Declaración
Final - III Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado
Ocho propuestas para la verdad, la justicia,
la reparación integral, la memoria y la no repetición
de los crímenes contra la humanidad
El segundo gobierno del presidente Álvaro
Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis
nacional. Su plan estratégico, contenido en documentos como
el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados
de la Constitución de 1991, extender la militarización
de la vida nacional, y poner en práctica el Tratado de Libre
Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario
en el plano político, y profundamente regresivo en el plano
social.
Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro
de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos
sociales. La política de “seguridad democrática”
incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones
extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte
del Ejército y la Policía, la militarización
del país, la actuación ilegal de los agentes del Estado,
y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en
el conflicto armado interno.
Los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio constituyen
la base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores
agrarios e industriales que se verán indefectiblemente discriminados
por una competencia que favorece únicamente a la economía
de los Estados Unidos, y a los intereses de las multinacionales.
A esta alianza, contraria a las fuerzas productivas del país,
el actual gobierno añade una propuesta de reforma tributaria
que libera al gran capital de impuestos, y redistribuye la carga
en las capas menos pudientes de la población, lo que significa
una mayor concentración de la riqueza y una extensión
social de la pobreza absoluta.
En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad
otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos
cuatro años, su reingeniería económica, política
y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias
paramilitares, en muchos lugares del país la consolidación
del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia
de un proceso de desmovilización y reinserción. En
estas zonas el proceso de control social ha seguido los mismos pasos.
Luego de la incursión violenta de los grupos paramilitares
respaldada por las unidades del Ejército y la Policía
(realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados, establecimiento
de centros de exterminio en las zonas rurales y desaparición
de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el control social
y político a través de la infiltración de las
instituciones, para después instituir el lavado de activos,
la contratación de obras públicas, la inversión
en sectores como el de la construcción y procesos de legalización
de la apropiación violenta de tierras.
La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha
sido un significativo ascenso de la acción pública
de los movimientos sociales, de la cual hace parte la creciente
convergencia y organización de las asociaciones de víctimas
y sobrevivientes.
Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho
propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad,
la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición
de los crímenes contra la humanidad y los genocidios.
1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos
autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes
estatales
Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado,
la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada
e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación
de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas
que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la
impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos
utilizados en el llamado proceso de “negociación y
desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03,
han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías
al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido
beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado,
sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares,
y mientras continúa el proceso de consolidación económica,
política y social, y la ejecución de nuevos crímenes
a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por su parte
la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su
decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad.
En su versión original, estas normas no disponen las garantías
necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad,
la justicia y la reparación integral y a la no repetición
de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas
del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento,
accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar.
A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia
C-370 –cuya redacción final aún no se conoce-
en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos
beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los
paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir
la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes
atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos.
Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos
y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos
jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo
al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará
la verdad de lo ocurrido a través de la recolección
del testimonio de las víctimas, y documentará las
nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin,
esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades
civiles y militares, así como los crímenes que siguen
cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios
de los mismos.
El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos
responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad
cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal
General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se
hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes.
El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los
políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes,
los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores
de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas
penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que
les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público.
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha
expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad
y la memoria históricas. La verdad es un fundamento insoslayable
para la superación de la impunidad de los crímenes
contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos
a la justicia y la reparación integral. Para el Movimiento
de Víctimas la dilucidación de lo que ha pasado no
es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad
con los afectados por la violencia. La verdad y la memoria históricas
son parte de un proceso de democratización de la sociedad
y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas,
perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública.
También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido
carácter democrático del régimen político
colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder
que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la
mentira y la justificación de los crímenes, mantener
una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las víctimas
de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados
períodos.
La información acumulada más importante de la que
dispone el Movimiento de Víctimas para avanzar en el esclarecimiento
histórico se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca
Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década
sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal
en Colombia, no como una noción ideológica, sino como
una realidad empíricamente demostrable. Por esa razón,
la difusión social y la utilización jurídica
de esta información son tareas estratégicas para las
víctimas del Estado.
En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer
la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan
los datos estadísticos, la búsqueda de documentos
con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las
acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere
conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos
de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo
se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados
Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales
que atañen a la intervención militar y política
en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes
que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada
y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos
de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que
documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio.
Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen
estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre
el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y el exilio
por razones políticas.
Para conservar y difundir la información acumulada se propone
que el Movimiento de Víctimas trabaje por la creación
de un centro de memoria y documentación, que cumpla a la
vez funciones de archivo de seguridad, y espacio de diálogo
público sobre la verdad histórica. Allí pueden
tener cabida los resultados de los procesos de investigación
que se han desarrollado desde las víctimas, los bancos de
datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales
de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así
como los informes y compilaciones documentales disponibles.
