| Militares
colombianos cuidando a narcotraficantes exterminan unidad de elite
de su policia....
http://www.derechos.org/nizkor/
Información
Exterminan unidad policial
09jun06 - iv) msjes.
Col - Una unidad militar extermina a la mejor unidad policial
especializada en narcotráfico.
i)
Una unidad militar extermina en una emboscada a la mejor unidad
policial contra el narcotráfico de la polícia colombiana.
"La Fiscalía explora la tesis de que estaban haciendo
un mandado al narcotráfico", dijo Iguarán sobre
los ocho militares capturados por el hecho.
Los 28 militares que participaron en la operación militar
están vinculados a la investigación, pero eso no significa,
explicó Iguarán, que no se dicten nuevas órdenes
de captura.
Los capturados, además del coronel Byron José Carvajal,
quien apareció en el lugar de los hechos sin uniforme pocos
minutos después de la muerte de los policías, son
el teniente Harrison Castro, el sargento viceprimero Humberto Montenegro
y los soldados Carlos Erazo, Luis Eduardo Carvajal, José
Alfredo Porras, Nelson Enrique David y José Geyner Peñaranda.
La orden de captura emitida en su contra es por el delito de homicidio
agravado.
El Fiscal afirmó que las pruebas demuestran que hubo una
coordinación previa para llevar a cabo la matanza de los
policías y el civil, tras lo cual sus autores trataron de
"fraguar una coartada".
Cerca de un centenar y medio de disparos de distintos calibres,
siete granadas y al menos un francotirador fueron usados para cometer
la masacre de los policías, que eran miembros de un grupo
de élite antinarcóticos.
Iguarán está desde ayer en Cali coordinando con funcionarios
de la entidad los últimos detalles de la investigación.
El Presidente Álvaro Uribe, quien se pronunció sobre
la decisión durante una ceremonia de graduación de
cadetes, dijo que el castigo a los responsables "fortalece
la credibilidad de los ciudadanos en la fuerza pública".
"Mientras aquí estamos alegres por la graduación
de 293 subtenientes, también estamos tristes por las órdenes
de captura que ha expedido la Fiscalía contra integrantes
de nuestro Ejército", dijo Uribe.
"Apoyamos totalmente las decisiones de la Fiscalía.
Aquí tiene que haber afecto y solidaridades, pero no complicidades",
añadió.
En su discurso, el mandatario enfatizó que "en una patria
como Colombia, acosada por el terrorismo, se cometen errores militares,
hay reveses policíacos, pero lo que no puede haber es delitos.
Es muy importante reaccionar a tiempo y decir la verdad", concluyó.
Las órdenes de captura contra los militares fueron aprobadas
esta madrugada por el juzgado 12 penal municipal de Cali que cumple
funciones de juez de garantía.
Los soldados fueron trasladados en una buseta con vidrios polarizados,
de la sede de la Fiscalía, en el norte de Cali hacia el batallón
del Ejército, que queda en el sur de la ciudad, en donde
serán recluidos.
Ómar Suárez, apoderado del coronel Carvajal, aseguró
que se trata de una diligencia preliminar y que su cliente está
dispuesto a defenderse dentro del proceso.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 01jun06]
ii)
La unidad policial exterminada había sido entrenada especialmente
por la DEA y el FBI.
Un francotirador disparó el 40 por ciento de las balas que
mataron a los agentes de la Dijín.
"Son cinco torcidos de la Sijín y otros cinco hampones",
fue la versión inicial que los militares del Batallón
de Alta Montaña del Ejército dieron después
de aniquilar a 10 miembros de la Dijín, el pasado lunes 22
de mayo, en la finca La Cristalina, ubicada en Jamundí (Valle).
La justificación les fue dada a dos agentes de la policía
que llegaron hacia las 6:35 p.m. a la zona, visiblemente perturbados.
El lugar aún olía a pólvora y sangre.
"No son ningunos hampones y no son de la Sijín, son
mis compañeros de la Dijín, mírelos, tienen
sus chalecos", respondió uno de ellos angustiado y mostrando
insignias.
Los dos agentes son miembros de la unidad que fue aniquilada y que
el gobierno de E.U. entrenó para labores antimafia.
Ese día, los dos agentes no fueron al operativo porque estaban
en un municipio vecino acompañando a un fiscal en una diligencia
oficial.
Una vez la terminaron, fueron a apoyar a su unidad y entonces escucharon
(por comunicaciones internas) los llamados de auxilio que, inexplicablemente,
la policía local se demoró en atender, un hecho que
está siendo indagado.
Según los investigadores, la llegada de los uniformados impidió
que cuerpos, carros, armas y testigos siguieran siendo manipulados.
Sin chaquetas
"Hay evidencia de que los cadáveres fueron movidos e
incluso hay algunos casquillos que corresponden a armas que, al
parecer, no fueron entregadas a la Fiscalía. Además,
a dos de los cadáveres alguien les estaba quitando las chaquetas",
le dijo a EL TIEMPO una fuente oficial, que llegó a las 7
en punto de la noche al lugar de los hechos.
Lo anterior, y el cruce de llamadas y mensajes de texto, vía
celular, entre los militares implicados, se ha convertido en la
clave para desenredar este ovillo que inicialmente se mostró
como un error militar pero que, poco a poco, ha tomado el rostro
de una masacre premeditada.
La evidencia recogida llevó a la Fiscalía a irrumpir
en la madrugada del jueves en las instalaciones del batallón
de Alta Montaña para capturar al coronel Bayron Carvajal
y a 7 de sus subalternos por el delito de homicidio agravado. Es
más, en las próximas horas vienen otras capturas.
