Rito Alejo del Rìo. General y Paramilitar:
Cómo serán las elecciones del 12 de marzo en
Colombia que uno de los candidatos al Senado, el general retirado
Rito Alejo del Río, va ha tenido hoy, día 10,
a las 10 de la mañana una visita excepcional: una concentración
de repulsa, un ACTO DE INDIGNACIÓN, de señalamiento
a su impunidad, al desparpajo de presentarse a parlamentario,
cuando detrás tiene toda una larga libreta de crímenes
horrendos y sistemáticos.
Desde mediados de los años 90 no ha sido un secreto
para nadie, en la región de Urabá ni en la del
Bajo y Medio Atrato, la estrecha unidad de acción existente
entre las fuerzas armadas del Estado Colombiano y los grupos
paramilitares que actúan bajo las siglas de ACCU o
de AUC.
Esto, para muchas comunidades desprotegidas que habitan en
zonas rurales, en las riberas de los ríos o en barrios
periféricos estigmatizados por sus preferencias políticas,
ha significado un verdadero baño de sangre y la negación
de todos sus derechos.
El cúmulo de asesinatos y masacres, desapariciones
forzadas, torturas, desplazamientos forzados, atentados, bombardeos
indiscriminados, amenazas, extorsiones, actos de violencia
sexual, saqueos, pillaje, bloqueos alimentarios y de transporte….formas
todas de violencia que se han llevado a la práctica
con modalidades de barbarie y de sevicia difíciles
de imaginar y de narrar, son crímenes que desde hace
muchos años están levantando clamores por verdad,
justicia y reparación.
El aporte del general Rito Alejo del Río
a esta estructura de violencia, mientras se desempeñó
como Comandante de la Brigada XVII del Ejército con
sede en Carepa, durante los años 1996 y 1997, es otro
secreto a voces en toda la región.
El General Rito Alejo del Río diseñó
y dirigió la “Operación Génesis”
en febrero de 1997, la cual evidenció, ya sin pudor
alguno, la connivencia militar-paramilitar. Desplazó
a muchos millares de afrodescendientes de las riberas del
Atrato y de sus afluentes e instauró el dominio paramilitar
que hoy se prolonga, escoltando a las empresas madereras,
palmeras y de narcotráfico, que han ido arrebatando
a las comunidades afrocolombianas del Pacífico los
territorios que la Ley 70 les había otorgado.
La ruina moral y la limitación de un aparato de justicia
como el colombiano amparó a este criminal, precluyendo
en 2004 la investigación que muchos grupos de defensa
de DDHH y sobre todo la Comisión Intereclesial de Justicia
y Paz habían peleado.
Y es ahora, con el beneplácito formal de AUV (Álvaro
Uribe Vélez) presidente saliente de Colombia, que más
claramente se refleja la podredumbre de un sistema que ha
entronizado el ascenso de los homicidas y la humillación
de las víctimas.
