Texto
preliminar del informe de la Misión Internacional de Verificación sobre
Agrocombustibles en Colombia. Será profundizado en estas semanas con la
contribución de todos lo partcipantes a Misión por cada región
analizada.
Centro "E. Balducci" Udine - Italia Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización
Desde
el 1997 hasta el 2001 las operaciones militares y paramiliaters de la
Brigada 17 bajo el pretexto de combatir la guerilla, han desplazado
masivamente a las poblaciones afro, indígenas y mestizas de las Cuencas
de Curvaradó y Jiguamiandó que son parte de una Reserva Forestal
decretada por el gobierno desde 1957. Por medio de esta acción 43.700 hectáreas de título colectivo reconocido por la ley 70 de 1993, fueron usurpadas ilegalmente. Desde ese año (1996) hasta hoy se produjeron más de 140 crímenes de lesa humanidad, 13 desplazamientos forzosos.
Desde
el 2001 por parte de empresas y asociaciones campesinas conformadas por
narcoparamilitares y beneficiarios de agronegocios bananeros y
ganaderos que desalojaron y usurparon los predios.
En lugar de
los bosques tropicales que forman parte de la bioregión del Chocó con
altísima biodiversidad y cultivos de pancoger, los ocupantes ilegales
han reconfigurado los territorios implementando monocultivos intensivos
de palma aceitera, platano, y ganaderia extensiva; la ocupación con
siembra de palma es aproximadamente de 7000 hectáreas.
Desde
tiempos recientes, la yuca y la teca están avanzando de manera
preocupante. Las empresas han hecho llegar desde diferentes regiones
del país, familias y grupos de repobladores ajenos a la zona y
dependientes de las mismas empresas que actualmente ocupan el
territorio colectivo, conformando el 85 por ciento de la población
total presente en la zona.
Los legales y efectivos facultados a
establecerse y permanecer sobre el territorio regresaron y encontraron
la tierra ocupada y vigilada con la costante presencia de militares,
paramilitares y policía, que de hecho son cómplices de los intereses de
los empresarios.
La violencia que sufren las comunidades está
basada en una estrategia deliberada e intencional de control tanto del
territorio como de la población por parte del estado y de las empresas.
El riesgo que se vive en aquella region esta comprobado por lo que paso
el dia 3 de julio dia en que empiezo la mision; las Brigadas
Internacionales de Paz que nos acompañaban recibieron una llamada de la
policia, con la que nos aconsejaban de no llegar a la Comunidad de
Andalucia aquella tarde, porque resultaría peligroso.
Para
defenderse y protegerse, las comunidades han formado zonas humanitarias
(pequeñas porciones de territorio suficientemente grandes para la
residencia pero no para cultivar) que cuentan con el respaldo de las
medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que deberia garantizar el acceso unicamente a los civiles, pero de
hecho esta medida no esta siendo respetada . La seguridad física y
psicológica de la población está actualmente protegida de manera
constante por la presencia esporadica de acompañantes internacionales y
miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
A pesar
de esta presencia, las amenazas son constantes y cada vez mas
preocupantes. Junto a las zonas humanitarias han nacido siempre por la
voluntad libre y espontánea de las comunidades , Zonas de Biodiversidad
, a fin de preservar la selva que aún no ha sido afectada por el
monocultivo o la ganadería extensiva , y para impedir que avance la
palma y otros monocultivos.
Por eso debería reconocerse el valor
de las Zonas Humanitarias como mecanismo de protección del derecho a la
vida en medio del conflicto armado y de las Zonas de Biodiversidad como
mecanismo de protección y recuperación ambiental y de soberania
alimentaria de las comunidades.
Después de los encuentros en los
que hemos participado en las comunidades de Andalucía, Nueva Esperanza,
Camelias y Caño Manso, donde hubo también la participación de
representantes de las comunidades de Pueblo Nuevo, Caracoli y Puerto
Lleras, somos testigos y recogimos las siguentes solicitudes y
constancias:
- Devolucion inmediata y compléta del territorio
asi que cese la impunidad que esta imposibilitando la restitución de la
propiedad y de los derechos y que está permitiendo la reingenieria y
control militar y paramilitar en contravia del Derecho;
- Retiro total de las empresas con las que no quieren ninguna negociación;
- Que el cultivo del pancoger sea respetado y que no sea sistemáticamente gastado por el ganado y los militares;
-
Retiro total e inmediato de todos los actores armados, y que hasta que
esto no ocurra el pais colombiano no se defina internacionalmente como
democrático;
- Que el proceso 3856 avanze y que los 24
empresarios acusados de haber causado y planeado el desplazamiento
forzado y el daño ambiental paguen por sus crímenes y que éstos no
queden impunes;
- Que se difunda ampliamente el conocimiento a
nivel internacional del peligro bajo el que viven las comunidades . Por
lo tanto los movimientos y las instituciones nacionales e
internacionales respalden estas reclamaciones sin condiciones;
-
Que la presencia de los miembros de JYP permanezca hasta que el derecho
a permanecer y vivir sobre el territorio colectivo sea un hecho
concreto y seguro;
- Que se solucionara y eliminara el paramilitarismo que aun no ha sido resuelto, su anunciada eliminación es una mentira;
-
Que se aclaren las responsabilidades del gobierno colombiano sobre la
financiación con dineros públicos de este agronegocio ilegal.
Conclusiones
A
pesar de que los gobiernos nacionales, la industria misma, y las
grandes ONGs ambientalistas con el WWF a la cabeza hablan mucho de
hacer la palma «sostenible», las comunidades mismas no mencionan nunca
ese concepto.
Por lo tanto , rechazamos rotundamente todos los esfuerzos de certificación.
Iniciativas
como la RTPO (Round Table Sonstantable Palm Oil) no son una salida al
problema sino una estrategia de mercado para "lavar" la imagen de los
agrocombustibles derivados de la palma.
Concluimos que los
monocultivos nunca pueden ser ni sustentables ni certificables bajo
ningún aspecto debido a las sistemáticas y constantes violaciones de
los derechos humanos, ecológicos y sociales que jamás pueden
representar un beneficio para las comunidades afectadas.
De
hecho, el aceite de palma de Colombia se compra en el exterior sin
ningún tipo de consideración acerca de su procedencia y el que se
consume actualmente es aceite mezclado con sangre de las víctimas.
La
prueba de esta afirmación esta en las raíces que hemos visto crecer
sobre lo que fue cementerio del pueblo de Andalusia y que ahora es una
plantación enorme de palma aceitera.
Instamos al gobierno
colombiano y las autoridades involucradas en todo lo que esta pendiente
para las comunidades de la Cuenca del Curvaradó y Juguiamandó a que se
cumplan todo los asuntos pendientes mencionados arriba.
Estaremos
en contacto costante con las comunidaes y pedimos que la memoria de
todas las víctimas de las violencias militares y paramilitares sea
respetada, preservada, honrada, reconocida y que los lugares sagrados
sean devueltos junto al territorio en su conjunto.
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