El
difícil oficio de Defender los Derechos de las Personas en
Colombia.
Entrevista a
Miguel González
Abogado colombiano de la Asociación Colombiana de Juristas
Demócratas
Pachakuti: Explícanos ¿cómo
funciona tú organización?
 Miguel:
Es una asociación no gubernamental que surge en el año
1965. Es una de las organizaciones que agrupan abogados defensores
de derechos humanos y defensores de presos políticos así
como defensores de trabajadores. Este es el perfil de nuestra organización.
Es una organización pequeña pero en los últimos
años, ocho o nueve años, se ha vuelto a reactivar
e intentamos vincularnos en general, al movimiento de defensores
de derechos humanos en Colombia que cada día tiene más
fuerza. Igualmente hacemos parte de todo este movimiento en función
de la paz y de la solución política negociada y del
intercambio humanitario que genere centrales de trabajo de muchas
organizaciones que tienen un perfil democrático en Colombia.
Pachakuti: Miguel, con la situación
tan dura en la defensa de los derechos humanos en Colombia, una
organización como la vuestra ¿necesita respaldo internacional,
alianzas de trabajo o se puede realizar en solitario?
Miguel: Es indudable que hoy en día la solidaridad
internacional es un elemento esencial y fundamental para el trabajo
de todas las organizaciones del espectro democrático en la
unidad sindical en Colombia. Porque cada día en el conflicto
colombiano, la implicación internacional es mucho mayor.
El trabajo solidario de diversas organizaciones que hacen en el
mundo a favor de los principales aspectos de verificación
del pueblo colombiano, constituyen un elemento sumamente importante,
de primera magnitud para nuestra lucha y para nuestras reivindicaciones.
En este sentido nuestra organización ha entendido en los
últimos años que es necesario tener acercamientos,
intercambios de opiniones y hacer una relación mucho más
estrecha con organizaciones de abogados a nivel internacional.
De hecho nosotros somos parte de la Asociación Colombiana
de Juristas Demócratas, que forma parte de la Organización
Internacional de Juristas Demócratas que tiene sede en París
y de la Asociación Americana de Juristas.
A través de ellos realizamos diversas actividades. Pero también
en este último periodo hemos tenido relación con grupos
importantes de abogados y particularmente países miembros
de la Unión Europea.
Pachakuti : En esos países de la
Unión Europea podrían separarse unos de otros en cuanto
a que tengan más interés, mejores relaciones, tanto
en lo económico los gobiernos, como en solidario los pueblos
o ¿en la Unión Europea estaría todo como un
paquete?
 Miguel:
Hay diversas formas de expresión de la solidaridad en los
países de la Unión Europea y diversas formas de relacionarnos.
No siempre las organizaciones colombianas podemos abarcar todo el
espectro de los países miembros de la Unión Europea.
En este sentido es una de las tareas actuales del movimiento de
solidaridad colombiano, el movimiento de derechos es ampliar mucho
más ese espectro de relación e intercambio, de experiencias
y acciones con buena parte de Europa.
Tenemos el caso de que hay unas relaciones tradicionales, institucionales,
históricas... Se puede decir de muchas organizaciones colombianas,
de ONGs, de sindicatos, de organizaciones juveniles, organizaciones
de mujeres, de organizaciones indígenas...
Por ejemplo Colombia con sus homólogas o similares, en el
caso de España, en el caso de Francia, hay también
una historia larga de relaciones de diversas organizaciones. Ocurre
otro tanto con organizaciones alemanas aunque es más nuevo
este trabajo.
E igualmente hay que tener en cuenta que hay una serie de oficinas
y agencias de Naciones Unidas en Europa, por lo tanto es igualmente
como parte del trabajo de las organizaciones de derechos humanos
focalizar un trabajo hacia allí, y en ese sentido las organizaciones
europeas cuentan mucho para servir de puente y realizar tareas de
acompañamiento y de gestión en esas agencias europeas.
Puedo decir que no es un trabajo lineal, es una relación
en todos lados la misma. Por un lado hay tradiciones, hay lugares
donde la solidaridad se expresa de manera más espontánea,
se profundiza muchos más lazos de amistad en algunos casos
más que en otros; pero pienso que en ese sentido también
se abre una perspectiva de trabajo mucho más amplia, mucho
más positiva. Hay cosas que indican que el trabajo de solidaridad
desde Colombia, para Colombia puede tener un proceso de apertura
y de profundización mayor. Creo que es una necesidad para
el movimiento de derechos humanos europeo y colombiano.
