La Delegación Asturiana, que por Cuarta vez llegó a Colombia, para verificar junto a las organizaciones sociales la situación de los derechos humanos,

Se encontró con que:

1) --el día de su llegada, en la Universidad Nacional, se estaba clausurando y emitiendo dictamen, el Tribunal Permanente de los Pueblos, sobre los efectos y externalidades de la Multinacionales en Colombia.

Presidido por el premio Nóbel de la Paz, Pérez Esquivel, el Tribunal acogió las demandas de numerosas organizaciones siendo examinadas en este juicio las empresas Coca cola, Nestlé, Chiquita Brands, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel mining corporation, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold Ashanti, Kedhada, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Pizano S.A. y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A., Monsanto, Dyncorp, Multifruit S.A. filial de la transnaciona Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, British Petroleum, Repsol YPF, Unión Fenosa, Endesa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal Isabel II, Canal de Suez, Ecopetrol, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Brisa S.A., Empresas Públicas de Medellín, B2 Gold – cobre y oro de Colombia S.A.

El Jurado ha estado sido integrado por

Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), quien presidió la audiencia, Premio Nobel por la Paz en 1980;

Dalmo de Abreu Dallari (Brasil), profesor de derecho de la Universidad de Sao Paulo, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, miembro del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de la Presidencia de la república de Brasil;

Marcelo Ferreira (Argentina), profesor de Derechos Humanos de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Francois Houtart (Bélgica), sociólogo, presidente del Centre Tricontinetal de Lovaina (Cetri); miembro del Comité ejecutivo del Foro Social Mundial.

Franco Ippolito (Italia), juez de la Corte Suprema de Casación de Italia, antes presidente di Magistratura Democrática y de la Asociación italiana de Juristas Democráticos; fue miembro del Consejo Superior de la Magistratura.

Lorenzo Muelas Hurtado (Colombia), autoridad tradicional del pueblo Guambiano, ex constituyente y ex senador indígena, Departamento del Cauca.

Juana Manquecura Aillapàn (Chile), autoridad ancestral del pueblo mapunche, médica lawentuchefe, miembro del Parlamento del Koz-cok Mapu.

Vilma Núñez de Escorcia (Nicaragua), vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (1979-1988), Presidenta del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH); desde 1990, vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Antoni Pigrau Solé (España), catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Bruno Rütsche (Suiza), secretario del Grupo de Trabajo Colombia-Suiza, Paz y Derechos Humanos.

Philippe Texier (Francia), magistrado de la Corte de Casación de Francia y presidente del Comité de DESC de la ONU.

Gianni Tognoni (Italia), director de Investigación en Epidemiología y Salud Pùblica y Secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos.

En la sentencia se desprende la existencia de un cuadro generalizado y sistemático de violaciones de los derechos humanos.

En primer lugar se constatan graves violaciones del derecho a la vida y la integridad física de numerosas personas con casos de asesinatos, masacres (Bombardeo de Santo Domingo, Masacre de Caño Seco, Masacre de Tame -Piñalito, Flor Amarillo, Cravo Charo-, La Cabuya, Cravo Norte), torturas, y amenazas. En el curso de la audiencia depusieron numerosos testigos sobre el crimen del que habían sido víctimas sus parientes más cercanos (madres, padres, hijos, hermanos, primos).

En segundo término se verifica una persecución constante contra líderes gremiales, al punto que puede afirmarse que quizás se trate del país con un mayor riesgo para el ejercicio de tal actividad. En los últimos veinte años más de tres mil sindicalistas han sido asesinados. Es ejemplar en este sentido la persecución a la que se han visto sometidos los dirigentes y militantes de la Unión Sindical Obrera que en los últimos veinte años han sufrido el asesinato de 105 de sus miembros, además de otros casos de desaparición, secuestro, atentados, desplazados internos o exiliados.

