ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA
ONIC

3 de octubre, 2006

Respetados amigos
Soldepaz Pachakuti

Estimados compañeros y compañeras,

Reciba un saludo muy cordial de la oficina de la ONIC, en Bogotá.

Les escribimos esta carta hoy para sinceramente agradecerles su apoyo hacia la Misión Internacional de Verificación a la Situación Humanitaria y de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (MIV).

En estos días estaremos llevando a cabo una evaluación de la Misión internamente en la ONIC, sobre su organización, contenido y metodología, con visto a futuras posibles delegaciones y eventos que podríamos estar organizando desde la ONIC a favor de las comunidades indígenas de Colombia. Una vez completada la evaluación, estaremos escribiendo informes finales a nuestros financiadores, explicando plenamente el uso de los fondos de la Misión, y el cumplimiento de sus objetivos.

Nos urge contarles que nuestra primera evaluación es que la Misión cumplió plenamente con nuestras expectativas, y que los comentarios de los pueblos indígenas hasta ahora han sido muy positivos. Nuestra primera tarea urgente será considerar como mejor dar seguimiento a las conclusiones de la Misión para que tenga el mayor impacto político posible. Por lo tanto, estaremos en contacto en las próximas semanas para hablar de nuevo con ustedes sobre posibles acciones de incidencia política a favor de los pueblos indígenas, en base a las conclusiones de la Misión.

Adjuntamos aquí para su información, la declaración final de la Misión, y su versión en inglés. En estos días también estaremos enviando informes sobre las cinco regiones visitadas (Tierralta, Cauca, Arauca, Sierra Nevada y Guaviare), una vez que hayan sido consensuados entre todos los miembros de las delegaciones regionales.

Mientras tanto, les agradecemos de nuevo su trabajo a favor de los pueblos indígenas de Colombia, y nos despedimos muy atentamente,



Joanne Hutchinson
Secretaria Técnica de la MIV

MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

DECLARACIÓN FINAL

Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades indígenas en Colombia, las principales organizaciones indígenas de Colombia, congregadas en el Consejo Nacional Indígena de Paz, convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en el 2004 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Esta Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el estado de cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de los pueblos indígenas, producir un informe para que la comunidad internacional pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales y de orden nacional, en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad cívil de Europa, America Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea, y la MAPP-OEA.

La Misión visitó cinco regiones: la sierra nevada de Santa Marta, el Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo entrevistas con las comunidades indígenas y sus organizaciones, recibió testimonios de indígenas víctimas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se entrevistó con autoridades locales y departamentales, cívicas, militares y de organismos de control del Estado. En el ámbito nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en el G24, con autoridades del gobierno central y con los organismos de control nacional.

Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres indígenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indígenas y tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas, testimonios, documentos y análisis de expertos, que le permitieron obtener una visión integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia.

Una vez concluida la visita in situ, la Misión emite la siguiente declaración:

CONSTATACIONES

1. La Misión constató que los pueblos indígenas (hombres, mujeres, niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crímenes de lesa humanidad, tales como: asesinatos políticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad. Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su autonomía, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el marco de la política del actual gobierno, tales como: la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difícil situación que enfrentan los pueblos indígenas y sus territorios.

2. La Misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo observar en el terreno que la fuerza pública ha construido puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas. Realizan retenes militares y controles en los que se despoja a los indígenas de alimentos, medicinas y otros implementos necesarios para su supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento forzado de jóvenes indígenas. Todos los actores armados han asesinado a hombres y mujeres indígenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente, designados por las comunidades indígenas como lugares de protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la población indígena.

3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos por los paramilitares contra los pueblos indígenas, que continúan en una situación crítica. La Misión recibió testimonios que indican que en varios de los territorios indígenas los paramilitares no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la población; en otros casos, se informó a la Misión que los paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades; así mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades, organizaciones y líderes indígenas.

4. La Misión constató que en los territorios indígenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y los criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios mecanismos internos de concertación establecidos entre el estado colombiano y las autoridades indígenas. Estos proyectos incluyen: infraestructura vial, fluvial y marítima, extracción de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y caucho. Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indígenas han mantenido por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indígenas.

