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rompe con Uribe victimas de la UP
Con la firma de los máximos dirigentes del
Partido Comunista Colombiano, de la Unión Patriotica, de
la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación
Reiniciar se radicó ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA –CIDH- una carta mediante la
cual se da por terminada la etapa denominada de “solución
amistosa” para consensuar los elementos de Verdad, Justicia
y Reparación frente al Genocidio de la UP por el cual el
Estado colombiano está demandado ante la CIDH. Es el caso
por asesinatos colectivos por razones políticas más
importante que se adelanta ante la Comisión Interamericana.
 
fotos: acto de solidaridad Unión
Patriótica en Xixón abril 2006, con Amparo Carmona,
hermana de concejal de la UP asesinado, y Jaime Cedano, representante
de la UP en las negociaciones con Uribe.
La demanda contra el Estado colombiano por el Genocidio
de la UP fue instaurada en el año de 1993. Fue aceptada en
1997 y en el año 2000 se inició la etapa formal de
búsqueda de la solución amistosa. Para el desarrollo
de esta etapa se constituyó por las partes un Grupo de Trabajo
que estaba desarrollando las discusiones metodologicas para definir
los criterios y elementos de Verdad, Justicia y Reparación.
En este Grupo de Trabajo participaban por parte del Estado colombiano
la Cancillería, Vicepresidencia, Fiscalía, Procuraduría,
y la Defensoría del pueblo. Por parte de las víctimas
participaban delegados del PCC, de la UP y de las organizaciones
peticionarias ante la CIDH, la Comisión Colombiana de Juristas
y Reiniciar.
Las razones del rompimiento son la continuidad de los asesinatos,
desapariciones, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias y desplazamiento
forzado contra los sobrevivientes de la UP y militantes del PCC.
Además del reiterado incumplimiento del Estado frente a compromisos
asumidos ante el Grupo de Trabajo y ante la propia Comisión
Interamericana.
El proceso de búsqueda de una “solución amistosa”
se hizo insostenible cuando en el marco del reciente debate electoral
la campaña de Uribe emitió por radio y televisión
una propaganda que sindicaba de asesinos a las victimas del genocidio
de la UP, entre quienes se encuentran dos candidatos presidenciales,
parlamentarios, concejales, alcaldes, líderes sindicales,
estudiantiles, campesinos, comunitarios e indígenas. Cerca
de cinco mil militantes muertos en un genocidio que aún no
termina. Más de 130 militantes comunistas han sido asesinados
durante el gobierno de Uribe, centenares obligados al desplazamiento
y decenas de militantes arbitrariamente encarcelados en amañados
procesos judiciales.
El gobierno no respondió a los reclamos de los familiares
de los victimas, ni del PCC, ni un emplazamiento público
realizado por las organizaciones peticionarias de la demanda. Al
contrario, el presidente-candidato desarrolló la campaña
electoral más anticomunista de toda la historia de los procesos
electorales del país.
Y mientras que las victimas del Genocidio y los militantes del PCC
son objeto de persecución e infames ofensas por parte del
Uribismo y del Estado, los grupos paramilitares, criminal punta
de lanza de la persecución contra la UP, el PCC y todo el
movimiento popular colombiano, son tratados como héroes,
recibidos con honores en el Congreso y rodeados de impunidad, protección
e inimaginables prebendas.
Dirigentes del PC han declarado que aunque son partidarios del dialogo
para que el genocidio contra la UP no quede en la impunidad y el
Estado y la clase política dirigente reconozcan su inmensa
culpabilidad y se haga justicia, no podrán adelantar un proceso
de dialogo en medio de la continuidad del terrorismo de Estado,
las amenazas, los atentados y las campañas anticomunistas
dirigidas desde la presidencia.
DECLARACIÓN DE
FAMILIA DE VÍCTIMAS
DE LA UP-PCC
Declaración pública
EL INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO COLOMBIANO ROMPE LA SOLUCIÓN
AMISTOSA
Declaración de la Coordinación Nacional de Víctimas
y Familiares del genocidio contra la Unión Patriótica,
en relación con el incumplimiento del Gobierno colombiano
frente al proceso de búsqueda de solución amistosa
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso
11.227 - Unión Patriótica)
Hace más de veinte años nuestros compañeros
y familiares tomaron la firme decisión de aportar a la paz
y a la construcción de una democracia real y profunda en
este país. Con esos anhelos confluyeron en el movimiento
político Unión Patriótica, pero fueron víctimas
del asesinato, la desaparición, el desplazamiento y el exilio.
En su memoria, y siguiendo el ejemplo de apostarle a la paz, nosotros
iniciamos el proceso de búsqueda de una solución amistosa
con el Estado colombiano, convencidos de allanar caminos de reconciliación
y cimentar escenarios de tolerancia.