3. Una estrategia para el acompañamiento solidario
con las víctimas: la Comisión Ética
El Movimiento de Víctimas declara su derecho a salvaguardar
la memoria histórica a través de la conformación
de una Comisión Ética que custodie y comparta con
la sociedad colombiana y con la humanidad, la verdad histórica
de las víctimas de crímenes de Estado, así
como el concepto que tiene, basado en el Derecho Internacional y
en los Derechos de los Pueblos, de lo que significa la justicia
y la reparación integral. La Comisión Ética
nace ante la ausencia de un aparato de justicia que aborde de modo
preciso el genocidio y los crímenes contra la humanidad;
nace ante el desconocimiento de los derechos de las víctimas,
y ante la banalización de los contenidos de la verdad, la
justicia y la reparación en la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975/05.
La Comisión Ética sesionará durante 10 años
con 25 miembros internacionales y 5 nacionales; personas y organizaciones
de reconocidas calidades éticas de Norteamérica, Suramérica,
Europa, África y Asia. Promoverá la creación
de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los testimonios
y objetos de las víctimas. Así mismo, animará
espacios públicos de la memoria con museos públicos,
construcción de monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas
alternas de exhumación, parte del Derecho a enterrar.
La Comisión Ética como construcción de propuestas
de verdad, de justicia y de reparación con los familiares,
las comunidades y las organizaciones de víctimas –indígenas,
afrocolombianos, mestizos, mujeres, niños y jóvenes-
recopilará insumos fundantes para la futura conformación
de una auténtica Comisión de Esclarecimiento Histórico,
cuando en Colombia existan garantías reales para la misma.
La Comisión Ética acompañará las prácticas
de las víctimas en la afirmación de sus derechos a
la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral con museos populares, casas de semillas, peregrinaciones,
creación de zonas de reserva y de catastro alternativo, exhumación
de restos, protección de bienes y de la biodiversidad, actos
públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su mandato,
la Comisión Ética hará públicas de modo
integral y sistemático tanto las propuestas en materia de
verdad, justicia y reparación; así como, el acumulado
histórico de las víctimas -que deberá ser reconocido
por el Estado- y la iniciativa de ley para la constitución
de un nuevo aparato de justicia.
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición
legal del paramilitarismo
Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a
la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror,
se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición
política y social. El origen histórico y la existencia
presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano.
Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico
mediante la preservación de su acumulación sangrienta
de capitales.
Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las
garantían de no repetición de los crímenes
contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la
proscripción de las estrategias paramilitares en el país.
Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto
de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohíba
cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades
de paramilitarismo.
El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción
de cualquier política pública tendiente a armar a
los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares
o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivir”,
redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.).
El proyecto de ley precisará la tipificación del delito
de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares,
y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica
o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el
uso de la contratación pública para el beneficio de
particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales.
El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones
encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza
Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte
y grupos mercenarios sobre el territorio nacional.
El Movimiento de Víctimas es plenamente conciente de que
con la actual composición del Congreso de la República
una norma de estas características no tiene ninguna posibilidad
de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta
norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio
de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento
para abrirle paso a la controversia política sobre las garantías
de no repetición de los métodos del terrorismo estatal
y la depuración de la fuerza pública.
5. Una estrategia para la reparación: el catastro
alternativo
Para el Movimiento de Víctimas la reparación no es
un acto caritativo del Estado, ni una transacción para tasar
la dignidad de las víctimas por una suma de dinero. Tampoco
es una colecta de dineros de la cooperación internacional
o un deber de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos,
como lo han sostenido el Gobierno Nacional y el presidente de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Quienes tienen que reparar son los causantes del daño y los
actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades
y grupos agredidos.
Para el Movimiento de Víctimas, la reparación es un
proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la
propia sociedad. Por eso, el Movimiento reitera su compromiso de
impulsar el Mandato Agrario del cual hace parte la propuesta de
la elaboración de un catastro alternativo como mecanismo
directo de acopiar información sobre los bienes, las tierras
y territorios de las victimas, que fueron usurpados por la política
de terrorismo de Estado.
El catastro alternativo es la búsqueda de información
sobre la magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que
el desplazamiento forzado es una estrategia de contrareforma agraria,
que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras.
Con esta herramienta las victimas podrán demandar las 5 millones
de hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente
a campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos.
