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3ª Sesión. Solución Política

Colombia

Entidades sociales españolas y europeas piden una solución política al conflicto social y armado

La ciudad de Oviedo, en Asturias, acogió los días 20 y 21 de octubre un encuentro por el diálogo, la justicia y la paz en Colombia al que asistieron Víctor G. Ricardo, ex Alto Comisionado para la Paz durante el gobierno de Pastrana; Ángela María Giraldo, consejera de Paz del gobierno del departamento de El Valle del Cauca; Carlos Lozano, director del semanario Voz, y miembro de la “Comisión de Notables” en el proceso de conversaciones gobierno-guerrilla del Caguán; Darío Echeverri, secretario de la Comisión de Conciliación; Carlos Alberto Ruiz, ex.asesor de la Comisión de Humanización del Conflicto, y Yago Pico de Coaña, ex embajador de España en Colombia. Como resultado del mismo se aprobaron los siguientes documentos:

1.- Solución política al conflicto social y armado

El largo conflicto social, político y militar que padece Colombia originado en la inequitativa distribución de la riqueza, la tierra y el ingreso, y en el uso de la violencia como mecanismo para resolver las contradicciones resultantes, se ha convertido en la principal amenaza para el derecho a la vida, a la dignidad y al disfrute cabal de los derechos económicos, sociales y culturales contemplado ampliamente en la Constitución Política de 1991.

Casi 60 años después de iniciada la última etapa de la violencia, la sociedad colombiana da claras muestras de estar saturada por los altos niveles de pobreza, violencia y por la barbarie con la degradación del conflicto militar, y viene expresando inequívocamente su anhelo de lograr pronto una paz negociada.

Sin embargo este anhelo tiene obstáculos:

La falta de voluntad política -expresada en el doble discurso, la doble agenda, hablar de paz y prepararse para escalar la guerra- y el militarismo que pretende pacificación y se opone con actos muy calculados de sabotaje al diálogo para la paz.
La destrucción del estado de derecho y la paramilitarización de la vida en las regiones y ahora en las ciudades donde se controla con las armas a la oposición.
El negacionismo que pretende ignorar la existencia del conflicto para evitar compromisos con el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, la negación del estatus político a la insurgencia, y la necesidad de buscar soluciones distintas a la guerra.
El reduccionismo de conflicto al problema militar desconociendo el conflicto social, su extensión y sus propuestas.
La insistencia del gobierno en la vía militar a pesar del evidente fracaso del plan Colombia con enormes inversiones en material bélico y pie de fuerza mientras se abandonan las responsabilidades sociales del estado
La realidad de que la guerra deja ganancias a sectores del empresariado nacional e internacional interesados, además, en una paz gratuita donde sus privilegios no se toquen, antes pretenden tratados comerciales que incrementarían la miseria y la exclusión social.
La influencia del narcotráfico en la dinámica del conflicto militar y su presencia en los escenarios políticos, así como el copamiento de poderes públicos por los paramilitares en algunas regiones.
La persistencia del paramilitarismo y su relación directa con la fuerza pública, su papel en la política de exterminio de la oposición social y política y en la contrarreforma agraria que se extendió con violencia por todo el país.
La extradición de guerrilleros a los Estados Unidos, que da al gobierno de ese país otra baza para seguir su injerencia en el conflicto interno colombiano y en el urgente intercambio humanitario.
La existencia de presos políticos que son defensores de los derechos humanos, no son combatientes pero reciben trato de delincuentes y largas permanencias en cárcel mediante montajes judiciales.
Las acciones armadas entre fuerzas insurgentes y la extensión de esa confrontación a los líderes sociales en algunas regiones.
La polarización de la sociedad impulsada por los medios de comunicación propiedad de los grandes grupos económicos, el mesianismo y la falta de seriedad del ejecutivo con anuncios contradictorios a diario, y la radicalidad ideológica de la oposición.
La impunidad estructural, la perspectiva de que no se reconozcan los derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación.
La imposibilidad actual para el retorno seguro y digno de millones de refugiados internos que de continuar tiene ribetes de limpieza social; esto se agrava con la perspectiva de legalización a los empresarios palmeros y latifundistas por ley del congreso nacional en curso.
Las violaciones del Derecho Internacional Humanitario con minas antipersona, reclutamiento de menores, toma de rehenes, uso de armas no convencionales, ejecuciones extrajudiciales, secuestro y desaparición forzada.
La pregunta que ronda de hasta dónde hay disponibilidad real de ceder parte del poder, esto apunta a ver las posibilidades reales de paz negociada, si los grandes grupos económicos están dispuestos a tocar sus propiedades, como es el caso de las tierras. y a la predistribución de rentas e ingresos.

