Director del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia.

Entre el 9 y el 12 de mayo de 2005 visitó Asturias el dirigente sindical colombiano Domingo Tovar.

Es habitual en sus giras por Europa que Tovar visite a Asturias, unas veces en el marco de las actividades del Programa Asturiano de Derechos Humanos y siempre con las inquietudes del movimiento sindical en relación con la crisis humanitaria de Colombia.

Esta vez nos transmitió:

La importancia que Estados Unidos da la ubicación geoestratégica de Colombia dentro de sus maniobras para controlar toda la América del Sur.

La inexistencia del estado social y democrático de derecho del que habla la Constitución Política y el afianzamiento de un “estado comunitario” donde priman los intereses de las multinacionales y los Estados Unidos; donde la población no tiene garantizados los derechos y libertades básicas y la gobernabilidad está dada por la represión de la oposición social y no por la legitimidad institucional.

En el conflicto interno con más de 50 años de duración la principal víctima es la población civil, la oposición social, y el principal responsable es el estado y las castas gobernantes, acostumbrados a usar la violencia oficial y paramilitar para hacer riquezas y para defender sus privilegios.

Cada año se registran entre 20 y 30 mil homicidios de los cuales cerca del 15% tienen claras motivaciones políticas.

El gobierno de Alvaro Uribe Vélez aplica una política para escalar la guerra destinando a este fin cerca de ¡¡¡ 15 millones de dólares diarios !!! mientras ha cerrado 18 de los hospitales públicos más importantes del país y muchas escuelas dentro del recorte general de derechos sociales y culturales de la población. La guerra y la “seguridad democrática” acaban con los avances logrados tras décadas de lucha por garantías sociales.

Los resultados de la política de guerra de Uribe Vélez son patéticos: crecimiento de los grupos paramilitares y de las violaciones de los derechos humanos contra la población civil, crecimiento dramático de la pobreza y la miseria, conversión de Bogotá y otras ciudades en los campos de refugiados más grandes de las Américas.

Estados Unidos quiere detener la integración económica de los países andinos y amazónicos y el alza de los movimientos sociales en América del Sur, particularmente en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y tiene un gran problema en Colombia donde el movimiento popular resiste a la guerra sucia y a las imposiciones para establecer el Area de Libre Comercio, ALCA.

Y hay empresas como Coca Cola que deben 16 obreros asesinados y empresas españolas que también violan derechos humanos como Aguas de Barcelona con sus tarifas abusivas en la región Caribe, FENOSA que arruinó el territorio del pueblo indígena Embera katío, Repsol que amenaza con exterminar al pueblo U´wa con la explotación de petróleo en su territorio ancestral.

La enorme mayoría de crímenes cometidos por los paramilitares y por el propio estado quedan en la impunidad, pero además el gobierno de Uribe promueve una ley de perdón y olvido para tales grupos sin garantizar la desmovilización y el desarme de tales escuadrones de la muerte, sin que las víctimas tengan reconocidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación por lo que las organizaciones colombianas han decidido llevar miles de casos ante la Corte Penal Internacional.

La izquierda y sectores democráticos de la vida política colombiana vienen avanzando en la construcción de un movimiento político que detenga al autoritarismo oficial y al terror.

Es necesario presionar una salida política negociada al conflicto y un acuerdo humanitario que incluya el respeto a la población civil, el intercambio de prisioneros, la claridad sobre la suerte de miles de desaparecidos.

De no concretarse una salida política al conflicto social y militar es previsible que al pueblo de Colombia le vengan días peores pues no es posible la victoria militar de alguna de las dos partes enfrentadas, en cambio y con el escalamiento de la guerra y el empeoramiento de las condiciones de vida de las gentes es posible un estallido social que sería objeto de enorme represión.

Frente a este panorama Tovar renueva el llamado a que los pueblos de España y de Europa se movilicen solidariamente contra la guerra en Colombia y por una solución política de su largo conflicto.

13 de mayo de 2005