PREOCUPACIONES ESPECIALES

5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas están acompañados de violaciones a sus derechos colectivos y que se está creando un marco jurídico normativo que agravaría esta situación. En este sentido, la Misión expresa su preocupación especial por las leyes más recientemente aprobadas y por las que están en trámite, tales como la ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley de desarrollo rural, que retroceden en derechos conquistados por los pueblos indígenas y apuntan a generar mayores niveles de exclusión sociocultural y violencia, y configuran claros escenarios de extinción de los pueblos indígenas.

6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y la salud de las comunidades indígenas y manifiesta su preocupación por la desatención de parte de las entidades regionales y del Estado central y por la ausencia de mecanismos de concertación con miras a respetar y apoyar las propuestas de las comunidades indígenas desde su cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su sabiduría ancestral y sus proyectos de educación y salud propia.

7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación específica de las mujeres indígenas. La Misión quedó altamente preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual, violación, engaño y seducción contra mujeres y niñas indígenas, por parte de miembros de la fuerza pública. La Misión recibió testimonios sobre menores que han quedado embarazadas sin que exista responsabilidad alguna asumida por los militares y/o policías responsables.

8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación aérea sobre territorios indígenas, que se llevaron a cabo sin la consulta previa de las comunidades, donde existían o no cultivos de uso ilícito dentro de los territorios indígenas afectadas. Las fumigaciones están agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias comunidades indígenas por los daños que causa a los productos de pan coger y por los afectos negativos en la salud. La Misión observó que las comunidades tienen serias dificultades para acceder a los fondos de reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus territorios y cultivos de pan coger. La Misión observa que no encontró propuestas alternativas reales y concertadas con las comunidades, por parte de las autoridades responsables.

9. La Misión constató que los pueblos indígenas han iniciado una campaña encaminada a la “liberación de la madre tierra” y que tiene que ver con la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus territorios para garantizar su supervivencia. La Misión tuvo información y datos sobre los altos índices de concentración de la tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos años y las muertes que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha causado para los pueblos indígenas. De igual forma, la Misión conoció que el Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados con las organizaciones indígenas encaminados a devolver y titular tierras ancestrales que han sido usurpadas a los pueblos indígenas.

10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Minas y Energia. Los miembros de la Misión lo interpretan como una falta de voluntad política por parte del gobierno colombiano de cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas de Colombia.

CONCLUSIONES

10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye:

RECOMENDACIONES

11. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.

12. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indígenas, en el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos humanos y al cooperación internacional en Colombia.

13. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indígenas respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar mecanismos de solución negociada antes que los de la represión policial y las judicializaciones.

14. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos y lugares de vivienda de los indígenas los cuarteles, trincheras y otras formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la población civil indígena.

15. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los resguardos indígenas como territorios de paz y diseñar una política integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.

16. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, vida, y autonomía y todos los principios del derecho internacional humanitario.

17. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales y a los pueblos indígenas solicitar una moratoria en la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indígenas, mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta real y efectiva a las comunidades y organizaciones indígenas.

18. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección de las comunidades indígenas.

19. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares a las de los pueblos indígenas.

Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión sobre cada una de las regiones visitadas.

Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006

INTERNATIONAL VERIFICATION MISSION ON THE HUMANITARIAN
AND HUMAN RIGHTS SITUATION OF INDIGENOUS PEOPLES IN COLOMBIA

FINAL STATEMENT

Faced with the intensification of the humanitarian crisis of indigenous communities in Colombia, the principal Colombian indigenous organisations (1), brought together in the National Indigenous Peace Council (Consejo Nacional Indígena de Paz - CONIP), convened an independent and international mission to follow up on the recommendations made in 2004 by the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples, Rodolfo Stavenhagen. From September 19 to 29, 2006, the International Verification Mission on the Humanitarian and Human Rights Situation of Indigenous Peoples in Colombia had the objective of verifying the state of compliance with the recommendations and the current situation of indigenous peoples. The Mission also had the objective producing a report so the international community can urge the Colombian government to fulfil national and international agreements and commitments on the rights of indigenous peoples.

The Mission was made up of human rights and civil society organisations from Europe, Latin America, United States, and Canada, with observers from United Nations agencies, the Swiss Embassy, the German Embassy, the European Commission delegation, and MAPP-OAS.

