DECLARACIÓN FINAL

Bruselas mayo 6, 7 y 8 de 2005

 

Colombia: Seguridad Democrática o Estado de Terror.

En Colombia el terrorismo de estado a gran escala ha sido una práctica histórica. La conquista por España inicia el genocidio de los indígenas a nombre de la “civilización cristiana”, cuyo exterminio y expropiación continúa en beneficio de las transnacionales. El régimen colonial con su “Santa Inquisición” dejó su huella de represión ligada al oscurantismo y los intereses económicos; el derecho a combatir la injusticia nos presenta la cabeza de Galán en una horqueta y los comuneros traicionados por el alto clero y fusilados. La reconquista española con el “pacificador” Morillo y su ejército, dejó una alta cuota de sangre criolla como precio de la primera gesta independientista. El período semi-colonial británico que no fue ningún modelo civilista, promoviendo numerosas “guerras civiles”. La dominación norteamericana se inicia en Colombia con la masacre de las Bananeras (1928). La segunda mitad del siglo XX que comenzara con el “Bogotazo” (1948) propiciado por la CIA y que en su desarrollo subsiguiente dejara mas de 300.000 muertos para conservatizar el país “a sangre y fuego”. La guerra fría, la política “contra-insurgente”, el “enemigo interior”, el Estatuto de Seguridad, la llamada “Seguridad Democrática” han hecho de este país un modelo de terrorismo de estado a gran escala, eliminando físicamente la oposición, como el caso de la Unión Patriótica, el movimiento sindical, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, ensañándose contra la juventud, los indígenas, el movimiento agrario y hasta con las comunidades de paz.

Un ejemplo reciente de la estrategia contrainsurgente ha sido el Plan Colombia diseñado y aprobado como Ley del Congreso norteamericano de aplicación extraterritorial, y ejecutado inicialmente por el gobierno de Pastrana, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico. La puesta en marcha de este plan presentó el punto de quiebre de los diálogos entre el gobierno y las FARC que se desarrollaron en la llamada “Zona de distensión”. Con la llegada del actual presidente Alvaro Uribe Vélez y ante la evidencia de que el Plan Colombia no había cumplido su objetivo de desarticular las múltiples expresiones de la lucha popular, el gobierno comienza a implementar su doctrina denominada de “Seguridad Democrática”, basada en el modelo norteamericano de la guerra preventiva. La política de “seguridad democrática” constituye una violación sistemática de los derechos políticos, civiles, económicos y culturales que se traducen en el desmonte de las garantías del Estado Social de Derecho. Detenciones masivas, criminalización de la protesta social, asesinatos selectivos, generalización de la tortura, en todas sus formas e implementación de estructuras para-estatales como la Red de Informantes, han significado para los colombianos la pérdida de los derechos y garantías democráticas, así como una continuada ofensiva contra los intereses de los trabajadores. El proyecto mas importante dentro de la política de “seguridad democrática” es el llamado Plan Patriota, que se basa fundamentalmente en la concentración de tropas en áreas determinadas que son estratégicas para la guerra contrainsurgente que lleva a cabo el gobierno colombiano. En su ejecución este plan omite el principio de distinción de combatiente y no combatiente, generando un férreo control al comercio de víveres, combustible y medicinas básicas para la población civil de esas zonas, la detención injustificada de pobladores de la región bajo la acusación de ser auxiliadores de la guerrilla, la desaparición, asesinatos selectivos de dirigentes populares, violentando en todos los casos el debido proceso y el derecho a la defensa técnica.

Sin embargo y, a pesar de que el Pentágono ha incrementado tanto el número de sus tropas como su asistencia logística y de inteligencia, después de un año y medio, este descomunal esfuerzo militar no ha podido presentar a la opinión pública nacional e internacional resultados concretos de la única estrategia militar latinoamericana que, al igual que la desarrollada por los Estados Unidos, se lleva el 4% del Producto Interno Bruto.

Son sintomáticos del terrorismo de Estado la destrucción de las instituciones políticas democráticas de mayor arraigo popular, como la separación de las ramas del poder público, con la sumisión del parlamento y la justicia a los dictados del ejecutivo; la degradación del delito político (rebelión, sedición y asonada) y la eliminación jurídica y física de toda oposición política y movimientos sociales. El terror está dirigido especialmente contra los que se orientan por la transformación de la sociedad en sentido democrático y en la medida en que los movimientos y partidos políticos juegan un papel dinamizador de las reivindicaciones sociales. Nos señalan este rumbo de terrorismo de estado, las muy recientes masacres ejecutadas por las instituciones armadas del estado colombiano en Arauca, San José de Apartadó (Antioquia), Sumapaz (Distrito Capital de Bogotá), y en los Montes de María (Sucre), las extradiciones hacia Estados Unidos de dirigentes de la guerrilla, mientras se protege a confesos asesinos narcotraficantes del paramilitarismo, los atropellos contra la población en la ejecución del llamado “Plan Patriotas”, la multiplicación de detenciones masivas o “pescas milagrosas” contra centenares de inocentes.