Pachakuti : Miguel, en el caso de Colombia
tantos asesinatos de abogados, como el caso de Omaña....
como uno de los más conocidos, hace diez años, hasta
otros muchos, lo cual quiere decir que el preservar la vida tiene
que estar también entre los objetivos de la gente que trabaja
en este tema.. y al mismo tiempo si eso está afectando a
la defensa de los dirigentes o de los insurgentes más “gordos”
cuando necesitan atención de abogados, como el caso de Granda
o el caso de Simón Trinidad, por mencionar algunos conocidos,
¿afecta esa persecución y esos hechos de asesinato
de abogados cuando se quiere defender a presos de este nivel?
Miguel: En el último tiempo, producto de
la llamada política de seguridad democrática y en
el marco del Plan Colombia y en general de toda esta actividad insurgente
que se desarrolla en Colombia, se ha hecho mucho más difícil
y hay mayores restricciones al ejercicio de la profesión
de abogado.
Nosotros estamos dando una lucha muy intensa en el sentido de que
el gobierno colombiano, el estado colombiano, que es signatario
de pactos y tratados internacionales de cara al cumplimiento, al
principio de que los abogados no se nos puede vincular con las causas
de aquellas personas que defendemos.
Pero es indudable que en el último tiempo particularmente
en relación con abogados defensores de presos políticos
y organizaciones que dedican parte de su actividad a la defensa
de presos políticos, se ha visto un incremento de la persecución
como de un movimiento que señala, no solamente significa
la eliminación física de importantes y destacados
juristas que en el pasado dedicaron su esfuerzo y su actividad a
la defensa de presos políticos, sino que se trata también
de la persecución a las organizaciones y desde luego una
persecución hacia los abogados.
Entonces la persecución tiene como evidencia al día
el que por un lado están las amenazas reiteradas de grupos
paramilitares; estos grupos paramilitares lejos de haberse desmovilizado
como falsamente lo señala el gobierno de Álvarez Uribe
Vélez se han fortalecido en una serie de regiones, particularmente
en las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla...
esta presencia de los grupos paramilitares es mayor o igual que
en el pasado y estas organizaciones delincuenciales con frecuencia,
están amenazando a abogados defensores de presos políticos
y abogados defensores o en general que realizan actividades en relación
a la promoción y defensa de derechos humanos. Y en este sentido
vienen siendo estigmatizadas las organizaciones de las cuales nosotros
formamos parte de diversos ámbitos a los cuales representamos.
Pachakuti : Esas estigmatizaciones, señalamientos,
provienen del propio presidente Uribe...
 Miguel:
Sí, lamentablemente es así, no solamente del presidente
de la república. Tú sabes que hay toda una ofensiva
presidencial muy grande en relación con la autonomía
y la independencia del poder judicial en Colombia.
Hay un enfrentamiento inconcebible por parte del poder ejecutivo
en Colombia, contra la autonomía y la independencia de los
jueces, particularmente el desarrollo y de la investigación
y enjuiciamiento que viene realizando la Corte Suprema de Justicia,
por el llamado caso de la Para- política. Eso va en contradicción
de la vía de un ejercicio correcto, de unos juicios justos
en Colombia por esas presiones indebidas.
No solamente somos los abogados defensores de presos políticos
y de derechos humanos los que somos golpeados y amenazados, sino
que hay una actitud del poder ejecutivo en relación con la
autonomía y la independencia del poder jurisdiccional en
Colombia.
Para contarte un solo caso, decir de que se han completado casi
30 días del paro asonal-judicial, que es la organización
que agrupa a fiscales, jueces y funcionarios del poder judicial
en Colombia. La reivindicación es esencialmente de carácter
económico que tiene que ver con sus salarios, con las condiciones
en que se realiza la actividad de jueces y de fiscales.
En ese sentido el hecho de que hayan pasado 30 días y el
gobierno no quiera dar una solución a estas justas peticiones
y aspiraciones de los jueces y de los funcionarios judiciales indica,
hasta dónde hay unas acciones indebidas y no se garantiza
que en Colombia se desarrollen juicios justos y que haya un rápido
y eficaz funcionamiento del poder judicial en Colombia.
Pachakuti : Uno de los datos recientes
es la cantidad de presos y presas políticos en Colombia:
se hablaba de la cifra de 7200. De los cuales aproximadamente 5000
no tendrían nada que ver con la insurgencia y el resto se
declararía, como tales, como insurgentes. Sin embargo las
leyes, las actividades judiciales ¿los meten a todos en el
mismo saco o hay posibilidades de separar bastante unos de otros,
los civiles, de los insurgentes?
