COOPERACION PARA LA
JUSTICIA CAMINO A LA PAZ
"La
cooperación solamente tiene sentido si apoya una solución
de justicia que es la condición misma de la paz" expresó
recientemente Francois Houtart en Madrid, días después
de la reunión de evaluación sobre la aplicación
de la ley 975 en Colombia, mal llamada de "justicia y paz"
sobre la cual se estarían juzgando cerca de 2200 integrantes
de la estrategia paramilitar . Desde el sujeto histórico
popular, desde el lugar de la memoria de las Víctimas y
la afirmación de la verdad, el sacerdote Belga presenta
un análisis crítico y propositito importante en
este momento en que el espejismo de la seguridad ha ido desmoronando
los filamentos que existían de Estado de Derecho para dar
paso una guerra sin cuartel, que solo trae un incremento en las
violaciones de derechos humanos, en la polarización del
conflicto y las infracciones que de él se derivan, la apropiación
de territorios, la destrucción de pueblos y de la biodiversidad
para el mercado de los del Norte.
Durante las próximas horas en Bogotá se realizará
una nueva reunión sobre Cooperación con la participación
del G-24 y diversos sectores de la sociedad colombiana. El gobierno
colombiano presentará nuevamente en coherencia con la política
de seguridad y de Estado comunitario su apuesta como plan de consolidación.
Propuesta que a todas luces está en contravía de
los derechos humanos, de la soberanía nacional, de la configuración
de un Estado democrático. Por el contrario, se cualifica
una militarización cotidiana – control social- se
legaliza la criminalidad institucional – desmonte-reingeniería
paramilitar- se transforma el sentido de los territorios y la
identidades étnicas y sociales en la globocolinazación.
El artículo del sacerdote Francois Houtart sobre la Cooperación
tiene como punto de partida un sumario histórico crítico,
olvidado o dejado a menos, en muchos análisis. Afirma a
existencia desde hace dos siglos la existencia de una " monopolización
de los poderes económicos, políticos y culturales
por una minoría". Hoy se perpetúa ese modelo
de dirección con la exclusión de amplios sectores
y con la inserción de algunos sectores sociales que logran
la movilidad y el ascenso social por su participación en
el tráfico de drogas. Esta tipo de ordenamiento social
se ha traducido en la limitación en el ejercicio político
de partidos de oposición exterminados vía genocidio
o la exclusión a medios de información.
Ese dualismo profundo de la sociedad colombiana, contraste e injusticia
que durante el periodo neoliberal ha tendido a profundizarse"
(…)"Eso significa un grado de pobreza realmente impresionante.
No solamente existe este fenómeno caracterizando los ingresos
familiares, sino que las distancias sociales entre los más
ricos y los más pobres están también creciendo"(…)"Colombia
se encuentra dentro de los mayores índices de desigualdad
del continente latinoamericano, solamente después de Haití
y del Brasil concluye Houtart".
En este sentido el artículo muestra la persistencia de
esta desigualdad, pues el aumento significativo de las exportaciones
no ha significado justicia. " La ausencia de una reforma
agraria permite a las estructuras tradicionales reproducirse.
Además, la lógica económica actual promueve
una verdadera contrarreforma agraria, con una nueva e intensa
concentración de las tierras en pocas manos, que empezó
en función del ganado, por la alta demanda de carne en
el mundo, y que se prolonga hoy por el monocultivo, en particular
de la palma africana, destinada no solamente a las industrias
tradicionales de la alimentación, de la farmacia o de los
cosméticos, sino hoy día a los agrocarburantes.
Se debe añadir también las explotaciones petroleras
y mineras, que también se extienden en varias partes del
país". (…)Todo eso significa una serie de proyectos
particularmente destructores del entorno natural y de la sociedad.
La biodiversidad está siendo destruida de manera sistemática
en algunas de las zonas más ricas del continente. Se puede
dar el ejemplo del Chocó
Esa dinámica de desigualdad y de exclusión de desarrolla
en medio de formalidades democráticas. " Y en la situación
actual ha resultado importante conservar las formas democráticas,
que permiten de hecho al sistema funcionar asegurando su papel
tradicional. Es importante entonces organizar elecciones comúnmente
correctas, disponer de una cierta independencia de los varios
poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, y en general organizar
lo que se espera de un Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar
de estas formas, ha sido posible conservar un Estado al servicio
de las clases sociales dominantes y ganar en parte un apoyo político,
cuando no el silencio, de las clases subalternas".
El conflicto armado es entonces conflicto social en el que por
su lugar estratégico y las relaciones tradicionales de
Colombia con los Estados Unidos y las lógicas imperiales
hoy existentes, definen un papel particular de nuestro país
como contenedor sobre el Sur. Estados Unidos en particular, señala,
Houtart se ha convertido en actor directo en el conflicto armado
al lado del Estado colombiano y su estrategia paramilitar que
ha ubicado en las organizaciones sociales el blanco de sus actuaciones
criminales. El Estado colombiano ha sido incapaz "de resolver
el conflicto y de parar la violencia. Claramente, el Estado no
se encuentra en una condición neutral, sino de beligerancia
muy manifiesta en favor del campo social de los más privilegiados"
. Del otro lado las guerrillas han sufrido un proceso de institucionalización
suscitando "una cierta pérdida de eficacia y también
de credibilidad". Concluye Houtart, que "En la perspectiva
actual, se ve claramente la necesidad de una real unidad popular
para poder transformar una situación, sin recurrir a la
vía armada".