Algo muy grave está pasando en un país cuyo 10% de su población ha tenido que abandonar la patria (mas de 4’000.000 de colombianos) y cuyo desplazamiento interno es el mas alto del mundo (en Colombia hay mas de 3’000.000 de desplazados internos). El actual gobierno se niega a reconocer la existencia de un conflicto social y armado, generalizando con descalificaciones de “terroristas y bandidos”; se obstina en la exigencia de una rendición incondicional o simple “reinserción” de la insurgencia; y en contra-vía del clamor nacional e internacional, se opone a un intercambio humanitario de prisioneros; y, por supuesto a una salida política negociada. De otra parte legaliza el paramilitarismo, en el camino de crear una fuerza político-militar que imponga la reelección del actual presidente, mientras se practica también el terrorismo internacional con acciones encubiertas en Venezuela, Ecuador y Costa Rica, a favor de una potencia extranjera, los Estados Unidos de Norteamérica.

La realidad actual colombiana se inscribe dentro de un escenario mundial de la política “antiterrorista” de la derecha internacional que corresponde al modelo neoliberal y a la trasnacionalización de la economía, la cual ha llegado a topes insostenibles. El fracaso de la invasión a Irak ha creado fisuras entre sus ejecutores y la coalición se agrieta como producto de la resistencia interna y de la movilización de la opinión pública progresista internacional. En América Latina se expresa en importantes desarrollos de movimientos alternativos al neoliberalismo, de rescate de la soberanía nacional y de ruptura del tipo de relación de dependencia frente al imperialismo norteamericano; de integración regional y de apertura hacia otros bloques económicos. Al ejemplo indeclinable de independencia y dignidad de Cuba Socialista, por la acción y confrontación de masas, ha seguido el surgimiento gobiernos alternativos a los proyectos norteamericanos como los de Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Panamá y Argentina que, en diversos grados, marcan rumbos anti-neoliberales, de independencia y democracia. Bolivia presenta un cuadro de luchas antiimperialistas agudo; en Ecuador se reagrupan fuerzas sociales y políticas alternativas a la política tradicional pro-norteamericana y a la exigencia de que “se vayan todos!” derrocan al gobierno que traicionara los intereses populares y en Perú el gobierno sufre un aislamiento considerable frente a su pueblo.

Lamentable papel juega el gobierno colombiano, como el mas firme aliado de Bush en el continente, frente al cual actúa valerosamente una resistencia popular con muy variadas expresiones y formas de lucha. La derrota a la política del núcleo de poder oligárquico agresivo en el referéndum, el retiro de la última propuesta de reforma tributaria, la negación del estatuto antiterrorista por la Corte Constitucional, la imposibilidad de imponer una reforma pensional, la crisis de resultados en la cruzada contrainsurgente, la actuación delincuencial de las tropas norteamericanas protegidas por el gobierno de Uribe, el anuncio del retiro sin pena ni gloria de Plan Colombia, las reservas de la opinión pública nacional e internacional sobre la legalización del paramilitarismo, la mostruosa corrupción, las crisis institucionales que tienen su escenario hasta en el estamento militar. De otro lado se operan cambios en la actitud mas unitaria de las fuerzas de izquierda y el movimiento social, que se movilizan en la protesta unida a los avances en la confrontación política con expresiones cada vez mas incluyentes, hasta en el terreno electoral, conforman objetivamente, con la insurgencia armada, el conjunto de la oposición al régimen y al proyecto de la derecha, con posibilidad de disputar en variados escenarios opciones de poder.

Los grupos que trabajan en solidaridad por Colombia desde el exterior del país, pueden jugar un papel importante de sensibilización y movilización de la opinión pública internacional, en torno a la denuncia del carácter terrorista del estado colombiano, búsqueda de una salida política al conflicto social y armado en Colombia, que presupone la disolución de los grupos paramilitares, el juzgamiento, castigo de los crímenes de lesa humanidad y la reparación de las víctimas. Los acuerdos humanitarios y entre ellos, el canje de prisioneros, pueden convertirse en mecanismos para descongelar los distanciamientos, propiciar acciones que vayan creando un clima favorable a la negociación, la cual, para que sea duradera, imprescindiblemente pasará por superar los problemas estructurales generadores de la violencia, como la dependencia externa, el modelo neoliberal, las imposiciones del FMI y la banca mundial, las transnacionales, las reformas sociales e institucionales que conduzcan a un estado que garantice a plenitud los derechos humanos y el bienestar de todos los trabajadores. Las organizaciones de Refugiados, los comités de solidaridad pueden jugar un papel importante en el levantamiento de las reivindicaciones de los emigrantes, en mecanismos para mejorar sus condiciones de vida, en la reclamación de sus derechos, en la defensa de los mismos, en la difusión de la realidad nacional y la promoción de la solidaridad con el desplazamiento, con los prisioneros políticos. Todas estas acciones, para que sean eficaces, requieren un mínimo de coordinación, como la adopción de campañas unificadas, el fortalecimiento orgánico y financiero de las asociaciones y grupos, el acercamiento de los mismos en unidad de acción por uno o varios objetivos aquí propuestos.

Aprobada por unanimidad por los delegados de: Francia, Alemania, Austria, España, Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Bélgica y Colombia.

12 de mayo de 2005