La primera: Uribe a la CPI. Por amparar  e inducir crímenes contra San José Apartadó.

Como las instituciones colombianas se niegan a investigar los crímenes en San José Apartadó, Uribe va a la Corte Penal Internacional.

Impunidad consciente y desafiante en el Nuevo Congreso

En el día 17 de agosto de 2010, la Plenaria de la Cámara de Representantes votó por mayoría el ARCHIVO del expediente 1712 de su Comisión de Acusaciones, en el cual se investigaba al ex Presidente Álvaro Uribe Vélez por Injuria y Calumnia contra nuestra Comunidad de Paz. La bancada del Polo Democrático Alternativo, en la misma plenaria, dejó constancia de su repudio a dicha decisión, pues el archivo fue votado sin que se hubiera dado investigación alguna de los delitos denunciados, a la vez que anunció que el expediente será remitido, debidamente certificado por la Secretaría del Congreso, a la Corte Penal Internacional.

El ex Presidente Uribe había incurrido en injuria y calumnia contra nuestra Comunidad

en dos intervenciones públicas, la primera el 27 de mayo de 2004 y la segunda y más grave el 20 de marzo de 2005. En esta última nos acusó de “ *obstruir la justicia; de rechazar la fuerza pública; de prohibir el comercio de artículos lícitos; de coartar la libertad de los ciudadanos residentes en la comunidad y de auxiliar, a través de nuestros líderes, patrocinadores y defensores, a las FARC* “. Para formular tales acusaciones se valió de testigos falsos que le preparó la Brigada XVII, como lo ha hecho infinidad de veces, y además tergiversó perversamente acciones positivas de nuestra Comunidad que miraban a salvaguardar valores esenciales de la Constitución Nacional, tales como denunciar la corrupción y podredumbre de la justicia que es el fundamento de la impunidad de centenares de crímenes de lesa humanidad; repudiar la connivencia de la fuerza pública con los paramilitares y su responsabilidad en multitud de crímenes de lesa humanidad; concertar con los comerciantes la no venta de licor, con el fin de evitar que los conflictos concluyeran en desenlaces fatales; establecer controles voluntarios y libres para que se aplicaran de manera eficaz  los principios de una Comunidad de Paz. La Brigada XVII le hizo asumir, además, las declaraciones falsas, obtenidas bajo torturas, chantajes, amenazas y sobornos, de falsos desmovilizados cooptados para destruir nuestra Comunidad de Paz.

Nuestra Comunidad acudió entonces a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único ente constitucional que puede investigar al Jefe del Estado, y en ello nos apoyó y avaló el Procurador General de la Nación. Cuando el 30 de abril de 2008, la Comisión ordenó el archivo del expediente, nuestra Comunidad apeló tal decisión y el 3 e diciembre de 2008 se nos comunicó que la Comisión de Acusaciones aceptaba el recurso de apelación “*para ante la Plenaria de la Cámara*”. Desde el comienzo nos sirvió de fundamento jurídico en esta acusación la Sentencia T-1191 de 2004 de la Corte Constitucional, la cual demuestra con extraordinaria claridad que al Presidente le está vedado hacer ese tipo de afirmaciones públicas y que por ello debe responder penalmente, disciplinariamente, políticamente y ante organismos internacionales. Si bien el Presidente Uribe se abstuvo desde entonces de repetir las calumnias, se valió de otros funcionarios y medios de comunicación masivos para que su iniciada campaña de difamación tuviera continuidad. Así, el Vicepresidente Francisco Santos, los diarios antioqueños El Colombiano y El Mundo, las emisoras radiales de Urabá y del Ejército, columnistas de su confianza, ex militares y ex ministros suyos se convirtieron en repetidores de sus calumnias. Las tropas oficiales han invocado siempre lo esencial de esas calumnias para justificar sus masacres, ejecuciones, desapariciones, torturas, desplazamientos, bombardeos indiscriminados, abusos sexuales, saqueos, pillajes, asaltos a mano armada, amenazas y anuncios de exterminio de nuestra Comunidad.

La decisión de la Plenaria de la Cámara de Representantes  nos deja perplejos, pues nos muestra que este nuevo Congreso continúa por la vía de la corrupción y de la impunidad. La podredumbre de nuestras instituciones queda patentada a plena luz.

Al Igual que la bancada del Polo Democrático Alternativa, nuestra Comunidad presentará también el caso ante la Corte Penal Internacional, pues queda demostrada la falta de voluntad del Estado colombiano para hacer justicia.

Pedimos a todas las personas en el mundo que nos han apoyado en nuestra búsqueda de justicia, manifestar explícitamente su repudio a esta decisión de la Cámara de Representantes de Colombia, que asume impúdicamente tan desvergonzados avales al delito.


Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 18 de 2010