el
senador colombiano Alexander López alerta...
REENVIAMOS DE: Comisión de
Derechos Humanos del Senado de la República
 CONSTANCIA
PÙBLICA
Plenaria del Senado de la República
Conspiración Paramilitar
en toda Colombia.
En el día de hoy, quiero denunciar ante la Plenaria de la
Corporación y la opinión pública nacional e
internacional, en mi condición de ciudadano y Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,
la existencia en Colombia, de una conspiración nacional,
de acciones simultaneas de grupos encubiertos y de paramilitares
al servicio de grandes bloques de poder, ligados a los intereses
de transnacionales, grandes terratenientes y empresarios, legales
e ilegales, que en este último periodo, se han atrevido de
forma temeraria y criminal a amenazar de forma muy grave a las comunidades
indígenas, campesinas, mineras, a las organizaciones de mujeres
y de derechos humanos, a los trabajadores y sus organizaciones gremiales
y sindicales, en toda la geografía nacional.
El lunes 11 de Agosto de 2008, mientras sesionaban las Comisiones
Conjuntas de Derechos Humanos de Cámara y Senado en el Municipio
de Barrancabermeja, fue conocida una cobarde amenaza en contra del
Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Asociación
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN , que representan
a todas las autoridades tradicionales de los pueblos Nasa, en la
región de la zona norte del departamento del Cauca.
La comunicación no oficial y firmada por una sigla autodenominada
“campesinos embejucaos de Colombia” plantea una abierta
amenaza de muerte, desolación y terror, en contra de las
comunidades indígenas en los departamentos de Cauca, Valle,
Tolima, Putumayo y el Huila, utilizando un lenguaje sinuoso y traicionero,
que reproduce y se legitima en declaraciones del comandante de la
3ra Brigada del Ejercito Nacional, General Jaime Esguerra Santos
y que aparece en un contexto en el cual, el propio Presidente de
la República y voceros de su bancada en el Congreso de Colombia,
se han referido a las comunidades indígenas en el departamento
del Cauca y sus autoridades tradicionales que además ejercen
jurisdicción con rango constitucional en sus territorios,
como “invasores”.
Esta amenaza abierta contra estas comunidades y sus autoridades
tradicionales en el departamento del Cauca revela una conspiración
de sectores encubiertos, de terratenientes y paramilitares en el
departamento del Cauca que se escudan en un insólito discurso
anti indígena que se desprende de declaraciones oficiales
del Gobierno Nacional y que solo puede albergar las más peligrosas
y criminales de las intenciones.
En este mismo sentido, en sesión conjunta en Audiencia Pública,
de las comisiones conjuntas de Derechos Humanos de Cámara
y Senado en el municipio de Barrancabermeja, ha sido denunciada
una nueva toma del municipio de Barrancabermeja por parte de tres
avanzadas paramilitares y de grupos de narcotráfico, que
han amenazado e intimidado a las organizaciones sociales, sindicales,
campesinas, de derechos humanos y de mujeres en el puerto petrolero.
En medio de un clima de violencia creciente en el cual la cifra
de muertes violentas en el puerto petrolero se han duplicado respecto
de las ocurridas el año pasado. En este marco de violencia,
se han presentado serias amenazas de grupos paramilitares que utilizan
el nombre de “Águilas Negras”; “Héroes
de Castaño” y autodenominados “Comandantes paramilitares”
contra la Federación Agrominera del Sur de Bolívar,
la Organización Femenina Popular, la Unión Sindical
Obrera, la Corporación Sembrar, Credhos, y la Asociación
de Familiares de Víctimas deL 16 de Mayo de 1998.
Igualmente se ha denunciado ante la Comisión de Derechos
Humanos del Senado, la presencia en los últimos 60 días
de operativos de grupos paramilitares en los barrios populares de
Barrancabermeja, quienes realizan operativos irregulares e intimidan
de forma permanente a las comunidades y víctimas de estos
sectores.
Esto se conjuga con un clima de impunidad asfixiante en los casos
de numerosos asesinatos contra ciudadanos y ciudadanas en la región
del sur de Bolívar, perpetrados en muchas ocasiones por integrantes
de la fuerza pública. En la audiencia pública en Barrancabermeja
fueron denunciados hechos muy graves que presuntamente comprometen
la responsabilidad de unidades adscritas a los Batallones, Nueva
Granada, Nariño, Calibio y las brigadas 15 y 4ta del Ejército
Nacional.
En hechos que serán puestos en conocimiento del Sr. Fiscal
General de la Nación para su investigación y esclarecimiento.
