el latifundio es inmoral. pero su poderío es grande. Resultados de la Comisión Parlamentaria que investigaba al MST. Tiempo atrás habiamos enviado, ustedes y nosotras, una Carta Abierta al Presidente de la CPMI
y a los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado Federal y del Poder Judicial mostrando
la preocupación por el sentido y sesgo de la Comisión de
dipuados y senadores , creada a instancias de los latifundistas, para
investigar los convenios firmados entre el Gobierno Federal y entidades
y movimientos de trabajadores rurales. Ahora se conocen los resultados. Frente al intento de criminalizar a los movimientos sociales, la CPMI resuelve que ni un sólo centavo ha sido desviado. En
verdad los resultados se suponían o sabian. Sin embargo la mera
"investigación" ha servido para atacar a fondo al Movimiento, y tratar
de enturbiar las legítimas demandas de Reforma Agraria. La acusación falsa era: ¿desvia el MST recursos públicos, a los que tienen derecho los campesinos, para hacer movilizaciones? Esta es la tercera Comisión Parlamentaria de Investigación con el mismo objetivo en los últimos siete años. En alguna de ellas se pretendió decretar la ocupación de tierras como crimen siniestro. En
junio de 2007, el Senado aprobó la creación de la CPI de las ONGS,
destinada a investigar la utilización de los recursos públicos por
entidades de la sociedad civil organizada. Nuevamente, valiéndose
de semejante tesis -es decir, que las entidades populares y movimientos
sociales desvían recursos públicos-, los enemigos de la reforma agraria
volvieron a atacar, pidiendo que se levante el sigilo bancario, fiscal
y telefónico de entidades fraternas del MST. L a
Bancada Ruralista (diputados y senadores latifundistas)
ataca a los movimientos como un medio de impedir la actualización
de los índices de productividad. Los argumentos y la tesis son
siempre los mismos: movimientos sociales y entidades populares no
tienen derecho a acceder a los recursos públicos. Sin
embargo la instalación de la CMPI, teniendo como objeto de
investigación la actuación de entidades en medio rural, podria
haber sido una excelente oportunidad para investigar, por
ejemplo, el destino de los recursos recibidos por el Sistema S.
Esta investigación es oportuna, no sólo por la cantidad de recursos
públicos involucrados (entre 2000 y 2009, el SENAR y el SESCOOP,
entidades dominadas por las entidades de los hacendados, que recibieron
sólo en recursos de contribución obligatoria, más de R$ 2 mil
millones), pero también por las varias evidencias de malversación de
los mismos. En reiteradas decisiones del Tribunal de Cuentas de
la Unión, por ejemplo, estos recursos no habrían siendo utilizados para
educar y entrenar al pueblo del campo, sino para mantener de forma
irregular, las estructuras administrativas y privilegios de las
Federaciones patronales. O bien para investigar la
compra fraudulenta de tierras publicas en los más diversos Estados de
la Federación, que la prensa denunció y que relaciona inclusive a
parlamentarios como la senadora Katia Abreu, en el estado de Tocantins,
o banqueros bajo sospecha, como es el caso de la compra de 36 haciendas
en apenas tres años en el sur de Pará por el Banco Oportunity, lo que
fue denunciado en la investigación de la Policía federal. O
aún más, como la compra de tierras por empresas extranjeras en la
franja de frontera. Como sucede con la empresa Stora Enso, en Rio
Grande do Sul (RS), y la secta Monn en Mato Grosso do Sul (MS). Además
de la notoria desnacionalización de los recursos naturales y de la
agricultura brasileña, que pasa a ser controlada cada vez más por
empresas transnacionales, que imponen su lógica de lucro y afecta la
soberanía alimentaria de Brasil. La violencia en el campo
(y sus causas) es otra realidad a ser investigada. En los últimos
años, han muertos diversos líderes del MST y de otros movimientos
agrarios. Desde el retorno a la democracia, en 1985, hasta estos
días, han sido asesinados más de 1600 líderes de los trabajadores
rurales, incluyendo agentes de pastoral, abogados, etc. De estos
apenas 80 casos llegaron a los tribunales y menos de 20 han sido
juzgados. La CPMI necesita investigar a los responsables y
por qué el Poder Judicial es tan tolerante con los latifundistas,
autores intelectuales de esos crímenes. Queremos manifestar nuestra total solidaridad con el MST
y a todos los movimientos sociales y entidades que ponen sus esfuerzos
en la lucha por una reforma agraria justa y necesaria. El Brasil
nunca será una sociedad democrática, ni justa, si no resuelve esa
vergonzosa concentración de la propiedad de la tierra, en que apenas 15
mil hacendados son dueños de 98 millones de hectáreas, como denunció el
último censo, y que menos de 2% del total de los establecimientos
controlan más de 45% de todas las tierras. Y quien lucha por la
democratización de la propiedad, no puede ser criminalizado justamente
por aquellos que quieren mantener el monopolio de la propiedad de la
tierra. Ana Ester Ceceña: en apoyo al MST http://www.mst.org.br/eu-apoio-mst-ana-Esther-Cecena | 






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