La senadora
Piedad Córdoba dice que:
Señor
ex presidente
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Director Nacional
Partido Liberal Colombiano
Ciudad
Respetado doctor Gaviria:
La honda crisis socio-política que hoy afecta a Colombia
no proviene sólo de la
llamada para-política, aunque hoy ésta sea uno de
sus ejes. La crisis que el país
está viviendo no se limita a la 'parapolítica' ni
al Congreso. Su complejidad no es
un asunto de individuos sino que compromete a numerosos actores
de la vida nacional
y territorial y a estratégicos intereses del Estado, incluyendo
al Ejecutivo.
Esta amplia alianza de fuerzas políticas, empresariales,
latifundistas y
paramilitares se legitimó apelando al discurso militarista
y a la derrota de las
guerrillas, al recibir el apoyo de crecientes sectores de la población
indignados
por la frustración del proceso de paz del Caguán.
Fue también la forma como se
renovaron los intereses particulares en la escena política
colombiana en un marco
clientelista y corrupto.
Al propio tiempo fueron consolidándose estructuras y alianzas
con empresarios y
medios de comunicación que igual o peor daño le han
causado al país con el
financiamiento de esas estructuras criminales, con el ocultamiento
interesado de
la especulación y, en general, con las manipulaciones mediáticas
de la realidad
nacional.
Manipulaciones a través de las cuales se busca nivelar
al pensamiento crítico con
la misma consigna antiterrorista, con que la derecha internacional
califica a los
críticos y a los ejercitantes del disenso público
y para fustigar y desaparecer a
la oposición democrática, violando de manera permanente
la responsabilidad
democrática del comunicador y su función articuladora
de la sociedad.
Esa
es otra forma de eliminación del contradictor, como en la
época del terror nazi. Es el tiempo de los victimarios y
el ocultamiento forzado de las víctimas.
Los intereses que están detrás del genocidio, el desplazamiento
y la desaparición
del campesinado, de los-as líderes sindicales, de las comunidades
indígenas y de
los-as pensadores de la democracia y de la cultura en Colombia,
tienen explicación
en un calculado vaciamiento demográfico necesario para darles
paso a los cultivos
industriales, a los megaproyectos transnacionales y a la apropiación
de las
biomasas y recursos naturales y humanos para colocarlos al servicio
de los nuevos
mercados de la globalización financiera y de la conquista
imperial.
Esta realidad les ha permitido a quienes concentran el poder político
y económico
profundizar el modelo de desarrollo neoliberal, con la consiguiente
privatización
de los derechos y de los servicios sociales del Estado, la precarización
del
contrato de trabajo y el explosivo agravamiento de los desequilibrios
sociales.
La crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas
y de los
partidos políticos, la corrupción, la existencia de
niveles alarmantes de
violaciones a los derechos humanos, el incremento de la violencia
política y la
dificultad de lograr una solución negociada al conflicto
armado, están a la orden
del día, sin que se demuestre interés en su resolución.
El relajamiento de la ética pública es el paradigma
que gobierna la sociedad bajo
el actual mandato presidencial.
La soberanía nacional ha sido paulatinamente deteriorada,
en virtud de manejos poco
diplomáticos con la comunidad internacional, especialmente
con nuestros vecinos.
El método de diplomacia policiva de Uribe Vélez
atenta contra la estabilidad de la
región, y sus complicidades con el guerrerismo internacional
están a punto de
provocar una confrontación armada en el hemisferio.
Para el actual Jefe de Estado la doctrina Suárez del "respice
polum" -mirar hacia
la estrella del norte, hacia Estados Unidos- porque, según
la derecha: "el norte
de nuestra política exterior debe estar allá, en esa
poderosa nación, que más que
ninguna otra ejerce atracción respecto de los pueblos de
América", sigue estando
vigente; para Uribe Vélez la comunidad internacional son
los Estados Unidos y nada
más.
Estamos asistiendo al despliegue de un neofascismo. A la vigencia
de un régimen
mafioso que ampara con legalidades de bolsillo a los agentes paramilitares.
Su
proyecto desinstitucionalizador y guerrerista, está dando
al traste con la débil
democracia que aún nos permite respirar.
Un gobierno que se salta los principios básicos del régimen
presupuestal y de la
planeación para generar un asistencialismo coyuntural que
estimula la vigencia de
los problemas estructurales del país.
Tenemos un presidente "de a caballo", uno de los 2.300
colombianos propietarios de
más de 2.000 hectáreas, según el ex rector
de la Universidad Nacional de Colombia,
Marco Palacios. Un presidente con toda la carga de tradicionalismo
que identifica a
esos dueños de hacienda, a los "señores de la
tierra".