Sobre las Alternativas Francois indica aspectos fundamentales
frente a la violencia, las organizaciones de base y populares,
la estructura económica, la soberanía y los recusros
naturales y los medios de información. " El primer
elemento es poner fin a la violencia. Eso significa llegar a acuerdos
entre actores armados vía varios medios: negociaciones,
intercambios de prisioneros o de secuestrados, etc. (…)
El segundo elemento es la reorganización de la vida política,
en el sentido amplio de la palabra, con garantías, para
no caer en la repetición de lo que pasó con el Frente
Unido de Camilo Torres, y la Unión Patriótica. Eso
significa la necesidad de abrir los espacios de la sociedad civil
de abajo [1]. El tercer elemento son las reformas económico-sociales,
que toquen las causas y no solamente los efectos del conflicto
actual. (…) Un elemento clave es también una reforma
agraria, permitiendo un desarrollo dinámico de la agricultura
campesina, mucho más eficaz en la conservación de
la biodiversidad y en la producción agrícola para
la alimentación local.
(…) La reorganización social en la salud y la educación
es también una meta fundamental. Se trata de asegurar el
acceso a estos sectores para toda la población y en particular
para los más pobres. Se trata también de organizar
una campaña de alfabetización con los métodos
modernos existentes. Retomar el dominio de los servicios públicos
contra las grandes olas de privatización que hemos conocido
durante los últimos años es también una tarea
importante. El patrimonio nacional fue expropiado y puesto en
manos, en gran parte extranjeras, por la filosofía neoliberal,
que utilizó el poder del Estado para obtener toda la libertad
de explotación de estos sectores tan importantes por la
vida cotidiana de la población.
En este panorama las exigencias a la cooperación de gobiernos
debe estar signada por una negación de apoyo a programas
como Plan Colombia que posibilitan el incremento de la guerra,
la exclusión, la destrucción ambiental, el tráfico
de armas. Y un papel preponderante frente a la paz de países
del Sur, así como, como algunos del Norte, Francia y Alemania.
En este sentido la otra Cooperación debería fortalecer
esas otras lógicas de actuar y de proponer en su conjunto
en interacción con iniciativas alternativas de otros países
vinculados con el Alba o los bancos populares.
Houtart miembro Honorario de nuestra Comisión de Justicia
y Paz, concluye expresando:
"No podemos equivocarnos en materia de cooperación.
No se trata solamente de buena voluntad, sino de ser conscientes
de las funciones reales de las iniciativas de cooperación.
La ignorancia no puede ser una excusa para finalmente contribuir
a la reproducción del sistema.
El pueblo de Colombia tiene una gran esperanza. Se trata de un
pueblo que sufre, pero que lucha y que ha comprobado su extraordinaria
vitalidad. Es por eso que la cooperación no puede decepcionarlos
ni tampoco establecerse a un nivel más bajo de las expectativas.
La cooperación solamente tiene sentido si apoya una solución
de justicia que es la condición misma de la paz".
ADJUNTO ARTICULO La Cooperación para la Paz en Colombia,
Francois Houtart.
Bogotá, D.C Noviembre 27 de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
[1] Utilizamos este vocabulario, porque existe a menudo una fusión
sobre lo que es la "sociedad civil". De hecho, hay una
sociedad civil de arriba y otra de abajo, porque la sociedad civil
es un lugar de luchas de clases.
La cooperación para
la paz en Colombia[1]
François Houtart
Para plantear esta amplia temática, debemos primero recordar
el contexto histórico y social del conflicto colombiano.
Después trataremos de reflexionar sobre los diferentes
pasos para llegar a soluciones y finalmente se abordará
el problema de la cooperación exterior a este proceso.
I. El contexto del conflicto colombiano
y su lectura
La manera coherente de analizar el conflicto actual en Colombia
exige un enfoque objetivo, pero no neutral. Eso significa que
el punto de partida es la situación y la visión
de las víctimas. Muchas veces se olvida que sin ellas no
hay solución verdadera ni a corto ni a largo plazo. Por
eso, trataremos primero de recordar algunos aspectos de la historia
colombiana y después reflexionaremos sobre la situación
actual.
1) Referencias históricas
Desde la Independencia realizada por élites criollas, el
país, como la mayoría de las naciones latinoamericanas,
fue caracterizado por una doble realidad social: una monopolización
de los poderes económicos, políticos y culturales
por una minoría, particularmente urbana, por una parte,
y del otro lado grandes masas rurales viviendo en un nivel de
subsistencia. La dualidad social era particularmente visible en
el campo, con la concentración de las tierras en manos
de pocos terratenientes.
Colombia ha conocido un proyecto industrial desde finales del
siglo XIX. Se desarrollaron algunos polos de una industria nacional,
que no hizo del país una nación industrializada,
pero que de manera importante significó en el desarrollo
económico del país y en su configuración
social. Como en todo el continente, tal industrialización
fue aminorada por la gran ola neoliberal, especialmente a partir
de los años 80. Estas inversiones dominaron poco a poco
la economía del país, especialmente en el petróleo,
las minerías y los monocultivos, y una parte clave de la
burguesía colombiana se transformó en intermediaria
de los intereses extranjeros, constituyendo más y más
una burguesía compradora.
Se debe añadir una particularidad del país, que
fue a partir de los años 70 el desarrollo del narcotráfico,
como un sistema que integra una gran parte de las estructuras
sociales y económicas del país. No solamente se
organizaron importantes carteles, sino que las ganancias de este
negocio se introdujeron en el conjunto de la estructura económica,
en particular, con el reciclaje del dinero, con el lavado en el
sistema financiero y en la construcción. Inevitablemente,
el narcotráfico se insertó también en la
vida política del país.
