en
la semana negra de Xixón: denuncias a Repsol,
y conferencia y video del investigador Marc Gavaldá, autor,
entre otros, de la Recolonización, y Un Viaje a Repsolandia.
REPSOL SE ENRIQUECE, MIENTRAS EL MUNDO SE DESANGRA
.
Hace
apenas una semana, el Defensor del Pueblo Argentino denunciaba
ante el Tribunal Supremo a Repsol YPF y otras 16 empresas petroleras
por daño ecológico. Reclamaba 406 millones de Euros
en concepto de reparación. Pero Argentina no es una caso
aislado.
Desde hace varios años, las poblaciones de diferentes países,
afectadas por las actividades de estas petroleras, y de Repsol
YPF en particular, han denunciado tanto los impactos sociales,
ambientales, económicos y culturales, como la su irresponsabilidad
e impunidad.
La Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos
sobre Repsol en Colombia (16 de junio de 2007, Madrid), destacó
los puntos negros del largo historial de Repsol YPF. Recordemos:
A nivel planetario: la contribución al cambio climático
de Repsol YPF, como una de las industrias más contaminantes
del mundo. Argentina: Lo más conocido es la contaminación
del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ
y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes
por acumulación de 17 metales pesados en tejidos corporales.
Tras la privatización de YPF, Repsol YPF ha provocado un
desempleo masivo que afectó a 60% de la población
activa en General Mosconi, en la provincia de Salta.
Bolivia: Repsol YPF opera en 7 áreas protegidas y 17 Territorios
Indígenas.
El Pueblo Guaraní exige a Repsol YPF 20 millones de dólares
por los daños causados durante 10 años en el Pozo
Margarita. Esta empresa operó desde 1996 hasta la nacionalización
de los hidrocarburos por Evo Morales, en situación de ilegalidad,
con contratos que violaban la Constitución Boliviana.
Colombia: En Arauca, Repsol YPF ha adquirido una responsabilidad
en el incremento del conflicto social, político y militar,
la destrucción de los ecosistemas de la región y
el acoso a las culturas indígenas. La empresa busca nuevas
reservas en los resguardos indígenas u'was y guahibos.
Ecuador: Actividades en el Parque Nacional Yasuní, reserva
de la biosfera, donde habita la etnia indígena huaorani.
Además, explota el conflictivo Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP) que afecta a 11 áreas protegidas y construido con
violación de los derechos humanos básicos de las
poblaciones locales.
Guinea: Repsol YPF opera en un país caracterizado por el
poder dictatorial y graves violaciones de derechos humanos.
Perú: En la frágil selva de Camisea, zona de alta
biodiversidad y territorio de Pueblos Originarios, Repsol YPF
se dispone a construir una Terminal de gas natural líquido
y otras obras de infraestructura, sin un estudio de impacto ambiental
integral e independiente.
Nos sumamos a la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos,
que recomienda que Repsol YPF:
Devuelva
la deuda ecológica que ha contraído con los Países
del Sur
Restituya a las comunidades indígenas su territorio
en las condiciones más parecidas a su situación
antes de su presencia.
Retire su actividad de aquellas zonas donde la población
local lo requiera de forma inmediata.
Reconvierta su actividad desde la extracción, procesado
y distribución de hidrocarburos, hacia las energías
renovables, especialmente la eólica y la solar.
Respete y cumpla los marcos internacionales de derechos humanos.
Restituya a los pueblos donde está realizando sus actividades
los recursos expoliados, para su desarrollo social en armonía
con el entorno.
No olvidamos la responsabilidad de los principales accionistas
de Repsol YPF, como La Caixa (14.12%) y Sacyr-Vallerhermoso (20%),
y del Estado español, que debe obligar a sus empresas al
respeto del Derecho Internacional y de las legislaciones ambientales.
Privatizaciones en América
Latina
Reportaje a Marc Gavaldà
El
especialista catalán Marc Gavaldà es un estudioso
del desembarco de las empresas españolas en América
Latina en la década pasada. Autor de “La Recolonización.
Repsol en América latina: invasión y resistencias”,
Gavaldà sostiene que las empresas españolas -Endesa,
Gas Natural, Repsol- protagonizan una especie de “reconquista”
de América latina, aprovechando el marco de neoliberalismo
que hubo en la década de 1990.
El especialista recorrió durante seis años Bolivia
y los países andinos hasta convertirse en un experto en
el tema. El que sigue es el diálogo mantenido con “Río
Negro” durante su visita a Neuquén.
- ¿Cómo fue el proceso de inserción de las
empresas españolas en América a partir de los procesos
de privatización?
- Durante seis años he estado recorriendo países
de América Latina, sobre todo los andinos, repasando las
nuevas leyes. Veo que hay un molde que ha sido diseñado
desde Washington que es el molde del nuevo ajuste estructural.