The Mission visited five regions: the Sierra Nevada of Santa Marta, the Upper Sinú in Córdoba, the Department [administrative region] of Arauca, the Department of Cauca, and the Department of Guaviare. In each region, the Mission held interviews with indigenous communities and their organisations, received personal accounts from indigenous victims of violations to human rights and international humanitarian law, and met with local and departmental authorities, both civilian and military, and from State control agencies. On a national level, the Mission met with agencies from the United Nations system, members of the diplomatic corps forming part of the G24, central government authorities, and State control agencies.

Additionally, the Mission participated in the National Indigenous Women’s Forum and in the National Forum for the Life of Indigenous Peoples, and had access to case studies, reports on human rights violations of indigenous peoples, personal accounts, and documents and analysis from experts. This gave the Mission a comprehensive vision of the situation presently affecting indigenous peoples in Colombia.

After carrying out the on-site visits, the Mission issues the following statement:

VERIFICATIONS

1. The Mission verified that indigenous peoples (men, women, children, and their organisations) are presently victim of violations to fundamental human rights and crimes against humanity –such as political murders, mass and arbitrary detentions, torture and cruel treatment, forced disappearances, searches, unsubstantiated accusations, criminal investigations and groundless charges, ongoing checkpoints, and limitations to movement. Likewise, violations occur against their right to due process, and against respect for their autonomy, customs and territories. Worsening the already difficult situation faced by indigenous peoples and their territories, the measures implemented as part of the current administration’s policies, include the following: informant networks, campesino reserve soldiers, high mountain battalions, mobile brigades, anti-riot squads, and special operations groups.

2. The Mission verified that indigenous peoples are suffering from the effects of grave breaches to international humanitarian law committed by armed actors in the context of the internal armed conflict (public force, guerrilla groups, and paramilitaries or demobilised persons). The Mission also learnt and was able to observe in the terrain that the public force has constructed police posts, garrets, trenches, and advance posts in the midst of the housing of indigenous people, in places extensively populated, and in territories belonging to indigenous reservations. Military checkpoints and controls are carried out in which indigenous persons are stripped of food, medicine, and other goods necessary for their survival. The illegal armed groups forcibly recruit indigenous young persons. All the armed actors have murdered indigenous men and women, and occupy humanitarian zones and places for ongoing assembly –designated by the indigenous communities as places of protection in regards to the effects of the conflict. Military operations are carried out that do not keep to the basic principles of distinction and proportionality, gravely affecting the indigenous population.

3. The Mission verified that the current demobilisation process of the paramilitary groups, and the regulations established for this process, do not guarantee truth, justice and reparation for the crimes committed by the paramilitaries against indigenous peoples, who continue to face a critical situation. The Mission received personal accounts that indicate that the paramilitaries have not effectively demobilised, as well as continue to commit crimes and intimidate the population in several of the indigenous territories. In other cases, the Mission was informed that the paramilitaries have created new armed groups and carry out the same previously mentioned practices against the communities. Additionally, the Mission received personal accounts concerning the social control, as well as harassment, infiltration and information-gathering activities, carried out by the demobilised paramilitaries against the indigenous communities, organisations and leaders.

4. The Mission verified that large-scale development projects are being implemented in indigenous territories without respect for the consultation process and the criteria for this process established through international agreements from the ILO, the United Nations, and the very national mechanisms agreed upon by the Colombian State and indigenous authorities. These projects include the following: road, river and maritime infrastructure; mineral and hydrocarbon extraction; construction of dams and major hydroelectric projects; control and exploitation of the bio-diversity; and agro-industrial projects such as the monoculture of the oil palm and rubber. In addition to generating grave and irreparable environmental damage, these large-scale development projects de-structure territory, break the natural and spiritual balance that indigenous peoples have maintained over the years, as well as adversely affect health, productive and growing cycles, and the co-existence of the indigenous communities.

SPECIAL CONCERNS

5. The Mission was able to verify that violations to the fundamental rights of indigenous peoples are accompanied by violations to their collective rights, and that a legal regulatory framework is being created that worsens this situation. In this regard, the Mission expresses its special concern for the recently passed laws and the bills being processed –such as the forestry law, the water law, the high plateau law, and the rural development law- that reverse the rights attained by indigenous peoples, lead to the generation of greater levels of socio-cultural exclusion and violence, and create clear settings for the extinction of indigenous peoples.

