculpan a sus compañeros
tras torturas, amenazas de muerte a sus familias y el allanamiento
de sus domicilios. Y cuando superan el miedo y cuentan la verdad
de los hechos, el juicio es suspendido sine die por orden del Estado,
pero no se paralizan las sentencias.
Tras siete años y ante la ignominia, en octubre de 2007 iniciaron
una huelga de hambre. Hoy, en 2008, Patricia Troncoso va a cumplir
80 días sin alimentos. Está a punto de morir. El resto
de los inculpados desisten esperando una rectificación por
parte del gobierno. Su pliego de peticiones es simple: libertad
a presos políticos mapuches, desmilitarización de
la zona en conflicto y fin de los allanamientos policiales. La mediación
del obispo de Temuco parece no ser suficiente. Patricia ha perdido
22 kilos. Su carta a Bachelet es descarnada, aquí algunos
párrafos: “Yo quiero preguntarle(...) Usted que fue
prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer
de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora
presidenta?(...) ¡Qué lástima que usted se haya
olvidado de todo lo que significa la prisión política
y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su
gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan
condenándonos a una muerte silenciosa”.
El informe del relator especial de las Naciones Unidas y las libertades
fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a dos
años del caso, en 2003, recomendó al gobierno de Chile
no criminalizar y penalizar las legítimas actividades de
protesta social de las comunidades indígenas, la no aplicación
de la Ley antiterrorista, la revisión del caso de los lonkos
procesados, la reforma del proceso penal de testigos sin rostro,
no aplicar el concepto de amenaza terrorista o asociación
delictuosa para hechos relacionados con la lucha por la tierra o
reclamos legítimos de los pueblos indígenas. Asimismo,
mostró, en nombre del comité, la preocupación
por aplicar dos leyes: la antiterrorista y la de Seguridad del Estado
en las tierras ancestrales mapuches. Sin embargo, sus recomendaciones
han quedado sin efecto. El plan del gobierno de la Concertación
y la oposición sigue siendo el exterminio mapuche. Para este
objetivo, Chile desconoce tratados internacionales, no cumple convenios
ni respeta acuerdos. Esperemos que el Estado chileno no consume
su crimen de lesa humanidad contra el pueblo mapuche. Si lo hacen,
los actuales dirigentes políticos pasarán a la historia
como etnocidas.
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