Por
Manuel Vega
 Democracia
totalitaria. Si alguien nos pidiera caracterizar el régimen
político vigente hoy en Colombia habría que echar
mano de esta categoría, a primera vista ambigua, pero absolutamente
posible si observamos nuestra realidad. En efecto, el corte autoritario
de la presidencia de Álvaro Uribe, la militarización
y el carácter policivo que ha adquirido la vida cotidiana,
el proceso de derechización que vive la sociedad y el auge
del paramilitarismo -todos rasgos indiscutibles de un proyecto totalitario-
se desenvuelven en el marco de la aparente permanencia de instituciones
democráticas como el congreso, y principios tales como la
división de poderes o el ejercicio de libertades.
Esta relación entre totalitarismo y democracia esta planteada
tanto en el discurso institucional como en el de amplios sectores
de las elites del modo: un fuerte ejercicio de control y de autoridad
es una garantía para la defensa de la democracia. La política
de Seguridad Democrática del gobierno Uribe expresa claramente
el asunto: “El objetivo general de la Política de Defensa
y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado
de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de
la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad
de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación
activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común.”
. La realidad de los campos y ciudades nos ayuda a redefinir dicha
política: Autoridad paramilitar y del narcotráfico,
instituciones dominadas por la corrupción e inoperantes,
imperio de la impunidad, eliminación de la ciudadanía,
desaparición del bien común.
No obstante la ambigüedad es solo apariencia. Si analizamos
los elementos que configuran el momento político actual descubriremos
como el esfuerzo totalitario en defensa de la democracia termina
comprometiendo radicalmente a esta ultima. En el fondo, en los sustratos,
en los resquicios de lo social encontramos un borramiento de la
democracia real con la permanencia formal de algunas de sus instituciones.
En la superficie la imagen engañosa de un “fortalecimiento
de la democracia” por la vía del afianzamiento de ciertas
instituciones (sobre todo la fuerza publica) y del poder ejecutivo.
Pensemos por ejemplo en los orígenes políticos de
Uribe, en sus aliados y en la forma como ha llegado al poder. Mucho
se ha dicho sobre la relación del presidente y su familia
con los paramilitares y el narcotráfico. Su padre, Jorge
Alberto Uribe Sierra, vinculado al Cartel de Medellín, y
muy amigo de Pablo Escobar Gaviria. Su hermano Santiago Uribe Vélez,
coordinaba las acciones del grupo denominado “Los Doce apóstoles”,
desde 1994 o antes, y durante sus acciones permanecía en
el carro, con una ametralladora Ingram y pendiente de los reportes
que recibía por radio. Mantenía estrechos vínculos
con Pablo Escobar Gaviria. El grupo paramilitar tiene en su haber
50 asesinatos en Antioquia cometidos entre 1993 y 1.994, además
de otros que no se saben.
En esta dirección, también son contundentes las recientes
denuncias del senador Gustavo Petro del Polo Democrático
(partido de oposición al gobierno) sobre una fotografía
del hermano de Uribe, Santiago, junto a reconocidos narcotraficantes
de Antioquia. La cercanía de Uribe a algunos de estos personajes
es algo que se insinúa todo el tiempo pero que no ha sido
posible denunciar abiertamente, por el miedo que domina los colombianos.
De igual modo, se ha hecho mención sobre el papel que jugo
en el pasado Uribe en la creación de las convivir, embriones
del paramilitarismo actual (hecho confirmado al menos en 5 casos),
e incluso sobre como aparece su nombre en un informe desclasificado
de la CIA en el cual, era vinculado con el narcotráfico y
el paramilitarismo. La noticia fue publicada por Los Ángeles
Times, 8/2/04. por T. Christian Miller, Times Staff Writer y decía:
WASHINGTON: “Colombian President Alvaro Uribe, one of
the Bush administration's most steadfast allies in South America,
was allegedly a "close personal friend" of slain drug
lord Pablo Escobar and worked for his Medellin cartel, according
to a newly released U.S. military intelligence report. The 1991
report by the Defense Intelligence Agency describes Uribe, then
a rising star in Colombian politics, as "dedicated to collaboration"
with the Medellin cartel, at the time the world's richest criminal
organization and the source of most of the cocaine imported into
the U.S. The memo devotes a single paragraph to Uribe and his alleged
narcotics involvement, listing him 82nd among 104 of the "more
important Colombian narco-traffickers."
La entrada a la escena política de Uribe esta apalancada
por estos hechos. La democracia colombiana se desdibuja en estas
complejas relaciones entre clase política, sistema político,
paramilitarismo y narcotráfico.
Su llegada al poder también permite cuestionar algunas de
nuestras instituciones democráticas. Uribe es financiado
por reconocidos sectores paramilitares y del mundo de las apuestas;
como Enilce López, mas conocida como la Gata (detenida en
la actualidad); y apoyado claramente por sectores del paramilitarismo
que incidieron por la fuerza en la votación de muchos ciudadanos
sobre todo en regiones como la costa atlántica. Como describió
la Revista Semana:
“Enilce López es hoy un nombre conocido por la
mayoría de los colombianos, gracias a dos hechos que acapararon
la atención del país: su detención el jueves
pasado, por la Fiscalía, acusada de lavado de activos, y
el sorpresivo anuncio del presidente Álvaro Uribe, quien
reconoció haber recibido dineros de 'La Gata' en su campaña
de 2002.”
A ello hay que sumar un escándalo (resaltado por los medios
de comunicación, sobre un fraude electoral en esta misma
región que favoreció la elección de Uribe en
su primer mandato. Las elecciones de 2002 evidencian claramente
un escenario democrático viciado por el fraude, la presión
armada del paramilitarismo y la financiación por parte de
mafias y sectores económicos ilegales.
Ya en el poder, Uribe nombra un sequito de personajes bastante cuestionado,
como su consejero José Obdulio Gaviria. Al tiempo, profundiza
de manera autoritaria, la aplicación del modelo liberal,
por la vía de la privatización de lo público
y el avance de iniciativas nocivas para el país como el Tratado
de Libre Comercio. Pese a la oposición de amplios sectores
de la sociedad estos procesos avanzan inexorablemente. Además,
inicia un conjunto de reformas constitucionales dirigidas a limitar
la función de contrapeso que supone la existencia de la corte
constitucional frente el ejecutivo y el legislativo. Algo similar
intenta hacer con herramientas como la acción de tutela,
la cual amplio el ejercicio de ciudadanía a partir de la
constitución del 91. A cambio, presenta una propuesta de
reelección dirigida al el fortalecimiento y la concentración
de poder en el ejecutivo, y en efecto logra no solo la reforma constitucional
sino la reelección.
Los comicios de 2006, al igual que en 2002, se ven ensombrecidos
por diversas denuncias sobre la injerencia de los grupos paramilitares
en la opción de voto de la población, así como
por falta de garantías para otros candidatos, como lo expresan
para la revista semana de abril 11 de 2006: Horacio Serpa, candidato
del Partido Liberal:
“Voy a seguir en la lucha. Lo que deben hacer el presidente
Álvaro Uribe y el vicepresidente Francisco Santos es renunciar
al Gobierno y asumir las candidaturas por fuera de él. La
legitimidad del Gobierno está en duda. Es difícil
aceptar que las elecciones presidenciales en curso, tengan carácter
democrático”.
Carlos Gaviria Díaz, candidato del Polo Democrático
Alternativo (PDA):
“En caso de que estas imputaciones llegaran a ser probadas,
estaríamos ante un gobierno deslegitimado por un fraude electoral.
