| ¿Por qué
le temen a las autonomías indígenas?
Por Carlos Cuasase Surubí *
 La
agenda histórica de los pueblos indígenas originarios
de Bolivia es la autodeterminación al interior del Estado
boliviano ya constituido. Los instrumentos normativos internacionales,
tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones
Unidas, cuyo texto final ha sido aprobado a mediados del año
pasado y que debe ratificar la Asamblea General, reconocen este
derecho de todos los pueblos indígenas del mundo.
Nosotros los pueblos indígenas de tierras bajas, que hemos
iniciado la lucha por la Asamblea Constituyente y que hemos marchado
por ella en el año 2002, no podemos dejar que pase esta oportunidad
histórica para que, al menos los derechos ya reconocidos
universalmente, entren en la nueva Carta Magna.
Las Autonomías indígenas no son, como dicen los portavoces
de la oligarquía cruceña, un “invento del MAS”,
queriendo confundir, partidizar y politizar el debate, con la intención
de silenciar el principio de Autonomía Indígena que
es un Derecho reconocido internacionalmente. El derecho de los pueblos
indígenas a autogobernarse implica los derechos a:
Elegir a nuestras autoridades según nuestros usos y costumbres.
A promover nuestros propios sistemas jurídicos, nuestros
propios mecanismos de resolución de conflictos.
Tenemos derecho a ser obligatoriamente consultados previa y libremente
en todos los proyectos económicos, sociales, administrativos
y normativos que afecten la vida de nuestras comunidades y de nuestras
culturas en nuestros territorios.
Tenemos derecho a expresar nuestro libre consentimiento ante planes
y proyectos que nos afecten. Es decir, tenemos derecho a que las
políticas de tierra y territorio, de educación, de
salud, proyectos productivos, caminos, exploración y explotación
de hidrocarburos y minerales, explotación de nuestros recursos
forestales, sean previamente socializados, discutidos en todos sus
aspectos e impactos ambientales, sociales, económicos y culturales.
De ese proceso ampliamente informado y público, surgirá
la decisión colectiva de nuestras comunidades expresadas
en un consentimiento a esas políticas y proyectos o en el
derecho a expresar nuestras objeciones.
No solamente tenemos derecho a compensaciones e indemnizaciones,
por los daños ya hechos anteriormente, sino que tenemos el
derecho a participar en los beneficios de los proyectos de extracción
de todos los recursos naturales que se hallan en nuestros territorios.
Por si no estén enterados, este derecho ya es parte de la
normativa boliviana en el Título Indígena de la Ley
de Hidrocarburos, actualmente vigente.
En definitiva, tenemos derecho a ser tomados en cuenta, obligatoriamente
y no silenciados, ignorados e invisibilizados, como ha sucedido
bajo todos los gobiernos republicanos. Apenas sí somos escuchados
cuando estamos obligados a movilizarnos y sacrificarnos para hacer
conocer nuestras demandas.
¿Por qué le temen a las autonomías
indígenas?
¿Acaso no es mejor para la vida democrática y la tranquilidad
que deseamos todos los bolivianos, que nuestros derechos estén
escritos en la constitución y sean respetados por los gobiernos?
¿Quién quiere los conflictos: nosotros que demandamos
derechos reconocidos internacionalmente o aquellos que quieren negarlos,
ahora bajo el pretexto de Autonomías Departamentales, para
favorecer a los dueños de los bancos, de comercios y de latifundios?
Por eso es que su Propuesta autonomista departamental persiste tercamente
en ignorar nuestro derecho a las autonomías indígenas.
*Senador Chiquitano. República de Bolivia
|
