Edificio Nuevo del Congreso de la República, marzo 15 de 2007

Un par de veces intentamos entrevistar al Senador Gustavo Petro pero no fue posible porque el gobierno citó a los congresistas a sesiones extraordinarias en marzo para debatir a prisa proyectos como la ratificación del Tratado de Libre Comercio suscrito por el Presidente Uribe Vélez con el gobierno de los Estados Unidos, y el proyecto de Ley “Estatuto de Desarrollo Rural”. El primero lesivo a los intereses Colombianos y el segundo muy favorable a latifundistas y multinacionales. Esto opina el más estacado Senador del Polo Democrático Alternativo, según las encuestas.

Gustavo se nota preocupado por las recientes amenazas de los paramilitares contra él y su familia a raíz de sus denuncias por el copamiento de instituciones del Estado en algunas regiones por los grupos paramilitares y los señalamientos del Presidente de ser un “terrorista de civil”. Su secretaria nos trae un café y cierra la puerta. Afuera queda su escolta y el barullo habitual en los pasillos del Congreso. El Senador se disculpa por la espera y atiende a Soldepaz…

¿Hay en Colombia un Estado mafioso?

G.P.: No. Pienso que hay un régimen mafioso, una coalición de intereses de sectores como los narcotraficantes, los grandes propietarios de tierras y algunos empresarios, incluidas multinacionales como las del banano, que se juntan con bandas criminales de sicarios en las regiones. Los une la apropiación ilícita de la riqueza pública como los presupuestos o la privada las tierras, o ilícitas como las ganancias de la cocaína. Esta coalición de intereses necesita dos condiciones imprescindibles: una sociedad silenciada que no pueda protestar, por eso usan el terror, los asesinatos, la destrucción de toda forma organizativa ciudadana. Y necesitan que el Estado local esté a su favor, contar con la complicidad del alcalde, la policía, los jueces. La articulación entre mafias y Estado surge en lo local.

Los poderes mafiosos locales contaron con el apoyo de los servicios de inteligencia del Ejército colombiano para articularse regional y nacionalmente. También el Presidente Uribe hizo lo suyo siendo gobernador de Antioquia, a través de las empresas de vigilancia privada conocidas como Convivir. El poder mafioso se extendió y adquirió un gran peso dentro del Estado, con centenares de Alcaldías, varias gobernaciones, miles de oficiales del Ejército y de la Policía, un sector de la justicia y una enorme bancada parlamentaria.

Sectores de todas las ramas del poder público nacional y local fueron copados tras dos décadas de “parapolítica”. Pero no es todo el Estado porque lo que ha hecho este régimen mafioso es fragmentar al Estado y poner secciones a su servicio, mientras otras secciones se defienden y lo atacan, tratando de reconstruir y establecer una institucionalidad democrática.

Lo que tenemos es un Estado fragmentado, unos sectores y espacios en función de la mafia y otros espacios y sectores en función de la ciudadanía pero con una gran debilidad porque con la fragmentación del Estado genera mucha inestabilidad democrática, una situación que puede resolverse en favor de alguno de los dos sectores dependiendo de la ciudadanía, de la sociedad misma que también está fragmentada

Parece que a la mayor parte de la sociedad colombiana el tema que le preocupa es el diario sobrevivir, no la parapolítica, ¿es así?

Hay una masa que apenas sobrevive, ni ve ni escucha; un sector importante de la sociedad colombiana, no solo ricos, también trabajadores y gente pobre, no cuestiona la relación entre narcotráfico y Estado porque la economía del narcotráfico se irradia al conjunto de la sociedad colombiana por diversas vías, es una sociedad acostumbrada a vivir entre traquetos a los que admira, hay una cultura del traquetismo con cierto apoyo social. Todos sabemos que los entierros de Pablo Escobar y otros narcotraficantes fueron populares; es un traquetismo popular. ¿De dónde salen los sicarios y las bases de las tropas paramilitares? de los barrios pobres de nuestro país donde la gente apenas sobrevive, generando una cultura que -de abajo hasta arriba- apoya socialmente esta situación que, en un país democrático, derribaría al gobierno, pero aquí no se ve la gravedad de que el narcotráfico se tome al Estado. Colombia No ha vivido una cultura democrática donde el ciudadano se construya como tal y este dato es negativo porque puede perpetuar el fenómeno.

En elecciones anteriores se probó que los paramilitares impusieron a sus candidatos ¿tiene legitimidad un Congreso y un Presidente así elegidos?

