MOVILIZACION NACIONAL
AGRARIA Y POPULAR
OCTUBRE – 2007
“El pobre no es pobre, es un empobrecido. No es hambriento
por destino, le quitaron el pan y por eso padece hambre. Hay gente
detrás de esto, hay mecanismos y estructuras responsables.
Es preciso tener conciencia de eso, es necesario conocer las causas
del hambre”
(CLAUDI O HUMES).
ANTECEDENTES DE LA MOVILIZACION.
Desde
hace varios años, las organizaciones Campesinas, indígenas
y afro colombianas sindicales, barriales, estudiantiles, han exigido
al Estado Colombiano el cambio de las políticas anti populares
y la solución a la problemática que aqueja al pueblo
Colombiano: Para ello, se ha hecho uso de diversos mecanismos
de participación popular: Cabildos abiertos, foros, paros
cívicos, marchas y movilizaciones a lo largo y ancho del
territorio nacional sin que el Estado cambie en lo más
mínimo su política de favorecimiento a los intereses
de las oligarquías criollas y el capital transnacional.
En las ultimas décadas, las marchas cocaleras del sur (Caquetá,
Guaviare y Putumayo), las movilizaciones del Magdalena Medio,
el Catatumbo, Arauca, Tolima y Huila, Montes de María en
Sucre, Ariari en el Meta, Cundinamarca, Nordeste Antioqueño,
Suroccidente 1999, 2002 y 2006, expresan un descontento general
de los sectores populares al modelo económico capitalista-neoliberal
en general y a la forma particularmente violenta y sanguinaria
como se ha impuesto en nuestro país.
RAZONES DE LA MOVILIZACION
Las políticas estatales capitalistas que expropian a los
pueblos del mundo de sus condiciones de vida, generan cada vez
peores condiciones para la gran mayoría de la humanidad.
En Colombia, los intereses del capital y del imperio los simboliza,
representa y aplica Alvaro Uribe Vélez, a través
de políticas, leyes, programas y acciones de gobierno que
afectan gravemente la vida de la nación y especialmente
la de los sectores populares.
OBJETIVOS DE LA MOVILIZACION
Con esta movilización popular queremos lograr:
1. Hacer conciencia en los colombianos sobre la necesidad de exigir
la renuncia del presidente uribe y su vicepresidente santos; la
necesidad de instaurar un gobierno democrático de amplia
participación popular que les devuelva a los colombianos
la soberanía nacional y la autodeterminación en
donde se respeten los derechos de los pueblos y no se criminalice
la protesta social.
2. Alcanzar la derogatoria: de las normas anti populares vigentes.
Ejes de la movilización
1. Exigir la renuncia del presidente URIBE y su vicepresidente
por su ilegalidad e ilegitimidad, e instaurar un gobierno democrático
de amplia participación popular.
2. Derogar el plan nacional de desarrollo y someter a consideración
de los colombianos, mediante referendo, una nueva propuesta donde
se tengan en cuenta los intereses de las mayorías.
3. Derogar el estatuto de desarrollo rural y someter a consideración,
mediante referendo, el proyecto de ley presentado por las organizaciones
rurales y archivado por el paracongresista ALVARO ARAUJO, presidente
en ese momento, de la comisión quinta del senado.
4. Derogar el actual código de minas y todas las concesiones
mineras y de explotación de recursos naturales, hasta que
el pueblo mediante referendo expida una nueva legislación
en esa materia.
5. Derogar el acto legislativo que permite la modificación
del régimen de transferencias a las entidades territoriales
y someter a consideración del pueblo mediante referendo
una nueva propuesta que surja de la iniciativa popular.
6. Derogar la ley de aprobación del TLC con los Estados
Unidos y someter esta iniciativa a una consulta popular.
7. Derogar la actual legislación laboral colombiana y someter
a consideración un proyecto de ley de nuevo estatuto del
trabajo, de iniciativa popular.
8. Contra la privatización del agua, que el congreso apruebe
la convocatoria del referendo que prohíbe su privatización.
9. Contra la erradicación forzada manual o por fumigación
de los cultivos de coca y amapola, solución concertada,
y sustitución gradual.
10. Contra las lesivas y antipatrióticas concesiones mineras
y de explotación de recursos naturales, derogación
del código de minas y suspensión inmediata de todas
las concesiones otorgadas a partir del 2002.
11. Contra la farsa de desmovilización paramilitar, su
legalización a partir de la aplicación de la ley
975 de 2006 y la violación sistemática de los derechos
humanos por parte del estado, exigimos, verdad, justicia y reparación,
cese del desplazamiento y retorno con garantías de todos
los desplazados, y el no involucramiento de la población
rural en la política de seguridad democrática.
12. Contra la política de cadenas productivas agroindustriales,
exigimos la derogación de las leyes que prohíben
la producción y comercialización de la panela artesanal,
la producción y comercialización de semillas no
certificadas, el transporte y venta de leche cruda y la adopción
de medidas que permitan la protección de la producción
nacional de alimentos y la recuperación de la autonomía
y soberanía alimentaria, y la prohibición de cultivos
transgénicos en el territorio nacional.
13. Contra la entrega vergonzosa de nuestra soberanía nacional
y la permanente violación de los derechos de territorialidad
de los indígenas, afro descendientes y campesinos, exigimos
respeto a los derechos de titulación colectiva de las comunidades
afro descendientes, de los resguardos indígenas y el respeto
por los territorios campesinos constituidos o no en zonas de reserva
campesina, prohibiendo la entrega en concesión o a cualquier
titulo, de territorios a compañías privadas nacionales
o extranjeras o a personas naturales que no estén en posesión
de manera directa y permanente de tierras baldías, cancelando
las licencias otorgadas para la implementación de mega
proyectos.
