III visita asturiana de verificación ddhh-colombia

ENTREVISTA CON LA ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA, ONIC.

Bogota, 20 de febrero de 2007.

Parte importante de la resistencia colombiana al neoliberalismo y a la guerra, son los pueblos indígenas, sus organizaciones, su cosmovisión.

La Constitución Política de 1991 reconoció que Colombia es un país diverso, multietnico, pluricultural y estableció una serie de derechos orientados a proteger la existencia de estos pueblos en sus territorios y con sus culturas.

Sin embargo una cosa es la Ley y otra la realidad sobre la cual nos hablaron los dirigentes Lizardo Domico (secretario general, pueblo Embera), Higinio Obispo (responsable de derechos humanos, pueblo Siapidara), Silsa Arias (oficina de prensa, pueblo Kankuamo).

Esto expresaron:

PROBLEMAS DE LOS INDÍGENAS y AFRO COLOMBIANOS

El saqueo de los recursos naturales de sus territorios

El desarrollo de megaproyectos del capital en sus territorios

El negocio capitalista del narcotráfico que se extendió por el país

Las políticas del gobierno de Álvaro Uribe que propician las violaciones de los derechos de los pueblos y personas en beneficio del capital. El conflicto militar dentro de los territorios indígenas, el bloqueo impuesto a las regiones donde hay indígenas; el reclutamiento de indígenas por los ejércitos.

La penetración de los narco paramilitares en las estructuras del Estado; el falso proceso de paz con estos grupos y el apoyo de varios países y de la OEA a esta farsa.Los pueblos indígenas están entre la espada y la pared. Por un lado el abandono, la marginación y por otro la guerra entre el Estado, los paramilitares y las guerrillas dentro de los territorios indígenas. Todo junto determina una situación de crisis de los derechos humanos de los indígenas que tiene a 18 pueblos al borde de la extinción, a miles de indígenas en la mendicidad en las ciudades y a muchos otros sitiados en sus territorios.

En Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador, el enfrentamiento de la guerrilla con los grupos paramilitares, los recientes enfrentamientos entre las guerrillas, los campos minados y las fumigaciones aéreas con glifosato, están incrementando el desplazamiento forzado del pueblo Awa, al tiempo hay algunos enfrentamientos por territorios entre indígenas y afrocolombianos.

En la Guajira, frontera con Venezuela, la empresa venezolana PDVSA construye un gasoducto por territorio del pueblo Wayuu generándose división en la comunidad sobre la conveniencia de estas obras, al tiempo que han sido asesinados varios indígenas por paramilitares que defienden el control del contrabando de drogas y gasolina.

En Arauca el pueblo U’wa enfrenta la decisión inconsulta del gobierno de autorizar –desde el 17 de enero de 2007- trabajos de exploración petrolera en su territorio ancestral violando el Convenio 169 de la OIT.

Además de las nocivas leyes sobre aguas y bosques, hace transito en el Congreso el proyecto de Ley Estatuto Rural, una estrategia de los latifundistas para eliminar los derechos territoriales conquistados por los indígenas en la Constitución Política de 1991 y en normas anteriores. El gobierno pretende frenar la constitución y ampliación de resguardos indígenas, la titilación de los territorios de los afro colombianos y la adquisición de tierras para los campesinos. El gobierno teme que la campana “Liberación de la madre tierra” se extienda por el país, por eso ha dado respuesta militar a las acciones civiles de los indígenas

En la Sierra Nevada de Santa Martha, continua el etnocidio del pueblo kankuamo: masacres, asesinatos selectivos, amenazas de los paramilitares, desplazamiento forzado. Los indígenas piden reparación colectiva pero el gobierno insiste en imponerles las reparaciones individuales; el pueblo Wiwa esta confinado por el Ejercito Nacional que no les permite el ingreso de alimentos ni medicamentos alegando que son para las guerrillas.

En el Choco la situación es grave porque las partes altas de los territorios indígenas son controlados por las guerrillas, las partes bajas por los paramilitares y el Ejercito Nacional, haciendo peligrosa la movilidad y cortando el abastecimiento de alimentos para indígenas. Ante esto se proponen hacer una Brigada humanitaria a la zona que verifique la situación de los derechos humanos de los indígenas y los afro colombianos del Choco.