En el Estado fragmentado algunas de sus secciones son legítimas, otras no. El tema fundamental de la vida política colombiana hoy es cómo cortar las relaciones entre narcotráfico y Estado, ese fue el tema de conversación con el partido Demócrata en mi reciente gira por los Estado Unidos porque las mafias que avanzan sobre el Estado serán las beneficiarias del Plan Colombia y del Tratado de Libre Comercio. Luis Jorge Garay en un estudio contratado por el Ministerio de Agricultura demostró que el cambio en la estructura agraria del país llevará a que desaparezcan nuestros cultivos de cereales junto con los pequeños campesinos y la pequeña y mediana empresa. Eso se acelerará con el TLC que impone los cultivos de tardío rendimiento como bosques para madera, la palma africana, el caucho, el cacao, que tienen dos condiciones que solo reúnen los narco latifundistas: grandes extensiones de tierra y una gran liquidez monetaria. El paramilitarismo no solamente es un grupo de sicarios que deben desmovilizarse o llevarse a la cárcel, eso es una mentira de fácil venta hacia el exterior. El paramilitarismo es un régimen y una coalición de intereses de particulares que no aparecen como sicarios dentro de las mafias, un proceso de acumulación ilícita de riquezas de todo tipo que produce más desigualdad social.

En la reunión de la Comisión Asturiana con el Vicepresidente de Colombia Sr. Francisco Santos dijo que Colombia entraba en la etapa de posconflicto y que los territorios de los afro colombianos del Urabá están siendo respetados ¿es así?

El Vicepresidente trata de presentar dos mensajes. El primero que la guerra bajó de intensidad y el segundo, consecuencia, que ya no existe conflicto armado, es decir que estamos en pos conflicto. Son las mismas sandeces que dice el Presidente de la República. Y entonces ya no se preguntaría de dónde salen los muertos, ni de dónde las bombas, ni dónde caen… ni quién dispara contra quién. Pero hay un conflicto armado muy intenso cruzado con otro tipo de conflictos dentro de la sociedad colombiana. En relación de los afro descendientes hay que decir que el paramilitarismo nació en Antioquia bajo el régimen de acumulación mafiosa de riquezas, usando el Estado para afianzar un proyecto económico de dominación de la llamada “mejor esquina de América” que no son solo territorios de Antioquia sino de Córdoba y el Chocó, con salidas a los dos mares para controlar economías lícitas e ilícitas y en medio de esa herradura están los territorios afros e indígenas y de los campesinos. El proyecto paramilitar ve esos territorios como miró occidente al mundo: tierras a conquistar a sangre y fuego, cometiendo las primeras grandes masacres antes de que ese método se expandiera por todo el país. Es un proyecto con apoyo internacional, ese es el debate que pretendo hacer ahora.

¿Qué salida le ve a todo esto?

En negativo lo que viene es un desastre humanitario a escala mundial, pero si nos colocamos en la opción positiva el objetivo es separar al Estado de los poderes mafiosos. No es lo mismo un criminal sin Estado que un criminal que logra capturar un Estado para potenciar el crimen, eso lo sabe Europa donde criminales con Estado cometieron grandes delitos de lesa humanidad. Hasta donde hemos podido observar en Colombia la forma como estos poderes mafiosos han capturado al Estado fue comenzando por los estados locales usando las elecciones, el voto, no el voto libre porque una sociedad no elegiría libremente a mafiosos o a criminales para que les asesinen sus propios hijos. Ha sido un proceso de usurpación del electorado combinando varios elementos, desde comprar votos, remplazar al electorado sustituyendo a los electores; manipulando tarjetones, coaccionando al jurado electoral, o asustando, atemorizando a los candidatos rivales para que solo quede el de ellos, logrando así controlar por lo menos dos millones de votos en todo el país. Tendremos que hacer un conjunto de reformas integrales, no son solo electorales, fortalecer los partidos, cambiar el proyecto económico que es paramilitar porque se mata gente para enriquecerse. Si democratizamos la propiedad de las tierras, si logramos expropiaciones precautelares administrativas de tierras de mafiosos, si se persigue la riqueza en manos de ellos se acaba todo el incentivo que es acumular riquezas, tierras, honorarios públicos, excedentes cocaineros. Toca cambiar el proyecto económico concentrador de las mafias por uno democratizador; hace falta entonces una reforma a la justicia.

No es Uribe quien hará esto aunque el Washington Post diga que gracias a él se destapó la parapolítica, olvidando que fue la oposición con todo los riesgos quien denunció y un sector de la justicia empezó a creernos y llevó a la cárcel los amigos de Uribe. Durante dos décadas se construyó un esquema para la impunidad en la justicia Colombiana. Los amigos de Uribe pueden ir a la cárcel, pero volverán otros iguales si no quitamos la impunidad dentro del aparato judicial. Es que premeditada y planificadamente la justicia Colombiana no juzga los delitos de lesa humanidad, no se acumulaban los diversos crímenes, no buscaron la conexidad para ver el plan y encontrar a los gestores de una coalición que mató a miles de personas, sino que investigaba delito por delito, homicidio por homicidio, diluyendo las pruebas, dejando un solo testigo en cada caso que después era asesinado, de tal manera que nunca se llegaba a capturas incentivándose a continuar asesinando. Hay que cortar los lazos entre narcotráfico y Estado; para ello hace falta lograr un consenso pero el gobierno en su soberbia no quiere dialogar, apoyado por un aplauso popular que no es gran mayoría, pero que existe. Con el gobierno no se puede, toca con los movimientos que empiezan a crecer: políticos de la oposición, movimientos de víctimas que son los mayores interesados en un tema que puede ser favorable a nivel internacional, incluso en los Estado Unidos, entre quienes desean acabar con el poder narcotráfico y quienes desean construir una democracia en Colombia. Hay que dar a conocer los nombres de quienes están en el régimen mafioso dentro del Ejército, la Policía y el empresariado incluso internacional.