6. The Mission was able to observe the particular situation of education and health in indigenous communities, and expresses its concern for the neglect by regional institutions and the central State, and for the absence of mechanisms for reaching agreements that lead to respecting and supporting the proposals of indigenous communities in terms of their cosmovision, their traditional practices, their ancestral knowledge, and their own health and education projects.

7. The Mission heard abundant personal accounts on the specific situation of indigenous women. The Mission is highly concerned and denounces the practices of harassment, sexual abuse, rape, deception, and seduction against indigenous women and girls by members of the public force. The Mission received personal accounts concerning minors that became pregnant, and the responsible members of the military and/or police did not assume any responsibility.

8. The Mission received personal accounts and information on the aerial fumigations over indigenous territories that took place without a consultation process with the communities, where crops for illicit use did or did not exist within the affected indigenous territories. Due to damaging the subsistence crops and negatively affecting health, the fumigations are worsening the food insecurity in several indigenous communities. The Mission observed that the communities face serious difficulties in terms of access to reparation funds for the damages caused by the fumigations of their territories and subsistence crops. The Mission also observed that the corresponding authorities did not find real alternative proposals agreed upon with the communities.

9. The Mission verified that indigenous peoples have initiated a campaign leading to the “liberation of Mother Earth” that regards the need and right to increase their territories in order to guarantee their survival. The Mission received information and data on the high indices of land and property concentration in Colombia in recent years, as well as of the deaths suffered by indigenous peoples in the defense of their right to land and territory. Likewise, the Mission learnt that the Colombian government has repeatedly failed to comply with agreements signed with indigenous organisations that are meant to return and legalise ancestral land that has been seized from indigenous peoples.

10. The Mission regrets not having been able to meet with some of the principal Colombian government and State institutions, such as the Vice-presidency, the Ministry of Interior’s Ethnic Affairs Office, and the Ministry of Mining and Energy. The members of the Mission interpret this absence as a lack of political will by the Colombian government to fulfil its obligations to respect and protect the rights of indigenous peoples in Colombia.

CONCLUSIONS

11. Based on the previously mentioned verifications, the Mission concludes:

RECOMMENDATIONS

12. The Mission recommends the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peoples to promptly carry out a follow-up visit on the fulfilment of his recommendations in order to demand effective responses from the Colombian State concerning the gravity of the situation of these peoples.

13. The Mission recommends the European Union and the G24 to closely follow up on the situation of indigenous peoples, as part of the summits in London and Cartagena on human rights and international cooperation in Colombia.

14. The Mission recommends the Colombian government to not delay in fulfilling the agreements with indigenous communities and organisations in relation to the legalisation of land and territory, and to implement mechanisms for negotiated resolutions instead of police repression and criminal investigations.

15. The Mission recommends the Colombian government to withdraw the bases, trenches, and other forms of military occupation –which put the civilian indigenous population at imminent risk- from the indigenous towns and housing settlements.

16. The Mission recommends the Colombian government to consider indigenous reservations as peace territories, and to design a comprehensive policy to protect peoples at risk of extinction.

17. The Mission recommends the illegal armed groups to respect the rights of indigenous peoples to their territory, life, and autonomy, as well as all the principles of international humanitarian law.

18. The Mission recommends international and national social organisations, as well as indigenous peoples, to request a moratorium on the implementation of large-scale development projects in indigenous territories and reservations, as long as international and national mechanisms and agreements are not fulfilled –such as a real and effective consultation process with indigenous communities and organisations.

19. The Mission recommends international cooperation to support life plans, and strategies for the self-government and self-protection of indigenous communities.

20. The Mission extends our solidarity to the Afro-descendent and campesino communities facing conditions similar to that of indigenous peoples.This statement is accompanied by a detailed report from the Mission in regards to each one of the regions visited.

Bogotá, Colombia

September 28, 2006

1. The National Indigenous Peace Council (CONIP) comprises the Indigenous Authorities of Colombia (Autoridades Indígenas de Colombia - AICO), the Tairona Indigenous Confederation (Confederación Indígena Tairona - CIT), the Organization of Indigenous Peoples from the Colombian Amazon (Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC), and the National Indigenous Organization of Colombia (Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC).