FISCALÍA
·
PUERTO TOLEDO (DEPARTAMENTO DEL META). La comunidad denuncia
que por el río Guejar bajaron 10 cadáveres que
fueron recogidos por la misma comunidad y que aún están
pendientes de identificación. Se exige la investigación
de los referidos hechos y una Comision que identifique a als
victimas.
· KANKUAMOS. Denuncian que durante el gobierno del
presidente Uribe, 112 Kankuamos fueron asesinados. Esta comunidad
indígena señala como responsable de los citados
crímenes al grupo paramilitar de “Jorge 40”.
Un 80% de estos casos no han sido siquiera investigados. Así
mismo denuncian que 22 miembros de la comunidad se encuentran
presos, víctimas de diferentes montajes.
· JOSÉ MURILLO. Tras 31 meses sindicado y preso
en la cárcel de La Modelo, aún está pendiente
de juicio.
· COMUNIDAD DEL CASANARE. Esta comunidad denuncia que
hasta el momento, la fiscalía no ha iniciado procedimiento
alguno en orden a la averiguación y esclarecimiento
de la desaparición de más de 60 personas, 91
según datos de la propia defensaduría.
·
CIUDAD BOLÍVAR. Comunidades de la zona denuncian hechos
gravísimos: la muerte de más de 170 jóvenes
en 2005 de edades comprendidas entre los 12 y los 19 años
a manos de los paramilitares con la complicidad de la policía.
Estos crímenes de ciudadanos menores de edad en su
mayoría no han sido investigados.
· HÉCTOR DÍAZ. Empleado de la empresa
ECOPETROL, fue asesinado el día tres de marzo del año
en curso, en presencia de su familia cuando salía de
su casa para dirigirse a su lugar de trabajo. Ante el temor
de que el crimen quede impune, se exige la investigación
de los hechos.
· MARTA GIRALDO. Denuncia el asesinato de su padre,
quién fue ejecutado extrajudicialmente por tropas militares
del Batallón de Alta Montaña nº 3 de Rodrigo
Llorera. Los hechos descritos se sucedieron la pasada semana
en su vivienda, situada en una finca próxima a Chipichapa.
Se denuncian también las diferentes y graves irregularidades
que se sucedieron tras el asesinato: manipulación del
cadáver y la escena del crimen, prohibición
por parte de las autoridades al acceso de los familiares y
abogados al lugar de los hechos hasta 12 horas después
de la perpetración del crimen. (Existe soporte gráfico
de los hechos relatados).
· JHONY SILVA. Estudiante de 5º curso de químicas
de la Universidad del Valle, asesinado en la propia Universidad
el día 22 de septiembre de 2005. La policía
nacional intenta desviar la investigación, inculpando
a los estudiantes y compañeros del joven asesinado;
denuncia además la familia el nombramiento de cinco
fiscales distintos para la investigación del caso en
los seis meses que el proceso lleva abierto.
· ORIVAC. Denuncian la masacre acaecida el 17 de septiembre
de 2001 en Ladrillo y Palmira, cerca de Pradera; una familia
entera es detenida, torturada y posteriormente ejecutada;
incluido un menor de edad. La comunidad responsabiliza al
Bloque Calima de los paramilitares –Alias Roger-, denunciando
la impunidad en que estos crímenes han quedado hasta
la fecha.
· JUAN JOSÉ RAMÍREZ VÉLEZ. Reinsertado
del M19 y establecido en España desde el año
2000, donde goza de la condición de asilado. Es vinculado
por la fiscalía en seis procesos distintos, por delitos
de secuestros masivos, homicidio, hurtos, fuga de presos y
otros; todos ellos cometidos tras su llegada y permanencia
en España. Concretamente está radicado por las
fiscalías de Cali con los números: 19000 364522
364587 364738 390832. También es radicado por la fiscalía
de Pompayan con el número 54262. En el caso de Juan
José, sorprende igualmente que el ejército nacional
ofrezca por su captura, vivo o muerto, una recompensa, al
tiempo que en los últimos años, el mismo ejercito
nacional, anunció en más de una ocasión
su detención.