Políticamente, Colombia ha conocido desde el siglo XIX
una dominación de los partidos burgueses, Liberal y Conservador,
en alternancias más o menos regulares, o su alianza dominante.
Hubo algunos ensayos de una construcción más popular
o alternativa del campo político, como el Frente Unido
que impulsó Camilo Torres Restrepo, o la Unión Patriótica,
eliminada mediante el genocidio político, las cuales fueron
extirpadas por las medidas y políticas de represión
de los que monopolizaban y todavía monopolizan el poder
político para conservar la situación dominante de
las clases sociales, que desde varios siglos atrás han
actuado con éxito para mantener el status quo, sus privilegios
y posiciones.
2) La situación actual
Es en este contexto de paralización de la vida política
democrática y de cualquier reforma social, que nacieron
formas de resistencias populares armadas. Al contrario de otros
países latinoamericanos, estos movimientos todavía
existen en gran parte porque la vía electoral hasta ahora
no ha podido resolver las contradicciones sociales tan agudas
del país.
Hubo, no obstante, algunos esfuerzos políticos interesantes,
como la Constitución de 1991, que significó avances
formales en los derechos sociales, por ejemplo de indígenas,
de comunidades rurales afrodescendientes, de legalizaciones de
propiedades colectivas, etc. Sin embargo, la fuerza de los poderes
neoliberales ha sido tal, que en muchas instancias estos derechos
se han quedado en mera teoría o han sido violados.
Estos factores con muchos otros que no hay posibilidad de describir
y analizar en este texto, condujeron a la situación actual,
que se puede definir en algunos grandes rasgos. La primera característica
es el dualismo profundo de la sociedad colombiana, contraste e
injusticia que durante el periodo neoliberal ha tendido a profundizarse.
Según el informe del PNUD (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo) de 2007, 17 millones de colombianos y colombianas
viven en la pobreza y 6 millones están en la indigencia,
es decir que tienen que vivir con menos de un dólar por
día. Eso significa un grado de pobreza realmente impresionante.
No solamente existe este fenómeno caracterizando los ingresos
familiares, sino que las distancias sociales entre los más
ricos y los más pobres están también creciendo.
Colombia se encuentra dentro de los mayores índices de
desigualdad del continente latinoamericano, solamente después
de Haití y del Brasil. A pesar de ello, el país
tiene un crecimiento de 7% anual, uno de los más altos
del continente latinoamericano. Eso significa que la lógica
neoliberal, que promueve un crecimiento espectacular de más
o menos el 20% de la población, se aplica en el país
de manera casi perfecta.
Este modelo de desarrollo corresponde a la lógica del capitalismo.
Es más interesante para la ganancia y la acumulación
del capital producir bienes y servicios sofisticados, con un gran
valor añadido, que producir para la mayoría de la
población que es cada vez más vulnerable (la clase
media), o para los más pobres, que no tienen poder adquisitivo.
Por otra parte, es un país que tiene un alto grado de exportaciones,
especialmente durante los últimos años, en los que
han aumentado de manera importante los precios de las materias
primas y de los productos agrícolas, que puede dedicar
la mayor parte de sus divisas a comprar bienes de consumo para
el mismo 20% de los más ricos. Eso acelera la situación
de desigualdad y evidentemente la gravedad del problema social.
Podemos comprobar eso en el campo, por el tipo de estructura social.
La ausencia de una reforma agraria permite a las estructuras tradicionales
reproducirse. Además, la lógica económica
actual promueve una verdadera contrarreforma agraria, con una
nueva e intensa concentración de las tierras en pocas manos,
que empezó en función del ganado, por la alta demanda
de carne en el mundo, y que se prolonga hoy por el monocultivo,
en particular de la palma africana, destinada no solamente a las
industrias tradicionales de la alimentación, de la farmacia
o de los cosméticos, sino hoy día a los agrocarburantes.
Se debe añadir también las explotaciones petroleras
y mineras, que también se extienden en varias partes del
país.
Todo eso significa una serie de proyectos particularmente destructores
del entorno natural y de la sociedad. La biodiversidad está
siendo destruida de manera sistemática en algunas de las
zonas más ricas del continente. Se puede dar el ejemplo
del Chocó, donde millares de hectáreas son ahora
transformados en monocultivo de palma, destruyendo muchas veces
bosques originales, matando toda vida a causa de la utilización
de los pesticidas y de los fertilizantes químicos. Sobre
centenares de kms2 ya no hay ni un pájaro ni un pez, en
lugares donde la vida de la fauna y de la flora era extraordinariamente
abundante. Pero la destrucción humana no es menor. Es un
fenómeno que conocemos en muchos países y continentes
del Sur, con la eliminación de las poblaciones locales,
donde los monocultivos no demandan una mano de obra tan abundante.
Allí los campesinos son echados de sus tierras, lo que
en Colombia se hace de manera todavía más cruel
con la utilización del ejército y de los paramilitares.
Se trata realmente de masacres para aterrorizar la población,
al servicio del proyecto económico de grandes compañías
de remplazan el cultivo tradicional, para la agroexportación.
Eso corresponde a un modelo global, que, según el Banco
Mundial, debe hacer pasar la pequeña agricultura campesina
a una agricultura productivista de tipo capitalista. Es la nueva
frontera del capitalismo mundial, porque la acumulación
capitalista no se puede realizar si el sector no entra en la lógica
generalizada de la ganancia. En Colombia, eso se traduce en más
de 3.8 millones de desplazados, la mayoría hacia las ciudades,
siendo un fenómeno acentuado por la violencia existente
en el sistema económico y contra las resistencias.