"No fue un error, fue un crimen, fue un acierto, pero un acierto
criminal", dijo visiblemente indignado el fiscal general, Mario
Iguarán, en la rueda de prensa en la que anunció los
primeros resultados de las investigaciones.
El rigor en las indagaciones ha llegado a tal punto que en la última
semana miembros del CTI han grabado el cambio de luz natural en
la zona para probar que a la hora de los hechos la visibilidad era
plena y no había lugar a confusiones.
El viernes, la Jueza 25 Penal Municipal de Cali, con funciones de
control de garantías, avaló la evidencia de la Fiscalía
e impuso medida de aseguramiento y detención preventiva sin
beneficio de libertad, a los ocho militares.
De prosperar la investigación, estos enfrentarían
penas entre 30 y 50 años.
‘¿Por qué pasaron esos h.p.?’
Aunque en la audiencia pública del jueves se leyeron la mayoría
de los textos que los militares se enviaron vía celular,
hay uno que se ha mantenido en reserva y que parece hacer referencia
al malestar que causó la llegada intempestiva de los dos
hombres del cuerpo élite, de los demás refuerzos de
la Policía y de un par de testigos que les dijeron a las
autoridades cómo los policías gritaban que no les
dispararan.
"¿Por qué dejaron pasar a esos hijueputas?",
dice el mensaje.
También menciona la palabra pollo, apodo con el que se conocía
a Luis Eduardo Betancur, el civil que acompañaba a los uniformados
y quien aparece como informante certificado del coronel Carvajal.
El hombre fue encontrado a seis metros de los cuerpos de los policías,
con un balazo en la nuca (realizado casi a quemarropa) que le atravesó
el pasamontañas que llevaba puesto, el cual apareció
tirado a un lado del cadáver.
Aunque su familia niega que él entregara información
a las autoridades, Betancur aparece relacionado en tres operaciones
exitosas contra ladrones de gasolina.
Hoy se indaga si estuvo vinculado a una operación en el corregimiento
La Cumbre (Valle), realizada el 9 de septiembre del año pasado:
ese día, cinco policías de la Estación del
pueblo, que verificaban un supuesto robo del combustible, fueron
emboscados equivocadamente por hombres del mismo coronel Carvajal.
El saldo del error: dos policías muertos y tres heridos.
En este caso y en el de Jamundí, el Ejército ha dado
sus propias explicaciones.
Por ejemplo, el coronel Carvajal dijo que los mensajes estaban siendo
malinterpretados y que cuando habló de un pollo se refería
a las raciones que les enviaría a sus hombres: "Ahí
tengo los recibos de compra".
Sin embargo, la Fiscalía cree que hay una clara contradicción:
para qué enviaban más raciones de comida, si la operación
supuestamente no se iba a prolongar.
También se indaga por qué 21 de los 28 miembros del
batallón de Alta Montaña no dispararon un solo tiro.
Es más, se sabe que algunos de ellos han manifestado extraoficialmente
que quedaron desconcertados cuando sus compañeros empezaron
a disparar.
¿Inocentes?
La hipótesis de las autoridades a este respecto, señala
que tan solo un pequeño grupo de militares sabía qué
era lo que estaba ocurriendo. Eso explica por qué el intercambio
de correos fue tan solo entre unos pocos (coronel, oficiales y suboficiales)
y por qué uno solo de los militares (el francotirador José
Alfredo Porras) disparó el 40 por ciento de los cerca de
los 200 proyectiles que hicieron blanco en los policías.
Este soldado estaba camuflado a un costado del lugar de los hechos
(a cerca de 10 metros), por eso, los policías no pudieron
escapar de sus balas ni siquiera cuando se ocultaron en una cuneta.
Por ahora, lo concreto es que, a raíz de la evidencia recogida
en el lugar, se abrió otro frente de investigación:
La Cristalina, sus ocupantes y su historial.
Hasta el momento, los investigadores tienen claro que el predio
era usado como centro de operaciones de William García Albán,
el ‘Indio’, y de Óscar Varela García,
‘Capachivo’, lugartenientes del extraditable Diego Montoya
Sánchez, ‘don Diego’.
"Se tiene información de que allí se adiestraban
hombres de la oficina de cobro de ‘Capachivo’, además,
allí mantenían personas en cautiverio y realizaban
torturas", dice un informe oficial secreto, hecho con base
en testimonios, que está siendo verificado.
Es más, pobladores del sector le dijeron al propio presidente
Álvaro Uribe que, el día de la muerte de los uniformados,
el ‘Indio’, señalado jefe narcoparamilitar de
Jamundí, se encontraba a 200 metros del lugar de los hechos
y que, al parecer, fue él quien alertó a los militares
de la operación policial.
Pero hay un nuevo individuo que ha entrado al rompecabezas.
Según fuentes de la propia mafia, un arquitecto al que le
dicen ‘don Carlos’, es el encargado de pagarles no solo
a los lugartenientes de ‘don Diego’, sino a algunos
miembros corruptos de autoridades regionales que cuidan sus pasos,
caletas, narcolaboratorios y envíos. Él tendría
varias respuestas sobre la supuesta relación de los lugartenientes
del capo con los militares, que ha llevado a la Fiscalía
a contemplar como principal hipótesis que se le estaba haciendo
un favor a la mafia.
"Se explora la tesis de que le estaban haciendo un mandado
al narcotráfico. No permitiremos que obstruyan la justicia
y enloden el honor de la Fuerza Pública", dijo el pasado
jueves el fiscal general, Mario Iguarán.
FBI y extradición
Esta posibilidad ha suscitado todo tipo de reacciones, incluida
la del gobierno de Estados Unidos que le pidió al FBI relevar
en la investigación a la DEA, agencia que entrenó
a los uniformados muertos y que está indignada con lo sucedido.
"No hablamos sobre investigaciones en curso", le dijo
el viernes a ELTIEMPO un vocero de la embajada de E.U.
Sin embargo, extraoficialmente se supo que ese país advirtió
que si a alguno de los implicados se le comprueba nexos con la mafia,
de inmediato será pedido en extradición.
"La solicitud estaría fundamentada en la llamada Ley
Rico que faculta a E.U. a procesar a toda persona que tenga vínculos
con organizaciones delincuenciales y con personas buscadas por ese
país, y ‘don Diego’ encabeza la lista de colombianos",
explicó una fuente oficial.
Este es el rastro de la mafia en el caso de La Cristalina
Diego Montoya, ‘don Diego’ controla la zona a través
de sus lugartenientes ‘Capachivo’, el ‘Indio’
y ‘Cucaracho’. Incluso, hace unos meses protagonizaron
un sangriento enfrentamiento con hombres de su archienemigo Wilber
Varela, ‘Jabón’. Este caso está siendo
indagado por E.U. y por Colombia ante la posibilidad de que autoridades
de la zona hayan participado en los hechos.
Ómar Varela García, ‘Capachivo’ o ‘K10’,
hombre de ‘don Diego’, controlaba la zona desde hacía
al menos tres años. Se le acusa del asesinato del teniente
Péterson. Dicen que es el jefe de varias oficinas de cobro.
Al parecer, su hija está casada con Carlos Robayo, ‘Guacamayo’,
otro lugarteniente de ‘don Diego’, preso en la cárcel
de Cómbita y próximo a ser extraditado.
William García Albán, el ‘Indio’, es el
segundo de ‘Capachivo’. Su familia dice que tiene unas
marraneras en la zona pero autoridades lo acusan de ser un paramilitar
que ahora cuida laboratorios. También se le acusa de extorsionar
a comerciantes y de la desaparición de personas en el corregimiento
de Timba, entre Valle y Cauca.
La defensa de los ocho militares.
El mismo día en que una jueza –a solicitud de la Fiscalía
General– les dictó medida de aseguramiento a los ocho
militares –coronel Byron Carvajal, teniente Harrison Castro
Aponte, sargento viceprimero Jaime Montenegro Castañeda y
los soldados Carlos Fernando Erazo Riascos, Luis Eduardo Carvajal
Peralta, Nelson Enrique David Posso, José Alfredo Parra Mantilla
y José Geiner Peñaranda Díaz–, su defensa
la apeló.
Básicamente, argumentan dos razones: que la justicia ordinaria
no es la competente para investigar el caso (sino la Penal Militar)
y que la orden de allanamiento que usó la Dijín es
falsa.
"Se trató de una acción del servicio: hubo combate
y los uniformados siempre creyeron que enfrentaban a la guerrilla",
dijo uno de los abogados de los militares.
El abogado y militar retirado Ómar Suárez, apoderado
del coronel Carvajal, señalóque la fuerza utilizada
no fue exagerada y que en táctica militar la presencia de
un francotirador es comprensible para asegurar el área.
Para demostrar su competencia, la jueza del caso manifestó
que se está basando en una sentencia de la Corte Constitucional
(la C-358 de 1997), que entre otros aspectos señala que,
el vínculo entre la conducta delictiva y el acto relacionado
con el servicio se rompe cuando "el delito adquiere una gravedad
inusitada".
En cualquier caso, la Fiscalía dispone ahora de 30 días,
ampliables a 60, para elaborar el escrito de acusación ante
un juez de conocimiento.
Mientras esto sucede, la defensa de los militares seguirá
exigiendo que se le quite la competencia a la justicia ordinaria.
La última palabra a este respecto la tiene el Consejo Superior
de la Judicatura.
La defensa de los militares también planean exigir una veeduría
internacional para el proceso.
‘Retiren emboscada (...) quedó para esta noche’
El intercambio de llamadas y de mensajes vía celular entre
militares se ha convertido en una de las principales evidencias
de la Fiscalía. Por estrategia, los investigadores tan solo
retuvieron los teléfonos de los militares la madrugada del
martes 23 de mayo (10 horas después de la balacera) y, como
se esperaba, varios de ellos los usaron para unificar la versión
de los hechos e intentar elaborar, lo que la Fiscalía llama,
una coartada perfecta. Los mensajes fueron enviados a tres horas
distintas. ¿Qué hacían los policías
mientras tanto? EL TIEMPO lo averiguó:
10:30 a.m.
"Retiren emboscada. Mande a la gente a sitios reconocidos y
que duerman. Anoche había mucha tropa y se ariscaron. Todo
quedó para esta noche".
A esa hora, la Policía había abortado la operación
por que el informante no les había cumplido la cita, pactada
para la noche anterior o la madrugada del lunes.
2:39 p.m.
"Pendientes que el grupo viene con el pollo, para que salgan
a reclamarlo".
Los policías acababan de hacer contacto con el informante,
conocido como el ‘pollo’ y reanudaron los preparativos
de la operación de vigilancia y verificación de la
zona.
6:45 p.m.
"¿Por qué dejaron pasar a esos hijueputas?".
A esa hora, los dos miembros del grupo élite de la Dijín
llegaron al lugar de los hechos.