El Gobierno colombiano se vinculó a este proceso reconociendo
públicamente que contra la Unión Patriótica
se ha perpetrado un genocidio que no puede repetirse. Por ello se
comprometió a brindar las garantías a los miembros
y sobrevivientes de la Unión Patriótica y a tomar
medidas para impedir que tales hechos volvieran a ocurrir.
Han pasado cinco años y el Estado colombiano no ha cumplido
con los compromisos asumidos al firmar el acuerdo para la búsqueda
de una solución amistosa. Por el contrario, algunas autoridades
colombianas han emprendido sistemáticamente acciones de persecución
judicial, y otros hostigamientos contra miembros y sobrevivientes
de la Unión Patriótica, sus familiares y militantes.
Esto se une a los constantes señalamientos, fomentados por
el propio Presidente de la República, contra el movimiento
político y sus miembros; estigmatización que ha sido
justamente una de las principales causas que ha incitado la comisión
de tan aberrantes crímenes.
El Estado colombiano tampoco ha brindado las garantías necesarias
para el pleno y libre ejercicio de los derechos de los sobrevivientes
de la Unión Patriótica y de sus familiares, quienes
continúan siendo víctimas de la persecución
y de los hostigamientos. A lo largo del gobierno de Álvaro
Uribe se han registrado 136 asesinatos, 38 desapariciones forzadas
y 28 intentos de homicidio contra los sobrevivientes de la Unión
Patriótica. Esto sin contar los cientos de familias desplazadas,
y las víctimas de montajes judiciales y otro tipo de violaciones
cometidas especialmente en zonas rurales.
Todas esas circunstancias nos llevaron cuestionar, a lo largo del
proceso, la coherencia entre acciones del Gobierno y sus manifestaciones
de voluntad política para avanzar la búsqueda de una
solución amistosa. También evidenciaron la debilidad
de las intenciones del Gobierno en desarticular los dispositivos
y las estructuras que posibilitaron el exterminio. Pese a estos
graves indicios, sostuvimos nuestra apuesta de paz y continuamos
solicitando al Estado colombiano las condiciones para el ejercicio
de los derechos políticos y la protección para las
víctimas. Llenos de esperanza le entregamos todo a este proceso,
para que las inconsistencias del Gobierno y otras dificultades pudieran
ser superadas paulatinamente.
Pero los hechos de la reciente campaña presidencial corroboraron
la ausencia de voluntad del Gobierno colombiano para cumplir los
compromisos adquiridos. Además de los constantes señalamientos
del Presidente Uribe contra los comunistas y líderes de izquierda,
incluyó en su campaña reeleccionista una cuña
publicitaria que lanzaba fuertes acusaciones contra la Unión
Patriótica, y justificaba el exterminio de sus militantes.
Las coordinaciones respaldamos el emplazamiento público que
nuestros representantes, la Corporación Reiniciar y la Comisión
Colombiana de Juristas, hicieron al Presidente para que se pronunciara
sobre el alcance y contenido de la cuña publicitaria, sin
que hasta el momento hayamos recibido alguna respuesta.
Estas manifestaciones públicas se suman a una multiplicidad
de acciones del actual Gobierno que profundizan el genocidio. En
lugar de investigar y sancionar a los responsables, y de reparar
integralmente a las víctimas, el Gobierno se ha empecinado
en justificar el exterminio contra la Unión Patriota y en
evadir la responsabilidad estatal en tales hechos. Los sobrevivientes
continúan siendo asesinados y hostigados de manera sistemática,
pese a la existencia formal de la búsqueda de una solución
amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La cadena de hechos contrarios al sentido y fin de un proceso de
esta naturaleza impone el rompimiento de la solución amistosa.
No guardamos ya ninguna confianza en la voluntad del Gobierno, cuya
palabra y compromiso han perdido toda credibilidad ante nuestros
ojos.
Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del
genocidio contra la Unión Patriótica, y Coordinaciones
Regionales reunidas en Bogotá el 20 de mayo de 2006:
Coordinación Regional de Antioquia
Coordinación Regional de Arauca
Coordinación Regional de Bogotá
Coordinación Regional del Caquetá
Coordinación Regional de Cundinamarca
Coordinación Regional de la Costa Atlántica
Coordinación Regional del Eje Cafetero
Coordinación Regional del Huila
Coordinación Regional del Magdalena Medio
Coordinación Regional del Meta
Coordinación Regional de Santander
Coordinación Regional de Tolima
Coordinación Regional de Tolima en Bogotá
Coordinación Regional de Urabá en Medellín
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