En ese momento tendríamos que preguntarnos si un sistema
democrático puede reelegir a un gobernante en estas circunstancias”.
Antanas Mockus, candidato de la Alianza Social Indígena:
“Es un síntoma preocupante. Uribe fue cofundador
de las Convivir y amigo de la solución parecida a la paramilitar.
Si esto hubiera ocurrido con las Farc, ya el Presidente estaría
por fuera. Las explicaciones de Uribe no son satisfactorias. Le
preocupa más su imagen. Uribe es el responsable de los nombramientos
en el DAS”.
Y Álvaro Leyva, candidato del Movimiento Nacional
“En las actuales circunstancias es difícil aceptar
que las elecciones presidenciales en curso tengan carácter
democrático. Por lo tanto, el presidente Uribe debe renunciar
a su aspiración presidencial y dejar su cargo y permitir
que Francisco Santos asuma la Presidencia”.
Además había amenazas a la oposición por parte
de los paramilitares. Como lo expresa Amnistía Internacional:
La organización de derechos humanos llama la atención
hacia casos recientes de ataques, amenazas e intimidación.
Los presuntos intentos por parte tanto de los paramilitares como
de las fuerzas de guerrilla de influir en el proceso electoral han
dado lugar a una campaña de intimidación que, en algunos
casos, se ha saldado incluso con homicidios.
Finalmente, y en el marco de unas elecciones poco democráticas,
como lo manifestó Serpa, Uribe vuelve a Palacio. A su turno,
la elección del actual congreso estaría marcada por
tres hechos significativos. De una parte, la declinación
de candidaturas de algunos miembros de partidos diferentes al uribismo,
ante amenazas, asesinato y presiones del paramilitarismo. En segundo
lugar, la creación de una coalición uribista que aspiraba
a hegemonizar el poder ejecutivo y el legislativo. Finalmente, un
posterior escándalo en el que un número importante
de congresistas uribistas aparecen vinculados al paramilitarismo
(efectivamente muchos de ellos se encuentran detenidos o son procesados
actualmente por tal motivo). Seis congresistas fueron expulsados
de las listas del Partido de la U y de Cambio Radical tras confirmarse
que se reunieron con el jefe paramilitar de la Costa Atlántica
alias Jorge 40. Los senadores Dieb Maloof, Habib Merheg y Luis Eduardo
Vives salieron del Partido de la U, mientras de Cambio Radical
fueron expulsados el representante Jorge Caballero y el senador
Jorge Castro. Todos ellos han pasado a manos de la justicia.
El 28 de Marzo de 2007, aparecieron nuevos congresistas sindicados
de haber firmado el acuerdo de Ralito con paramilitares. Uno de
ellos, el ex congresista Jorge Luís Feris, aseguro que la
reunión en la que se pactó el ‘acuerdo de Ralito’
contó con el aval del gobierno Pastrana. Entre los sindicados
están Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales,
William Montes y Reginaldo Montes; el representante José
de los Santos Negrete; el ex representante Jorge Luís Feris
Chadid y el ex alcalde de San Onofre, Sabas Balseiro.
Al mismo tiempo, una parte importante de la clase política
en el poder comienza a ser investigada por sus relaciones con el
paramilitarismo. La costa, Antioquia y el Casanare son casos emblemáticos.
En el último de estos departamentos, seis alcaldes y un antiguo
gobernador, el hoy congresista Oscar Wilches, están siendo
investigados por nexos por el paramilitarismo. Carlos Guzmán,
alias 'Salomón', quien fue jefe político de 'Martín
Llanos' involucró al alcalde de Aguazul y al representante
a la Cámara Óscar Wilches. La revista Semana público
parte de la declaración que hizo Salomón ante la fiscalia:
Del primero dijo que no era necesario que firmara documentos, pues
"pertenecía a la nómina", lo que el señalado
niega, y del segundo dijo que buscó en varias oportunidades
que la intimidación paramilitar le sirviera a su causa política.
Los involucrados que firmaron aseguran que fue bajo presión.
Por su parte, Wilches dice que sí asistió a una reunión
con 'Llanos', pero que no hizo ningún acuerdo para compartir
el poder.Un congreso mayoritarimente uribista, empañado por
el paramilitarismo, espacios de gobierno locales y departamentales
paramilitarizados y una presidencia de la Republica que concentra
el poder, con serios indicios de relaciones con estos grupos, son
hechos que cuestionan seriamente la viabilidad de una democracia.
En efecto, Colombia vive una separación de poderes formal
pero no real, pues el lazo del paramilitarismo y del uribismo se
apodera de todo, del congreso, de las cortes, del ejecutivo…
Es preciso mencionar que el gobierno Uribe incurre rápidamente
en la corrupción, justamente uno de los elementos que se
intento combatir retóricamente durante sus primeros años
en el poder. Un gran escándalo comprometió a Uribe
y parte de su gabinete debido al nombramiento en el INCODER de Luís
Ortiz López, según afirmo el diario El Tiempo:
“Las irregularidades en la adjudicación de terrenos
de extinción de dominio y reforma agraria en el Meta, que
presionaron la salida del gerente del Incoder, Luis Ortiz, irían
más allá de la entrega de predios a falsos desplazados
y personas con antecedentes. EL TIEMPO estableció ayer que
entre los nombres de los supuestos beneficiarios aparece Jorge Eleazar
Moreno, nombre que coincide con el de pila de un comandante paramilitar
del bloque Héroes del Llano, identificado con el alias de
‘Jaime’, que comanda Manuel de Jesús Pirabán,
‘Pirata’, que este martes se desmoviliza en la zona
rural de Casibare, jurisdicción de Puerto Lleras (Meta).
Lo extraño de esta adjudicación es que dicho grupo
no tiene influencia militar sobre el área de Puerto López
(donde están las tierras), sino las Autodefensas de Casanare.”
Algo similar ocurrió con FINAGRO, cuyo director, Roger Taboada
fue nombrado por el gobierno Uribe:
“El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro)
terminó avalando créditos irregulares por 25.000 millones
de pesos tramitados por Luis Enrique 'Micky' Ramírez, hombre
relacionado con el mundo del narcotráfico en la década
de los 80 y quien ayudó a cazar a Pablo Escobar; luego preso
por supuesta conformación de grupos ilegales y hoy detenido
por lavado de activos. Según la investigación de la
Fiscalía General de la Nación y de la Dirección
Central de Policía Judicial (Dijín), la empresa Agrolife,
de propiedad de Ramírez, consiguió que 855 supuestos
ganaderos recibieran, cada uno, préstamos irregulares por
29 millones de pesos. La firma logró que el Fondo Ganadero
del Caquetá los certificara y que Finagro respaldara los
créditos solicitados con documentos adulterados, que hoy
están en poder de la Fiscalía dentro de un proceso
por lavado de dinero. Los investigadores descubrieron que el dinero
no se les entregaba a los ‘ganaderos’ –que en
verdad eran testaferros de Ramírez– sino que se enviaba
directamente a las cuentas de ‘Micky’.Por estos hechos,
hace un mes fueron detenidos Ramírez y tres gerentes bancarios.”
Pero hablemos de otros aspectos: el sistema político, la
militarización de la sociedad, el proceso de paramilitarizacion
y la opinión pública. El debate político en
Colombia ha estado signado en los últimos años por
la intolerancia y el sectarismo. Todas las críticas que se
hacen desde la oposición al gobierno son contestadas por
este último de forma agresiva y siempre insinuando que aquel
que no este con el uribismo es guerrillero, que la izquierda toda
es sinónimo de guerrilla, e incluso que los sectores de oposición
del liberalismo y algunos pocos del conservatismo simpatizan con
la insurgencia. El caso de Rafael Pardo, de múltiples ONG
que critican al Estado por su papel en la violación de los
derechos humanos y de miembros de movimientos sociales estigmatizados
por ser opositores completan el cuadro.