[Fuente: Unidad investigativa y redacción justicia,
El Tiempo, Bogotá, Col, 03jun06]
iii)
Aparecen más dudas en el caso Jamundí
Hacía mucho rato que el Ejército no estaba de capa
caída como ahora. Claro que también hacía mucho
rato que un grupo de militares no se metía en un lío
tan complejo como el que sucedió hace 12 días en Jamundí
(Valle). Tan triste situación, en los últimos años,
sólo puede compararse con los miembros de la FAC que en noviembre
de 1998 fueron capturados en EU con cientos de kilos de cocaína;
o con los militares que en marzo de 2004 dieron muerte a siete policías
y a un civil en Guaitarilla, Nariño.
Similitudes o no con Fort Lauderdale o Guaitarilla, lo cierto es
que los ocho militares que la Fiscalía vinculó como
responsables de la muerte de diez policías y un civil en
Jamundí (este lunes), están casi condenados, luego
de las declaraciones ante la prensa del Fiscal General de la Nación.
En efecto, Mario Iguarán Arana aseguró que los hombres
del Ejército le habían hecho un mandado a la mafia
y que la matanza de policías no fue un error, sino algo premeditado.
La respuesta de los militares encartados no se hizo esperar, y a
través de uno de sus abogados, Ómar Suárez,
recordaron que la inocencia de los miembros del Batallón
de Alta Montaña (implicados en el caso Jamundí) era
tan evidente, que el 5 de mayo del año pasado dieron captura
a William García Albán (El Indio), el jefe narcoparamilitar
que, según la Dijín de la Policía, merodeaba
por Jamundí cuando ocurrió la infortunada muerte de
los diez policías.
"Pero tengo entendido que a El Indio lo soltó la misma
Fiscalía. Entonces, ¿qué explicación
tiene que los militares que lo capturaron hace un año, sean
los mismos que, según la investigación de las autoridades,
trabajan hoy para él? Eso es algo inaudito", advirtió
Suárez.
Y es que la defensa del teniente coronel del Ejército Byron
Carvajal parece tener un solo pilar: desacreditar a los policías
que murieron en la finca Potrerito. Una estrategia que, seguramente,
será calificada como errónea y descarada por parte
de los miembros de la cúpula de la Policía Nacional.
De todos modos, la defensa de los ocho militares implicados en el
caso Jamundí insiste que aún no es claro qué
estaban haciendo los diez integrantes de la Dijín de la Policía
(y su informante) en el sector de Potrerito el 22 de mayo pasado.
Los abagados alegan que el operativo del grupo antimafia de la Dijín
no tenía autorización de nadie para estar operando
en Potrerito. "La autorización la había dado
yo", le dijo a El Espectador, la semana pasada, el general
Óscar Naranjo Trujillo, director de la Dijín. "Se
trataba —agregó— de un operación de verificación
de información".
Las advertencias del general Óscar Naranjo obedecieron a
un interrogante que surgió desde aquel aciago lunes en Jamundí:
¿Por qué el operativo de la Dijín no estaba
autorizado por la Fiscalía o por un juez de la República?
"Era que, en principio, no íbamos a capturar a nadie.
Apenas tuviéramos claro que las revelaciones de nuestro informante
eran ciertas, proyectábamos ir a donde la autoridad competente
para realizar capturas u operativos de ese estilo", dijo Naranjo.
Pero, en todo caso, una cosa sí es cierta en todo este lío
Ejército-Policía: si los miembros de la Dijín
andaban en actividades clandestinas, ¿por qué no fueron
capturados por los integrantes del Batallón de Alta Montaña?
La versión que ha circulado en los medios de prensa es que
se trató de un fusilamiento de los policías, aunque
la defensa de los militares insiste en que eso no sucedió.
Una confesión
El pasado miércoles 31 de mayo, a las 2 de la tarde, una
declaración de una subintendente de la Policía, Diana
Bianey Marulanda Carmona, sembró nuevos interrogantes en
los confusos hechos de Jamundí. Al ser interrogada por la
Procuraduría, la subintendente expresó "su deseo
de narrar una confesión" sobre los trágicos sucesos
del 22 de mayo.
Marulanda, agente con más de una década en la institución,
confesó que falsificó la orden de trabajo del mayor
Molina, su jefe inmediato, "porque insistentemente de Bogotá
la llamaban y le pedían esa orden. Estaba cubriéndole
la espalda al general Naranjo", le dijo a El Espectador Patricia
Castro, abogada de varios de los militares vinculados a la investigación.
La señora Castro agregó: "Si lo que dice ella
(la subintendente Marulanda) es cierto, es decir, si los agentes
de la Dijín tenían el informante desde las 11 de la
mañana de ese lunes, entonces por qué no consiguieron
la orden de un juez para entrar a la casa donde estaba el supuesto
narcotraficante que buscaban, si el cruce de fuego empezó
casi a las 6 de la tarde".
Esta nueva evidencia, que ya está en poder el juez de la
causa, da lugar a nuevos interrogantes: si todo el operativo de
la Dijín era aparentemente legal, ¿por qué
se falsificó la misión de trabajo?, ¿qué
necesidad había de ello? Hasta el cierre de esta edición
(viernes por la noche), este semanario, sin suerte, intentó
dialogar con el general Óscar Naranjo Trujillo.
La defensa de los militares, además, insiste en que no hay
forma de hablar de una acción premeditada y dolosa por parte
del Ejército, o de una masacre, ya que éste informó
a la Policía de Jamundí dónde estaba.
De hecho, agentes de la Policía de Jamundí, según
otra fuente cercana al proceso, les cargaron los equipos a los soldados
para que pudieran avanzar más rápido por esa zona
del Valle, debido a que existían informes de inteligencia
—de Ejército y Policía— sobre una posible
incursión de las Farc en ese sector de Jamundí.
