Este mes el índice de precios de las acciones en la Bolsa de valores de Colombia superó los 5700 puntos. Un récord histórico, sí, pero además una cifra impensable, que significa un alza del 800 % a partir de la crisis pasada, en 6 años; alza del 600 % en 5 años y del ciento por ciento en apenas un año.

Semejante bonanza bursátil no concuerda con el moderado crecimiento productivo. El producto nacional creció apenas 3 por ciento en los últimos doce meses y 4 por ciento anual en los últimos tres años. Esto significa que aunque las alzas de los precios de las acciones superan a las de todos los países de América latina (y del mundo,) el crecimiento de la producción es inferior al de Latinoamérica y en el último año, al de casi todos los países latinoamericanos. Aunque el crecimiento industrial llegó al 7 % anual en el 2003, en el primer trimestre del 2005 se frenó por las importaciones de calzado y textiles.

A pesar de la reducción en la producción de cuero, calzado (-6,7%) y textiles y del incremento de importaciones de bebidas, tabaco y confecciones como resultado de la revaluación del peso, la Asociación Nacional de Industriales ANDI sostiene que en conjunto la industria (no en el conjunto de la producción) ha crecido un 8 por ciento durante el 2005, al contrario de lo que sostiene el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, que estableció una reducción de la producción industrial en marzo. Pero, aun si es cierto el dato de la ANDI -cuyos socios se han beneficiado de la sobrevaloración de las acciones, no hay proporción entre el crecimiento productivo y el la extrema alza de los precios de las acciones en la Bolsa, ni en el 2005 (la relación sería 10 a 1) ni en los últimos 5 años.

Está claro que el auge en la Bolsa no coincide con la realidad productiva ¿Qué ha pasado? Hay fenómenos globales y generales. La recuperación de la economía mundial al son de la invasión a Iraq, los bajos intereses internacionales y aun más, la bonanza de los países periféricos por la devaluación del dólar y ahora del euro, han incidido en forma clara en Colombia, pero no explican ni la dimensión excepcional del auge bursátil ni su prolongación y exageración durante el último año. Como en otros países dependientes, en Colombia la emisión de títulos de deuda pública (TES) ha sido una de las fuentes del auge. Los gastos militares han sido un componente decisivo. Contra la propia doctrina neoliberal el abultado crecimiento del gasto público (30 por ciento en el último año) ha sido vital en Colombia, donde las autocompras de TES han sido factor fundamental, es decir, las entidades, programas y fondos del Estado compran TES y así se inflan mágicamente los presupuestos oficiales.

La autocompra de títulos de deuda pública, un autopréstamo, es desde luego un juego tan rentable y tan sin futuro como las “pirámides”, que en varias partes del mundo causaron costosas y desastrosas ilusiones que condujeron a terribles bancarrotas, la más sonada la de Albania. Inversiones sin respaldo real que inflan la economía para luego desbaratarla.

Pero aun incluyendo este factor el auge del último año no consigue una explicación completa. Y la venta de la cervecería Bavaria a SAP Miller no es la causa, sino apenas un episodio del auge. Habría que añadir además que el precio del café aumentó después de años de caída y que Colombia aun es pequeño exportador de petróleo. Pero tampoco esto explica todo. Hay que añadir el factor paramilitar. ¿Cómo? Pues el comandante de la Armada, Almirante Mauricio Soto denunció que los paramilitares de las AUC quieren vender a un ritmo acelerado sus depósitos de cocaína, para poder lavar esas utilidades con la ley de “justicia y paz” que acaba de ser aprobada en el Congreso por iniciativa del Gobierno. Inusuales decomisos de varias toneladas de cocaína son entonces una muestra de las cantidades enormes de droga que ha salido del país estos meses a cambio de dólares que lavados vienen a inflar desde el mercado de acciones y de TES, hasta los juegos de azar , pasando por las importaciones subvaluadas de calzado o arroz.

El economista Mauricio Cabrera ha hecho caer en cuenta que hay relación entre el incremento de la revaluación del peso [factor clave para el auge de la Bolsa] y la impunidad que garantiza la nueva ley a los paramilitares y sus operaciones de narcotráfico: “Las promesas que se debieron hacer en las negociaciones, y que culminaron en la ley de ‘justicia y paz’ son la explicación clarísima de por qué estos ‘inversionistas’ recuperaron su confianza en el país y decidieron traer sus ahorritos. Si en otra época los extraditables decían que preferían una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, ahora pueden decir que prefieren sus latifundios y sus millones en Colombia, y una temporada de reposo en Ralito a una cárcel en Estados Unidos, porque obtuvieron la garantía de no extradición a cambio de su apoyo a la campaña de reelección” [de Uribe como Presidente].

Esta impunidad ha sido garantizada mediante sutiles alteraciones conceptuales de la ley uribista aprobada. Por una parte, la definición de víctimas no diferencia entre la población civil y los combatientes, con lo cual se colocan los ataques contra civiles inermes al mismo nivel que los combates. Por otra parte, se tipifica como “sedición” el delito de cometido por los paramilitares, lo cual es consecuencia de la primera distorsión, porque la sedición es un delito cometido contra el Estado y no contra civiles. No es la primera vez en el mundo que se desfigura así el concepto de sedición, por ejemplo el código penal de Chile admite la sedición contra particulares. Pero así lo digan Uribe o Pinochet, la “sedición” contra particulares se llama realmente guerra sucia.

Las víctimas en Colombia han sido las comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombianas y los sindicatos de trabajadores. Los beneficios de los autores materiales y financiadores han sido tierras concentradas en manos de unos pocos especuladores y una nueva legislación que derogó derechos laborales, privatizó la salud y los servicios y eliminó el derecho de la empresa estatal de petróleos al 50 por ciento de toda explotación de hidrocarburos. La ley de impunidad únicamente aumenta hasta en dos años la pena, de quien, habiendo cometido delitos atroces o de lesa humanidad, oculte a quienes está detrás de sus crímenes, o cuando el “sedicioso” no declare la totalidad de los beneficios que obtuvo con su delito; riesgo de pena mínimo por la cual seguramente ocultarán lo esencial de su botín convertido ahora además en acciones y títulos de deuda pública.

Se entiende por qué la ley de “justicia y paz” uribista recibe patente de corso de los gobiernos que impulsaron el Plan Colombia, de quienes han amparado los intereses de los grupos de capital transnacional y sus empresas petroleras, de salud o telecomunicaciones. Al embajador de Estados Unidos, al avalar la ley uribista, únicamente le preocupa recoger el último y más preciado fruto de la guerra sucia contra el movimiento popular: el Tratado de Libre Comercio TLC; y se limita a amenazar a Colombia con “el peor de los mundos”, si no lo firma.

“Dios no castiga ni con palo ni con rejo” dice el refrán popular. Argentina, por ejemplo, ha visto desplomar sus leyes de impunidad, que también tenían patente de corso de las trasnacionales europeas y norteamericanas. La crisis económica cíclica, abrió el espacio a lucha masiva del pueblo, que hizo dar fruto a la resistencia diaria que por años encabezaron las Madres de la Plaza de Mayo. También los Pinochet y Montesinos han pasado de héroes a villanos. Fujimori y Videla ahora en desgracia, al menos pudieron antes decir que habían derrotado a la subversión, cosa que en Colombia no pueden afirmar ni los paramilitares ni Uribe.

Pero por ahora la patente de corso, los dólares, las libras y los euros alcanzan para financiar la campaña de reelección de Uribe y podrían prolongar el auge de la Bolsa hasta el 2006. Fantasía destinada a evaporase en buenos aires.

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5 de agosto de 2005