Miguel: Lamentablemente el caso colombiano lo que
ha venido dando en el último tiempo es de las llamadas detenciones
masivas. Estas detenciones masivas en muchas ocasiones se dan con
violación de garantías y de principios constitucionales.
Algunas detenciones producidas en el marco de estos procesos por
ejemplo, se realizan sin previa orden judicial. Son desarrolladas
estas detenciones a gente del estado que no tienen funciones de
policía judicial. El caso del ejército, son procesos
que para involucrar a un grupo muy grande de dirigentes sociales,
de activistas sindicales, de líderes campesinos, de líderes
indígenas, de líderes estudiantiles...
son procesos que además funcionan con la vieja ley y no en
aplicación de una reforma que hizo justicia de los juicios
orales del viejo sistema anterior. Estos procesos duran meses y
años en resolverse, con la circunstancia de que las personas
en todos los casos, son privados de la libertad, es decir, que sufren
unas sanciones injustas o privaciones injustas de libertad.
Como tú bien dices es generalmente lo que se quiere por esta
vía, criminalizar la protesta social en Colombia.
Es correcto señalar que esa cifra estimativa que se señala
en relación con personas que son vinculadas a juicios por
rebelión, sedición... que son las tres figuras del
delito político en Colombia o delitos conexos a este.
Generalmente se quiere confundir señalando que son miembros
de la insurgencia, que son personas funcionales a las actividades
que realizan las organizaciones insurgentes. De esa manera quieren
producir una mezcla interior de los procesos penales que hacen mucho
más difícil la tarea de la defensa de ciudadanos que
para nada tienen que ver precisamente en ser levantados en armas.
No son propiamente personas que se hayan vinculado a esas actividades
sino que son ciudadanos, regiones muy específicas, en las
llamadas regiones rojas o zonas que han sido estigmatizadas por
el ejército y el estado. A estas personas son las que se
desvincula a las detenciones masivas y son en la mayoría
de los casos, como se ha indicado, líderes populares, líderes
comunitarios, de derechos humanos… gente que desarrolla una
actividad muy importante con las comunidades, allí donde
las comunidades sufren estigmatización.
Pachakuti: Se está
hablando ahora en varios lugares de Colombia lo que allí
llaman las audiencias en relación con la Ley de Justicia
y Paz de desmovilización de los paramilitares. ¿Cual
es la capacidad de defensa que tienen las víctimas de estos
paramilitares que están confesando sus crímenes para
adherirse a esa ley?
 Miguel:
Lo primero que hay que indicar es que la Ley de Justicia y Paz,
no es una ley que efectivamente contemple los mínimos, los
estándares internacionales en relación con procesos
de verdad, justicia y reparación.
Esa es una ley infame que intenta colocar penas irrisorias a los
paramilitares e individuos como la iguana que han cometido, ellos
mismos han reconocido que han participado en más de 1500
o 2000 homicidios, y recibirían como pena máxima por
esos delitos execrables ocho años de prisión y le
van a computar la prisión todo este tiempo que han estado
"negociando" con el estado.
Estos procesos en ese sentido tienen esa característica,
los procesos de justicia y paz, que son una ley ajustada para lograr
la absoluta impunidad en relación con crímenes de
lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra.
Estas llamadas audiencias donde los paramilitares confiesan la labor
de las víctimas es más que nominal, es prácticamente
que un remedo también de presencia en el aparato judicial,
las víctimas en ese sentido no tienen ningún tipo
de acompañamiento. Estas audiencias que se realizan con estos
paramilitares, son ellos los que determinan el ritmo de las mismas
audiencias y las víctimas están prácticamente
al margen y hay varias organizaciones que han señalado incluso
el inconveniente de participar en ese remedo de justicia en tanto
que se podría estar con esa actitud legalizando y dando le
un viso de legalidad a una acción de la justicia que es lo
más injusto y sobre todo que contiene altísimos niveles
de impunidad.
Se sabe que hay instrumentos internacionales y en la práctica
en esos procesos lo que va haber es una negación de la justicia
a las víctimas, porque no se logra tener los mínimos
en relación con la verdad de lo allí sucedido. Estos
paramilitares lo confiesan todo agota a gota, y ahora se ha producido
el caso aberrante en que los principales responsables del genocidio
de de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes
de guerra, han sido extraditados y entonces de esa manera se van
a colocar todavía en un mayor manto de impunidad, de silencio
en relación con la masacre y todo el dolor que han producido
en todos estos años como producto de la práctica en
Colombia de un terrorismo de estado tanto que está demostrado
que desde el estado y el propio estado en este momento ha posibilitado
el desarrollo y el establecimiento de grupos paramilitares en Colombia.