También hay acumulados, oportunidades, otros retos que son primero responsabilidad del Estado, del gobierno, las instituciones y luego de la sociedad comenzando por los dueños de la economía, las tierras, el poder, pasando por la creación del espacio necesario para que las organizaciones sociales puedan ser, sin que su accionar y sus propuestas puedan ser estigmatizadas y exterminadas.

La ley fue después del conflicto y éste no ha sido superado y tiene como única salida la negociación política, el dialogo productivo que supere lo instrumental y aborde las reformas estructurales que se quedaron en la agenda por provocaciones inoportunas e interesadas en que no se aborden.

Concientes de la paz no se decreta, se construye, hace falta una política de estado para la paz que supere la temporalidad de los gobiernos, y pasa por reconocer el estatus político al contradictor armado.

Haría falta una comisión de paz vinculante con poderes reales, que tenga efectos materiales concretos en las causas del conflicto y en el seguimiento de los acuerdos.

Una vía la más expedita es la de establecer una zona de encuentro con mínimas reglas para conversar y concretar el intercambio, lo que generaría un clima favorable para sentar bases de cara a una solución negociada, comenzando por un cese bilateral del fuego que permita la expresión social y la visibilización del consenso social que tiene la paz negociada.

Es importante recoger la experiencia de otros procesos en varios países teniendo en cuenta que en Colombia no será posible ni es deseable par una paz duradera concebida como mera dejación de armas o simple desmovilización de combatientes sin abordar ni resolver las causas originarias del conflicto.

Las comunidades levantan experiencias de resistencia civil popular en territorios con mecanismos como las zonas humanitarias donde ejercen el derecho a tener un modelo de sociedad diferente, con derecho a la tierra, sin motocultivos, sin paramilitares que estorban procesos democráticos y autónomos de las comunidades y sin actores armados incluida la fuerza pública.

Las comunidades en movimiento aportarían a la construcción de nuevas identidades, resistencias, formas de sobrevivir y de ocupar ordenadamente el territorio, escuelas de reconciliación y de generación de dinámicas urbano-rurales muy interesantes.

Colombia tiene un acervo de paz en sus organizaciones sociales que le dan contenido a los anhelos de solución negociada a pesar de las persecuciones, la estigmatización y la negación de sus agendas.

La población tiene mucho tiene que decir en materia de establecer la verdad de lo que ha ocurrido, de lo que sigue pasando e ir a fondo en las responsabilidades empezando por las del Estado y su agentes. La verdad es la base de la justicia y de la reparación integral.

La existencia de agendas que apuntan a resolver problemas estructurales como la reforma agraria integral, el respeto a las comunidades y sus territorios, la devolución de las tierras usurpadas a los desplazados, el reconocimiento del derecho al retorno con garantías de no repetición del desplazamiento.

Estas reformas estructurales que están contenidas en la agenda común acordada en El Caguán y las propuestas de las organizaciones sociales que de aplicarse llevarían el estado a las comunidades donde ha estado ausente, y sería un estado reformado por la apertura democrática y por la redistribución económica.

Es necesario impulsar la Comisión Ética para afirmar el derecho a tener memoria y en 10 años recuperar la historia actual.

Se trata de construir estado social de derecho y democracia real desde la experiencia y la participación de la población que ya avanza en construcciones de economías y sociedades locales autogestionarias y autosostenibles.

Es un proceso largo que parte de un pacto de paz, no de un decreto, sino de un proceso que debe tener mecanismos como el cese al fuego para dar mejor ambiente a las conversaciones sobre los grandes temas de las transformaciones sociales.

La comunidad internacional está llamada a apoyar el mantenimiento de la oficina de la ONU para los derechos humanos en Colombia con su mandato integral de monitoreo, informes y asesoría, su papel de mediador y garante.

Estimular que la comunidad internacional participe en opciones de paz, no de guerra, y en el seguimiento a temas como el intercambio humanitario, el canje, y estimule caminos de diálogo hacia una paz negociada y gestione los cambios necesarios en las llamadas listas negras para que la insurgencia pueda enviar sus delegados a estos espacios de conversación política y de búsqueda de la paz negociada.