Denuncias que se han presentado en un periodo y una región
en la cual se han concesionado 200.000 has. a la trasnacional Anglo
Gold Mine Ashanti, para la explotación de las reservas de
oro más importantes de América latina. En un largo
conflicto con los pequeños mineros y las comunidades campesinas
de esta región, que luchan por sobrevivir en su territorio,
cercado, por narcotráfico, megaproyectos en carbón,
petróleo y agro combustibles y el resurgimiento de grupos
paramilitares. Sin que exista una política de seguridad por
parte del Estado que pueda contener y garantizar los derechos de
la población en medio del conflicto.
Así mismo, en el municipio de San Onofre, Sucre, han sido
gravemente amenazados los activistas del movimiento de Víctimas,
Adil Meléndez y Adriana Porras, quienes han sido activos
defensores del proceso de resistencia de la población de
este municipio por lograr efectivas respuestas del Gobierno Nacional
en materia de reparación integral a los graves crímenes
cometidos en este municipio por grupos paramilitares. Estas dos
personas han sido amenazadas por paramilitares que hoy enfrentan
investigaciones en la jurisdicción de Justicia y Paz, por
graves crímenes cometidos durante los años 2002 -2005
en esta localidad. De la misma forma, estas amenazas contra la población
se producen en un periodo en el cual la Comisión Nacional
de Reparación adelanta en esta zona del departamento de Sucre,
un intento por desarrollar un proceso piloto de reparación.
Adicional a esto, en el municipio de Palmira, departamento del Valle
del Cauca, el pasado 4 de Agosto de 2008, se perpetró un
grave hostigamiento por parte de dos hombres armados, que se movilizaban
en dos motocicletas en el sector del barrio Zamorano, en contra
de mi asesor e integrante de mi Unidad Técnica Legislativa,
Juan Pablo Ochoa, en momentos en que se aprestaba a terminar una
reunión con un grupo de trabajadores de la caña de
azúcar, que adelantan el proceso de presentación del
Pliego Único de Exigencias por parte de los trabajadores
de la industria de la Caña de Azúcar, ante los gremios
del sector. Este hecho, que ha sido puesto en conocimiento de las
autoridades, no solo es una muy grave provocación en contra
de los trabajadores de la caña de azúcar que luchan
por sus reivindicaciones en el Valle del Cauca sino además
una grave agresión en contra de las funciones propias del
Congreso de Colombia y de sus funcionarios.
Finalmente, quiero señalar que el sociólogo, cronista
y columnista ALFREDO MOLANO puede resultar siendo un chivo expiatorio
en el proceso que se le adelanta ante el juzgado 4 to penal de Bogota,
por parte de la familia Araujo. Lo que ha sucedido con el periodista
ALFREDO MOLANO es un grave atentado a la libertad de expresión
en Colombia. La judicialización de su columna Araújos
(El Espectador, Bogotá, 25 de febrero de 2007) podría
lograr que Alfredo Molano pierda la libertad de escribir en Colombia.
La demanda por calumnia e injuria contra Molano busca obtener una
jurisprudencia que restablezca el delito de opinión en Colombia.
Hago un llamado al Gobierno Nacional para que se actúe para
proteger a las comunidades indígenas en todo el territorio
nacional y en particular para que se tomen todas las medidas que
garanticen la integridad de los cabildos indígenas y la población
en el norte del departamento del Cauca. Y se logre prevenir las
acciones que se han anunciado en contra de los cabildos indígenas,
sus voceros y las comunidades, con especial énfasis en la
zona norte del departamento del Cauca.
De la misma forma, para que se tomen todas las medidas que permitan
garantizar la protección de los movimientos sociales, de
derechos humanos y de víctimas, en Barrancabermeja, Santander,
San Onofre, Sucre y en Palmira, Valle del Cauca. De la misma manera,
se garantice la integridad de las comunidades campesinas y mineras,
en toda la región del sur de Bolívar.
Hago igualmente un llamado público al Sr. Fiscal General
de la Nación para que se investiguen las amenazas en contra
de las organizaciones indígenas sociales, de derechos humanos
y de víctimas en el sur de Bolívar, el departamento
del Cauca y la localidad de San Onofre, Sucre.
Igualmente, hago un llamado a la comunidad internacional, el sistema
de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas
y la delegación de la Organización de Estados Americanos
en Colombia, para que se pronuncien ante el Gobierno de Colombia,
exigiendo se tomen acciones eficaces en contra de la continua presencia
de grupos y acciones encubiertas de origen paramilitar que hoy amenazan
a las comunidades y movimientos sociales en toda Colombia.
Firmado.
Alexander López Maya
- Presidente-
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
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