Intervención en el Pleno del Ayto de Siero, de una representante del Colectivo de Refugiadas Colombianas en Asturias:

(posteriormente los Concejales aprobaron una Moción)

Colombia padece un álgido conflicto económico, social, político y militar con más de medio siglo de evolución, siendo hoy nuestro país el que presenta la crisis de los derechos humanos más grave del hemisferio occidental..

Cada año se registran 22 mil homicidios de los cuales cerca de 3 mil obedecen a móviles políticos. El 90% de estos crímenes quedan en la impunidad y en gran mayoría son cometidos por los grupos paramilitares creados al amparo de leyes ambiguas, con la asesoría de la Escuela de Guerra de las Américas y financiación de los latifundistas, banqueros, empresarios, algunas multinacionales y los capos de los carteles del narcotráfico.

Nuestro país tiene por estos días 2,5 millones de personas que son refugiados internos (datos del gobierno pues CODHES afirma que pasan de 4 millones) siendo hoy por hoy Colombia el país del mundo con más refugiados después de Sudán. Se trata de familias campesinas y poblados completos que han sido desplazados por la violencia de los grupos paramilitares quienes además se apropiaron hasta ahora de unas tres millones de hectáreas de tierra de los campesinos y pueblos indígenas.

Las políticas gubernamentales centradas en la penalización de la protesta social y el señalamiento a los sindicalistas convirtieron a Colombia es en el país del mundo más peligroso para ejercer la actividad sindical. En los tres años transcurridos de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 306 sindicalistas; durante los primeros nueve meses del 2005 son 38 los sindicalistas asesinados, el último el Sr. LUCIANO ROMERO MOLINA quien participó de varias actividades sociales y culturales en el Ayuntamiento de Siero mientras se refugiaba por seis meses de las amenazas de muerte.

En Colombia está siendo destruido el Estado Social de Derecho contemplado en la Constitución Política de 1991. Las libertades básicas de los ciudadanos han sido recortadas particularmente las libertades de asociación, movilización, expresión. Esto es posible mediante una legislación en teoría destinada a incrementar la seguridad nacional y a luchar contra el terrorismo, peo en la práctica se ha convertido en una legislación que permite graves violaciones de los derechos humanos: otorgó amplias facultades a la fuerza publica para el control de la población civil garantizándoles la impunidad por atropellos como el cometido contra un joven estudiante al que la policía antidisturbios asesinó a golpes en la ciudad de Cali hace pocos días durante una manifestación contra el Area de Libre Comercio de las Américas. La legislación antiterrorista estableció un estado de excepción que suspende gran parte de las libertades básicas de las personas e impuso la autoridad militar sobre la civil en amplias regiones, además de que involucró a la población civil en el conflicto armado.

En estos momentos pasa de 7 mil el número de presos políticos entre líderes sindicales, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, líderes cívicos. Hay regiones enteras habitadas por campesinos a quienes la fuerza pública impide toda movilidad y el ingreso de alimentos y medicinas.

El gobierno de Álvaro Uribe reacio a una salida política, negociada del conflicto, optó por aplicar un plan de guerra financiado y asesorado por el gobierno de EUA. Las consecuencias las está pagando la población civil con elevadas cifras de personas asesinadas, bombardeos, bloqueos de alimentos y medicinas a zonas campesinas.

Los principales responsables de las violaciones masivas, sistemáticas de los derechos humanos son los grupos paramilitares según registra el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con sede en Bogotá. Sin embargo estos grupos gozan desde junio/05 de un amparo que ha sido llamada como “Ley de Justicia y Paz” por la cual estas estructuras se legalizan y sus efectivos entran a formar parte de empresas de vigilancia privada, cuerpos de seguridad del Estado, incluso programas de protección de bosques, sin que hayan confesado sus crímenes, sin que hayan pagado por ellos, sin que hayan devuelto los bienes usurpados.

Es una ley de perdón y olvido que no garantiza los derechos universales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Por lo anterior expuesto y al tiempo que agradecemos la solidaridad recibida de las autoridades de Siero, de grupos políticos y sus organizaciones sociales, proponemos además que el Excmo. Ayuntamiento de Siero:

1. Exprese ante el gobierno colombiano su repudio por el crimen atroz del Sr. LUCIANO ROMERO MOLINA y exija la investigación, castigo y reparación; exprese su solidaridad a su familia y al sindicato SINALTRAINAL-CUT del que era dirigente.

2. Exprese su preocupación por los altos niveles de impunidad ahora reforzados con la Ley de Justicia y Paz la cual debe ser revocada como lo están pidiendo las organizaciones sociales de Colombia por no garantizar a las víctimas los derechos a verdad, justicia y reparación.

3. Señale que Colombia por la crisis de los derechos humanos que sufre será para este Ayuntamiento un país de especial atención en cuanto a cooperación, solidaridad y acompañamiento.

4. Inste al gobierno de Colombia a cumplir las recomendaciones de la ONU para la protección eficaz de los derechos humanos; deponga la escalada de la guerra y abra espacios reales de diálogo con la insurgencia y con los movimientos sociales para que se posibilite el intercambio humanitario de prisioneros de guerra y una salida política negociada al conflicto social y armado.

Gracias-.