Pachakuti: ¿Sería una excepción
a esta norma que estás explicando la detención de
generales como del Río?
Miguel: Lo del caso de Rito Alejo del Río
es tan evidente, es decir, hay tantas pruebas que culpan a esta
persona… Los propios paramilitares y los jefes más
importantes , sí se les puede llamar importantes , paramilitares,
jefes con un alto rango en diversas audiencias, han señalado
a del Río que encabezaba, dirigía, prestaba toda la
ayuda logística para qué se perpetrara la masacre,
que incluso organismos de los Estados Unidos, entidades de los Estados
Unidos, han tenido que conocer la participación de este general
y otros altos oficiales del ejército en esas masacres ,
y se hace su detención precisamente en el marco de una visita
del fiscal de la Corte Penal Internacional , es ya no producir la
detención de esta persona y la nueva vinculación a
un proceso, sería ya una desfachatez porque resulta evidente,
cierto y probado que este hombre ejerció una actividad mancomunada
con los paramilitares y es uno de los grandes autores intelectuales
del horror y de las masacres en Colombia donde se han producido
en el último tiempo.
Pachakuti: Desde este punto de vista jurídico
y también ético, el papel de la Unión Europea
respecto a esta ley y a este proceso dirigido por el presidente
Uribe. ¿Tienes una opinión al respecto?
Miguel: Si, uno a veces siente como vergüenza
y desazón e indignación de que varios países
de la Unión Europea conocedores de toda esta circunstancia,
no ejerzan una acción más decidida en relación
y la necesidad que hay en relación con el tema del terrorismo
de estado en Colombia y llevadas a las últimas la investigación
en relación a todo este genocidio, con la unidad patriótica,
toda esta acción contra los sindicalistas y en general todo
este horror contra el pueblo.
Muchos países de la unión europea son permisivos a
la política de Uribe.
En concreto toda esta política que está desarrollando
el gobierno del PSOE. El gobierno de Zapatero que cierra los ojos,
tiene una venda y antes que asumir una actitud que indique un acompañamiento
a las víctimas y una actitud positiva en función del
esclarecimiento de los hechos, se abre por la puerta de atrás
de la cooperación y de la ayuda militar.
España es un principal proveedor de armas al estado y al
ejército colombiano. Ahora quieren vincular a un número
determinado, parece cien oficiales y suboficiales del ejército
colombiano a esta continuidad de tropas españolas en Afganistán
..y entonces esta circunstancia es abrirle la puerta de atrás
a ese gobierno en relación con la OTAN y legalizar una circunstancia
que es muy dolorosa para el pueblo colombiano y es que su ejército
desarrolla labores contra insurgentes y las labores contra-insurgentes
significan una sistemática violación de derechos humanos
y de garantías constitucionales y de instrumentos en relación
con los derechos humanos.
Pachakuti: En ese mismo sentido la detención
en territorio español de una activista como Remedios ¿significa
también una connivencia de las autoridades españolas
con las autoridades colombianas?
Miguel: Yo creo que es parte de lo que venimos
señalando. El gobierno de Uribe frente a las denuncias que
la comunidad internacional y que las organizaciones colombianas
con todo el esfuerzo que realizan, han lanzado toda una ofensiva
internacional para intentar también criminalizar la solidaridad
con nuestro país.
En ese marco se inscribe la detención y toda esa parafernalia
creada con el juicio de Remedios García e igualmente se inscribe
en un proceso de persecución contra otras organizaciones
y otras personalidades que juegan un papel muy importante en el
proceso de diálogo y negociación durante el gobierno
del presidente Pastrana y por esa vía se quiere criminalizar
y se quiere perseguir la labor de organizaciones europeas, ONGs,
sindicatos, movimientos sociales... muy importantes en favor de
la causa del pueblo colombiano, por el acuerdo humanitario ,por
la solución política negociada.
Y lo que resulta no es paradójico, pero llama la atención
que precisamente sea en España donde se realiza por solicitud
y por presiones de la cancillería colombiana, de autoridades
colombianas, este juicio que no se sabe finalmente en que va a concluir
porque todo indica que son montajes y pruebas obtenidas, pruebas
ilícitas todo producto de la violación de la soberanía
de un país, producto también de la violación
de normas internacionales.
El gobierno colombiano violó la soberanía ecuatoriana,
violó un pacto de cooperación internacional.
Allí se produjeron en el marco de esa acción ejecuciones
extrajudiciales, allí hubo gente que quedó viva y
que los fueron ejecutando uno a uno con tiros de gracia y entonces
en el marco de toda esta manipulación que ha habido con información
de unos reales y supuestos computadores entonces quieren de esa
manera vincular a procesos espurios a una serie de personalidades,
organizaciones y miembros de organizaciones que en el marco de la
Unión Europea desarrolla un trabajo muy importante y significativo
de solidaridad con el pueblo colombiano y con sus organizaciones.