La exploración y explotación petrolera ha significado el desplazamiento, la expulsión o la quasi extinción de gran parte de las comunidades indígenas (U’WAS, SIKUANES, MACAGUANES, CUIBAS, GUAHIBOS, BETOYES, BARI, COFANES, NASA, INGA, EMBERA CHAMÍ, SIONA, AWÁ, PASTOS, CAMSÁ, YANACONA, CAMENTZÁ) de sus territorios ancestrales por la invasión y destrucción de los mismos. Igualmente, desde que inició esta actividad en las distintas regiones, sus integrantes han sido víctimas de homicidios, masacres, detenciones y torturas, a manos de agentes estatales o paraestatales, pues las empresas y el Estado los consideran como un obstáculo para la extracción del petróleo.

DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES

Además de al gobierno de Colombia el Tribunal acuerda ACUSAR:

A las empresas petroleras transnacionales BP, OXI, Repsol y a la empresa ECOPETROL:

Por el desarrollo de políticas de exploración y explotación de los yacimientos que comportan el desplazamiento forzoso de las poblaciones que en ellas residen.

Por el desarrollo de políticas de exploración y explotación carentes de cualquier evaluación de impacto ambiental, y que comportan la destrucción de bosques otros espacios naturales y la contaminación grave y creciente de los cursos de agua, como es el caso del río Arauca, y suponen una restricción forzada para las formas vida de las poblaciones afectadas.

Por la creación de auténticas zonas de exclusión de acceso para los ciudadanos en grandes áreas circundantes a los campos que están en explotación, áreas caracterizadas por un virtual estado de guerra y una desproporcionada militarización, con el recurso a las fuerzas armadas regulares, a compañías privadas de seguridad e incluso a grupos paramilitares

Por la tolerancia, cuando no la connivencia o la concertación con tales grupos armados, bien directamente bien mediante empresas subcontratadas interpuestas, en la persecución de aquellas personas o colectivos que muestran algún tipo de oposición a las actividades petroleras o a las condiciones en que se realizan; persecución que comprende la creación de falsas acusaciones ante los tribunales, la amenaza, el secuestro, la agresión física, la tortura e incluso el asesinato, como se ha documentado ampliamente ante el Tribunal.

En particular por la persecución sistemática y generalizada de sindicalistas, como es el caso de los dirigentes y militantes de la Unión Sindical Obrera, en vulneración de los derechos sindicales reconocidos internacional y constitucionalmente.

A los Gobiernos de los Estados cuyos nacionales (entre ellos España) tienen una participación significativa en el capital de las empresas mencionadas:

- por permitir que dichas entidades jurídicas puedan incumplir en su actividad económica en otros países, como es el caso de Colombia, los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente que en sus países de origen serían obligadas a respetar.

El jurado hace un llamado a intelectuales y a miembros de organizaciones sociales de América Latina y de otras partes del mundo para que elaboren propuestas sobre normativas de control a las empresas trasnacionales y sobre una tipificación de sus crímenes económicos y ambientales dentro de marcos coercitivos eficaces, y se presione su adopción por parte de las Naciones Unidos con el fin de salvaguardar los derechos de los pueblos.

El jurado hace también un llamado a la comunidad internacional para que tomen distancia de la información ordinaria que se da sobre Colombia y para que tengan en cuenta que en un país donde ocurren tantas atrocidades como las que han sido presentadas ante esta y las anteriores audiencias, no puede considerarse fiable a la fuente oficial ni a las fuentes que han permitido silenciar todos estos crímenes.

El Tribunal se ha dirigido a la Corte Penal Internacional para que no retarde más su decisión de admitir el caso Colombia, donde las diversas audiencias de esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos han comprobado la existencia de numerosos crímenes de lesa humanidad.

Finalmente el Tribunal expresa profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encuentran quienes luchan por los derechos humanos en Colombia y en particular por quienes han actuado como testigos en esta y en las demás audiencias del TPP. El jurado considera que todo lo que pueda afectar en adelante a los relatores y testigos de estas audiencias deberá ser considerado como responsabilidad directa del gobierno colombiano.

