el latifundio es inmoral. pero su poderío es grande.
 
Resultados de la Comisión Parlamentaria que investigaba al MST.
 
Tiempo atrás habiamos enviado, ustedes y nosotras, una Carta Abierta al Presidente de la CPMI

y a  los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado Federal y del Poder Judicial
 
mostrando la preocupación  por el sentido y sesgo de la  Comisión de dipuados y senadores , creada a instancias de los latifundistas, para investigar los convenios firmados entre el Gobierno Federal y entidades y movimientos de trabajadores rurales.
 
Ahora se conocen los resultados.
 
Frente al intento de criminalizar a los movimientos sociales, la CPMI  resuelve que ni un sólo centavo ha sido desviado.
 
En verdad los resultados se suponían o sabian. Sin embargo la mera "investigación" ha servido para atacar a fondo al Movimiento, y tratar de enturbiar las legítimas demandas de Reforma Agraria.
 
La acusación falsa era: ¿desvia el MST recursos públicos, a los que tienen derecho los campesinos, para hacer movilizaciones?
 
Esta es la tercera Comisión Parlamentaria de Investigación con el mismo objetivo en los últimos siete años. 
 
En alguna de ellas se pretendió decretar la ocupación de tierras como crimen siniestro.
  
En junio de 2007, el Senado aprobó la creación de la CPI de las ONGS, destinada a investigar la utilización de los recursos públicos por entidades de la sociedad civil organizada.  Nuevamente, valiéndose de semejante tesis -es decir, que las entidades populares y movimientos sociales desvían recursos públicos-, los enemigos de la reforma agraria volvieron a atacar, pidiendo que se levante el sigilo bancario, fiscal y telefónico de entidades fraternas del MST. 
 
L a Bancada Ruralista  (diputados y senadores latifundistas)  ataca a los movimientos  como un medio de impedir la actualización de los índices de productividad.  Los argumentos y la tesis son siempre los mismos: movimientos sociales y entidades populares no tienen derecho a acceder a los recursos públicos.
 
Sin embargo  la instalación de la CMPI, teniendo como objeto de investigación la actuación de entidades en medio rural,  podria haber sido  una excelente oportunidad para investigar, por ejemplo, el destino de los recursos recibidos por el Sistema S.  Esta investigación es oportuna, no sólo por la cantidad de recursos públicos involucrados (entre 2000 y 2009, el SENAR y el SESCOOP, entidades dominadas por las entidades de los hacendados, que recibieron sólo en recursos de contribución obligatoria, más de R$ 2 mil millones), pero también por las varias evidencias de malversación de los mismos.  En reiteradas decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión, por ejemplo, estos recursos no habrían siendo utilizados para educar y entrenar al pueblo del campo, sino para mantener de forma irregular, las estructuras administrativas y privilegios de las Federaciones patronales.
 
O bien  para investigar la compra fraudulenta de tierras publicas en los más diversos Estados de la Federación, que la prensa denunció y que relaciona inclusive a parlamentarios como la senadora Katia Abreu, en el estado de Tocantins, o banqueros bajo sospecha, como es el caso de la compra de 36 haciendas en apenas tres años en el sur de Pará por el Banco Oportunity, lo que fue denunciado en la investigación de la Policía federal.
 
O aún más, como la compra de tierras por empresas extranjeras en la franja de frontera. Como sucede con la empresa Stora Enso, en Rio Grande do Sul (RS), y la secta Monn en Mato Grosso do Sul (MS). Además de la notoria desnacionalización de los recursos naturales y de la agricultura brasileña, que pasa a ser controlada cada vez más por empresas transnacionales, que imponen su lógica de lucro y afecta la soberanía alimentaria de Brasil.
 
La violencia en el campo (y sus causas) es otra realidad a ser investigada.  En los últimos años, han muertos diversos líderes del MST y de otros movimientos agrarios.  Desde el retorno a la democracia, en 1985, hasta estos días, han sido asesinados más de 1600 líderes de los trabajadores rurales, incluyendo agentes de pastoral, abogados, etc.  De estos apenas 80 casos llegaron a los tribunales y menos de 20 han sido juzgados.
 
La CPMI necesita investigar a los responsables y por qué el Poder Judicial es tan tolerante con los latifundistas, autores intelectuales de esos crímenes.
 
Queremos manifestar  nuestra total solidaridad con el MST y a todos los movimientos sociales y entidades que ponen sus esfuerzos en la lucha por una reforma agraria justa y necesaria.  El Brasil nunca será una sociedad democrática, ni justa, si no resuelve esa vergonzosa concentración de la propiedad de la tierra, en que apenas 15 mil hacendados son dueños de 98 millones de hectáreas, como denunció el último censo, y que menos de 2% del total de los establecimientos controlan más de 45% de todas las tierras.  Y quien lucha por la democratización de la propiedad, no puede ser criminalizado justamente por aquellos que quieren mantener el monopolio de la propiedad de la tierra.
  
Ana Ester Ceceña: en apoyo al MST
http://www.mst.org.br/eu-apoio-mst-ana-Esther-Cecena