Eso ha sido financiado por el Banco Mundial (BM), el FMI. A veces
presionando a cambio de la deuda externa se les ha impuesto un
nuevo marco legal que tiene por características el desprendimiento
de las empresas públicas, la apertura de mercados y la
flexibilización impositiva. Por ejemplo, en Bolivia se
estaba pagando un 50 por ciento de regalías petroleras
y en base a la excusa de la competencia se bajó a 18 por
ciento, en 1995. Otro ejemplo es que antes eran por 20 años
los contratos petroleros y ahora se han ampliado a 40 años.
Las concesiones tenían un límite de 200 hectáreas,
ahora no hay límite. En la década del 90 se aprovecharon
de unas democracias muy frágiles y avanzaron a nivel de
conquista mucho más que en las dictaduras. En Perú
con Fujimori, en Bolivia con González de Lozada, en Argentina
con Menem. Todas estas personas ahora están buscadas por
la ley y enfrentan varios juicios. Aprovecharon que esta gente
estaba en el poder para aplicar todas estas reformas que tienen
una incidencia muy grave sobre la población y los recursos
naturales.
Sobre las regalías y los dichos de otros países
donde son mayores (50 eran en Bolivia) pero pagan menores impuestos.
En Bolivia creo que hay una carga impositiva muy pequeña.
Creo que lo que más viene es por regalías igual
que acá en Argentina, es en base a declaraciones juradas.
Entonces no hay un control de lo que se está exportando.
- ¿Cuáles son las reacciones de los pueblos de distintos
países?
- Es algo que yo analizo en el libro, ver la resistencias locales,
sobre todo de las poblaciones que viven en las bocas de pozos.
En cada país el contexto es diferente y también
los movimientos. Hay países como Ecuador que llevan más
de 30 años de explotación petrolera en territorios
indígenas, donde las organizaciones que han sobrevivido
a este proceso, porque han desaparecido algunas etnias, han quedado
reducidas en el interior de campos petroleros casi sin posibilidades
de sobrevivir. Las instituciones que tuvieron la suerte de no
estar invadidas por esta primera faz, ahora han determinado una
oposición frontal a las compañías petroleras.
Están discutiendo como en Bolivia un convenio para un programa
de desarrollo indígena. Si no, están directamente
oponiéndose, declarando su territorio intangible, de manera
que no dejan ceder el paso a las compañías petroleras.
- ¿Cómo se resuelve esta ecuación que produce
un deterioro económico al país?
- En Ecuador, desde que se empezó a explotar petróleo
la deuda externa se multiplicó porque los beneficios económicos
no llegan al país. Muchas veces de lo que declaran acaban
en gastos, en corrupción, y siempre llegan a las capitales
y no a las localidades que producen petróleo. En Bolivia
cuando llegan a la región las regalías, que son
del 18%, el 11 % va para el departamento (provincia) petrolero.
Eso es lo que pasó en Loma de la Lata donde se acentuó
el deterioro del medio ambiente por cuestiones económicas.
- ¿Cómo es en otros países?
- En el tema ambiental desde la Cumbre de Río, en 1992,
se empezó a hacer una legislación ambiental en muchos
países. Creo que Bolivia fue el primer país de América
Latina que tuvo una ley pero hasta el cabo de cinco años
no hubo reglamentos para esa ley. Pero una vez que hay reglamentos,
y aunque la ley existe y las empresas petroleras deben hacer estudios
de impacto ambiental, realmente no se cumple porque no hay una
actividad fiscalizadora del Estado. Los Estados se limitan a hacer
los contratos, a ver el tema económico, pero nunca las
cuestiones medioambientales.
Cuando hay una denuncia de una población lo que hacen los
estados es hacer oídos sordos o minimizar las razones.
Esto se da en todos los países donde las autoridades ambientales
están en la capital; las zonas petroleras son bastante
inaccesibles y el Estado es muy débil y no tiene ni movilidad,
ni sueldos para que haya un cuerpo de fiscalizadores ambientales,
y entonces las denuncias nunca llegan a solucionar nada. En Bolivia
se logró que el tema de los hidrocarburos sea un tema nacional,
donde desde el año 2003 con la guerra del gas se está
presionando para que el gobierno nacionalice los hidrocarburos
y revierta todos los contratos a las empresas nacionales.
- ¿Ocurre con empresas de otros rubros?
- Veo que hay un factor común, que es que todas las empresas
transnacionales vienen a estos países buscando sólo
las utilidades, un máximo beneficio. Y se repite el esquema
de impunidad ambiental, en el caso de las eléctricas que
desalojan comunidades campesinas e indígenas para construir
represas. Los estados normalmente facilitan los cuerpos represivos
para llevar a cabo estas obras y las poblaciones que vivían
allí no son tenidas en cuenta y se les construyen casas
en otro lugar que no es siquiera el ecosistema donde vivían
y sólo se está pensando en la cantidad de kilovatios
que van a llegar a la capital del país, procedentes de
estas hidroeléctricas.
