Audiencia pública en Managua.
12 de octubre y neocolonización
Mas
de 500 personas acudieron a la Universidad de Managua al Tribunal
Permanente de los Pueblos para evaluar el comportamiento de la
multinacional española Union Fenosa en Nicaragua.
Un Tribunal simbolico, pero con un simbolismo que señala,
denuncia y duele, a la multinacional y al gobierno nicaraguense,
al menos si se miran las noticias del día:
Una publicidad pagada de la empresa en el Nuevo Diario, que trata
de deslegitimar al Tribunal, y una Declaración del Presidente
de Nicaragua, que ayer asumio una subida de las tarifas electricas..
Simbologia de la dependencia. Simbologia del desastre de las privatizaciones.
Union Fenosa sin pelos en la lengua de su proceder neoliberal,
se ha convertido en un simbolo: de cómo la población
nicaraguense padece las restricciones, cortes, apagones de energia.
De cómo la empresa despidio 400 trabajadores, y llevó
la gestion de la distribución de energia a la maxima ineficacia.
Vilma Nuñez, antigua presidenta del Tribunal Supremo, preside
este TPP, junto a representantes de Ecuador, México, Estado
Español..
Las demandas y reclamaciones genericas llevaron toda la mañana
y los testimonios de los afectados empezaron por la tarde.
Al parecer la empresa admite haber recibido 300mil reclamaciones,
sobre un total de 600mil usuarios. Y eso que muchos pobladores
no pueden hacerlas, están muy lejos de las oficinas , tienen
que perder dias de trabajo y pagar mucho dinero por los desplazamientos.
La denuncia incluye al gobierno español, por haber reiterado
su apoyo al ajuste, a los planes de la empresa, y haber condicionado
la supuesta ayuda y los créditos FAD a las relaciones privilegiadas
de la multinacional.
“Unión
Fenosa: Aumenta la pobreza, violando los contratos y violando
los derechos humanos”, dicen los lemas de los consumidores.
Las denuncias, algunas en tono airado, por el grado de desprecio
asumido por la empresa hacia los clientes, incluyó a todo
el proceso de privatización, gestionado en anteriores gobiernos,
pero con el amplio consenso parlamentario.
El resultado es el monopolio increible de Fenosa, y que la mitad
de las familias nicas no tengan luz..
Y la contradicción de que el gobierno nicaraguense este
pagando 900mil dólares en subvenciones a la empresa privada
española..
Una empresa cuya parte mayoritaria de acciones corresponde a ACS,
la constructora propiedad de Florentino Pérez.
Las propuestas trasladadas versasn sobre anular el contrato con
la Union Fenosa, revertir a las utilidades publicas toda la distribución
energetica, estatalizandola, y proceder a una consulta popular
al respecto de las necesidades energeticas del pais.
Pachakuti desde Nicaragua. Un 12 de octubre 515 años después…
http://www.unionpenosa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=43
http://www.unionpenosa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=43
El TPP Sentencia a Union
Fenosa:
Los
cinco jueces del TPP sesionaron durante dos días en Managua,
y luego de escuchar los alegatos, emitieron una resolución,
que si bien no tiene carácter vinculante para las autoridades
del país, constituye una condena moral y política,
tanto para la trasnacional como para quienes permiten su presencia
en el país, indicó Enrique Picado, del Movimiento
Comunal.
El TPP, establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell
sobre Vietnam, (1966 -1967), y sobre las dictaduras de América
Latina (1974 -1976), tiene como vocación y estatuto dar
visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas
situaciones en las que la violación masiva de los derechos
fundamentales de la humanidad no encuentran reconocimiento, ni
respuesta nacional, ni internacional.
“De los daños”
El jurado recomendó unir las resistencias de todos los
países contra Unión Fenosa para presentarlas en
el TPP de Lima el próximo año. Asimismo, implementar
mecanismos para lograr el resarcimiento, indemnización
y el pago de la deuda social, económica y ecológica
generada al pueblo nicaragüense.
De igual forma recomendaron: garantizar, promover, vigilar y velar
por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, sin subordinarlos
a la lógica comercial, por la vía de los instrumentos
legales, administrativos y otras acciones, específicamente
en lo concerniente al derecho humano a la energía eléctrica.
Generar políticas públicas que generen el acceso
a la energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente,
y elevarlo a rango constitucional autónomo en la medida
en que la energía eléctrica garantiza el disfrute
de muchos derechos humanos asociados.
En
la resolución acusan a las autoridades de gobierno por
incumplimiento del deber que le impone la Constitución
Política y las leyes nacionales, así como las normas
internacionales de derechos humanos de garantizar a todos los
habitantes los derechos reconocidos, así como los establecidos
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, lo acusan por el incumplimiento de sus obligaciones
para garantizar el funcionamiento adecuado del ente regulador
Instituto Nicaragüense de Energía (INE), para que,
de manera eficaz y oportuna, haga cumplir a Unión Fenosa
los compromisos derivados del Convenio y las normas de la institución
reguladora.
Por omisión en su deber de garantizar información
oportuna a la población sobre la suscripción de
Convenios y Acuerdos con Organismos Financieros Internacionales
y Empresas Trasnacionales que afectan la vida cotidiana de la
población, violando sus derechos humanos.
Y acusaron al gobierno de España por permitir que Unión
Fenosa incumpla en su actividad económica en otros países,
los estándares internacionales de derechos humanos que
en su país de origen estaría obligada a respetar.
También a los organismos internacionales, en especial al
Fondo Monetario Internacional (FMI), por las condicionalidades
que impone como privatizaciones y el trato de favor a las transnacionales.
Al Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) que proporcionan los recursos financieros para la implementación
de las condicionalidades impuestas por el FMI, y subsidian y protegen
las inversiones del capital internacional.
El jurado también pidió a la Secretaría del
TPP hacer un tribunal especial de urgencia que investigue las
graves violaciones a los derechos humanos, específicamente
a la vida y la salud, como en el emblemático caso de los
trabajadores bananeros afectados por el Nemagón en Nicaragua,
así como a miles de afectados en Latinoamérica por
el uso indiscriminado de agrotóxicos.
El TPP escuchó la presentación de casos de El Salvador,
Guatemala y Honduras de empresas transnacionales que afectan el
medio ambiente y la salud de los centroamericanos.
