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EN CIRCULACIÓN REVISTA ETNIAS & POLÍTICA No. 7

Editorial:

Durante 516 años de resistencia en las Américas ha estado planteado el problema de la dominación de los pueblos indígenas por los poderes y modelos económicos impuestos mediante las armas y el colonialismo. Ahora, como cuando Tupac Amaruc se levantó contra los españoles, los pueblos indígenas del continente vuelven a levantar por todos lados alternativas para liberarse de la opresión de siglos, del despojo de sus territorios.

Es el resultado de años de lucha y organización lo que ha permitido una presencia pública y una acción política de los indígenas y de sus propuestas, las cuales han tratado de plasmar en leyes y constituciones nacionales y, finalmente, en la legislación internacional.

Los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significaron importantes pasos en el establecimiento internacional de una nueva normatividad que al fin reconociera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y que sirviera de marco para las innovaciones constitucionales que en cada país abrían paso a ese reconocimiento, como fue el caso de lo dispuesto por la Constitución de 1991 sobre los pueblos indígenas de Colombia.

Pero la reacción del establecimiento y los intereses creados contra el reconocimiento de los derechos indígenas se ha entrelazado con la política del capital transnacional, ansioso de modificar la normatividad mundial en un sentido totalmente contrario, para reconocer los "derechos" de los inversionistas, del capital, es decir, de las propias transnacionales.

Una nueva constitución mundial que pone los derechos de las transnacionales por encima de los derechos humanos y de los derechos colectivos se fragua mediante los llamados tratados "de libre comercio", las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y mediante numerosas leyes forestales, rurales, de tierras, de aguas, de minas, de petróleos, de "seguridad jurídica", de arbitraje internacional y de propiedad intelectual, leyes que son como contratos de adhesión a manera de formularios a los que simplemente se les llenan algunos datos propios del país dominado en que se van aprobando.

El establecimiento de los "derechos de los inversionistas" significa desde luego, otra vez, desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El capital choca contra ellos y quiere despejar el camino. Otra vez una frondosa ideología se levanta para denigrar a los indios. El sociólogo por muchos años asesor del gobierno de Estados Unidos, Samuel Huntington, en su libro ¿Quiénes somos?, asume la cultura anglosajona como superior, y la identifica, con el individualismo en la medida que la ve amenazada por las culturas que enfatizan en los derechos colectivos. Según Huntington lo indígena, como cuna de los derechos colectivos, sería el fundamento del atraso latinoamericano. El ex presidente español José María Aznar, en su infome "América Latina, una agenda de libertad", considera que el "indigenismo" es un "camino que se aleja de las sociedades abiertas, libres y prósperas", porque sustituye el concepto de ciudadano de una república por el de miembro de una comunidad étnica".

La versión criolla del mismo racismo la sublima el peruano Mario Vargas Llosa atacando al supuesto fundamentalismo indígena al que sindica de "Talibán", para colocarlo a la altura de los peores enemigos de la civilización, los terroristas. Considera las reivindicaciones indígenas como "utopía arcaica" colectivista y contrapuesta a los derechos individuales. Vargas Llosa presupone la superioridad de la otra cultura, la individualista, quiere imponer el neoliberalismo como bien supremo de la humanidad.

A la nueva catarata ideológica contra la lucha de los pueblos indígenas se suman las iniciativas legislativas, como el Estatuto Rural en Colombia, los estatutos departamentales autonómicos en Bolivia, el Decreto Legislativo 1015 en Perú, que facilita la disolución de las comunidades andinas y amazónicas.

Más grave aún son los hechos de fuerza contra los pueblos indígenas: los asesinatos de indígenas en la Amazonia brasilera; el encarcelamiento de mapuches en Chile; la represión en Oaxaca y Chiapas, en México; las masivas agresiones racistas de la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos fascistas en Bolivia, y las humillaciones públicas masivas a los indígenas como la ocurrida en la ciudad de Sucre; los ataques de los terratenientes zulianos contra los indígenas yukpa en Venezuela; el aumento de las violaciones de los derechos humanos de los indígenas durante los últimos años en Colombia, y las órdenes del presidente Uribe de pagar recompensas por los indígenas que liberan la madre Tierra y de detener a los senadores partidarios de su causa.

Los indígenas no se amilanan por la contraofensiva racista que quiere garantizar la nueva conquista transnacional. Ellos mantienen la iniciativa.

En Ecuador han logrado su objetivo de años, la convocatoria de la Asamblea Constituyente donde se consagre el carácter plurinacional del Estado, y confrontan en este momento al gobierno para exigir que en la Constitución se plasme el derecho a exigir que solamente se exploten los recursos naturales de sus territorios cuando ello cuente con su consentimiento previo, libre e informado, y no se lesione su integridad. Obviamente, los poderosos intereses de las petroleras quieren trancar la lucha de las nacionalidades indígenas.

