"Esta Tierra No se Autoriza para la Venta para
la siembra de Palma."
dice el letrero que el sr. B tiene puesto en su finca, lograda
con 50 años de trabajo y preocupaciones y construcciones,
incluida su numerosa familia..
El letrero quiere confrontar, con determinación y valentía,
la pretensión de las empresas de palma aceitera, de
apropiarse de amplios territorios de comunidades negras, usando
para ello el terror paramilitar, con abundancia de asesinatos
para producir el desplazamiento masivo de los pobladores.
Y a pesar de las denuncias, nacionales e internacionales,
de la presencia de testigos, de brigadistas y de autoridades,
el despojo ha estado avanzando.
Al sr. fiscal general de la nación, y al defensor del
pueblo, se les dejó dicho: 28 familias han decidido
retornar a su territorio robado. Para ello se encontrarán
con que sus tierras han sido ilegalmente sembradas de palma:
tendrán que cortarla para poner sus sembrados de comida.
Quedan advertidas las autoridades: cualquier cosa que les
pase es, OTRA VEZ, responsabilidad del gobierno colombiano.
Y tendrán que convivir (?) con las 10.000 hectáreas,
que Teresita Castaño, hermana de los terribles paramilitares
de ese apellido, tiene en la zona ¿cómo consiguió
ese latifundio? ¿qué respuesta dan las autoridades?
Y se le presetó al sr. fiscal general, el proceso judicial
abierto, en cuya portada dice "Contra las ONG",
y que trata de judicializar a Justicia y Paz, a las Brigadas
Internacionales de Paz, y a Paz Internacional de Canadá...
El fiscal nos dijo que destituiría de inmediato a cualquier
fiscal que se atreviera a judicializar a una organización...Pues
que mire el proceso de número 7-19 en Riosucio-Chocó.
Y si le parece poco que mire los número 20-22 que incluye
54 órdenes de captura a gentes que viven en zonas humanitarias.