Lula apoya el latifundio y las exportaciones

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B.G. - Río de Janeiro - 11/07/2008 23:29

Se veía venir. Y de lejos. La Medida Provisional que legaliza a los okupas de las tierras públicas brasileñas ya es una realidad. El Senado, medio a escondidas, aprobó en la noche del miércoles una de las leyes más polémicas de los últimos tiempos.

No sólo abre la puerta legal para aquellas personas que han invadido propiedades públicas (basta una simple licitación) sino que aumenta la superficie cultivable de las propiedades de la Amazonia hasta 1.500 hectáreas, tres veces más del límite actual.

El 20% de esta superficie podrá, por ley, ser deforestado. La MP 422, que provocó entre otras cosas la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, fue aprobada por una cómoda mayoría: 37 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones. De nada sirvieron las advertencias de Marina Silva, que mantiene su escaño de senadora, durante la sesión. “Esa medida es contraria a todo lo que hicimos en estos cinco años”, dijo Silva.

Apoyo a los conservadores

La aprobación de la MP 422 resume el camino que ha tomado el Gobierno Lula: el apoyo al latifundio, la agricultura y las exportaciones en detrimento del medio ambiente. De hecho, aliados de Lula, como el centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), tienen un pie en el agronegocio. Y exigen, en decisiones como ésta, su pedazo de pastel. La MP 422, de hecho, es una copia fiel del proyecto de ley 2278/07, del diputado Asdrúbal Bentes (PMDB), que ampliaba el límite máximo de áreas invadidas en la Amazonia.

Ecologistas e izquierdistas han criticado duramente la nueva ley. Greenpeace ha definido la medida como un Paquete de Aceleración del Grilagem (como se conocen los títulos falsos en Brasil).

“Era sólo lo que faltaba: robar tierras en la Amazonia ahora se transformó en una ley”, aseguró Paulo Adario, director de la campaña Amazonia de Greenpeace, en comunicado oficial.

Electoralismo

Greenpeace afirma que se ha favorecido descaradamente a los grandes propietarios. Paulo Adario fue contundente: “La aprobación sólo confirma nuestros peores temores. El Gobierno apostó por el electoralismo en vez de ampliar las inversiones en

actividades que ayuden a mantener la selva en pie y fortalecer las instituciones encargadas de vigilar por el patrimonio ambiental de los brasileños, como el Ibama y la Policía Federal”.

La ley, que sufrió alteraciones en el Congreso, deberá ser ratificada por el propio Lula. Todo hace indicar que lo hará sin pestañear. De hecho, otro peso pesado del PMDB, Romero Jucá, fue quien pidió que Lula firmase la ley el pasado 27 de marzo. Entonces, el propio Lula afirmó que suele satisfacer las peticiones de diputados que apoyan al Gobierno.