Según los relatos de los soldados del Batallón de
Alta Montaña Número 3 del Ejército, fue la
Policía la que inició el fuego. "Ellos llegaron
con un encapuchado, se bajaron en la casa donde sucedieron los hechos,
le gritaron groserías a un hombre para que abriera la puerta
y como éste no lo hizo, cargaron las armas. En ese instante
uno de los agentes de la Dijín descubrió el movimiento
de los soldados y se inició el fuego cruzado", le dijo
a este semanario otro de los abogados de los militares.
Asimismo, la defensa de los militares desvirtuó las acusaciones
sobre disparos a quemarropa a los policías. "Yo revisé
los protocolos de necropsia y no es cierto que hubiese disparos
a corta distancia. El fiscal de conocimiento sabe que el disparo
más cercano se hizo a más de tres metros", advirtió.
Los cargos del fiscal
Un general de la cúpula de las Fuerzas Militares, que exigió
el anonimato, le dijo a El Espectador —el viernes pasado en
la tarde— que aún estaba por demostrarse la conducta
dolosa de algunos de los integrantes del Batallón de Alta
Montaña.
"El señor Fiscal General de la Nación, en todo
su derecho, hizo unos cargos contra algunos integrantes del Batallón
de Alta Montaña. Si todo resulta ser cierto, esos militares
tienen que irse a la cárcel sin contemplación alguna.
Pero mientras eso se demuestra, nosotros debemos apoyarlos y así
lo haremos en la etapa de juicio", explicó el general
del Ejército.
De todas formas parecen contundentes los cargos contra los militares
y probarse que en Jamundí ocurrió una masacre.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 04jun06]
iv)
¿Quién dio la orden?
Hasta ahora el hombre clave de la masacre de Jamundí es el
coronel Bayron Carvajal. SEMANA revela el grado de participación
de la mafia en este macabro crimen.
El caso de Jamundí es escalofriante y crece día a
día. Las peores sospechas se han ido confirmando: detrás
de las muertes de los diez policías y un civil está
la mano de la mafia. SEMANA conoció nuevos detalles de la
investigación de la Fiscalía que llevaron a la detención
de ocho militares, y los antecedentes de una relación siniestra
entre militares basados en el Valle y Diego Montoya, un narcotraficante
por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece cinco millones de
dólares.
La Fiscalía ha hallado pruebas de que el lunes 22 de mayo
el coronel Bayron José Carvajal Osorio, comandante del Batallón
de Alta Montaña, ya tenía una celada entre sus planes.
Aunque parecía una misión militar, los mensajes de
texto que envió con su celular le indican a la Fiscalía
que el oficial lo que en realidad estaba planeando era una masacre.
"Retire emboscada. La gente a los sitios reconocidos y que
duerman. Todo quedó para esta noche. Pendientes, el cupo
viene con el pollo para que salgan a reclamarlo". Envió
el mensaje a las 10 y 40 de la mañana a uno de los oficiales
bajo su mando. Cinco horas después, a las 3 y 24, le envió
otro mensaje de texto al teniente Harrison Castro, quien se encontraba
con cuatro suboficiales y 23 soldados profesionales: "Llámeme
urgente. Llámeme urgente". Tres horas más tarde,
una comisión antidrogas de 10 investigadores de la Dijín
y un informante fueron atacados por Castro y sus hombres cuando
llegaron a la vereda Potrerito en Jamundí, Valle.
La balacera duró 20 minutos. En medio de las ráfagas
y las explosiones de granadas, el mayor de la Policía Elkin
Molina, comandante de la comisión, alcanzó a pedir
ayuda a través del avantel. Dos patrullas de Jamundí
salieron en su ayuda, pero también fueron atacadas. Cuando
lograron llegar al sitio, ya la escena era dantesca. Todos estaban
muertos. Mientras los policías lloraban a sus compañeros,
el sargento del Ejército Jaime Humberto Montenegro recibía
un mensaje en su celular. "Marica, la orden era que usted tapara
la vía". Eran las 6 y 49 de la tarde. Mientras al lugar
comenzaron a llegar miembros del CTI, fiscales, policías
y militares, varios soldados se estaban cruzando mensajes de texto
por sus celulares:
"Curso. La cuestión es que llegamos anoche y que dormimos
aquí, donde se dio el combate y que a las 5 y media nos subimos
a la maraña".
Por estos mensajes de texto que se cruzaron los hombres del Ejército,
antes, durante y después de la masacre, fue que el fiscal
Mario Iguarán le dijo al país: "No fue un error.
Fue un crimen. No tuvieron oportunidad de defenderse. Hubo coordinación
previa al ataque. Y lo peor, había una intentona de fraguar
unas coartadas para confundir a los fiscales y a los investigadores".
Cuando los colombianos escucharon, el pasado jueves, estas palabras
de la máxima autoridad judicial del país, no lo podían
creer. Apenas habían transcurrido 11 días del asesinato
y ya los fiscales tenían pruebas contundentes, que incluso
les permitieron capturar a ocho de los 28 uniformados, incluidos
el coronel Carvajal, el teniente Castro y el sargento Montenegro.
Pero si bien la declaración de Iguarán era lo suficientemente
contundente para aterrorizar a la opinión pública,
quizá lo más escandaloso y grave fue cuando explicó
por qué el mejor grupo antinarcóticos del país
había sido aniquilado por el Ejército: "Le estaban
haciendo un mandado al narcotráfico. Se trató de una
emboscada preparada para hacerle un favor al narcotráfico".
Relaciones peligrosas.