La urbanización salvaje a la cual asistimos y que se manifiesta
con desigualdades sociales espantosas, está ligada con
la situación del campo. En ciudades como Bogotá,
el contraste entre el norte y el sur es enorme: por una parte
riquezas extravagantes, y por otra parte miseria. La falta de
estructuras económicas y sociales equilibradas en el campo
ha provocado una urbanización que se manifiesta en gran
medida por la ruralización de las ciudades. Además,
el gran número de desplazados aumenta la presión.
Se ve claramente la vinculación entre los dos aspectos
de una misma crisis.
Ya hemos hablado de la situación política y el conflicto
que existe en Colombia desde hace tanto tiempo. Este conflicto
es violento, precisamente porque es social. Se trata de oposiciones
entre clases sociales; entre unas que no quieren perder privilegios
y poder, y clases subalternas rurales y urbanas que en muchas
instancias solamente pueden sobrevivir. Eso se manifiesta por
ejemplo en la estructura agraria. Según el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC), de Colombia, en un informe del
año 2005, 231.000 propietarios poseen 44 millones de hectáreas
(53.5% del total de las tierras). Al mismo tiempo, 1.3 millones
de propietarios (el 35.8%) poseen 345.000 hectáreas. Eso
significa que el 0.3% de la población es propietaria de
más de la mitad del total de las tierras. Para reproducir
tal estructura de injusticia, es necesario organizar el poder
político de manera adecuada a ese fin. Es por eso que el
campo está dominado por partidos que aseguran la continuidad
de estas relaciones sociales. Y en la situación actual
ha resultado importante conservar las formas democráticas,
que permiten de hecho al sistema funcionar asegurando su papel
tradicional. Es importante entonces organizar elecciones comúnmente
correctas, disponer de una cierta independencia de los varios
poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, y en general organizar
lo que se espera de un Estado de Derecho. Sin embargo, a pesar
de estas formas, ha sido posible conservar un Estado al servicio
de las clases sociales dominantes y ganar en parte un apoyo político,
cuando no el silencio, de las clases subalternas.
A eso se añade el proyecto neoliberal de los últimos
25 años, articulado con el capital internacional, y que
se ha traducido también en la privatización de los
servicios públicos, en el proceso del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea,
en las garantías de inversión del capital exterior
y en la desnacionalización de la industria local. Como
lo dice Gilma Benitez de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos de Colombia: "La política actual de seguridad
democrática, pretende aislar las fuerzas insurgentes de
las zonas productivas, incrementar y profesionalizar las fuerzas
militares para la protección de la infraestructura, la
viabilidad del transporte de mercancías, la reducción
del secuestro y la movilidad de los consumidores; todo esto en
beneficio de los ejes de acumulación que se han dispuesto
en el mismo plan (el proyecto neoliberal). De igual forma (como
desde hace varias décadas), en las regiones donde el Estado
no pudo (antes y ahora) garantizar la seguridad, el capital privado
(nacional y extranjero) la genera a través de grupos de
paramilitares y cooperativas de seguridad entre otras figuras"[2].
Se debe agregar también el lugar esencial que tiene Colombia
en el proyecto imperialista de los Estados Unidos de América.
Situado entre América del Norte, Centroamérica y
América del Sur, el país ocupa una posición
geoestratégica fundamental. Especialmente hoy, con los
cambios políticos en Venezuela y en Ecuador, Colombia representa
todavía más una mayor importancia. Es la razón
por la cual el gobierno norteamericano invierte sumas enormes
en una ayuda militar y civil, que se expresa en el "Plan
Colombia".
3) El análisis del conflicto
En el conflicto actual en Colombia podemos distinguir actores
directos y actores concernidos. Dentro de los actores directos,
lo primero que llama la atención son dos principales movimientos
de guerrilla. Organizados en función de revueltas campesinas,
por la injusticia de la época anterior de violencia y a
propósito de las tierras y la ausencia de una reforma agraria,
apoyados por intelectuales, los movimientos guerrilleros se han
desarrollado desde hace más de 40 años. Y en todo
ese tiempo, los varios regímenes políticos existentes
han podido contener la resistencia armada, aunque el costo ha
sido muy elevado. Según una investigación de la
Universidad de los Andes, Colombia perdió un promedio de
64 billones de pesos en los últimos 12 años. Solamente
en el año 2006, la guerra costó 2 billones 400 mil
millones de pesos colombianos[3].
La larga duración de esta lucha ha provocado un proceso
de institucionalización de tales movimientos. Para poder
sobrevivir y continuar la compra de armas y la organización
en las zonas controladas, los movimientos insurgentes fueron obligados
a cobrar impuestos no solamente a las empresas multinacionales
del petróleo o de las minas, sino también sobre
el narcotráfico. También realizaron secuestros para
tener una "moneda de intercambio" para sus propios prisioneros.
Todo eso suscitó una cierta pérdida de eficacia
y también de credibilidad. La situación es tal hoy
día, que aparece claramente la imposibilidad de obtener
éxito un cambio social a largo plazo por la vía
armada.
El otro actor directo es el Estado, con cada vez menos legitimidad
por varias razones. La primera es su incapacidad de resolver el
conflicto y de parar la violencia. Claramente, el Estado no se
encuentra en una condición neutral, sino de beligerancia
muy manifiesta en favor del campo social de los más privilegiados.
Frente a la larga situación de inseguridad, el Estado juega
también con el cansancio de la gente, muchos sectores listos
a votar por cualquiera que les asegure que va a llevar la paz
y la tranquilidad.
