| Recolonicazión
Juan
Torres López
Temas para el Debate
La compra por la compañía española Telefónica
de O2, la segunda mayor empresa de telefonía móvil
del Reino Unido y sexta de Europa, ha vuelto a poner de actualidad
la pujanza y papel que están desempeñando en el mundo
las grandes empresas españolas.
Se silencia, sin embargo, que los recursos necesarios para esa y
otras adquisiciones, hasta ahora sobre todo en América Latina,
provienen de sus cuantiosos beneficios. Estos beneficios de Telefónica
tienen su origen en la precarización del trabajo, en la pérdida
de derechos laborales, en la peor calidad del servicio y en las
tarifas cada vez más elevadas que cobra a los clientes. Para
saber de dónde proceden nada mejor que comparar la factura
que hoy día pagamos los españoles y el servicio que
recibimos. Sólo la tarifa mensual por establecimiento de
la línea ha crecido un 80% desde que la compañía
se privatizó por completo, un crecimiento mucho más
alto que el general de los precios en ese periodo.
Con el apoyo del gobierno de Aznar, las grandes empresas españolas
protagonizaron una expansión sin precedentes en América
Latina. La rentabilidad de sus inversiones ha sido tan elevada que
hoy día obtienen allí entre el 30 y el 50% de sus
elevadísimos beneficios totales. Y su importancia en la economía
latinoamericana ha crecido al mismo ritmo.
William Chislett señalaba esto último con toda claridad
en un informe reciente (La Inversión Española Directa
en América Latina: Retos y Oportunidades, Real Instituto
Elcano, 2002): "Repsol YPF es el principal productor privado
de petróleo y gas de la región; Endesa es el líder
multinacional del sector privado eléctrico de América
Latina; Dragados es el líder entre las concesionarias de
infraestructuras de ransporte; Santander Central Hispano, que tiene
la principal franquicia financiera en la zona en términos
de beneficio neto atribuido, junto con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
acumulan más del 23% de los depósitos bancarios en
el conjunto de América Latina, y más del 40% de los
fondos de pensiones".
La mayoría de las empresas españolas
comenzaron a instalarse allí en la década de los noventa,
cuando el Fondo Monetario Internacional obligó a todos los
países de la región a abrir sus fronteras, a liberalizar
los mercados y a privatizar sus empresas públicas. Casi todas
nuestras empresas aparecieron entonces como auténticas "aves
de rapiña", por utilizar el título del libro
de Jesús Mota ("Aves de rapiña". Editorial
Temas de Hoy 2001) y de la mano de los gobernantes más corruptos
de los últimos decenios.
Convendría no olvidar que los anfitriones de quienes ahora
se quieren mostrar al mundo como adalides de la economía
de mercado fueron personajes como Pinochet, inicialmente, Carlos
Menem (que alivió primero las cargas de YPF con dinero público
para después vendérsela e Repsol, según una
comisión independiente, por un 10% de su valor), o Samper,
que dos días antes de dejar el cargo firmó el decreto
de concesión a Unión Fenosa. Casi ni uno solo de gobernantes
que en nombre del mercado y el liberalismo beneficiaron a nuestras
grandes empresas se ha visto libre de acusaciones de corrupción
o robos de todo tipo.
Para conseguir las concesiones y asentar sus privilegios nuestras
empresas tampoco han dudado en llevar a cabo actuaciones verdaderamente
deleznables. Aministía Internacional, que tiene fama bien
ganada de objetividad y rigor en sus denuncias ha señalado
que Repsol financió a grupos terroristas paramililtares en
Colombia, y otros organismos han denunciado reiteradamente sus destrozos
ambientales que ya seguramente no tengan solución. Varios
de los dirigentes sindicales que se oponían y el abogado
colombiano que investigaba la corrupción entorno a la concesión
que se le concedió a Unión Fenosa murieron asesinados;
y se cuentan por miles los indígenas que han sido desplazados,
lo que muchas veces equivale a su muerte segura a plazo fijo, para
que nuestras empresas se instalaran en sus territorios.
Los efectos de este tipo de presencia empresarial española
en América Latina son muy variados y negativos. En primer
lugar, ha producido una gran dependencia porque se ha llevado a
cabo en sectores claves, de modo que ha dado lugar a que los gobiernos
y las naciones en general hayan perdido soberanía y la legítima
e imprescindible capacidad para decidir sobre sus intereses. El
50% del sector energético de Colombia está en manos
españolas y el Presidente Kirchner ha llegado a calificar
de "extorsión" el comportamiento en su país
de Repsol, que llegó a provocar artificialmente desabastecimiento
para lograr que subieran los precios.
En segundo lugar, no ha sido casual que los enormes beneficios que
estas empresas han generado se hayan producido justamente en la
época en la que la pobreza y la desigualdad aumentan como
nunca en todo el continente. ¿Cómo no va a ocurrir
eso cuando se calculó, por ejemplo, que el coste de cada
barril de petróleo que Repsol obtuvo en Bolivia en 2003 fue
de 0,40 dólares, mientras que su precio en el mercado mundial
era de más de 25 dólares y pagando un impuesto del
18%? ¿O cuando esa misma empresa declaró pérdidas
en Ecuador para no pagar ni un dólar de impuesto el mismo
año en que era la empresa española que más
beneficios obtuvo?
En tercer lugar, resulta que la presencia de nuestras multinacionales
ha llevado consigo una cuantiosa pérdida de empleo y su gran
precarización, no sólo en América Latina sino
en nuestro propio país. ¿Quién puede creer
de verdad que es mejor para la sociedad que Telefónica se
dedique a ir comprando compañías por medio mundo dando
aquí un peor servicio, más caro y destruyendo empleo
como en España, donde ha despedido a unos 40.000 trabajadores?
Finalmente, resulta que la calidad de los servicios que prestan
estas empresas es peor, cuando no dejan de prestarlo. La liberalización
de servicios básicos como la luz o el agua está dejando
sin ellos a millones de personas, y la privatización de las
pensiones redistribuye la rentabilidad del horro y la seguridad
a las clases pudientes y a las instituciones financieras. El Latinobarómetro
de 2003 señalaba que "el 77 por ciento de los entrevistados
afirma que estaba más satisfecho de los servicios que ofrecían
las empresas privatizadas antes de que pasaran a manos hispanas"
(El País, 7 noviembre de 2003).
No es raro que en América Latina se hable por todas estas
razones de una "novísima reconquista" española
bajo el gobierno de José María Aznar (Luis Hernández
Navarro, La Jornada, 18 de noviembre de 2003), que puso la política
exterior nacional al servicio de unos pocos, aunque muy poderosos,
intereses empresariales, vinculados a su partido e ideología.
Su gobierno disminuyó la ayuda al desarrollo, liquidó
programas de cooperación científica y técnica
pero se fundió sin reservas con las empresas. Aznar sembró
los lodos de los que ahora salen beneficios de los que los españoles
no deberíamos sentirnos orgullosos.
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Juan Torres López. Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Málaga
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