¿Qué quiso decir el fiscal Iguarán con esta
frase? Hasta ahora las versiones que tienen las autoridades apuntan
a que uno de los enlaces de la mafia con el Ejército sería
el coronel Bayron Carvajal, de 43 años de edad, quien estuvo
al mando del Batallón de Alta Montaña durante los
últimos 16 meses. La mitad de su vida ha estado al servicio
del Ejército. Pero no es la primera vez que su nombre queda
inmerso en un escándalo. En junio del año pasado,
hombres bajo su mando dieron de baja a 15 supuestos miembros del
ELN. Luego se supo que eran campesinos. Tres meses después,
sus hombres atacaron una patrulla de la Policía que iba a
verificar una información sobre hurto de gasolina en el corregimiento
de la Cumbre, Valle del Cauca. Dos uniformados murieron y tres quedaron
heridos. Y para completar, el 28 de marzo de este año, presentaron
como supuestos guerrilleros de las Farc a cuatro hombres que resultaron
ser campesinos de la zona rural del corregimiento de Dapa, al sur
del departamento.
Pero el episodio más grave es su responsabilidad en la masacre
de Jamundí. ¿Por qué lo hizo? La tesis de la
Fiscalía, que concuerda con informaciones que le dieron a
SEMANA algunos miembros del cartel del norte del Valle, es que ese
Batallón de Alta Montaña era el más importante
anillo de seguridad para los principales lugartenientes de Montoya
que se mueven en la zona. Cuidaban, además, una caleta que
ronda los 15 millones de dólares. "La responsabilidad
de lo que pase ahí es de 'Capachivo', y esa plata no se puede
perder", le dijo a SEMANA un hombre muy cercano a 'Don Diego'.
Dijo que fue un caso desafortunado. La misión de los hombres
de la Dijín era realizar una inspección judicial para
verificar la existencia de una caleta con 200 kilos de cocaína
y 'Capachivo' pensó que los policías iban por él
o iban a incautar la millonaria caleta. Sin dudarlo, encendió
las alarmas y pidió ayuda a sus contactos en el Ejército.
El nombre real de 'Capachivo' es Omar García Varela, de unos
55 años de edad. Es uno de los pocos hombres de confianza
de Montoya que han logrado sobrevivir a la persecución de
la Policía. En los informes de inteligencia figura un extenso
prontuario que va desde la masacre de 11 personas en Candelaria,
Valle, hace dos años, hasta ser el encargado de comercializar
la droga de Montoya. Su nombre no es desconocido en Jamundí
gracias a su alianza con los paramilitares de la región,
en particular con William García, conocido como 'el Indio'.
"A 'Capachivo' le encanta el trago y cuando se emborracha habla
de la amistad que tiene con el coronel Carvajal. Cuando lo nombraron
comandante del Batallón, él iba a ir a la ceremonia.
Él dice que el coronel lo invitó, pero le aconsejaron
que no se boleteara", le dijo a SEMANA un comerciante de Jamundí.
Aunque los investigadores de la Fiscalía han recogido también
otros testimonios, le quedan sólo 60 días para demostrar
que Carvajal y sus hombres le estaban haciendo "el mandado",
como dijo el fiscal Iguarán, a 'Capachivo' y de paso a 'Don
Diego'.
El ventilador de 'Guacamayo'
Lo que ocurrió con el coronel Carvajal y los militares del
Batallón de Alta Montaña deja en evidencia la infiltración
de la mafia en las entrañas del Ejército en el Valle
del Cauca. Desde hace varios años, esa zona está bajo
el dominio de la organización de 'Don Diego', uno de los
narcotraficantes más temidos del país. Hasta hace
dos años, este capo y sus lugartenientes se movían
a sus anchas por el norte del Valle. Pero después de una
gran ofensiva policial en la que lograron desmantelar a su principal
grupo de sicarios conocido como 'los Yiyos', arrestar a más
de 100 miembros de su organización, incautarle la mayoría
de sus bienes y capturar y extraditar a su hermano Juan Carlos y
a su primo Carlos Toro, 'Don Diego' se vio obligado a trasladar
su 'negocio' a Jamundí y sus alrededores. Para eso necesitaba
protección y la encontró en el Ejército. Por
lo menos eso le confesó Carlos Robayo a la DEA y al FBI desde
cuando fue capturado con fines de extradición por la Dijín,
el 18 de marzo de 2005.
La importancia de Robayo, conocido en el mundo de la mafia como
'Guacamayo', radica en que durante una década fue la mano
derecha de 'Don Diego'. A mediados del año pasado, a raíz
del asesinato de varios de sus familiares, por orden de su antiguo
jefe, 'Guacamayo' decidió contar todo lo que sabía.
Aparte de los negocios del narcotráfico, lo que más
les interesó a las agencias estadounidenses fueron los detalles
que les dio sobre las relaciones que tenía la organización
de 'Don Diego' con miembros de la III División y con la Brigada
del Ejército en el Valle y Cali.
"De todo lo que ha contado, nos llamó la atención
la forma como consiguen con sus contactos en el Ejército
los salvoconductos para que los hombres que manejan las llamadas
oficinas de cobro puedan portar tranquilamente sus armas",
dijo a SEMANA un agente del FBI que escuchó la versión
de 'Guacamayo' . "Cuando se desató la guerra entre 'Don
Diego' y Varela, fueron oficiales de la III División los
que les vendieron uniformes, armas y explosivos para equipar al
grupo 'los Machos', que fue conformado por Montoya para defenderse",
afirmó el agente.