Sin embargo, otra razón de la poca legitimidad es el alto
grado de abstención en las elecciones. Está claro
que mucha gente no tiene confianza en los actores políticos,
pensando que como no han podido arreglar el problema desde tanto
tiempo, hay poca posibilidad que nuevos actores puedan hacerlo
actualmente. Además, la sucesión más o menos
alternativa de los dos partidos principales o sus sucedáneos,
ha mostrado que no existe una voluntad política seria de
transformaciones en profundidad. Al mismo tiempo, la utilización
de métodos inaceptables, como la comprobada vinculación
con los paramilitares, hasta el punto que se habla de parapolítica,
deslegitima una parte importante de todo el aparato político,
desde el ejecutivo hasta el legislativo, pasando por las fuerzas
de seguridad. La alianza y el apoyo del imperio norteamericano
para sus políticas de dominación económica
y política del continente es otro motivo de falta de legitimidad.
De hecho, se puede decir que el régimen político
actual ha definido una opción de clases que no le permite
presentarse como un real mediador para resolver un conflicto que
tiene bases sociales.
El tercer actor directo está constituido por los grupos
paramilitares. Oficialmente, ellos se organizaron para luchar
contra las guerrillas y proteger las propiedades y las comunidades
locales, pero de hecho antes de la organización sistemática
de la guerrilla, ya existían grupos similares. Constituyen
fuerzas ilegales al servicio de poderes económicos y políticos,
como terratenientes, empresas transnacionales, el ejército
y la policía, para realizar el trabajo sucio, siendo finalmente
en realidad un verdadero aparato del Estado.
El plan actual del gobierno del presidente Uribe es reintegrar
los paramilitares en la vida civil. Eso ha tenido un impacto internacional
fuerte y, durante un tiempo, ha restablecido la credibilidad del
gobierno de cara al exterior. Sin embargo, cuando se ve lo que
significa esta reintegración en concreto, las conclusiones
son muy diferentes. Realmente, los que se han desarmado son muy
rápidamente remplazados por otros. El reclutamiento se
hace en particular por ofrecimientos de ganancia económica
o por la fuerza. Al mismo tiempo, tal reintegración se
hace con una impunidad práctica, acompañada de algunas
condenas para los actores más brutales, que reciben penas
simbólicas. La reinserción significa también
una verdadera infiltración de la sociedad política
por los paramilitares. Además de otras esferas. Ellos ocupan
cada vez más puestos oficiales dentro de la estructura
administrativa y también parlamentaria. Eso se ha comprobado
por algunas detenciones y casos bastante conocidos.
Los paramilitares cumplen una función paralela a la del
Estado y, podemos decir, casi complementaria.Por lo demás,
no se pueden equiparar los protagonistas, como lo hacen algunos
grupos, ONGs o instituciones internacionales, poniendo en la misma
línea la guerrilla y los paramilitares. No es la misma
cosa un impuesto sobre el narcotráfico que la organización
de este comercio; no es la misma cosa un secuestro que una masacre.
Las cosas deben ser muy claras en este sentido, aún si
la prolongación del conflicto armado debe ser calificada
de inútil y por eso inaceptable.
El último actor directo es el imperio. Con el apoyo económico
importante a la política del Estado colombiano, con su
apoyo político internacional y finalmente su apoyo militar,
el gobierno de los Estados Unidos ha asumido durante los últimos
años un papel de actor directo en el conflicto interno.
Existen también actores concernidos, porque sufren de manera
muy dura los efectos del conflicto político-social. Se
trata en primer lugar de los movimientos sociales, sindicatos,
organizaciones campesinas, movimientos indígenas, movimientos
de mujeres y otros sectores también. Hemos conocido durante
los últimos años una verdadera masacre de líderes
sociales, que corresponde a una política sistemática.
Las cifras son de varias decenas de millares de personas asesinadas
por su compromiso social y su dedicación a la defensa de
los más pobres.
Víctimas de esta verdadera guerra social, son también
varias organizaciones no gubernamentales que luchan por la justicia
y la paz. También ellos han tenido sus víctimas
que se cuentan por centenares. Finalmente, son las nuevas iniciativas
políticas, buscando alternativas, las que también
sufren de un combate que no solamente es político, sino
violento. Ya en el pasado hemos conocido la suerte de los ensayos
de construir otra política, como el Frente Unido o la Unión
Patriótica, la UP. Hoy día, se trata en particular
del Polo Democrático, que ha podido conquistar algunos
lugares importantes, pero que en otros sitios no disfruta de las
garantías necesarias, hasta ver algunos de sus líderes
asesinados.
En la perspectiva actual, se ve claramente la necesidad de una
real unidad popular para poder transformar una situación,
sin recurrir a la vía armada. El ejemplo de países
vecinos ha comprobado esta posibilidad, que evidentemente tiene
que confortarse y prolongarse para llegar a resultados profundos.
Esta unidad significa el abandono del protagonismo individual
y organizacional. La división del proyecto popular es el
mejor regalo que se puede hacer a los adversarios. Es por eso
que en esa perspectiva actual, solo la unidad, a pesar de diferencias
ideológicas y de desacuerdos sobre la profundidad de las
transformaciones sociales necesarias, es indispensable.
II. Las soluciones
Todos los que luchan hoy en Colombia creen en la posibilidad de
soluciones. No se trata de una utopía en el sentido de
una cosa imposible. Las reflexiones sobre soluciones exigen sin
embargo un análisis serio y profundo. Si no, se puede caer
en la ingenuidad o, aún peor, en una contribución
a la reproducción del sistema existente. Para llegar a
soluciones hay varios elementos en un proceso general. Estos elementos,
o pasos, no tienen un sentido cronológico. Se deben realizar
los tres elementos de la solución de manera paralela, aún
si los ritmos de los unos y de los otros son diferentes.
