1.Denunciamos la actitud intimidatoria, hostil, amenazante, agresiva, irrespetuosa y grosera de Fuerzas Armadas colombianas con esta Misión Internacional. El pasado 2 de febrero en Piñuñanegro, Putumayo, un helicóptero militar aterrizó junto a la escuela de la localidad. Los Generales Cabrera y Colón, al mando de varios oficiales y numerosa tropa que portaba armas de guerra, junto a civiles armados que los acompañaban, se dirigieron de forma ofensiva, intimidatoria y grosera a los miembros de la Delegación del Principado de Asturias, fotografiándolos a todos ellos sin autorización. Los Generales, con actitud nerviosa y agresiva, expresaron que los civiles presentes en la zona éramos sospechosos de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla y de haber entrado en Colombia de forma ilegal, a pesar de que desde el primer momento nos identificamos como miembros de una Misión de Observación de los Derechos Humanos encabezada por un miembro del Gobierno del Principado de Asturias. El objetivo evidente de los Generales era impedir que la Delegación constatara las múltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas en la zona por la tropa: barcos militares con armamento de guerra atracados dentro de la localidad, requisas y registros por parte de militares a población civil, helicópteros aterrizando junto a la escuela, militares acampados dentro de las casas del pueblo,..., poniendo en peligro la vida de la población y de los miembros de la Comisión al convertirlos en objetivo militar.

2.Expresamos nuestra máxima preocupación por las denuncias del accionar violento de grupos paramilitares en los Departamentos y regiones visitadas por la Delegación. A pesar de que el Gobierno colombiano niega oficialmente la existencia de estos grupos, las denuncias y testimonios constatan que siguen cometiendo masacres, extorsiones, asesinatos y ejecuciones, desplazamientos forzosos, desapariciones, violencia sexual y son un factor de desestabilización de la paz publica. Las víctimas de estos grupos, cuya existencia evidencia el fracaso del proceso de desmovilización desarrollado entre los años 2003 y 2006, se sienten desprotegidas por parte del Estado que niega su existencia. El incremento de los grupos paramilitares es clave para entender el aumento de los crímenes y los desplazamientos forzados.
Denunciamos la existencia de listados de personas civiles amenazadas de muerte por grupos paramilitares, como represalia por su actividad como dirigentes sociales del Putumayo. De la misma forma denunciamos la existencia de informes de inteligencia del Ejército Nacional sobre personas civiles a las que se sindica de guerrilleros y que contienen datos privados de una lista de personas y familias a “neutralizar” en el Caquetà.

3.Alertamos a las autoridades colombianas, de la voluntad de las familias del Municipio de Argelia, Cauca, que son víctimas de asesinatos y desapariciones de familiares por la violencia paramilitar, de retornar a sus casas y tierras. Alertamos a las autoridades para que tomen las medidas oportunas que garanticen la vida y la seguridad de estas familias, ante el grave peligro que van a correr. Estas familias denunciaron la existencia de una fosa común, de un “matadero”, entre Casa de Teja y El Roble, en la Vereda de Nuevo Horizonte, Argelia, Cauca.

4.Ante la alarma social creada por los datos publicados y las declaraciones realizadas por distintos responsables políticos e institucionales respecto a la fosa común de La Macarena donde podría haber más de 2000 cadáveres sin identificar, solicitamos a las instituciones responsables del Gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el perímetro del Cementerio de La Macarena para prevenir la modificación de la escena, la exhumación ilegal de los cadáveres y la destrucción del material probatorio que allí obra. Por otra parte, sería fundamental la creación de un Centro de Identificación Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualización y plena identificación de los cadáveres NN allí sepultados.

5.Expresamos nuestra preocupación por el desalojo de las comunidades campesinas de la finca Las Pavas, desplazadas al Corregimiento de Buenos Aires, Sur de Bolívar, donde 123 familias fueron desalojadas con violencia por el ESMAD, de un predio en proceso de extinción del dominio que era supuesta propiedad de Pablo Escobar. Estas familias se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y los terrenos de propiedad privada así como los terrenos baldíos están siendo devastados por la maquinaria que derriba árboles, seca ciénagas, caños y acuíferos para la plantación en monocultivo de palma aceitera , dejando a las comunidades en situación de inseguridad alimentaria, sin trabajo y sin futuro.