Desde cuando 'Guacamayo' comenzó a hablar con las agencias
estadounidenses, Diego Montoya le puso precio a su cabeza y por
eso fue necesario acelerar su extradición. Desde hace dos
meses llegó a Estados Unidos y continuó revelando
detalles que cada vez resultan más escandalosos. "Robayo
nos contó que cuando se planeaban operaciones antinarcóticos
en la sede de la III División en Cali, la información
era filtrada a los hombres de Diego. Habló de muchos casos
en particular en donde se dañaron capturas y operaciones,
especialmente en el Cañón de Garrapatas, en el Norte
del Valle. Nos dijo, además, que todos los movimientos de
los agentes antidrogas que estábamos en esa sede eran delatados
por los miembros del Ejército, dijo a SEMANA un agente de
la DEA que ha entrevistado a 'Guacamayo' varias veces. Esas filtraciones
de información han causado serio malestar en el Departamento
de Justicia de Estados Unidos.
Tanto el agente de la DEA como el del FBI, entrevistados por SEMANA,
confirmaron que 'Guacamayo' no sólo ha aportado información,
sino que además ha suministrado nombres y pruebas contra
oficiales involucrados con la mafia. De igual forma, el ex hombre
fuerte de 'Don Diego' ha contado con lujo de detalles cuáles
son los batallones involucrados en la colaboración con los
grupos mafiosos. Aunque esa información tiene varios meses,
ha cobrado particular importancia para los estadounidenses a raíz
de la masacre de Jamundí. La razón es muy sencilla.
Uno de los batallones que 'Guacamayo' mencionó como 'colaboradores'
es justamente el de Alta Montaña, al mando del coronel Carvajal.
Por todo lo anterior, no sorprende el mensaje de preocupación
entregado por el embajador William Wood al gobierno colombiano.
SEMANA conoció que en círculos de Washington se preguntan
cómo es posible que una unidad del Ejército mate a
sangre fría a un grupo especial de policías, entrenados
y financiados con recursos norteamericanos.
¿Qué pasa en el Ejército?
La espeluznante masacre de Jamundí obliga a pensar que los
vínculos de algunos militares con el narcotráfico
podrían ser más profundos de lo que se piensa. El
poder corruptor de la mafia no tiene límites. En los años
80, Pablo Escobar logró comprar a empresarios, políticos,
deportistas, jueces y hasta a guerrilleros. El cuerpo de Escobar
no se había enfriado en su tumba cuando el Cartel de Cali
ya había infiltrado hasta el tuétano la política
nacional. El clímax de esta perversa alianza fue el ingreso
de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial
de Ernesto Samper. Tampoco habían pasado mucho tiempo en
la cárcel los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando
ya el negocio estaba en manos de los capos del norte del Valle.
Al igual que con el paramilitarismo, muchos militares ven a los
ejércitos del narcotráfico como un mal menor, y creen,
erróneamente, que la única amenaza de seguridad del
país son las Farc. Esta actitud, más la abierta corrupción
de algunos oficiales, así sean aislados, les ha servido como
patente de corso a bandas criminales. ¿Cuántas fosas
hay en los campos del Norte del Valle por cuenta de estas hordas
salvajes? La mafia ha podido crecer en esta región y armarse
de poderosos ejércitos gracias a que muchos mandos de los
batallones y las brigadas decidieron mirar para otro lado. Como
lo ha señalado esta revista muchas veces, las investigaciones
internas no funcionan porque hacen parte de la cadena de mando.
Como los superiores pagan por los errores de sus subalternos, su
tendencia es tapar las faltas, en lugar de castigarlas ejemplarmente.
Muchos están más preocupados por su propio ascenso
que por ganar la guerra.
En el caso de este batallón, y del coronel Carvajal en particular,
es necesario preguntarse también dónde está
la contrainteligencia y dónde los controles internos. Informes
confidenciales dentro de la institución señalaban
sus posibles vínculos, desde años atrás, con
el narcotráfico. Es más, SEMANA conoció que
la Fiscalía tiene ya uno de esos informes en el que se revela
que el oficial posee una camioneta, para su uso personal, que le
fue regalada por el jefe paramilitar de la Sierra Nevada, Hernán
Giraldo, quien está pedido en extradición y forma
parte del grupo que se acogió al proceso de desmovilización.
Teniendo estos antecedentes tan graves, ¿por qué siguió
en la institución?. ¿Por quién fue protegido?
Las revelaciones de la Fiscalía sobre los hechos de Jamundí
son gravísimas. Un verdadero baldado de agua fría
justo en la semana en que la reelección del presidente Álvaro
Uribe había generado una inocultable euforia. No es el primer
escándalo que afecta a la fuerza pública. Casos como
el de Guaitarilla, Nariño, y el más reciente de las
torturas, todavía están muy frescos. Pero lo de la
semana pasada supera en gravedad a todos esos antecedentes, por
sus repercusiones internacionales y por la atrocidad del crimen.
Las Fuerzas Armadas se encuentran en un momento crucial de la guerra
contra las Farc. Reciben dinero de Estados Unidos, han producido
resultados ampliamente reconocidos y se han constituido en la institución
de mejor imagen en el Estado. Un golpe a la credibilidad no podría
ser más inoportuno.
Por eso, la respuesta del presidente Uribe tuvo aspectos desconcertantes.
El viernes pasado afirmó que "cuando se falla en la
selección, cuando se falla en la vigilancia, cuando en lugar
de ayudar a que la justicia esclarezca los hechos, se contribuye
a ocultarlos, en ese momento, hay que asignar responsabilidad política".
Pero en el mismo discurso descartó cualquier remezón
en la cúpula militar. Una posición incoherente, por
el contraste con otros episodios menores en los que rodaron cabezas
de generales. Existe la tesis de que tumbar oficiales de alto rango
no soluciona nada. Pero no hacerlo en el más vergonzoso de
todos los episodios causa desconcierto.
