|
Carta
contra la privatización de aguas en Bolivia
Señore/as,
Nos
dirigimos a ustedes profundamente preocupadas por la actitud
asumida por ABENGOA S.A., en la resolución de la demanda
de una indemnización entre 25 y 100 millones de dólares
que le opone al gobierno de Bolivia ante un órgano del
Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de
Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI).
Desde
1996, instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo
condicionaron varios de sus créditos en Bolivia, a la
privatización de la empresa municipal de distribución
de agua de la ciudad de Cochabamba (SEMAPA). Después de un
proceso de convocatoria y de negociación caracterizado por
su falta de transparencia y fiscalización pública
real, se adjudicó la concesión al consorcio “Aguas
del Tunari”, propiedad en 50% de International Water Ltd.
(Bechtel y Edison) y en 25% de ABENGOA S.A. Así, la
empresa recibió una concesión exclusiva en el
transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización del agua potable desde las plantas de
tratamiento o los pozos de agua hasta los usuarios de la
Provincia Cercado de Cochabamba. Queremos repasar aquí
algunos de los términos del contrato mencionado así
como las medidas implementadas por “Aguas del Tunari”,
que llevaron al desencadenamiento de “la Guerra del Agua”
en el año 2000, la represión gubernamental
responsable de la muerte de un joven, de decenas de heridos, y
finalmente a la terminación del acuerdo en abril del mismo
año.
En primer lugar, siguiendo el parámetro
del Banco Mundial de recuperación plena de los costos de
operaciones (“full cost recovery”), el contrato
contemplaba en su inicio un incremento de 35% en las tarifas de
los usuarios, previo a cualquier inversión o mejora del
servicio, lo cual en sí carecía de sentido para la
población. Pero en realidad, se registraron aumentos de
hasta 200% en facturas ajustadas al curso del dólar
americano, lo cual representó una grave pérdida del
poder adquisitivo para miles de hogares cochabambinos de por sí
en condiciones de extrema pobreza. La gente, literalmente se vio
en la situación de elegir entre comer y pagar la factura
de agua. En el mismo sentido, los costos de instalación
del sistema de agua corrieron a cuenta del usuario y podían
elevarse hasta 450 dólares contando el pago del medidor,
el alcantarillado y la conexión de agua.
En
segundo lugar, el acuerdo prohibía el uso de fuentes
alternativas naturales en zonas donde estuviera disponible el
suministro de agua por parte del concesionario. Existía y
existe en la región un sistema de auto-organización
por parte de los ciudadanos, bajo la forma de cooperativas,
asociaciones, comités de agua, etc., sin afán de
lucro y cubriendo hasta 30% de los sistemas de agua. El contrato
no comprendía medida alguna de indemnización para
las inversiones realizadas por pequeñas asociaciones
autónomas con el objetivo de solucionar su problema de
acceso al agua. Tampoco respetaba los antiguos “usos y
costumbres” que las comunidades indígenas han venido
practicando desde tiempos inmemoriales y que han garantizado un
acceso equitativo a este recurso. De esa manera, “Aguas del
Tunari” adquirió un carácter monopólico,
sobre las fuentes de usos comunitario y público, lo cual
le permitió las intolerables alzas de tarifas mencionadas.
Finalmente, siguiendo la lógica empresarial de
maximización de los beneficios y reducción de
costos, el contrato descartaba inversiones que, a pesar de ser
necesarias del punto de vista ambiental, no implicaban una
ganancia para el concesionario (reparación de
infraestructuras preexistentes defectuosas o construcción
de desagües pluviales para prevenir inundaciones).
En
ese contexto de mercantilización de un recurso básico
para la salud y la vida de la población , ¿es acaso
sorprendente la rebelión de amas de casa, estudiantes,
obreros, campesinos, comunidades indígenas enteras y otros
muchos sectores de la población?
Lejos de
constituir “un grupo que manipula a los pequeños
productores rurales y los organiza en torno a acciones violentas
contra un contrato que no les concierne” (carta de Didier
Quint, Director General de International Water LCC, dirigida al
Democracy Center, www.democracyctr.org),
los ciudadanos cochabambinos se articularon en la Coordinadora de
Defensa del Agua y de la Vida, constituyendo un amplio movimiento
multisectorial y horizontal que representa un ejemplo a nivel
mundial en las luchas contra la privatización y los
efectos perversos de la globalización.
Hoy en día,
contrariamente a la predisposición tanto de las otras
compañías socias del consorcio “Aguas del
Tunari” (BECHTEL y EDISON), como de los socios bolivianos A.
Petricevich y S. Doria Medina, su empresa persiste en
obstaculizar una solución negociada con el gobierno
boliviano. A un país agobiado por una injusta deuda
externa de 4’867 millones de dólares que le impide
aspirar al mejoramiento de las condiciones de vida de su
población y le obliga a rematar sus recursos naturales,
ABENGOA S.A. exige el pago de 25 millones de dólares. Al
respecto, parece necesario recordar ciertos datos:
-
La inversión efectiva del consorcio en Cochabamba varía
solamente entre medio millón y dos millones de dólares,
lo cual no tiene proporción con la suma demandada al
gobierno boliviano
- 25 millones de dólares
representan: a) las ganancias de BECHTEL en doce horas, b) un
tercio de los 78 millones previstos para la construcción
de las nuevas oficinas de ABENGOA S.A. en Sevilla , c) en
Bolivia, el pago anual de 3’000 doctores rurales bolivianos
o de 12’000 maestros de escuelas públicas o la
construcción de 125 nuevas conexiones de agua potable.
Por todo lo expuesto, y sosteniendo que el
agua constituye un bien común, un derecho humano y social
que no puede ser considerado como una mercancía, los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil internacional
firmantes, exigimos a ABENGOA S.A. que rectifique de forma
oportuna y retire inmediatamente su demanda de indemnización
al gobierno boliviano ante el CIADI y desista en su voluntad de
empobrecer aún más a Bolivia.
Constituimos una red internacional
que crece de día en día y mantendremos una mirada
preocupada y vigilante sobre la decisión que tomen,
informando a la opinión pública y a los medios de
comunicación al respecto cuando sea
necesario.
Organizaciones firmantes:
Colectivo LLactakaru.
Soldepaz.
Coordinadora del Agua de
Cochabamba.
11 Feb 2005
(déjanos
tu opinión en el foro)
|