El primer elemento es poner fin a la violencia. Eso significa
llegar a acuerdos entre actores armados vía varios medios:
negociaciones, intercambios de prisioneros o de secuestrados,
etc. La contribución internacional en este sentido es importante,
y ya hubo ensayos en el pasado o en la actualidad, de países
como México, Brasil, y en particular ahora Cuba y Venezuela,
sin hablar de algunas naciones europeas, como Alemania y Francia.
El segundo elemento es la reorganización de la vida política,
en el sentido amplio de la palabra, con garantías, para
no caer en la repetición de lo que pasó con el Frente
Unido de Camilo Torres, y la Unión Patriótica. Eso
significa la necesidad de abrir los espacios de la sociedad civil
de abajo[4]. Para realizar este tipo de reorganización
se necesitan partidos democráticos, con prácticas
limpias y el abandono total de los vínculos con los paramilitares.
Una exigencia también es salir de la impunidad. Se podría
organizar tal superación con comisiones de la verdad, como
en África del Sur o con organismos similares, que permitan
reconocer las responsabilidades, antes de declarar cualquier amnistía.
De otra manera, la memoria histórica tendrá un día
su venganza, como lo hemos visto en muchos otros casos, también
en el continente latinoamericano.
El tercer elemento son las reformas económico-sociales,
que toquen las causas y no solamente los efectos del conflicto
actual. Se trata a título de ejemplo de recuperar la soberanía
sobre los recursos naturales expropiados por las empresas multinacionales,
y de dar así bases materiales nuevas para las reformas
necesarias en el campo social.
Un elemento clave es también una reforma agraria, permitiendo
un desarrollo dinámico de la agricultura campesina, mucho
más eficaz en la conservación de la biodiversidad
y en la producción agrícola para la alimentación
local. Eso significa contradecir la política actual, apoyada
por el Banco Mundial, de hacer desaparecer el pequeño campesinado
para transformar la actividad agrícola en un sentido productivista
y capitalista. De hecho, en el mundo entero, la reconcentración
de la tierra en manos de empresas capitalistas es una de las nuevas
fronteras de la acumulación, frente a varias crisis del
capitalismo financiero y productivo. Un país como Colombia
tiene la posibilidad de rechazar este modelo y de contribuir a
la construcción de otra filosofía del desarrollo,
en particular rural.
La reorganización social en la salud y la educación
es también una meta fundamental. Se trata de asegurar el
acceso a estos sectores para toda la población y en particular
para los más pobres. Se trata también de organizar
una campaña de alfabetización con los métodos
modernos existentes. Retomar el dominio de los servicios públicos
contra las grandes olas de privatización que hemos conocido
durante los últimos años es también una tarea
importante. El patrimonio nacional fue expropiado y puesto en
manos, en gran parte extranjeras, por la filosofía neoliberal,
que utilizó el poder del Estado para obtener toda la libertad
de explotación de estos sectores tan importantes por la
vida cotidiana de la población. También la privatización
de estos sectores corresponde a unas de las nuevas fronteras de
la acumulación del capital. El bienestar común de
los ciudadanos exige una revisión profunda de esta política.
Junto a estas reformas, se necesitan también programas
de emergencia, para ayudar de manera inmediata a los desplazados,
a las comunidades que perdieron sus derechos y sus tierras, a
las partes más pobres de la población en general.
Sin embargo, este tipo de programa tendría que integrarse
dentro de las reformas más fundamentales, para no servir
de pretexto a una adaptación superficial del sistema existente,
que prefiere hacer limosnas para poder continuar y reproducirse.
Así, un conjunto de reformas económico-sociales
es la base fundamental de la solución del conflicto actual
en el país. Evidentemente, eso no es una característica
particular de Colombia, sino de todos los países que sufren
de los mismos males, con excepción del carácter
armado de las luchas, más específico de la situación
colombiana.
Las reformas internas tendrían la ventaja de poder contar
con el apoyo de nuevas iniciativas en América Latina. Colombia
podría así inscribirse en la nueva orientación
de la integración latinoamericana, tanto económica
como social y cultural, representada por el proyecto actual del
ALBA. Con su situación geoestratégica, Colombia
podría jugar un papel de primer rango en el pasaje de las
resistencias a las alternativas, que conocemos únicamente
en el continente latinoamericano, por el momento, y que hace de
este último un actor primordial en la construcción
de alternativas al modelo neoliberal.
III. La cooperación con el
proceso de paz
Cuando se habla de cooperación, debemos hacer tres preguntas,
a propósito de los actores, de los fines y de los socios.
Eso puede expresarse de la siguiente manera: ¿quién?
¿Para qué? ¿Con quién? Eso permite
crear un cuadro práctico como primer paso de la reflexión.
A propósito de los actores actuales de cooperación
externa con Colombia para el proceso de paz, tomaremos los gobiernos;
los partidos políticos; los movimientos sociales; las ONGs;
las Iglesias; los organismos económicos; los emigrantes;
y los medios de comunicación. Se trata para cada uno de
preguntar, en primer lugar, cuáles son las acciones que
tienen que suspender, para realmente promover la paz, y después
de qué manera pueden cooperar con los tres elementos o
pasos, es decir el fin de la violencia, la ampliación de
un espacio político democrático y garantizado, y
las reformas fundamentales. En cada caso se trata también
de preguntarse con quién se debe colaborar para estos fines.