La situación, esclarecida en forma rápida por el fiscal
Iguarán, necesita medidas de urgencia. Hace tres años
estalló un escándalo en la Policía porque unos
oficiales de Barranquilla les devolvieron un cargamento de coca
a los narcos. La crisis fue de tal magnitud, que se creó
una comisión especial civil, que entregó recomendaciones.
Algo similar ocurrió con el DAS el año pasado, cuando
se supo que estaba infiltrado por los paramilitares, y se creó
una comisión de alto nivel para que propusiera cómo
reorientar la dependencia.
Este debería ser el momento para hacerle una radiografía
profunda al Ejército. Si se hace caso de los sabios chinos,
que veían en cada crisis una oportunidad, se podría
evitar que se repitan casos como éste, como las torturas
a los soldados, y las ejecuciones extrajudiciales. Episodios aislados,
pero tan graves y numerosos que pueden llegar a afectar la credibilidad
de las Fuerzas Armadas. Y ese es un error que no puede cometer un
país que acaba de reelegir a su Presidente, en un acto histórico,
porque considera que se ha tomado más en serio que sus antecesores
el papel de comandante en jefe. Y que votó por la reelección
con la convicción de que ella será útil para
ganar la guerra.
Los 10 datos clave del fusilamiento.
* 1 Las necropsias. Son 11 en total. Nueve de las
víctimas tienen disparos por la espalda, la mayoría,
en la cabeza y en el abdomen. Por eso, la Fiscalía concluyó
que hubo exceso de fuerza y que el ataque de los soldados se produjo
cuando los policías estaban indefensos.
* 2 No hubo fuego amigo. Los peritos en balística del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) determinaron, según
las trayectorias de los disparos, que desde siete diferentes lugares
se abrió fuego contra los policías, sin que estos
respondieran, por lo que no se presentó combate y menos,
fuego cruzado. A su vez, y gracias al estudio de las armas y las
vainillas recogidas en la escena del crimen, se pudo determinar
que mientras el Ejército disparó en por lo menos
150 oportunidades, la Policía sólo lo hizo 22 veces.
Aún está por definirse si las armas de la Policía
fueron disparadas después de su muerte por miembros del
Batallón para darle fortaleza a la versión del fuego
amigo, según lo comentó la Fiscalía.
* 3 La orden de servicio. Hay dos versiones diferentes para una
misma misión. Según la indagatoria del teniente
Harrison Castro, quien estaba al mando del operativo en Jamundí,
éste salió del Batallón en la noche del domingo
21 de mayo, un día antes de la masacre, con la misión
de evitar un secuestro que harían las Farc en la zona.
El coronel Bayron Carvajal, jefe del teniente Castro, dijo, por
su parte, que el grupo salió el sábado 20 de mayo
y su objetivo era cuidar las torres de interconexión eléctrica
que están ubicadas a escasos 50 metros detrás de
la parcelación La Cristalina.
* 4 La hora exacta. Para la Fiscalía, la versión
del teniente Castro, tomada en la misma noche de la masacre, tiene
un grave problema porque da tres horas distintas para situar los
hechos. Primero dijo que fue a las 6:05 de la tarde; luego, que
a las 5:50 de la tarde, y por último, manifestó
que todo había sucedido a las 6:20 de la tarde.
* 5 La distancia de los tiros. El fiscal desvirtuó la mayoría
de las versiones de los soldados, quienes afirmaron estar ubicados
a unos 80 ó 100 metros de los hombres de la Dijín,
pues para lograr impactos tan certeros y en lugares mortales,
la cabeza, el pecho, se requiere una distancia menor. Además,
el teniente Castro reconoció haber lanzado seis de las
siete granadas que impactaron a los policías.
* 6 Tiro de gracia al informante. Los peritos del CTI encontraron
rastros de pólvora en el pasamontañas con que se
cubría la cabeza el informante. Esto les permite asegurar
que le dispararon a una distancia menor de tres metros entre el
cañón del arma y su cabeza. La Fiscalía cree
que fue rematado porque sólo estaba herido en el abdomen.
* 7 Dos versiones de una cita médica. La Fiscalía
encontró otra disparidad entre las versiones que entregó
el coronel Carvajal la noche del crimen y sus propias declaraciones
entregadas a la prensa a día siguiente. En las primeras
dijo que se encontraba a punto de ingresar a una consulta médica
en el dispensario de la Tercera Brigada del Ejército de
Cali, pero a la prensa le dijo que estaba en una cita con la doctora
María Helena Hernández, especialista en acupuntura,
quien tiene consultorio en el sur de la ciudad.
* 8 El arma y la ubicación del sargento. En la versión
que dio a los investigadores, el sargento Jaime Montenegro negó
rotundamente que hubiera disparado su pistola nueve milímetros.
Dijo, además, que se había ubicado lejos de la escena
del crimen, supuestamente encargado por el teniente Castro de
asegurar el perímetro. Sin embargo, los peritos del CTI
descubrieron que su arma fue disparada en nueve oportunidades.
* 9 La emboscada. Gracias a la interceptación de las llamadas
y los mensajes de texto de los celulares de los soldados, la Fiscalía
estableció que el coronel, el teniente y el sargento Jaime
Montenegro organizaron, desde la noche anterior, la emboscada
que terminó con la vida de 10 policías y un civil.
* 10 Mensajes. El Fiscal también reveló que en el
momento de tomar las versiones de los soldados la noche del crimen,
ellos intercambiaron mensajes de texto tratando de cuadrar una
misma versión de los hechos. Esto por si solo es tan grave
como el mismo crimen, ya que pone de manifiesto la intención
de obstruir la aplicación de justicia.
[Fuente: La Semana, Bogotá, Col, 04jun06]
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