También podrá reclamar la responsabilidad estatal
por haber permitido o auspiciado directamente este despojo violento.
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición
forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho
a enterrar
Las víctimas de crímenes de Estado declaran su derecho
a exhumar los restos mortales de las fosas comunes y a enterrar
dignamente a las miles de personas que fueron sometidas al crimen
de la desaparición forzada como parte de la estrategia paramilitar.
Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales
sus seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación
de sus líderes y miembros en las fincas que se convirtieron
en centros de exterminio, en las que fueron sepultadas las víctimas.
Pero hoy no pueden darles digna sepultura, pues aún persiste
en las regiones el control de las mismas estructuras militares regulares
e irregulares que torturaron, desaparecieron y después asesinaron.
El Movimiento de Víctimas sostiene el legítimo derecho
a elaborar el duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar
a sus familiares, y dónde las comunidades pueden rendir homenaje
a quienes fueron inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los
desaparecidos, a saber dónde están, a recuperar los
restos de humanidad, sus restos. Concibe el derecho a exhumar como
la posibilidad de re-crear las vidas de quienes sufrieron los crímenes,
de revitalizar los ríos, las tierras, liberándolas
de ser el recinto del ocultamiento, y la impunidad de los perpetradores.
Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza, en la posibilidad
de esclarecimiento de la verdad, y de dignificación del nombre,
las opciones, los ideales, y proyectos de vida de quienes fueron
desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la resilencia.
Es el derecho a exhumar la vida y la memoria.
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político:
verdad, justicia y reparación para las víctimas y
los sobrevivientes de la Unión Patriótica
La oposición política ha sido perseguida y ha intentado
ser exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones
son una práctica de represión a la construcción
de alternativas sociales y políticas como una salida civil
a las causas del conflicto armado.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente
propios los colosales esfuerzos de las victimas y los sobrevivientes
del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica,
por conocer la verdad plena, acceder a una justicia que castigue
ejemplarmente a los promotores y autores del genocidio político
que se ha perpetrado en su contra, y beneficiar y obtener reparación
integral a los más de 4.000 crímenes cometidos contra
sus militantes. Además, respalda plenamente la búsqueda
de reparación política y de restitución de
los cargos públicos en todas las instancias de gobierno y
estado.
El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a
la decisión de suspender la etapa de búsqueda de solución
amistosa que venía haciendo curso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.227 que se
sigue contra el Estado colombiano por genocidio y grave violación
de los derechos humanos y las libertades políticas de los
miembros de este partido y el movimiento de oposición UP.
Para las víctimas del Estado, el gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez y las instituciones oficiales encargadas,
no solo no han avanzado en las investigaciones ni ha castigado a
los responsables y usufructuarios de este exterminio, sino que,
por el contrario, realizan constantes esfuerzos por descalificar
y estigmatizar públicamente la legitima labor de los sobrevivientes
de esta aniquilación sistemática; fomentar el más
primario anticomunismo, y hacer una apología del genocidio,
que incentiva la continuación de nuevos hechos de violencia
contra los miembros de los grupos de oposición.
Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas
es claro que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad que no
permitirá, que en el caso del PCC y la UP, como en el de
otras decenas de miles de crímenes y violaciones contra el
movimiento social y popular puedan prosperar los derechos a la verdad,
la justicia, la reparación integral, la memoria histórica
y las garantías de no repetición.
8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento
del Movimiento de Víctimas
El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado representa
un esfuerzo de unidad y construcción de confianzas de los
diversos sectores sociales, étnicos y políticos agredidos
por la estrategia autoritaria del Estado. Al convertirse en una
fuerza social contra la impunidad, el Movimiento ha venido reuniendo
a múltiples expresiones organizadas en un solo proceso que
ofrece mecanismos propios de coordinación y consulta permanente
en el plano nacional.
Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de
sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional,
que reúna las diversas vertientes de las victimas de crímenes
de Estado en un solo mecanismo de coordinación permanente,
y haga realidad las líneas de acción social, política
y jurídica en cada lugar. En dicha dinámica la educación
y capacitación en los temas de conflicto y paz, las vías
de exigibilidad y realización de los Derechos Humanos, y
en especial, los Derechos de las Victimas, deben ocupar un lugar
importante.
La causa de las víctimas y la afirmación de sus derechos
se fortalece con la conformación de cada nueva organización
de familiares o sobrevivientes de crímenes del estado, por
ello saludamos la creación del “Movimiento Hijas e
Hijos contra la impunidad y por la memoria.
Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas
de Crímenes de Estado.
Bogotá D.C., 9 de julio de 2006.
|