Así las cosas, uno puede afirmar que una democracia en la
cual se produce una simplificación polarizante de los actores
sociales y políticos entre buenos y malos, uribistas y guerrilleros,
por parte de los sectores dominantes y el gobierno, es un remedo
democrático. Una democracia en la cual se estigmatiza a la
oposición como terroristas para evadir las críticas
y los temas álgidos de un gobierno seriamente cuestionado
por paramilitar y con pocos resultados en materia social no es una
democracia.
Recuerdo por ejemplo que a congresistas como Gustavo Petro y Antonio
Navarro exmiembros de la guerrilla del M-19, reacogidos a la vida
civil en un proceso de negociación institucional, miembros
de un partido político legal de oposición y con la
investidura de congresistas alcanzada por la vía de la elección
popular, son tachados de “guerrilleros de civil” cada
vez que critican al gobierno. Hasta Piedad Córdoba y personajes
como Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte y actualmente miembro
del polo democrático, son tachados, por medio de insinuaciones,
como simpatizantes de la guerrilla, solo por poner en cuestión
el mandato de Uribe. Uno debe preguntarse entonces: ¿existe
debate democrático y amplio en el sistema político
colombiano? ¿es posible un ejercicio real de oposición
política? ¿Dónde esta el respeto por la diferencia?
Y a propósito del caso de Petro y Navarro, ¿para que
pedirle a los miembros de las guerrillas de hoy que se desmovilicen
si una vez insertos en la vida civil y en la política van
a ser eternamente juzgados por su pasado, estigmatizados y deslegitimados?
Algo similar ocurre en el ámbito de la opinión pública.
Uribe no solo se ha ausentado de algunos debates promovidos por
los medios masivos de comunicación sobre temas espinosos
de su gobierno, sino que ha arremetido contra aquellos que han juzgado
su actuación o han hecho evidente su relación con
el paramilitarismo. Incluso, el primer mandatario ha aislado a varios
sectores periodísticos, como ocurrió con la prensa
escrita hace poco cuando organizo una rueda de prensa para responder
las acusaciones que hizo el senador Gustavo Petro en el debate sobre
parapolitica llevado a cabo en el Congreso de la Republica. Según
afirmaron algunos simpatizantes de Uribe, el primer mandatario no
invito a los medios escritos pues se buscaba favorecer los medios
directos como la televisión y la radio.
Sin embargo, la estrategia de Uribe es menos un intento por evitar
que los medios lo malinterpreten o un modelo de democracia directa
al estilo de Carlos Lleras, y mas, la restricción a la posibilidad
de opinión propia de la prensa escrita. A Uribe le interesa
que la gente escuche mecánica y directamente sus “verdades’,
pero no que reflexione desde la opinión, desde la interpretación
y contextualizacion que pueden brindar los medios frente a sus declaraciones.
Eso de una parte, pero de otro lado, es bien sabido que los dueños
de canales como RCN y CARACOL son simpatizantes de Uribe en diferentes
proporciones. De este modo, gran parte de los escándalos
de gobierno han sido manejados hábilmente hasta llevar al
gran público a olvidarlos ante otras noticias relativas a
la guerrilla, a la buena gestión económica o a la
favorabilidad del presidente en encuestas fabricadas con ese propósito.
Además, las grandes masacres, los abusos actuales de la fuerza
pública en el marco de la seguridad democrática, y
otros escándalos que comprometen al gobierno con el paramilitarismo
son noticias ignoradas intencionalmente. Estas realidades, ocultas,
son el pan de cada día para quienes recorremos las regiones
y los municipios del país, pero no para el gran publico.
Allí uno se pregunta: ¿Cuál libertad de prensa?
¿Cuál opinión publica? Sin duda la libertad
de expresión, la constitución de una esfera y de una
opinión pública son elementos medulares en la construcción
del mundo democrático moderno. Sin ellas se podría
decir que a la democracia le falta una pata.
Ni que decir de las muertes, amenazas y desapariciones de cientos
de periodistas críticos del paramilitarismo, del gobierno
de Uribe y de la actuación de la fuerza publica en distintas
regiones del país. Pero este es solo uno de los aspectos
del carácter totalitario que ha adquirido la sociedad colombiana.
El fenómeno paramilitar requiere particular atención.
El auge del paramilitarismo implico regiones completas dominadas
a punta de terror y fuerza por estos grupos. Alcaldías, hospitales,
el comercio, la vida cotidiana, la movilidad, todo ello fue presa
del dominio de las autodefensas de derecha. Según declaraciones
de paramilitares reinsertados como el polémico Salomón,
en el Casanare “el 50% del presupuesto de los municipios,
incluyendo los aportes por regalías, debían ser entregadas
a estos grupos de ultraderecha.” Alias Salomón afirmo
en indagatoria, refiriéndose a los accaldes: En un documento
de 14 puntos se comprometieron a entregarles el 50 por ciento del
presupuesto municipal, además de darles el 10 por ciento
de toda la contratación y de garantizarles cuotas en altos
cargos de la administración, entre otras cosas.” Varias
fuentes dan cuenta de ello. Como afirma la revista Semana:
“Allí también sus habitantes han visto cómo
la mayoría de las regalías petroleras -más
de 500.000 millones de pesos al año- se despilfarran o simplemente
desaparecen. Mientras tanto, parte de su clase política se
acomoda al mejor postor armado con quienes llegaron a componendas
de coadministración. Las evidencias de estas últimas
son lo que ha puesto entre ojos de la Fiscalía a seis alcaldes
de los municipios más ricos del departamento.”
Los recursos de la salud (la asignación de subsidios), de
la educación, y gran parte de los dineros públicos
cayeron en manos de estos grupos. ¿Que quedaba para el desarrollo
de los municipios y el beneficio a los sectores mas necesitados?
En efecto, por esta vía el paramilitarismo profundizo la
desigualdad social y el atraso de regiones.
En el mismo departamento los paramilitares ejercieron reclutamientos
forzosos (Tauramena, Aguazul, Monterrey y Vilanueva) a niños
y jóvenes. Al tiempo se controlaban los horarios para caminar
por la calle, el uso de cabello largo, entre otras cosas. Las autoridades
estatales quedaron subsumidas en la autoridad paramilitar. En ese
escenario de paramilitarismo y fragilidad institucional ¿Dónde
quedaban las libertades individuales? ¿Cuál legitimidad
institucional?.
Y ni que decir del régimen de terror que implantaron estos
grupos, de los cuales se sabe con suficiencia, operaban en conjunción
con el ejército e instituciones como el Departamento Administrativo
de Seguridad DAS. En el caso del ejército un conjunto de
archivos desclasificados de la CIA y numerosos trabajos de investigación
han insistido en esta estrecha relación.. Aca citamos algunos
documentos desclasificados de la CIA:
The CIA's Senior Executive Intelligence Brief for September 16,
1999 offered a similarly bleak assessment, finding that local military
commanders "do not challenge paramilitary groups operating
in their areas because they see the insurgents as the common foe.",
The documents describe a firmly entrenched pattern of abuse in the
Colombian military, less a specific policy than an institutional
culture. A "cashiered" colonel from the Colombian army's
notorious 17th Brigade confided to a U.S. military attaché
that there was a "body count syndrome" among army forces
that tended "to fuel human rights abuses by otherwise well-meaning
soldiers trying to get their quota to impress superiors."