Un gobierno que trata de intimidar a los periodistas valientes que
se atreven a
denunciar su corrupción. Un gobierno que utiliza los medios
masivos para desmontar
con "cortinas de humo" o "falsos positivos"
las acusaciones de corrupción que cada
día le explotan en su rostro.
Y que amenaza a los magistrados de una Corte que hoy está
dando ejemplo de
rectitud y de ética.
Un gobierno al que ya le queda prácticamente imposible ocultar
su origen electoral
fraudulento.
Pues no sólo hubo "chocorazo" en su primera elección
por la presión armada de los
"Señores de la guerra", sino –como ya lo
estamos comprobando- en el acto
legislativo de reelección, también hubo compra de
votos parlamentarios para
modificar la Constitución Política. No se trataba
de cualquier "articulito", sino
de la posibilidad de que Uribe fuera reelegido.
Este fue un crimen contra la democracia y contra el Partido Liberal.
Porque los y
las liberales fuimos a los comicios del 2002 y del 2006, con un
candidato
democráticamente seleccionado por la colectividad, tal vez
el más preparado
Estadista y honrado ciudadano de nuestro tiempo, el doctor Horacio
Serpa.
Y nos aproximamos a nuestros compatriotas con un programa avanzado,
a tono con las
transformaciones que está reclamando el mundo y, especialmente,
nuestro hemisferio.
Un
proyecto progresista, incluyente, democrático y humanista
a cabalidad. Los agentes armados y civiles y los ideólogos
del proyecto paramilitar sabían que se aproximaba una revolución
democrática que no le daría tregua a la violencia
crítica, sino que avalaría todos los espacios posibles
para la convivencia pacífica.
Que no estaríamos al servicio de los intereses neoliberales,
sino de la democracia
plena y del progreso social. Que trabajaríamos con el pensamiento
crítico en
función de acertar en el modelo de bienestar colectivo requerido
por un país con
profundas asimetrías.
Los liberales queríamos un país sin desplazados
ni desplazadas, sin torturados ni
torturadas. Una verdadera y legítima seguridad humana. Un
acuerdo político para la
paz y la convivencia.
Un Estado presidido por una ética pública a toda
prueba, que no requiriera de la
enajenación de sus dirigentes por migajas burocráticas,
"para que voten los
proyectos mientras los meten a la cárcel".
No podría ser para menos. El Partido Liberal, en su versión
más progresista, la de
Izquierda democrática fue doblemente objeto de un monstruoso
fraude electoral que
ya figura en los anales de la historia política y que esperamos
no se quedará en
la impunidad.
Un fraude electoral que les permitió llegar a la Casa de
Nariño y al Congreso de
la República a los agentes del paramilitarismo en proporción
que hoy nos
avergüenza ante el mundo.
Pregunto, Señor ex presidente Gaviria y copartidarios,
si es ético, si es
moralmente aceptable que el Partido Liberal continúe apoyando
las iniciativas de
quien ha debilitado la democracia.
Por ello reclamo, como en alguna oportunidad crucial para Colombia
lo definiera
nuestro gran partido: Oposición en toda la línea.
En virtud de lo anterior, solicito la convocatoria de un plenario
del Partido
Liberal Colombiano en el que además del Director Nacional
y la Dirección Alterna
estén presentes la bancada parlamentaria, el Comité
político nacional, el Consejo
Directivo del IPL, los Tribunales de Garantías y Disciplinario,
las Secretarías de
Participación Nacional y quienes hayan desempeñado
en nombre del Partido altas
dignidades del Estado para que tomemos una decisión colectiva
de fondo, sobre los
siguientes asuntos urgentes:
-Oposición en toda la línea al gobierno de Uribe
Vélez
-Apoyo irrestricto a un proceso de Acuerdo Humanitario
-Pleno respaldo a la Corte Suprema de Justicia y a la acción
de la Fiscalía
-Paro legislativo
-Debate en las plazas públicas a la parapolítica
y a la corrupción
-Acuerdo con los partidos y movimientos sociales de la Gran Coalición
democrática
para definir procedimientos frente a la crisis.
-No a los pactos políticos por las cúpulas interpartidistas,
o de aparente Unidad
Nacional, que dejen intacto al Presidente Uribe, reedición
peligrosa de un nuevo
frente nacional que salve AL GOBIERNO DE URIBE y a la parapolítica
y no superen la
crisis hacia una vida democrática de la nación.
Atentamente,
PIEDAD CORDOBA RUIZ
*Senadora de la República
Directora del movimiento liberal
"Poder Ciudadano Siglo XXI"
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