14. Contra la privatización de la salud, exigimos la derogatoria
de la ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones y expedir
una nueva ley sobre salud y seguridad social de iniciativa popular.
15. Contra la privatización y el desmejoramiento de la
educación, exigimos la derogatoria de las leyes 115 de
1994, 30 de 1992, 715 de 2001 y 749 de 2002 y sus decretos y resoluciones
reglamentarias. Y la expedición de una reglamentación
de iniciativa popular que conciba la educación como un
derecho, gratuita de excelencia, universal, soberana, democrática,
de construcción popular y a cargo del Estado y que reconozca
entre otros los saberes ancestrales y la diversidad étnica
y cultural, las condiciones sociales y económicas locales,
regionales y nacionales y los derechos de los trabajadores.
16. Contra la inversión en la guerra, la corrupción
y la falta de control del gasto de las fuerzas militares y de
policía, la presencia de asesores y mercenarios extranjeros
en nuestro suelo; exigimos de manera urgente la depuración
de las fuerzas armadas y reducción de su tamaño,
intercambio humanitario y la solución política negociada
al conflicto social y armado que vivimos los colombianos.
CONVOCATORIA
Esta jornada convocada por Campesinos, afro descendientes, indígenas,
obreros, estudiantes, viviendistas, transportadores, vendedores
ambulantes y estacionarios, hombres y mujeres de esta patria que
no aceptamos la mordaza del terror, seguiremos construyendo caminos
de unidad contra: la tiranía; las políticas oficiales;
la privatización de la salud y la educación; el
sistema de transferencias a las entidades territoriales; la venta
del patrimonio de los colombianos; la liquidación del seguro
social y la venta de sus principales centros de atención
hospitalaria; las concesiones mineras y de explotación
de nuestros recursos naturales; la prohibición de producir
y comercializar los productos de la economía campesina
como la panela, la leche y las semillas tradicionales; el tratado
de libre comercio, la falsa desmovilización de los paramilitares;
la política estatal de desplazamiento forzado; el plan
nacional de desarrollo; el estatuto de desarrollo rural y la liquidación
de la institucionalidad pública del sector agropecuario;
la privatización de los servicios públicos de agua,
alcantarillado, energía, teléfono y recolección
de basuras; la erradicación forzada de los cultivos de
uso ilícito; los cultivos transgénicos; el alza
permanente y desmesurada del precio de los combustibles y peajes;
el régimen laboral des regularizado; la negativa oficial
a un intercambio humanitario; la recolonización extranjera,
disfrazada de programas de cooperación con los cuales se
afianza la presencia de las multinacionales en Colombia; el desconocimiento
de las zonas de reserva campesina, los territorios colectivos
de las comunidades afro descendientes por parte del estado, y
la titulación colectiva de la tierra en general; el desconocimiento
de la legislación especial de indígenas y afro descendientes
por parte del Estado; la criminalización y judicialización
de la protesta social; la crisis humanitaria; la violación
sistemática de los Derechos Humanos por parte del Estado;
la falta de inversión social y el inmenso gasto en la guerra;
los mega proyectos; los monocultivos y la producción de
agro-combustibles.
Por la renuncia de Álvaro Uribe
Vélez
Contra las políticas estatales de aniquilamiento de la
economía campesina e indígena.
Contra el Tratado de Libre Comercio y las multinacionales
COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES AGRARIAS Y POPULARES DE
COLOMBIA
el 10 de
octubre, otra vez movilización agraria en Colombia.
Campesinos se pronunciarán contra Uribe
Organizaciones
campesinas e indígenas, como la Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro; organizaciones regionales,
como la Organización Campesina del Valle del Río
Cimitarra; organizaciones de Nariño, Cauca, Valle, Putumayo,
Tolima y Costa Atlántica, entre otras; y con el apoyo de
la CUT, FECODE y la Gran Coalición Democrática,
convocaron una movilización nacional para el 10 de octubre
próximo. Es una manifestación política en
rechazo al Gobierno Nacional.
En términos de líderes agrarios la manifestación
"es la continuación de movilizaciones de los sectores
sociales en rechazo a la política oficial que adelanta
el actual Gobierno: Transferencias, los crímenes del paramilitarismo
y el falso proceso de paz, la Ley de Estatuto de Desarrollo Rural,
la violación de derechos humanos, el Tratado de Libre Comercio,
la privatización de las empresas estatales, la entrega
de los recursos naturales y la privatización de la educación,
es decir, por las reivindicaciones más sentidas de los
campesinos y de los sectores sociales. Pero uno de los puntos
fundamentales es la democratización de la tierra y la exigencia
de la renuncia del presidente Álvaro Uribe.”
La Ley de Desarrollo Rural es rechazada porque “No es una
verdadera ley agraria, sino que se acomoda al modelo económico
neoliberal, encaminado al desarrollo de las grandes haciendas
y la siembra de cultivos de tardío rendimiento como la
palma de aceite, bosques maderables, caña de azúcar,
cacao y banano, que son cultivos que no garantizan la seguridad
alimentaria. Es decir , la ley no desconcentra la propiedad de
la tierra, sino que está dirigida a la exclusión
de los campesinos. Entonces se van a legalizar los años
de violencia, porque se pretende legalizar las escrituras que
a punta de fusil obligaron al campesino a firmar”.
Los indígenas y campesinos que desarrollarán la
protesta decidieron movilizarse en los grandes centros urbanos
y en ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla, Cali
y Popayán, con acciones campesinas, posiblemente tomas
de tierras y bloqueo de vías.
La protesta está diseñada para una duración
de 72 horas iniciando el 10 de octubre, porque “tardan un
buen tiempo en desplazarse desde sus lugares de origen a los puntos
de concentración”, afirmó Eberto Díaz,
presidente de Fensuagro.
