La Madre Tierra es de quien la cuida
Movimientos Sociales hacia el ALBA
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular.
Declaración del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías
11.500
delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de
trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las
organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del
desarrollo capitalista, nos hemos reunido en Cali entre el 30 de
septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de la vida
y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y
movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia
sobre el territorio.
1. Hemos venido a defender la vida y la
Madre Tierra. Hemos comprobado que la única opción de vida no es el
consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y
la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos
construyendo la alternativa: territorios gobernados por las
comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e
igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de
los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de
alimentos,
Lamentamos que el gobierno y algunos medios de
comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las
movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas
terroristas. Como ha dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre,
hay un aumento sensible de la movilización popular; pero se equivoca al
ver que tras estas acciones está la presencia insurgente. El uso
rutinario del señalamiento les impide ver que detrás de la movilización
social en realidad está la respuesta indignada de la gente frente a la
destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las
industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la
continuidad de una estructura agraria inicua --denunciada estos días en
el Informe de PNUD.
2.
Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político
y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque
político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí
mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la
parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar
para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del
problema --la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste
con la oligarquía industrial y financiera--, y por el contrario
utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y
el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los
requerimientos del capital.
Esta certeza ratifica lo que venimos
diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la
institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la
respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos ha tocado
legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que
debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro
lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra
intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de
las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene
sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno
propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el
territorio.
3. El conjunto de las medidas legislativas y de
políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar
a cabo --la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la
imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del
campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a
la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las
aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de
hectáreas,-- no es otra cosa que la agenda del capital nacional y
transnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la
“privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y
los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y
entregárselos al capital privado.
Cada
una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos meses,
son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para que las
decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la beben; en
el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección entre
comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una
decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del
capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio
del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades
afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La
Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y de su vida;
en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con los Estados Unidos
no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga
(Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no
destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San Andrés para
que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las
grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean
sitios prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir
que la Madre Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares
son para impedir la desterritorialización y el despojo.
4.
Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades han
pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado -que debería ser
su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza inversionista”.
La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen
dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios
y la soberanía nacional.
Se trata de una dinámica similar en
todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses privados ha
despertado una ola de indignación en Europa, Suramérica y los Estados
Unidos contra el despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos
reclaman, igual que nosotros y nosotras, el derecho de dirigir sus
vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte
de ésos, los indignados y las indignadas del mundo.
5.
Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado 7
mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre
Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la
construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos
que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos
consideramos de vital importancia los siguientes:
- Consolidar
la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a
la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía
popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este
Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular
por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la
conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos
sumamos a estos mandatos.
- El segundo mandato general es
cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la
Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las
fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha
mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera
desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la
presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP
Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa,
Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión
Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y
territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les
notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y
afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra,
al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del
derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las
acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan
del país y sean sancionados.
- El tercer mandato es realizar
–como organizaciones sociales populares-- todas las acciones políticas
civiles para construir un camino hacia la solución política del
conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera
profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es
posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto
continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos
nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia
a los actores armados para que respeten el derecho humanitario --en
especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como
botín de guerra--, y las acciones directas de desmilitarización de
nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones
sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el
Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos
convocamos.
El
cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra
y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos
que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el
paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran
latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario,
esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y
afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades.
Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos
pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los
derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los
principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.
- El
quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y
comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno
propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las
fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto
de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el
desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad.
- El
sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de
los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la
soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las
semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas
de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente
apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no
utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la
presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros
monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.
- El
séptimo mandato es realizar una reforma de territorial del país que
contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las
regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos
que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las
ciudades de Colombia.
- El octavo mandato general es
emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables
intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean
juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y
reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la
defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.
- Los
niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato adicional:
debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean
tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no
despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan.
Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde
los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país
de sus sueños.
Éstos son los mandatos de los pueblos y las
organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles
y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a
comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta
construcción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos.
Cansados
de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden.
Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular
Cali, octubre de 2011
http://congresodetierrasyterritorios.elalimentoesvital.com
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