En Bolivia la Constituyente ha aprobado un texto que consagra el carácter plurinacional del país, y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y los campesinos. Actualmente en Bolivia se libra una batalla decisiva por lograr que esa Constitución entre en vigencia y se abra el paso a un cambio real en ese país.

En Venezuela, después de años de invisibilización, y tras lograr que la Constitución les reconociera derechos fundamentales, los indígenas luchan por la demarcación de sus territorios, contra los apetitos de las empresas mineras.

El discurso neoliberal y los promotores y extensionistas al servicio de las transnacionales tratan de contener las aspiraciones de los pueblos indígenas, asegurándoles que quieren hacerlos partícipes a ellos y a sus territorios de los "beneficios del desarrollo económico". Anuncian el supuesto papel redentor del mercado, la carretera, la explotación forestal, la mina, el pozo petrolero o la agroindustria. Pocas veces los indígenas salen bien librados en su integridad cultural, social y económica, y también los resultados ambientales suelen ser funestos. Durante el proceso, la mayoría son despojados de sus tierras y aguas; convertidos en mano de obra barata o migrantes internacionales. Sólo excepcionalmente un indio se convierte en empresario, y en cambio la mayoría participa en el desarrollo en calidad de empobrecido, despojado, cuyo territorio es desarrollado mediante la inversión.

Objetiva e históricamente enfrentados a la concepción desarrollista los pueblos indígenas se han manifestado como sujetos del derecho a la diversidad étnica y cultural, como gestores de sus propios planes de vida, que deciden sus prioridades. Exigen reconocer el proyecto de vida propio de cada pueblo indígena, con cosmovisión, espiritualidad, organización, objetivos, prioridades, decisiones y alternativas propias, dispuestos a la interculturalidad, pero en términos simétricos y no asimétricos, opresivos; dispuestos a concertar pero a la vez a rechazar cualquier imposición.

La aspiración de los pueblos indígenas a la autonomía se basa en el proyecto de cada pueblo, luego no se pueden someter a una nueva forma de subordinación etnocentrista que supedite los derechos indígenas al sometimiento a proyectos externos, sino que se trata de que cada pueblo, además de gestionar sus propios asuntos de acuerdo con su cultura y mediante sus autoridades propias, exprese su "consentimiento previo libre e informado" sobre todos y cada uno de los proyectos o planes de desarrollo que tengan que ver directamente con su territorio y su vida.

La principal razón por la que el colombiano fue el único gobierno latinoamericano que no votó a favor de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas" aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre 2007, es lo dispuesto en el numeral 2 de su artículo 32:

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

El consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas es lo que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no puede tolerar, y es exigido en siete artículos por la declaración, entre ellos el 19 que se refiere a las medidas administrativas o legislativas que los afecten.

¿Quién preguntó a las comunidades directamente afectadas por el Plan Puebla Panamá (PPP) o la Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA)? Nadie. ¿Quién les ha preguntado si están de acuerdo o no con la expansión de las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera para el negocio de los agrocombustibles? ¿Quién les pregunta si les convienen o no, o si aceptan que los aplasten las hidroeléctricas, los pozos petroleros, las minas y las grandes carreteras? Nadie.

Consideradas las sociedades y los países como multiétnicos y pluriculturales, la diversidad se asume como una riqueza y como un derecho exigible. Las relaciones de respeto intercultural exigen concertación y consenso. Se trata de sustituir una interculturalidad asimétrica, dominadora, por una interculturalidad de consentimientos mutuos y prioridades consensuadas.

Esta visión no elimina el conflicto, sino que permite resolverlo en términos de construcción social. El conflicto es tan constitutivo del vínculo social como la interdependencia misma,

la erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni deseable (...) es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión al otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo (...) una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz [1].

El sistema jurídico y la práctica de un Estado democrático se sustentan en el carácter efectivamente conflictivo de la sociedad. No hay democracia ni convivencia simétrica y equitativa, cuando la idea de la colaboración obligatoria reemplaza a la de la aceptación del conflicto y a la concertación institucional de soluciones alternativas. Se trata de construir una nueva interculturalidad, en la cual las diferencias se concierten a través de diálogo de verdades compartidas cuya tensión es una riqueza mantener. El reconocimiento de todos los territorios indígenas como entidades territoriales de la República, la consulta previa y el requisito del consentimiento libre e informado de los pueblos y las comunidades indígenas es el espacio adecuado para comenzar unas nuevas relaciones interculturales. La reciente sentencia C-030 de 2008 de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley Forestal por ausencia de consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, puede ser un punto de referencia para comenzar.