- ¿Sobre el juicio de los mapuches contra Repsol, hay antecedentes
en otro país de América?
- El caso más famoso es el de Ecuador contra Texaco, que
llegó allí con un contrato de 30 años en
los 70 y cuando se acaba el contrato deja fosas de Iodo, derrames
y hay una incidencia de leucemia-cáncer muy elevada en
esa zona. Entonces organizaciones civiles se aglomeraron y un
abogado ecuatoriano que vivía en Nueva York emprendió
allí una demanda legal a Texaco.
Es un precedente muy importante porque los jueces norteamericanos
aceptaron la causa con el argumento de que Texaco había
tomado la decisión en Estados Unidos y además estaba
trabajando con tecnología obsoleta en Ecuador cuando en
Estados Unidos ya aplicaba otra tecnología y conscientemente
Texaco sabía que había derrames. Esta causa lleva
ya 10 años en la Corte y aún no se ha solucionado,
pero es el caso que está más adelantado.
- ¿Cuál es la hipótesis central de su libro?
- Más que una hipótesis yo hago una descripción
de los conflictos ambientales y describo los procesos de resistencia
que se generan en todas las poblaciones, como también el
tema de la impunidad ambiental de las empresas españolas,
que actúan como en una especie de reconquista en América
Latina aprovechando el marco de neoliberalismo que hubo en la
década de los 90. En el último capítulo,
cuando hablo del lavado verde, que son las estrategias corporativas
que tienen estas empresas para que el consumidor de los países
del norte ni sepa que es lo que realmente está sucediendo
con los productos que consume.
Es una estrategia publicitaria y de confusionismo para que el
consumidor piense, por ejemplo, que la nafta sin plomo es ecológica
o que el gas natural frena las emisiones de C02, y la conciencia
del consumidor quede tranquila también a través
de un silenciamiento, una cortina que hay en todos los medios
masivos de prensa que están financiados por las mismas
petroleras con publicidad, páginas a color en los diarios
y minutos de publicidad en televisión.
Una estrategia propagandística: las normas ISO
- Cuando las empresas hablan del cumplimiento de las normas ISO
en lo medioambiental, ¿qué les da a ellos estas
certificaciones?
- Es una mera estrategia propagandística, un montaje que
se han armado las mismas empresas para ponerse sellos. Esto lo
hacen todas las empresas, es como el mejor trabajador del mes.
El ISO es algo parecido porque realmente no hay un control. Si
se pone un ISO en España no hay funcionarios que vayan
a controlar y entonces las denuncias de contaminación existen
y hay información que silencian. Hay que decir que la página
web de Repsol ha ganado un premio este año por la trasparencia,
y nunca se ha visto ni siquiera hablar del problema mapuche en
Loma de La Lata. De qué tipo de transparencia están
hablando.
- ¿Son muchas las comunidades indígenas afectadas
por esto?
- Sí, porque el petróleo latinoamericano está
en la faja subandina amazónica, el lado oriental de los
Andes y justo en esas zonas están ubicadas. En Bolivia,
Repsol está invadiendo 15 territorios indígenas
y 5 parques nacionales. En Colombia está dentro del territorio
Ugua y en mayo del 2004 Amnistía Internacional denuncia
a Repsol por financiar cuerpos paramilitares que entraban dentro
de los territorios indígenas para eliminar a libres indígenas.
Es en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. En
cada país la estrategia da una vuelta más en la
tuerca de la represión. En el 2002 cuando estaba en Ecuador,
los pueblos Shua declaran su territorio libre de explotación
petrolera. Cuando entra un helicóptero de una compañía
italiana los operarios son agredidos por los indígenas
y la petrolera sacó un comunicado diciendo que se trata
de talibanes locales y apunta a ONG”s ambientalistas que
se oponen a la explotación petrolera de estar financiando
armamentos para las poblaciones indígenas. Entonces el
discurso terrorista de Bush es aplicado por las mismas petroleras
cuando tienen un conflicto con las poblaciones locales.
- ¿Qué tirada tiene el libro?
- Esta es la segunda edición porque la primera salió
en Barcelona con 1.100 y en Buenos Aires han salido 1.200 y está
en distribución.
DIARIO RIO NEGRO - INFOMORENO
la pagina de Marc Gavaldá:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/aleaut?codigo=149059
amigos de la tierra: viaje a repsolandia:
http://www.nodo50.org/azkintuwe/reportaje_26.htm
http://diagonalperiodico.net/article2615.html