Pachakuti : En la parte latinoamericana
como que ha jugado un papel muy importante y activo Venezuela. Su
gobierno es posible que en los últimos tiempos haya bajado
de nivel en ese sentido, de intermediario para la paz en Colombia
..¿existen esperanzas en el pueblo colombiano y en el campo
jurídico de que Venezuela pueda seguir en un papel central?
 Miguel:
Si, los países vecinos y hermanos nuestros, en el caso de
Ecuador, en el caso de Venezuela... estos países, estos gobiernos
han jugado un papel fundamental y trascendental.
Nadie podría poner la forma a como el presidente Hugo Chávez
en un momento determinado jugo a favor del intercambio humanitario
y en crear unas condiciones y materializar unas condiciones para
que se propicie un diálogo entre el estado y la insurgencia,
entre el estado colombiano y las organizaciones de la insurgencia.
Lamentablemente este proceso tiene desde luego unos avances y unos
retrocesos. De por medio está el tema de las relaciones diplomáticas
y las relaciones económicas entre los dos países.
El gobierno colombiano en este caso juega una punta de lanza contra
los procesos tan importantes de cambio, de transformaciones, procesos
de independencia que se vienen desarrollando en los países
vecinos incluido desde luego el caso de Brasil y entonces toda esta
geopolítica creo que también en un momento determinado
está contando y está jugando en relación con
el tema propiamente de la solución política y la solución
a nuestro conflicto armado y social interno.
Uno no hace otra cosa que ser optimista en función de que
estos gobiernos progresistas, que estos gobiernos avanzados de la
región que tienen una sensibilidad en relación con
estos temas, van a retomar la necesidad de su vinculación
y de un mayor protagonismo en función de las tareas esenciales
que tenemos los colombianos de luchar por una paz democrática,
por una paz con justicia social y una paz que permita superar las
causas estructurales, económicas y sociales que han generado
este conflicto desde hace ya cinco décadas.
Pachakuti: En ese mismo camino de construir
la paz en Colombia.. la Fundación Premios Príncipe
de Asturias es una fundación privada pero que tiene un aporte
de dinero público. ¿Estarías de acuerdo con
la designación de uno de sus premios a la Sra. Betancourt
o tendrías otra candidatura que aportar?
Miguel: Yo no tendría nada en contra de
que la Sra. Betancourt haya sido nominada a ese o a otros reconocimientos.
El problema es que en este caso particular los medios de comunicación
y los intereses de la geopolítica tanto de Francia, como
de otros países de la Unión Europea, han creado de
una o de otra manera un artificio en relación con este tema.
Hay un grupo muy importante de activistas sociales, defensores de
derechos humanos, personalidades en Colombia que tienen igual o
más méritos que la Sra. Betancourt para recibir un
premio determinado que sea en reconocimiento de pueblos y de estados
a la labor que ellos realizan en función de la paz en Colombia.
Desde luego que hay un abanico muy amplio e importante de personalidades
y de organizaciones que bien vendría su reconocimiento a
través de que se pueda manifestar y se pueda expresar que
esta gente se la juega todos los días.
Hay dirigentes indígenas muy destacados, hay mujeres que
se juegan día a día su vida en función de construir
una patria distinta, de construir una patria nueva.
El movimiento sindical es un movimiento que en particular ha sido
sumamente perseguido en los últimos años. Más
de 2500 dirigentes sindicales y activistas han sido asesinados.
Desde ese punto de vista desde luego que hay personalidades de ese
mundo sindical y del mundo de la mujer, jóvenes estudiantes
que sufren la represión y la persecución de grupos
paramilitares.
Es la parte de nuestro conflicto que es silenciada, no se realiza
toda esa campaña mediática y esas reales víctimas
del proceso están absolutamente desconocidas y silenciadas,
y entonces desde ese punto de vista parece que la limitación
que tiene el reconocimiento a través de estos premios de
estas personalidades significa eso, que hay una gran manipulación
del mundo mediático en que se muestra solamente una cara
del conflicto, una parte del dolor, pero se desconoce por entero
el dolor de muchos seres humanos y de muchas personas que en el
día a día y que durante muchos años han sido
víctimas de la persecución y la violencia.
Pachakuti: Muchas gracias por regalarnos
esta conversación y por seguir trabajando en la defensa de
los derechos de las personas en Colombia
Miguel: A ti, muchas gracias
|