Allí se insiste además, en la colaboración
de la fuerza publica con el paramilitarismo:
Cooperation with paramilitary groups was implied, according to the
colonel. Abuses were tacitly condoned by the expectations of senior
military leaders who sheltered themselves behind a wall of plausible
deniability. Former Fourth Brigade commanders Harold Bedoya and
Jorge Enrique Mora "looked the other way," he said, and
"never allowed themselves to become directly involved in encouraging
or supporting paramilitary activities.".
Otros documentos al respecto revelan:
There is a "body count syndrome" in the Colombian army's
counterinsurgency strategy that "tends to fuel human rights
abuses by otherwise well-meaning soldiers trying to get their quota
to impress superiors," according to a recently-retired Colombian
army colonel and reported in this Intelligence Information Report.
This approach is in part responsible for commanders "allowing
the paramilitaries to serve as proxies for the [Colombian army]
in contributing to the guerrilla body count."
Se reconoce además el apoyo de paramilitares a la XVII Brigada
en Urabá:
The 17th Brigade in Urabá had been cooperating with paramilitaries
"for a number of years," according to the colonel, but
it "had gotten much worse" under the command of Gen. Rito
Alejo del Río Rojas, who was later indicted but ultimately
acquitted of collusion with paramilitaries by the Prosecutor General's
office in May 2003.
Otro documento titulado 1998 January 06Colombia: A Violent Backdrop.
State Department, Bureau of Intelligence and Research, Intelligence
Assessment, Confidential, 4 pp.. Source: State Department Appeals
Panel declassification release under FOIA, July 11, 2002, refiere:
Colombia's conflict is at a "strategic stalemate," according
to this State Department intelligence analysis. Persistently high
levels of violence and human rights violations are likely to expand
"in the face of military ineffectiveness." WHile the military's
record may have improved on paper, in practice many Colombian military
officers "turn a blind eye to paramilitary activities in their
areas of responsibility." Frustration with the inability to
effectively confront the guerrillas "has contributed to a jump
in paramilitary violations,…decreased military aggressiveness
in the field, and at least tacit support for paramilitaries, which
liquidate suspected guerrillas and sympathizers without legal concerns."
El caso del DAS es emblemático, al punto que en la actualidad
su exdirector, Jorge Noguera -nombrado para ese cargo por Uribe-
esta siendo procesado por infiltración y relación
con los paramilitares, sin mencionar su aparente participación
en el asesinato en torturas y desapariciones de sindicalistas, como
lo denuncian diversas publicaciones (entre ellas una de la coordinación
Colombia Europa y otras ONG, basada en el testimonio de miembros
del DAS y exparamilitares). En el artículo denominado Lista
negra, publicado por la revista Semana se recogen las declaraciones
de Rafael García, ex jefe de informática de esta institución:
Según García, funcionarios del DAS entregaron a los
paras una lista de sindicalistas. Algunos han sido asesinados, y
otros, amenazados de muerte. Otra de las denuncias del ex jefe de
informática del DAS Rafael García, tiene que ver con
una campaña de exterminio contra líderes sindicales
que, según él, era ejecutada por paramilitares y algunos
detectives del DAS. García le aportó a la Fiscalía
una lista de 20 activistas de izquierda que figuraban en la subdirección
de análisis del organismo de inteligencia. "Lo que hice
fue anotar parte de los nombres, porque me llamó la atención
que estuviera el nombre de la líder sindical Zullty Codina
Pérez, que ya habían asesinado, y el de Correa de
Andreis, que sería asesinado después".
En efecto, la revista SEMANA investigó los nombres y encontró
que unos han sido asesinados, la mayoría están amenazados
de muerte, y otros han sido detenidos. Por ejemplo, uno de los que
figuran en la lista es Gilberto Martínez, vicepresidente
de la Asociación de Trabajadores de la Salud y la Seguridad
Social en Colombia (Anthoc). Afirma el artículo:
Este le dijo a SEMANA que desde 2001 empezó a recibir amenazas
de muerte, que se intensificaron desde 2003. "Desde ese momento
hemos denunciado en múltiples lugares la confabulación
del DAS con los paramilitares en el Atlántico para seguir,
amenazar y asesinar a miembros de nuestro sindicato, denuncias que
no han prosperado en la justicia, pero que hoy ratifica el señor
García".
Pero las declaraciones de García fueron mas allá,
poniendo en evidencia lo que se supone era “un plan de desestabilización
contra el gobierno venezolano”. En una entrevista exclusiva
con SEMANA el ex director de sistemas del DAS reveló cómo
se fraguaron planes para asesinar a altos funcionarios del vecino
país. García sostuvo que siendo funcionario del organismo
de inteligencia del país, fue testigo del complot contra
el presidente Hugo Chávez y en el que, según él,
participó el entonces director del DAS Jorge Noguera. “Yo
soy testigo de primera mano de las cosas que sucedieron”.
También dijo conocer los planes que se fraguaron para asesinar
a varios altos funcionarios venezolanos, entre quienes figuraba
el primer mandatario venezolano. El régimen de Uribe trasciende
la escena nacional. No solo se pone en crisis la democracia colombiana,
sino que se compromete la estabilidad del gobierno revolucionario
de Hugo Chávez, seguramente siguiendo órdenes desde
Estados Unidos.
Pero volvamos a los paramilitares. Extorsión, chantaje, secuestros,
asesinatos, descuartizamientos, violaciones, masacres, y todo tipo
de violaciones a los derechos humanos configuraron parte del régimen
de terror que obstaculizo cualquier posibilidad de ejercicio de
ciudadanía y de libertad en muchas regiones del país.
Ante ello unas instituciones sordas, invisibles, inoperantes y permisivas.
Al respecto, resulta significativo el informe que días atrás
público el diario El Tiempo. Muchos paramilitares fueron
adiestrados para descuartizar vivas a las personas y sacarle las
entrañas. Muchos campesinos fueron sometidos a torturas y
vejámenes, desaparecidos o asesinados a manos de estos siniestros
personajes. En la actualidad se calcula que existen entre 10.000
y 30.000 desaparecidos. El número de estos, así como
de fosas comunes escondidas por los paramilitares sin duda, puede
ser mayor. Justamente el sábado 5 de mayo de este año
el diario El tiempo revelo el hallazgo de 105 cuerpos de victimas
de los paramilitares en el Putumayo, ante lo cual el Fiscal General
de la Nación, Mario Iguaran, anuncio que podrían llegara
3.000 el total de muertos en este departamento.
Pero solo en una democracia de papel estos hechos, propios de un
totalitarismo al estilo fascista o nazi, pueden quedar en la impunidad.
Y todo gracias a un proceso de negociación y una ley de justicia
y paz para la desmovilización de los paramilitares promovida
con ahínco por el gobierno Uribe. Dos elementos merecen ser
destacados al respecto. En primer lugar, la desmovilización
paramilitar no ha sido otra cosa que la posibilidad de incluir a
sectores del paramilitarismo a la vida civil y a la política
de manera legal. Muchos de estos personajes, sobre todo sus líderes
–como sucedió con Mancuso-, se paseaban sin vergüenza
por centros comerciales e instituciones de alto nivel con total
impunidad, incluso, escoltados por la fuerza pública.
En segundo lugar, es claro que ellos no están interesados
en devolver las tierras ni los bienes robados a campesinos y a ciudadanos.
Hasta ahora ha sido mínimo el esfuerzo del gobierno en ese
sentido. De igual modo, en los niveles locales estos grupos han
seguido operando armados, asesinando a campesinos y lideres sociales,
e incluso se han rearmado bajo nuevos nombres como “Águilas
Negras”. En departamentos como Antioquia, Urabá, El
Catatumbo, y otros hay suficientes evidencias sobe la existencia
de estos grupos.