6.La vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales aumenta año a año. La pobreza, la pobreza extrema y la inequidad continúan siendo temas de preocupación. Esta situación afecta particularmente a los pueblos y comunidades indígenas, los grupos afrocolombianos, los desplazados, las mujeres, la niñez y las personas con discapacidad. Las limitaciones al disfrute del derecho al alimento de determinadas comunidades ha llevado a la malnutrición. Asimismo, el limitado acceso a la vivienda y el empleo precario siguen siendo factores de preocupación.

La erradicación forzada de cultivos ilicitos sin que haya sustitución de cultivos que sean fuente de ingresos a la población cada vez más empobrecida.

7.Los pueblos indigenas del Cauca, Caqueta y Putumayo denuncian graves violaciones de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y las Leyes por la falta de respeto a sus territorios, tradición y autoridades, por la presencia de grupos armados dentro de sus caseríos y territorios, y por el bloqueo de alimentos y medicamentos a sus Comunidades.

8.Expresamos nuestro máximo respeto y solidaridad con el dolor de las madres de los jóvenes torturados, asesinados o desaparecidos por miembros del Ejército Nacional, en Soacha y Aguachica, quienes al dolor por sus hijos, suman las amenazas de muerte de los que quieren silenciar sus denuncias y el dolor de ver que los militares acusados de los crímenes de sus hijos van quedando en libertad por vencimiento de término. Mostramos nuestra preocupación sobre el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales dado que la situación viene generada por la Directiva de la Presidencia de Colombia 029 firmada en el año 2005 poniendo precio a los guerrilleros muertos en combate, creando así una dinámica perversa entre los miembros del Ejército Nacional de Colombia que podían conseguir primas, días de vacaciones o cambios de destino, presentando “guerrilleros caídos en combate”.

9.El periodismo colombiano está sufriendo graves intimidaciones. En el año 2009 hubo un incremento en el total de las violaciones a la libertad de prensa. La más grave: el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas por parte del DAS. Del escándalo del DAS se han confirmado 16 casos de periodistas, no obstante, se cree que el fenómeno es muchísimo mayor, pues según la Fiscalía, no se ha analizado el total del material incautado. Además se diseñaron manuales para amenazar, como lo demuestra la investigación de la Fiscalía en el caso de las interceptaciones a la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia.
La FLIP registró con preocupación el asesinato de un comunicador por razones de su trabajo periodístico en 2009, José Everardo Aguilar, de Radio Súper, en Patía, Cauca. Las constantes denuncias sobre corrupción e informaciones sobre política local habrían sido el motivo de su crimen, ocurrido el 24 de abril.
En cuanto a las amenazas, éstas continúan siendo una de las formas más frecuentes de coartar la labor de los periodistas y de silenciarlos. En 2009 se presentaron 74 casos. La consecuencia es un alto grado de autocensura por parte de los comunicadores colombianos.

10.Denunciamos la falta de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Colombia. A la Delegación Asturiana le fue negado el permiso para entrar en la prisión de alta seguridad de Valledupar con el fin de realizar su labor de verificación de la situación de derechos humanos. Dicha prisión es considerada por los reclusos como una cárcel de castigo por su alto índice de violación de los derechos humanos. Las autoridades penitenciarias y carcelarias no han dado explicación alguna sobre los motivos por los cuales se impidió el ingreso al establecimiento de Valledupar. Impedir el ingreso de la Misión Internacional del principado de Asturias y las organizaciones acompañantes en el centro es una clara señal de las intenciones del Estado Colombiano de ocultar a la comunidad internacional la crítica situación de violación de derechos humanos que se vive en los centros de reclusión. Hacemos un llamado a la solidaridad con las mujeres detenidas en la Torre 9 de la cárcel de alta seguridad de Valledupar, Cesar, que viven en condiciones que atentan gravemente contra la dignidad humana y su dignidad de mujeres y madres. Exigimos el cierre inmediato de la Torre 9.

11.De la misma forma, denunciamos que no se permitiera visitar a la Delegación la Base Militar de Palanquero. Estas actuaciones no contribuyen a generar  confianza en las decisiones oscuras del Gobierno.

12.En Colombia, según datos de la CUT, han sido asesinados casi 3.000 sindicalistas y 196 han desaparecido. De los cuales, 520 durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, . De cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son colombianos. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo, según datos de la OIT. Durante el año 2009 fueron asesinados 31 sindicalistas en Colombia. En este año 2010, ya van 3 asesinatos. Denunciamos la violencia ejercida de manera sistemática contra los sindicalistas y la impunidad en que quedan la mayoría de estos crímenes.