Con el monocultivo de la palma africana se genero una situación grave para los pueblos indígenas y afros de Tumaco –Pacifico sur-, Choco –ríos Atrato, Curbarado, Jiguamiando, así como en los departamentos del Vichada y Casanare. Se trata de cultivos de palma propiedad de políticos y empresarios de Colombia en sociedad con inversores extranjeros y con custodia de los grupos paramilitares. Son proyectos que violan los derechos de los pueblos y personas indígenas y afros, los desplazan y desterritorializan, no son proyectos para gentes pobres, no generan empleo de calidad y son destructores de la biodiversidad. No son prioridad de los indios sino de los ricos criollos y de los países desarrollados, son la excusa para quitarles los territorios ancestrales.

En Bogota y en otras regiones se han recibido por lo menos ocho amenazas de muerte contra lideres indígenas por parte de los grupos paramilitares con sus nuevos nombres de Águilas Negras, Nueva generación, Machos, etc.

Por todo el país de quiere imponer a los jóvenes indígenas el que tienen que engrosar las filas de los armados, legales o no; convencidos o forzados los indígenas no deben entrar a la guerra. Quienes se involucran voluntarios en el conflicto militar pierden sus derechos colectivos y a quienes son involucrados a la fuerza la tarea es recuperarlos para sus comunidades. No se puede seguir dejando solos a los jóvenes indígenas frente a quienes insisten en reclutarles; es necesaria una campana de información en la dirección orientada por el Consejo Indígena de Paz: los indígenas deben estar exentos de cualquier obligación de tipo militar, en cualquier ejercito. La Guardia Indígena solo porta bastones de mando y así debe continuar.La MISIÓN INTERNACIONAL DEL 2006, integrada por delegados / as de 20 países, funcionarios de la ONU y la OEA, pudieron constatar que 18 pueblos están al borde de la extinción y que el informe y las recomendaciones del Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas, Roberto Stavenhagen, formuladas en el 2004, siguen tan vigentes como incumplidas. La difusión del Informe de la Misión Internacional de 2006 es una tarea que la ONIC encarga a los movimientos de solidaridad. ACCIONES y PROPUESTAS

Cada pueblo indígena define como resiste dentro de su territorio, como defiende los derechos humanos y la paz porque la denuncia no es suficiente.

Es necesario el acompañamiento internacional a los pueblos y autoridades indígenas en diferentes regiones donde se presentan señalamientos, amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados.

Es necesario profundizar el trabajo de formación en derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario.

Es necesario que la ONIC continúe su interlocución con los actores armados incluidos los del Estado aunque el gobierno nacional se oponga porque se trata de explicarles los planes de vida de las comunidades y su decisión colectiva, autónoma de no participar en la guerra. En esta dirección los indígenas construyen su política de paz frente al conflicto, tarea encargada al Consejo Nacional Indígena de Paz que de entrada rechaza la Ley de Justicia y Paz por no garantizar a los indígenas ni la verdad, ni la reparación.

Es necesario seguir las actividades dentro y fuera de Colombia para visibilizar el conflicto armado aunque el gobierno niegue su existencia o afirme que “estamos en el pos conflicto”. En esta dirección es necesario afianzar las relaciones con otros pueblos indígenas del mundo, y con los movimientos y organizaciones solidarias, para beneficio no solo de los pueblos indígenas, sino de la población en su conjunto recogiendo las diferentes miradas sobre esta guerra, las formas de resistencia incluidas las espirituales y simbólicas que son vitales en estos momentos difíciles.

Adelantar con otros sectores sociales y desde marzo de 2007 la CAMPANHA POR LA LIBERTAD Y LA LIBRE EXPRESIÓN, con el propósito de romper la mordaza impuesta a los indígenas y sectores populares.

Realizar en noviembre de 2007 el Congreso Nacional de los pueblos indígenas de la ONIC con el fin de reacomodar el movimiento indígena, ajustar su plataforma política y la organización.

Se necesita además apoyo internacional para publicar un estudio sobre el desarrollo de los megaproyectos en territorios de los indígenas.

Los pueblos indígenas del Cauca, Valle, Quindío, Huila, Antioquia, Nariño y Choco, se movilizarán en junio de 2007 contra el Estatuto Agrario propuesto por el gobierno

Se necesita cooperación internacional para financiar el retorno del pueblo indígena Nukak Maku, nómadas expulsados de sus territorios en la selva amazónica por los bombardeos del Plan Patriota; actualmente estan en malas condiciones; actualmente estan en malas condiciones muriendo de enfermedades para las que no tienen defensas y sufriendo un proceso acelerado de aculturizacion,

La ONIC considerara la posibilidad de proponer indígenas amenazados de muerte para ser atendidos por el Programa Asturiano de Protección a Sindicalistas y Defensores / as de los Derechos Humanos.

Z/220207