Además la ley de justicia y paz ha permitido la impunidad
en cientos de crímenes atroces, al punto que, siendo evidente
la culpa de paramilitares reconocidos, ellos siguen libres, o detenidos
en cárceles llenas de lujos y de comodidades. Entre tanto
los familiares de hombres mujeres y niños muertos siguen
desplazados, sin apoyo institucional, sumidos en la pobreza y en
el mas hondo dolor.
Aunque la relación paramilitarismo-narcotráfico es
evidente, y Carlos Castaño lo reconoció públicamente
en vida, Uribe no los va a extraditar. La permisividad del gobierno
al respecto es comprensible: ¿Cómo extraditar a sus
amigos, a sus financiadotes, a los que le ayudaron a llegar a la
presidencia, incluso, a sus familiares?. Esta es entonces otra faceta
de nuestra actual democracia. Ella esta sostenida y defendida sobre
la base de la impunidad, de la corrupción de las instituciones,
del asesinato, de la muerte de miles y el dolor de millones. Es
una democracia fundada en la sangre de un pueblo, en el silencio
y en el miedo, en la restricción de libertades, en las barbaries
y las injusticias más aberrantes.
En materia de seguridad, el gobierno ha sostenido su propuesta de
Seguridad democrática. El pie de fuerza ha aumentado en lo
que a primera vista parece ser una estrategia contra insurgente
de pacificación, fortalecimiento y defensa de la democracia.
Al recorrer algunas regiones, el paisaje muestra una excesiva militarización
y un despliegue en cada cabecera municipal de policía y otros
organismos de seguridad. Sin embargo, la lucha contra las FARC y
el ELN, las dos principales guerrillas del país, no ofrece
resultados definitivos tras 5 años. Por el contrario, la
fuerza publica se ha ensañado contra dirigentes sociales,
lideres comunitarios y poblaciones históricamente estigmatizadas
por vivir en zonas de influencia guerrillera.
Detenciones masivas y arbitrarias, atropellos, insultos, desapariciones
y ejecuciones extrajudiciales son el pan de cada día en muchas
regiones. Detengámonos en este último elemento. En
departamentos como Arauca y Casanare es posible documentar una disminución
de las desapariciones a manos de los paramilitares y un incremento
de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército nacional.
En diversos hechos, campesinos inocentes son asesinados y luego,
tras “disfrazarlos” post moterm con uniformes camuflados
y poner armas en sus manos, son presentados como guerrilleros, engrosando
las cifras de resultados de la lucha contrainsurgente.
De manera cobarde el ejército, tras torturar y realizar interrogatorios
ilegales, ejecuta a niños, adultos y ancianos con tiros de
gracia. Su imagen de valentía y entrega por la patria se
funda entonces en la cobardía y el terrorismo de Estado.
Tal es el caso de muertes como las de tres sindicalistas en Arauca
en el 2004, la ejecución de Luís Guilermo Robayo Mora
y Ruben Dario Avendano Mora, de 25 y 14 años respectivamente,
llevado a cabo el 16 de Abril de este año en el municipio
de Hato Corozal a manos del ejercito, o el vil asesinato de los
ancianos Alirio Carrillo de 55 años y Jaime Elías
Leal de 63 años a manos de la Brigada Móvil numero
5 el 20 de abril de este año - en el municipio de Tame en
Arauca-.
Como lo relata la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
de Arauca, con estos hechos asciende a 13 el número de ejecuciones
extrajudiciales a manos del ejército colombiano en lo que
va corrido del presente año.
La situación no es diferente en departamentos como Casanare
o Boyacá. Allí, la Corporación Social para
la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC con
el apoyo de la Fundación Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos FCSPP, ha denunciado cerca de 15 casos
de ejecuciones extrajudiciales en lo que va corrido de este año.
Dentro de ellas resalta la ejecución de los campesinos Daniel
Torres Arciniegas de 38 años de edad y su hijo Roque Julio
Torres Torres, de tan solo 16, el 16 de marzo. Según informo
la brigada 16 del Ejército de Colombia estas dos personas
habían sido dadas de baja en medio de un combate pues se
trataba de guerrilleros. Según nos informaron los habitantes
de la región y los familiares de las victimas, ni Daniel
ni Roque Julio eran guerrilleros, tampoco murieron en un combate.
Según sus familiares, ambos tenían señales
de maltrato, posiblemente tortura, y orificios de entrada de proyectil
de arma de fuego en la región temporal del cráneo,
es decir, habían recibido tiros de gracia. Los hechos, los
testimonios de la comunidad, las evidencias de los cadáveres
y el que Roque Julio hubiese sido testigo de una ejecución
extrajudicial de otro campesino a manos del ejército colombiano,
sugieren una clara violación a los derechos fundamentales,
por parte de la fuerza publica.
Del mismo modo, de acuerdo a informaciones de los habitantes de
la vereda Alto Cupiagua, en el municipio de Aguazul, departamento
de Casanare, el día viernes 30 de marzo del año en
curso, efectivos del Gaula adscritos a la decimosexta brigada del
ejército nacional, detuvieron a Yefer Arnoldo Mora Sanabria
de 21 años, William Martínez Suárez de 17 años
y Gustavo Mora Sanabria de 16 años. Posteriormente se conoció
que las personas detenidas habían sido reportadas por el
Gaula como subversivos dados de baja en combate.
¿Como puede ser viable una democracia en la que de manera
cobarde las fuerzas del orden asesinan campesinos inocentes?, y
si en efecto se tratase de guerrilleros, caso que también
se ha dado ¿lo apropiado no es someterlos a la justicia ordinaria?,
¿Cómo puede funcionar una democracia en la que las
fuerzas militares, claramente vinculadas al paramilitarismo y al
narcotráfico, o el GAULA o el DAS, se abrogan el derecho
de juzgar y aplicar la pena de muerte a civiles inocentes y desarmados,
si en la legislación colombiana no esta contemplada la pena
de muerte? Y para terminar: ¿puede defenderse una democracia
a costa de muertes viles y cobardes como las que hemos presentado
mas atrás?
Muchos simpatizantes de Uribe y de este régimen totalitario
afirman que gracias a la seguridad democrática ha mejorado
la estabilidad económica del país atrayendo a los
capitales extranjeros y a los inversionistas. Las cifras respaldan
dichas afirmaciones, no obstante, hay que hacer varias consideraciones.
En primer lugar, el precio de este ambiente seudo pacificado y democrático
es la impunidad, la injusticia, el empobrecimiento, la muerte, la
desaparición, la tortura y el dolor de miles de colombianos.
En segundo lugar dicha mejoría en la economía solo
beneficia a los sectores más favorecidos. Por el contrario,
para los campesinos y los mas pobres la entrada de nuevas transnacionales
y el despliegue militar y paramilitar que se produce bajo la política
de seguridad democrática y la lucha contrainsurgente, con
el fin de proteger estas empresas, solo trae expoliación
descarada de los recursos, daños ambientales, cambios demográficos,
ruptura del tejido social, conflictos sociales, desplazamiento y
un aumento notable de las violaciones a los derechos humanos como
sucede en Arauca, Casanare y Boyacá, a causa del petróleo,
o como ocurrió con la Chiquita Brands, empresa transnacional
del banano que reconoció recientemente la financiación
de grupos paramilitares.
Por ultimo, es preciso afirmar que el país no esta mejor
que antes, no puede estarlo si atendemos a la falta de condiciones
de bienestar de la población, pero además, si prestamos
cuidado a la dimensión del horror paramilitar. Por cada victima
masacrada, descuartizada o torturada, se afectan a decenas de personas
de su familia y sus círculos cercanos. Este país esta
afectado profundamente. Traumas, odios, imágenes imborrables
de violencia, profundización de la injusticia, reinado de
la impunidad, instalación de la derecha y el paramilitarismo
en la vida social, miedo. Ello es más significativo que un
PIB, y nunca quedara representado en algún tipo de estadística.
Pero ante este escenario el papel de las instituciones es casi nulo
o más bien, ellas contribuyen a empeorarlo por acción
u omisión. ¿Es esta una democracia real o formal?
EPILOGO.
La democracia moderna esta cargada de tensiones constitutivas, que
le son inherentes, podríamos decir. Una de ellas es la imposibilidad
de realizar simultáneamente la igualdad y la libertad en
la sociedad. A mas igualdad, menor libertad, a mayor libertad menor
igualdad. Pues bien, en el régimen autoritario que vive Colombia
hoy, esta tensión parece resolverse de manera singular: pocas
libertades reales y mayor desigualdad. Sin la una ni la otra, no
hay democracia.
Las cifras demuestran con contundencia esta situación: de
cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son asesinados
en Colombia. En los primeros nueve meses del gobierno de Uribe,
aumentaron las desapariciones forzadas en 40% y se produjeron 2.000
detenciones arbitrarias más, en comparación con el
año anterior, 2001.
Entre 2002 y el 2004 fueron arrestadas 4.750 personas en su mayoría
campesinos, acusados de ayudar a la guerrilla y fueron desaparecidas
7 personas por día. Los paramilitares mataron al menos 2.548
civiles, sin contar el numero de desaparecidos actual que oscila
entre 10.000 y 30.000. Así, desde julio del año 2.000
hasta junio del 2006 se registraron 8.202 asesinatos por razones
políticas. Para completar el cuadro, a 2006 había
3 millones y medio de desplazados.
En términos de la situación social, el desempleo es
de un 24% es decir 3 millones de personas, afectando con más
fuerza a jóvenes y mujeres. Sólo en el mes agosto
del año 2.006 hubo 8.534 personas que perdieron el empleo
y 29.800 subempleados por día, es decir que trabajan de 2
a 3 días por semana.
Ni igualdad, ni justicia, ni instituciones democráticas funcionales.
En efecto, acá, diferente a lo que piensan aquellos que se
escudan en el refinamiento de las ideas, no hay un exceso de democracia,
por el contrario, hay cada vez menos. De este modo, aunque la categoría
democracia totalitaria pueda ser inadecuada, pues es claro que gran
parte de los atributos democráticos están borrados
por un exceso de totalitarismo, la pervivencia de ciertas instituciones
democráticas, al menos en su forma, vaciadas por dentro,
como meros cascarones, nos permite usar el concepto.
¿Que hacer ante esta situación? En primer lugar hay
que denunciar claramente este régimen. Los colombianos deben
preguntarse si están dispuestos a cargar con el alto precio
que supone pacificar la sociedad por la vía del proyecto
de derecha y paramilitar de Uribe. Yo personalmente no lo estoy.
En segundo lugar, hay que cerrar filas ante un régimen ilegitimo
y con la movilización popular, como ha ocurrido en Ecuador,
sacarlo del poder.
Pero no basta con destituir a Uribe. El problema es de fondo, es
político, económico y esta instalado en los sustratos
de lo social. Es preciso repensar la democracia colombiana, no tanto
a la luz de abstracciones, de discursos o del rediseño de
instituciones. Se trata mas bien de apostarle a la igualdad social
a través de esfuerzos decididos de distribución de
la riqueza, garantizando al tiempo ciertas libertades. La formula
es una igualdad política llena de igualdad social. A su vez,
una libertad individual que no vulnere el bien común.
Significa también una justicia efectiva, la superación
de la impunidad, el retorno de una esfera pública y de una
opinión sin cortapisas, el respeto a los derechos humanos,
limites para la acción de la fuerza publica, verdad a las
victimas y sin duda una reparación a aquellos que han sido
afectados por este régimen actual de democracia totalitaria.
Presidente de la Junta directiva de la Corporación Social
para la Asesoria y Capacitación Comunitaria. COS-PACC
Presidencia de la Republica Ministerio de Defensa Nacional, Efectividad
de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.
Agosto 2002 - Enero 2004
En: http://www.caracol.com.co/noticias/182084.asp. Además,
sus primos Germán y Jorge Iván Fernández Posada,
primos por el lado materno, vinculados a investigaciones penales
por paramilitarismo en 1999, al igual que Carlos Alberto, Juan Diego
y Mario Vélez Ochoa, familia de Uribe y de los hermanos Ochoa,
del Cartel de Medellín. Mario Uribe Escobar, primo, Senador,
ponente del proyecto de ley de Justicia y Paz que otorga el perdón
y el olvido a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por
los narcoparamilitares, ya aprobado, fue visto en la Exposición
Nacional Equina en Pereira, en el palco de honor lo escoltaban:
a su derecha, Juan Pablo Gaviria, administrador de bienes del recientemente
extraditado Joaquín Mario Valencia, ’El Caballista’.
Y a su izquierda, Hernando Mario Restrepo, viejo conocido y amigo
del prófugo Juan Carlos Ramírez Abadía, alias
’Chupeta’. William Vélez, otro primo, amigo personal
de Pablo Escobar, compañero de fórmula de Mario Uribe,
fue presidente de la Cámara de Representantes. Un video los
muestra a William, Alberto Santofimio Botero y a Pablo Escobar,
junto a Jairo Ortega, en Envigado; allí William Vélez
como telonero del espectáculo lanza vivas al capo, al “Patrón”
y lo ensalza con calificativos como “noble y brillante figura
del Partido Liberal”.Jorge Alberto Uribe, otro primo, ex ministro
de Defensa, fue desenmascarado por el Nuevo Herald de Miami, en
publicación en la que aparece visitando conyugalmente a Dora
Adriana Alzate en una cárcel de Medellín. Ella fue
arrestada en el aeropuerto internacional “José María
Córdoba” de Medellín el 1º de febrero del 2.003,
cuando intentaba viajar a Miami, su lugar de residencia, por la
posesión de 1.750 gramos de heroína. Ver tambien el
articulo de Apolinar Diaz-Callejas publicado en: El Universal de
Sincelejo 2005-03-31
Referencias de Joseph Contreras, en su libro “El señor
de la Sombras” "Biografía no autorizada de Alvaro
Uribe" En: Joseph Contreras & Fernando Garavito, Editorial
Oveja Negra, Bogota, Colombia, 2002
Referencias de Joseph Contreras y Gustavo Petro.
Cito una de las noticias publicadas por diarios norteamericanos
sobre el informe de la CIA: “Washington, D.C., 1 August 2004
- Then-Senator and now President Álvaro Uribe Vélez
of Colombia was a "close personal friend of Pablo Escobar"
who was "dedicated to collaboration with the Medellín
[drug] cartel at high government levels," according to a HYPERLINK
"http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf"1991
intelligence report from U.S. Defense Intelligence Agency (DIA)
officials in Colombia. The document was posted today on the website
of the National Security Archive, a non-governmental research group
based at George Washington University. Uribe's inclusion on the
list raises new questions about allegations that surfaced during
Colombia's 2002 presidential campaign. The newly-declassified report,
dated 23 September 1991, is a numbered list of "the more important
Colombian narco-traffickers contracted by the Colombian narcotic
cartels for security, transportation, distribution, collection and
enforcement of narcotics operations." The document was released
by DIA in May 2004 in response to a Freedom of Information Act request
submitted by the Archive in August 2000… …The document
notes that some of the information in the report was verified "via
interfaces with other agencies."President Uribe -- now a key
U.S. partner in the drug war -- "was linked to a business involved
in narcotics activities in the United States" and "has
worked for the Medellín cartel," the narcotics trafficking
organization led by Escobar until he was killed by Colombian government
forces in 1993. The report adds that Uribe participated in Escobar's
parliamentary campaign and that as senator he had "attacked
all forms of the extradition treaty" with the U.S. "Because
both the source of the report and the reporting officer's comments
section were not declassified, we cannot be sure how the DIA judged
the accuracy of this information," said Michael Evans, director
of the Archive's Colombia Documentation Project, "but we do
know that intelligence officials believed the document was serious
and important enough to pass on to analysts in Washington."
