Elementos.

1-. Colombia padece un largo conflicto económico, social, político y militar que está desangrando al país el cual presenta la crisis de los derechos humanos más grave del hemisferio occidental.

Cada año se registran 22 mil homicidios de los cuales cerca de 3 mil obedecen a móviles políticos. El 90% de estos crímenes quedan en la impunidad.

Colombia tiene más de 2,5 millones de personas que son refugiados internos pues han sido desplazados por la violencia de los grupos paramilitares quienes han usurpado unas tres millones de hectáreas de tierra de los campesinos y pueblos indígenas.

Además Colombia es hoy el país del mundo más peligroso para ejercer la actividad sindical. En los tres años transcurridos de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez han sido asesinados 306 sindicalistas; durante los primeros nueve meses del 2005 son 38 los sindicalistas asesinados, el último el Sr. LUCIANO ROMERO MOLINA quien participó de varias actividades sociales y culturales en el Ayuntamiento de Siero mientras se refugiaba por seis meses de las amenazas de muerte.

2-. En Colombia está siendo destruido el Estado Social de Derecho contemplado en la Constitución Política de 1991. Las libertades básicas de los ciudadanos han sido recortadas particularmente las libertades de asociación, movilización, expresión, y desde el gobierno se promueve convertir en delito la movilización y la legítima protesta social de la población organizada. En estos momentos pasa de 7 mil el número de presos políticos entre líderes sindicales, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, líderes cívicos. Hay regiones enteras habitadas por campesinos a quienes la fuerza pública impide toda movilidad y el ingreso de alimentos y medicinas.

3-. El gobierno de Álvaro Uribe optó por un Plan de guerra financiado y asesorado por le gobierno de EUA; en este escalamiento del conflicto la peor parte la está llevando la población civil, violándose las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, y cerrando las posibilidades de una solución política, negociada, del conflicto.

4-. Los principales responsables de las violaciones masivas, sistemáticas de los derechos humanos son los grupos paramilitares según registra el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con sede en Bogotá. Sin embargo estos grupos gozan desde junio/05 de un amparo que ha sido llamada como “Ley de Justicia y Paz” por la cual estas estructuras se legalizan y sus efectivos entran a formar parte de empresas de vigilancia privada, cuerpos de seguridad del Estado, incluso programas de protección de bosques, sin que hayan confesado sus crímenes, sin que hayan pagado por ellos, sin que hayan devuelto los bienes usurpados.

Es una ley de perdón y olvido que no garantiza los derechos universales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

5- En razón de esta situación Asturias mantiene desde el año 2001 un programa de acogida temporal a defensores de ddhh, con la colaboración del departamento de ddhh del Ministerio de Exteriores, y recientemente las personas acogidas al mismo fueron recibidas en el Consejo Local de Solidaridad, adscrito como órgano e participación ciudadana del Ayto de Siero, derivándose de la entrevista algunos compromisos de acompañamiento desde Siero.

Pronunciamiento.

En base a lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Siero expresa:

1. Su repudio por el crimen atroz del Sr. LUCIANO ROMERO MOLINA y exije la investigación, castigo y reparación; traslada su solidaridad a su familia y al sindicato SINALTRAINAL-CUT del que era dirigente.

2. Su preocupación por los altos niveles de impunidad ahora reforzados con la Ley de Justicia y Paz la cual debe ser revocada como lo están pidiendo las organizaciones sociales de Colombia por no garantizar a las víctimas los derechos a verdad, justicia y reparación.

3. Que Colombia por la crisis de los derechos humanos que sufre será para este Ayuntamiento un país de especial atención en cuanto a cooperación, solidaridad y acompañamiento.

4.Insta al gobierno de Colombia a deponer la escalada de la guerra y para que abra espacios reales de diálogo con la insurgencia y con los movimientos sociales para que se posibilite el intercambio humanitario de prisioneros de guerra y una salida política negociada al conflicto social y armado.

Copias a: Embajada de Colombia en España.
Alta Comisionada para los DDHH de la ONU.
Familia de Luciano Romero.
Sindicato de la alimentación, SINALTRAINAL-CUT Colombia.