Tras los señalamientos del Presidente Uribe hubo amenazas de muerte de los paramilitares contra Ud. y sus familiares ¿cómo está eso?

Yo soy beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y desde el año 2002 he obligado al gobierno a darnos seguridad. Desde que el Presidente me insultó y me llamó terrorista a mi y a muchos de la oposición, a los sectores más duros del uribismo les gustaría apretar el gatillo; he recibido una lluvia de amenazas de muerte, mi familia también, igual que las organizaciones sociales y populares y ya hay algunos muertos lo que indica que podemos transitar hacia una situación todavía más grave pues vienen las elecciones de Octubre donde le disputaremos poder a las mafias, eso pone a la oposición política y social en alto grado de vulnerabilidad.

¿Qué garantías hay para la oposición en las elecciones de octubre?

Hay amenazas por donde quiera, las garantías están solo en los discursos. El gobierno controla casi toda la prensa y solo habla de la aguerrida alianza de Uribe con Bush, no de lo que pasa en Colombia; el empresariado hace ganancias dentro de una narcoburbuja que quieren que se prolongue. Muestran que todo va bien para Uribe, pero en el trasfondo de ese optimismo hay una bomba de tiempo que es la paramilitarización colombiana.

¿Cómo va el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Estatuto Rural tan repudiado por las organizaciones campesinas?

El proyecto de Estatuto Rural ya fue aprobado en comisión Primera. Es un proyecto que beneficia el modelo económico agrario paramilitar permitiendo la legitimidad de la contrarreforma agraria con los procesos de usurpación de tierras que se quisieron detener desde 1917. Desde 1985 el narcotráfico se ha ido apropiando de tierras de resguardos indígenas, selvas, bosques naturales, tierras desecadas, baldíos nacionales, tierras de campesinos a quienes sacan a la fuerza. Hay falsa tradición en los títulos de millones de hectáreas de esas tierras porque eran baldíos nacionales, tierra del Estado, del pueblo.

El proceso de negociación con los paras fue hipócrita, no se estableció la obligatoriedad de la verdad en cuanto no es obligatoria la confesión plena, eso afectará la reparación en el tema tierras-territorios; es uno de los tantos problemas en la Ley de Justicia y Paz.

La lógica va cambiando de mafiosos urbanos que usan la tierra para el lavado de dólares y se van transformado en mafiosos armados rurales y semirurales, es el actual paramilitarismo y entonces no solamente ven la tierra como un instrumento de lavado de activos sino como un instrumento de poder político, como siempre lo a sido y entonces empiezan los desplazamientos la apropiación de tierra, en las masacres la acumulación de tierras fértiles y todo eso genera un proceso de concentración de la tierra inimaginable. El Estatuto agrario deroga la Ley 200 de 1936 y la fecha de titulación cierta que estaba en 1917 se corre a 1996, es decir, todos los títulos con tradición no cierta acumulados entre 1917 y 1996 es decir prácticamente todos, incluidos los del narcotráfico, quedan amnistiados y se vuelve titulación ciertamente legitima registrada ante el estado y por tanto oponible ante terceros, lo que significa registro público y legalización del despojo, de la usurpación. Ese es el proyecto aprobado en el senado de la república y va para la cámara.

¿QUE SE PUEDE HACER DESDE ESPAÑA EN ESTE CASO?

Las tierras mineras de Asturias con su producción de izquierda fue una nuestras inspiraciones. Hay que mover a una Europa que tiene otras prioridades. Europa fija sus políticas para Colombia dependiendo de España que deja su política con Colombia en manos de las multinacionales, por eso se tapa los oídos y cierra los ojos.

Uribe antes de ser presidente fue miembro de la Junta Directiva del Banco Santander, eso supone una relación muy fuerte con los propietarios del Banco. Uribe ha llenado los bolsillos de las multinacionales españolas porque sabe que son la verdadera cancillería de España y por esa vía va ganando apoyos en Europa. A esa lógica hay que ponerle otra que la podrían asumir los ciudadanos para hacer que su Ministerio de Relaciones Exteriores funcione bajo la lógica de los derechos humanos de los pobres y trabajadores de Colombia. Eso podría cambiar la postura de España y de Europa en relación con el régimen paramilitar colombiano.