2) -La Delegación coincidió en Colombia con hechos de detenciones y juicios a senadores y diputados uribistas, por vinculos para-narco-militares. Entre ellos Luis Eduardo Vives, máximo dirigente del partido de la “U”, condenado a siete años de cárcel, o los cuestionamientos a la familia de Fabio Valencia, actual ministro del interior, por similares vínculos ilegales, o del primo del presidente, Mario Uribe, quien dias antes había tratado de huir a una embajada centroamericana, adonde llegaron las víctimas en rápida movilización para evitar que fuera acogido.

Este “escándalo” de la parapolitica que afecta a más de medio millar de senadores y diputados, fue coincidente en la visita de la Delegación con “audiencias” de asesinos paramilitares en cuyas declaraciones volvieron a involucrar a diversos políticos del entorno presidencial: Entre ellos el llamado “Hache-Hache”, o el denominado “”Manoteto”, socio de otro lider de ultraderecha armada “Macaco”..

En dichas audiencias, acogidas a la ley “de impunidad” de Uribe (que denominan de “justicia y paz”) las víctimas tienen que oír a sus victimarios el relato de sus barbaridades, por las cuales únicamente pagarían 8 años de cárcel: así, sin reparación ninguna para las víctimas, verdugos que tienen en su haber hasta 2000 asesinatos confesados, estarán en cárceles especiales un máximo de ocho años, y saldrán libres, mientras sus asociaciones siguen manteniendo control de extensos territorios robados a las comunidades.

En ese infernal contexto se pudo escuchar la audiencia del paramilitar “Juancho Dique” sobre la masacre de más de cien personas en El Salado . (tal vez la mayor masacre cometida en Colombia, según la propia fiscalía). Durante tres días, a pocos minutos de un destacamento militar cómplice, los paramilitares estuvieron matando, a ritmo de música, torturas indecibles a las familias, con parrandas aseguradas por esa impunidad gubernamental, jugando a fútbol con las cabezas de los asesinados, incluyendo a niñas muertas al calor sofocante de la costa amarradas en el centro del hasta entonces bello caserío, que fuera visitado en un intento de retorno, por otra delegación asturiana, y uno de cuyos sobrevivientes, Lucho Torres, también estuviera acogido a refugio temporal en Asturias..

3- La Delegación coincidió también en el tiempo con la libertad sin cargos de cuatro estudiantes de la Universidad del Atlántico, tras casi dos años de injusta prisión: dos días antes de la sentencia la Delegación pudo visitar la Universidad, su clima de privatización y control, junto a los padres de otros cuatro estudiantes asesinados en el mismo atentado, que la propia policía admite fue fraguado desde las instituciones armadas con explosivos de su uso exclusivo.

4)- La Delegación Asturiana pudo constatar en el Movimiento de Víctimas la preocupación por los hechos concretos de las denuncias sobre el uso ilegal de las imágenes y signos identificativos de Cruz Roja Internacional, o los medios informativos ECUAVISA y Telesur, o la ONG ficticia Misión Humanitaria con logotipos y documentación copiadas de la ONG barcelonesa Global Humanitaria (que pese a ser la única ONG que no ha sido admitida en la Coordinadora Asturiana de ONGs, ha sido elegida por la Agencia Asturiana de Cooperación para formar parte del Consejo de Cooperación) lo que según las normas internacionales significa una violación flagrante de la normativa, y una descarada premeditación que afectaría al futuro de las actuaciones de esas entidades.

5) La Delegación Asturiana recibió noticia directa de la preocupación de las organizaciones sociales por la entrada del gobierno colombiano en negociación con el gobierno español para intervenir en conjunto en Afganistán. Ello supondría una complicidad alarmante, entre un ejército tan implicado y sentenciado en violaciones masivas a los derechos humanos, en un área externa, donde la única ventaja aparece en el ámbito de los negocios armamentistas. La imagen del ejército español se vería sin duda enturbiada por esta colaboración extraña, con la Colombia de Uribe.