Respecto de los gobiernos, es bastante claro que tienen que suspender
toda cooperación a los programas del Plan Colombia o sus
sucedáneos. Hemos visto cuál es la función
de esta iniciativa. Incluso una colaboración a programas
que en sí mismo no son perjudiciales, pero que tienen un
sentido muy diferente porque se inscriben en una lógica
contradictoria con el proceso de paz, no merecen apoyo. Se trata
también de suspender todo apoyo militar y venta de armas.
Lo mismo vale para programas de alternativas al cultivo de coca,
que desembocan sobre el monocultivo y la destrucción ecológica
y social del campo. Cualquier apoyo a empresas nacionales, muchas
veces multinacionales, practicando la explotación de las
riquezas del país, en los yacimientos de petróleo,
en las minas, en el agronegocio, tendría que ser también
suprimido. Se ve cómo en la realidad estas empresas no
contribuyen ni a la paz ni al desarrollo real del país,
sino a extraer la más amplia riqueza posible. Debemos añadir
que algunos programas que significan una convivencia forzosa entre
victimarios y víctimas no pueden ser apoyados tampoco.
Ni con el pretexto de contribuir a la reconciliación, como
los llamados “fondos canasta” que promueve el gobierno
español y otros.
Por otra parte, gobiernos del exterior pueden apoyar los tres
elementos de la construcción de la paz. Algunos pueden
ayudar en el proceso de negociaciones entre los beligerantes.
Fue en el pasado, como atrás se mencionó, el caso
de México, de Brasil y de Alemania, y hoy día de
Cuba y Venezuela. Evidentemente, la posibilidad de poder establecer
un cuadro de negociaciones, exige también que la guerrilla
armada sea borrada de la lista de las organizaciones terroristas,
porque con terroristas no se dialoga.
El apoyo institucional a la creación de un espacio democrático
puede ser también importante. Hay ONGs de educación
popular y de promoción de la paz y de la justicia que merece
medios logísticos. Eso se puede hacer de manera indirecta,
vía otras ONGs del país que coopera. Desde un punto
de vista jurídico, un apoyo puede darse también
por la vía de intercambios con países que ya realizaron
procesos interesantes en este sentido, como África del
Sur, y eventualmente de becas de estudio de corto o largo plazo.
El día que un órgano electoral sea renovado, un
apoyo se podría también dar al gobierno que tiene
la responsabilidad de organizarlo.
Finalmente, gobiernos del exterior pueden también dar una
ayuda útil a las reformas profundas para la creación
de bancos populares, un apoyo logístico a ciertos movimientos
sociales y a ONGs de educación y acción para la
paz. Una cooperación importante podría también
realizarse vía el ALBA, por medio de acuerdos petroleros
privilegiados, pero también de programas de alfabetización
o de salud. En cada caso, los socios tienen que ser bien estudiados.
Puede ser el gobierno, a condición que éste participe
de manera clara y positiva en la construcción de un ambiente
de paz, o pueden ser movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales.
Un segundo actor son los partidos políticos. También
debemos empezar por lo que tienen que suspender, es decir toda
colaboración con formaciones políticas vinculadas
de manera directa o indirecta con el paramilitarismo. Desde un
punto de vista positivo, podemos pensar un apoyo a las negociaciones,
que sea de tipo práctico e institucional. Un aporte también
a los partidos democráticos, que tratan de construir un
nuevo espacio, no puede ser excluido. Es evidentemente muy difícil
actuar en un país como en otro, pero no es imposible tal
intercambio. Finalmente, el apoyo a la formación de líderes
políticos para realizar las reformas profundas podría
ser también una ayuda muy positiva.
Los movimientos sociales tienen generalmente estructuras internacionales
y socios en los diferentes países latinoamericanos. Es
el caso por ejemplo de los movimientos campesinos con el CLOC
(Coordinación a Nivel Latinoamericano) o Vía Campesina
(coordinación mundial). La colaboración de estos
movimientos no será generalmente de tipo material, porque
ellos mismos son muy débiles desde este punto de vista,
pero es importante el apoyo para contactos mutuos, participación
en seminarios o reuniones internacionales, y apoyo a centros de
formación de líderes.
Las ONG´s tienen también un papel importante en la
cooperación. Se trata aquí de las ONG´s en
contacto con la sociedad civil de abajo. Existen ONGs que son
de hecho organizaciones vinculadas con gobiernos o con intereses
económicos. Si pensamos en este sector de la cooperación,
también hay iniciativas que se deben suspender. Se trata
de todo lo que está vinculado con el Plan Colombia o sus
similares, como lo hemos dicho a propósito de los gobiernos,
pero también de iniciativas tomadas de otros programas,
como las acciones del Banco Mundial contra la pobreza, algunas
iniciativas de gobiernos para la reconciliación local,
pero que refuerzan la impunidad.
Desde un punto de vista positivo, las ONGs pueden cooperar con
los tres elementos de la construcción de la paz. Primero,
pueden ofrecer algunos servicios logísticos a las negociaciones.
También apoyar la construcción del espacio democrático,
particularmente colaborando con movimientos sociales y ONGs que
trabajan en favor de la justicia y de la paz. Las ONGs también
pueden tener un papel importante dentro de las reformas en profundidad,
apoyando programas educativos y de emancipación social.
Cada vez, se trata generalmente de apoyar organizaciones populares
o centros de estudios vinculados con ellas para acelerar los procesos
de reconstrucción.