“Capturan a “La Gata” por lavado de activos”.
En: Revista Semana, Febrero 9 de 2006. Según informo Semana,
la Gata estaba fuertemente vinculada al paramilitar Salvatore Mancuso.
Ver tambien el articulo de la Revista Cambio de ese mes: “La
Gata saca las uñas.” En donde afirma: “Cuando
eran candidatos para Presidente, si veía que eran buenos,
les ayudaba con votos." Indagatoria, Enilce López
En: “Hay Gata encerrada”, Revista Semana, Edición
1441, 2006-02-11
“Cómo se hizo el fraude. La sofisticada estrategia
de fraude electoral en la Costa que reveló el ex funcionario
del DAS Rafael García fue verificada por SEMANA en varios
departamentos.” En: Revista Semana 2006.
José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria, jefe
del Cartel de Medellín, asesor presidencial de Uribe Vélez,
estuvo estrechamente vinculado a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín,
se cuentan de él estas anécdotas: “...De acuerdo
con Roberto (Escobar), José Obdulio (Gaviria) acompañaba
a (Pablo) Escobar a reuniones nocturnas que organizaba el narcotraficante
para repartir casas gratuitamente entre los pobres, en el desarrollo
de la campaña ‘Medellín sin Tugurios’,
que el jefe del cartel de Medellín financió. A esas
reuniones, Escobar solía asistir ‘acompañado
(...) de un primo que ya estaba metido en la política, llamado
José Obdulio’, sostiene Roberto Escobar en la página
155 de su libro. Cuenta Roberto que un día José Obdulio,
en calidad de mediador de paz, visitó en la cárcel
de Itagüí a un grupo de guerrilleros. Allí se
enteró de que su primo había negado el parentesco
con Pablo Escobar cuando alguien le sugirió que, después
de la reunión, pasara a saludar a Roberto, quien estaba en
la misma prisión. ‘Enterado del asunto, esperé
a que terminara la reunión de paz’, afirmó Roberto
en su libro. ‘Cuando salían por un costado de mi celda,
asomé la cabeza para gritarle a mi primo: «Oíste,
José Obdulio, cuando subías a La Catedral (cárcel
en la que Roberto y Pablo estuvieron presos con sus lugartenientes)
a que mi hermano te diera plata, ahí sí eras primo,
pero ya no». Y todos lo miraron con burla y cierta exclamación
de sorpresa’. Roberto explica en su libro que José
Obdulio ‘solía visitarnos en La Catedral y Pablo le
regalaba 10 ó 15 millones de pesos para sus gastos personales
y políticos en Medellín’ ”. Fuente: Felipe
Zuleta, El Espectador, 05Jun 05”
De hecho, el conjunto de reformas realizadas durante los dos mandatos
de Uribe han desfigurado los pocos aspectos democráticos
que se extendieron gracias a la Constitución de 1991.
“Candidatos de oposición aseguran que denuncias ponen
en duda la legitimidad en Gobierno.” En Semana. Además,
la misma revista recoge otras declaraciones en ese sentido: “el
liberalismo denunció que los jefes paras alias "Tolemaida"
y Jorge 40 habrían dado la orden de no votar por los candidatos
de ese partido en el sur de la Guajira. Y el presidente del Polo
Democrático, senador Samuel Moreno, enfatizó:
“todo el mundo sabe de las amenazas, pero muy poca gente se
atreve a denunciarlas: "La declaración de la ONU demuestra
que no estamos quejándonos y que nuestros candidatos tienen
problemas en muchas regiones. Pero vamos a seguir hasta donde nos
sea posible", dijo Moreno. "Ya todos sabíamos
cómo iba a ser la campaña, lo importante es cuidarse
mucho y no dejarse intimidar", agregó Gustavo
Petro, candidato al Senado por el mismo partido.”.
El documento: Colombia: Informar, hacer campaña y servir
a la ciudadanía sin temor. Los derechos de periodistas, candidatos
electorales y funcionarios electos, Índice AI: AMR 23/001/2006.
de Amnistía Internacional da cuenta de ello.
En “Primeros expulsados de listas por relaciones con paras”.
Semana, Edición numero 1237 de 2006-01-17. Esta revista había
denunciado anteriormente la elección atípica de estos
senadores. En el numero 1239 del 2006/01/20 de Semana un articulo
revela la purga que se dio en el Uribismo por los vínculos
de varios de sus políticos con el paramilitarismo.
“Continúa desfile de congresistas para rendir versión
por ‘parapolítica’ en la Fiscalía y la
Corte Suprema”. En: Semana, 03/28/2007.
Las autoridades tienen documentos de 2003 en los que los entonces
candidatos -hoy alcaldes- de los municipios de Monterrey, Tauramena,
Villanueva, Maní y Sabanalarga firmaron un acuerdo de esta
clase con el grupo paramilitar de 'Martín Llanos'. En un
documento de 14 puntos se comprometieron a entregarles el 50 por
ciento del presupuesto municipal, además de darles el 10
por ciento de toda la contratación y de garantizarles cuotas
en altos cargos de la administración, entre otras cosas.
“La vorágine. El escándalo por el control paramilitar
llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare
involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios
comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición
1295
Ibid.
En: “El Presidente y dos ministros están detrás
de los nombramientos de funcionarios cuestionados. Preguntas sobre
lo que pasó en Incoder, la Superintendencia de Vigilancia,
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Finagro.”.
El Tiempo, abril 11 de 2006.
Ibid.
“Periodistas y Ong le piden a Uribe un lenguaje tolerante”
Articulo por Glemis Mogollón Vergara
Medellín. Al igual que una investigación de las autoridades
judiciales para descubrir y castigar a los autores de las recientes
amenazas de muerte contra periodistas y defensores de derechos humanos,
los afectados reclaman también un cambio de actitud del presidente
Álvaro Uribe frente a quienes hacen oposición y piensan
distinto a él.
En la edición numero 1238 de la revista Semana de 2006-01-19,
el gobierno termina evidenciando la debilidad de las pruebas con
las cuales acuso a Pardo de su relación con las FARC. El
titular del articulo es muy diciente: “Chorro de babas. El
gobierno reveló finalmente las pruebas contra el candidato
presidencial Rafael Pardo: un chisme” en la misma edición
otro articulo insistió en que “las pruebas contra Pardo
no aparecen”
Incluso durante su campaña electoral el periodista Joseph
Contreras intento realizar una entrevista a Uribe sobre sus vínculos
con el paramilitarismo. La respuesta de Uribe fue evasiva, terminando
abruptamente la entrevista. En: Newsweek Internacional, marzo 25
de 2002.
En la Editorial de El Tiempo del se hace una critica fuerte a la
actitud de Uribe con los medios escritos.