Muchas ONGs se concentran sobre una ayuda humanitaria. Esta es
necesaria, porque hay gente que sufre de hambre y otros que mueren
hoy y no mañana. Sin embargo, esta acción tiene
que realizarse con un espíritu crítico bien desarrollado,
a fin de no contribuir a la reproducción del sistema, con
soluciones fáciles, sino de responder a necesidades inmediatas,
dentro de una filosofía de transformaciones a largo plazo.
Las Iglesias tienen también un papel importante. En particular
la Iglesia Católica en Colombia tiene un peso social real.
Los tres procesos de construcción de la paz pueden recibir
también un apoyo de las Iglesias. Ellas también
tienen que suspender todos los programas que de una manera u otra
podrían significar una ambigüedad frente a la política
gubernamental de reciclaje y reinserción de los paramilitares
en la vida civil, con impunidad, y no pueden basarse en la necesidad
de una reconciliación y de una actitud de caridad cristiana
para abstenerse de un juicio analítico sobre la situación.
Positivamente, la utilización de un peso moral es realmente
importante para apoyar el proceso de las negociaciones, para crear
el espacio democrático y también para legitimar
las reformas necesarias, como la reforma agraria, cambios tributarios,
transformación de los medios de comunicación, etc.
Los inmigrantes que en un país como Colombia cuentan de
manera importante, pueden también contribuir a los procesos
de paz. No solamente ellos significan un peso importante desde
el punto de vista financiero, por las remesas, sino que su presencia
en los países de acogida puede ser utilizada para alertar
la opinión pública y a las autoridades políticas
sobre la situación real de Colombia y la manera de orientar
una verdadera cooperación. La iniciativa tomada en España
por exiliados en este sentido es totalmente positiva.
Los medios de comunicación social constituyen la fuente
principal de la información sobre los varios procesos:
negociaciones, creación de un espacio democrático
y reformas socio-económicas. Tendrían estos medios
que suspender una lectura hecha en función de los intereses
dominantes y que en muchos de los países europeos hacen
aparecer a la guerrilla como la causa fundamental de la violencia
en Colombia, cuando se trata de la desigualdad social, cuando
presentan las formaciones políticas dominantes como democráticas
y el país como entrando en un proceso de paz o también
cuando acogen las reacciones negativas a todo cambio social estructural
que afecta los intereses nacionales e internacionales de los medios
económicos. Significa una nueva filosofía de la
información, para corresponder a la realidad. Eso es muy
difícil cuando los medios de comunicación son dominados
por el gran capital como es el caso en la mayoría de los
países latinoamericanos, pero también de muchos
medios en Europa.
Por último, podemos hablar de los poderes económicos.
Claro que es muy difícil encontrar aspectos positivos por
el momento, por la simple razón que ellos forman parte
del problema. De todas maneras, deberían de suspender toda
utilización directa o indirecta de paramilitares, como
condición previa absoluta. Se trata también de poner
fin a la explotación irracional de los recursos nacionales
del país en función de intereses puramente económicos.
Lo mismo vale para la destrucción de la biodiversidad y
la explotación de los trabajadores bajo el pretexto de
bajos salarios.
Actores económicos pueden eventualmente cooperar en los
varios procesos de la construcción de la paz. Pueden ofrecer
apoyo logístico para las negociaciones y crear un ambiente
favorable a la construcción del ámbito democrático.
Finalmente pueden contribuir a las reformas radicales, aceptando
las nuevas reglas del juego, en un periodo de transición,
que exige reformas profundas. Va a ser muy difícil para
estos actores poder entrar en este tipo de orientación,
porque contradice la lógica misma de la acumulación
del capital.
Conclusiones
No podemos equivocarnos en materia de cooperación. No se
trata solamente de buena voluntad, sino de ser conscientes de
las funciones reales de las iniciativas de cooperación.
La ignorancia no puede ser una excusa para finalmente contribuir
a la reproducción del sistema.
El pueblo de Colombia tiene una gran esperanza. Se trata de un
pueblo que sufre, pero que lucha y que ha comprobado su extraordinaria
vitalidad. Es por eso que la cooperación no puede decepcionarlos
ni tampoco establecerse a un nivel más bajo de las expectativas.
La cooperación solamente tiene sentido si apoya una solución
de justicia que es la condición misma de la paz.
[1] Este texto corresponde a la ponencia central presentada en
la apertura de la II Plenaria Internacional por la Paz en Colombia,
el viernes 9 de noviembre de 2007 en Madrid. Las organizaciones
Mundubat y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, agradecen
al profesor Houtart este aporte para la reflexión sobre
el papel de la cooperación en la lucha por la paz de Colombia.
François Houtart es sociólogo belga, profesor emérito
de la Universidad de Lovaina, miembro del Consejo Internacional
del Foro Social Mundial, Secretario del Foro Mundial de Alternativas
y Director del Centro Tricontinental. Es además miembro
honorario de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
de Colombia.
[2] “La guerra: una estrategia para el despojo del territorio.
Impacto en las mujeres y resistencias en Colombia” Gilma
Benitez, ANUC-UR, 2007. Ponencia presentada en la II Plenaria
Internacional por la Paz en Colombia.
[3] Citado por Alonso Ojeda Awad, Director del Programa de Pedagogía
de la Paz, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Ponencia presentada en la II Plenaria Internacional por la Paz
de Colombia, Madrid, noviembre de 2007.
[4] Utilizamos este vocabulario, porque existe a menudo una fusión
sobre lo que es la "sociedad civil". De hecho, hay una
sociedad civil de arriba y otra de abajo, porque la sociedad civil
es un lugar de luchas de clases.