El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de
Periodistas (CESOFIP), la Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Reporteros Sin
Fronteras (RSF) denunciaron: El 16 de mayo de 2005, los periodistas
Carlos Lozano, Daniel Coronell y Hollman Morris fueron amenazados
por desconocidos en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia.
A todos les llegó un ramo fúnebre lamentando su muerte
y, en uno de los casos, la de su familia.
Varias fuentes dan cuenta de ello. Como afirma la revista Semana:
“Allí también sus habitantes han visto cómo
la mayoría de las regalías petroleras -más
de 500.000 millones de pesos al año- se despilfarran o simplemente
desaparecen. Mientras tanto, parte de su clase política se
acomoda al mejor postor armado con quienes llegaron a componendas
de coadministración. Las evidencias de estas últimas
son lo que ha puesto entre ojos de la Fiscalía a seis alcaldes
de los municipios más ricos del departamento.” En:
La vorágine. “El escándalo por el control paramilitar
llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare
involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios
comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición
1295
La vorágine. “El escándalo por el control paramilitar
llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare
involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios
comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición
1295
Otros documentos enuncian: “In a brief summary for Ambassador
Curtis Kamman, State Department officials Phil Chicola (Office of
Andean Affairs) and Leslie Gerson (Bureau for Democracy, Human Rights
and Labor) provide their "view of the military/paramilitary
situation in Colombia." While much of the document has been
excised, it is clear that they are concerned about "the appointment
to key positions" of generals credibly accused of ties with
paramilitaries, including generals Fernando Millán, Rito
Alejo del Río, and Rafael Hernández López.
"All indications," they conclude, "are that paramilitarism
has continued to grow during the Pastrana administration."
They add that the government has done little to confront paramilitaries,
citing reports that "state security forces did not intervene
during 19 separate attacks in which 143 civilians were killed over
four days in January." EN: 1999 January 25. Official Informal
for Ambassador Kamman from WHA/AND Director Chicola and DRL DAS
Gerson. State Department cable, Confidential, 3 pp. Source: State
Department Appeals Panel declassification release under FOIA, May
5, 2004. Por ultimo, un documento de 1999 dice: “This brief
and heavily-censored analysis of Colombian guerrilla and paramilitary
groups-U.S. military intelligence sources finds that Colombian security
forces "have not actively persecuted paramilitary group members
because they see them as allies in the fight against the guerrillas,
their common enemy." En: 1999 February 23 FARC Guerrilla Commanders
and Paramilitary Group Members Comment on Their Organizations and
Activities. Defense Intelligence Agency, Intelligence Information
Report, Secret, 4 pp.Source: Defense Intelligence Agency declassification
release under FOIA, October 2002
CIA’s, Senior Executive Intelligence Brief for September 16,
1999
1997 December 24,Cashiered Colonel Talks Freely About the Army He
Left Behind. Defense Intelligence Agency, Intelligence Information
Report, Secret, 4 pp. Source: Defense Intelligence Agency declassification
release under FOIA, June 2003.
Ibid.
De igual modo, Desde el 2001 otros dos líderes de Anthoc
han sido asesinados y 40 más han sido amenazados de muerte.
En la lista también figuraban sindicalistas de Sintragrícola.
El presidente de este sindicato de campesinos, Saúl Colpas,
fue asesinado en 2001, y quien lo reemplazó, Víctor
Jiménez Fruto, se encuentra desaparecido desde 2003, cuando
se dirigía a la CUT Barranquilla. Hay testigos que aseguran
que otros tres miembros de este sindicato, los hermanos Fonseca,
fueron secuestrados. Después sus cuerpos fueron encontrados
descuartizados en una finca de Ponedera, Atlántico. Las investigaciones
señalan a los paramilitares como autores.
Ver el informe especial sobre Historias de victimas y enterradores
del Tiempo en: http://www.eltiempo.com/justicia/2007-05-05/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3544521.html
El Tiempo, Mayo 5 de 2007.
Al respecto señaló Human Rights Watch: “El Congreso
debe modificar el proyecto de ley para que exija la confesión
y una genuina desmovilización (Washington, 15 de junio de
2005) — El proyecto de ley para la desmovilización
de los grupos paramilitares que el Congreso colombiano empezó
a debatir esta tarde en plenarias, dejaría intactas las estructuras
de estos grupos”. El mismo José Miguel Vivanco, Director
Ejecutivo de la División de las Américas de Human
Rights Watch afrimo: “Existe un riesgo real de que este proceso
de desmovilización deje inalteradas las estructuras básicas
de estos grupos violentos, intactos sus bienes ilegalmente adquiridos
y sin castigo sus abusos. Como se está conduciendo actualmente,
este proceso no justifica el apoyo de la comunidad internacional.”.
finalmente, un informe del primero de agosto de 2005 de la misma
organización expresa: “El proceso de desmovilización
de Colombia está fortaleciendo el poder de los grupos paramilitares
sin fomentar una paz verdadera…”.
En entrevista con la Revista Semana el Comandante R, Giovanni Marín,
expresa claramente esta intención de los paramilitares: SEMANA:
En ese orden de cosas, ¿hacia dónde van ustedes?,
¿van a crear un partido político? G. M.: Para allá
vamos. Siempre hemos sabido desde el principio que en algún
momento nos tocaría buscar un diálogo con el gobierno,
para desde la legalidad continuar con nuestras ideas y ahora vamos
en el camino hacia la creación de un movimiento político
que le dé desarrollo práctico a una propuesta de capitalismo
con sentido social. Uno de nuestros ejes fundamentales será
el compromiso para involucrar a los demás actores en la necesidad
de dejar las armas. En: Giovanni Marín, 'comandante R', máximo
responsable político del Bloque Cacique Nutibara, de las
AUC, habló con Armando Neira, de SEMANA sobre la desmovilización
de los 800 paramilitares en Medellín. Edición: 1125,
Fecha: 2003-11-22, Sección: Nación
Al respecto, la ONU afirma que las amenazas de las AUC continúan
y hay más ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército.
En una nota del 31 de Octubre de 2006, el diario El Tiempo afirma:
“Tras la desmovilización del bloque Catatumbo, apareció
el grupo denominado las 'Águilas negras'. También
forman parte de ellas personas que siendo integrantes de estas organizaciones
jamás depusieron sus armas. Están dedicadas básicamente
al crimen organizado. Las 'Águilas' nacieron hace dos años
en Norte de Santander y hoy ocupan el espacio dejado por los 'paras',
especialmente en ese departamento, Santander, Cesar, Caquetá
y Antioquia.” En “Las 'Águilas negras', grupo
conformado por desmovilizados de las autodefensas, ya azotan 5 regiones.
El Tiempo, 31 de Octubre 2006.
Tomado de la Acción urgente hecha por la Fundación
de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca en Saravena el 23 de Abril
de 2007.
Acción urgente elevada por COS-PACC y la FCSPP.
Acción urgente elevada a Álvaro Uribe Vélez,
Presidente de la Republica; Francisco Santos, Vicepresidente de
Colombia; Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo;
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos
humanos; Carlos Franco, Programa Presidencial De Derechos Humanos
Y De Derecho Internacional Humanitario; Edgardo Jose Maya Villazòn,
Procurador General de la Nación; Juan Pablo Cortazolli. Representante
de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos en
Colombia de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, Francisco
Galindo Vélez, Representante de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR; Juan Pedro
Schaerer del Comité Internacional de la Cruz Roja -
CICR y Amnistía Internacional
En: “Pagos a 'paras' hechos por Chiquita Brands serán
investigados por Congreso de E.U.” El Tiempo, Mayo 2 de 2007
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