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Entrevistas
a Héctor Mondragón
Héctor Mondragón,
de la Convergencia Campesina, Negra y Indígena Entrevista
www.cubainformacion.tv/(...)
lunes, 25 de febrero de 2008
Duración: 16:39
El papel de resistencia de Cuba, el Plan Colombia, el paramilitarismo,
los agrocombustibles y el ALBA son algunos temas que analiza este
activista social colombiano.
La guerra en Colombia
no es porque haya pobreza, sino porque hay riqueza
www.conflicto.net/(...)
claves para entender el conflicto en Colombia
y América Latina
Carlos Obando entrevista a Héctor Mondragón
 El
recién elegido y posesionado presidente de La Republica
de Colombia, país suramericano, Alvaro Uribe Vélez,
llegó a este cargo después de ganar las elecciones
con un 53% de la votación en segunda vuelta. Los análisis
de porqué un candidato de derecha gana estas elecciones
en un país que históricamente ha votado por el centro,
políticamente hablando, parece ser que tiene que ver con
su principal propuesta planteada en su programa de gobierno y
utilizada como caballito de batalla en su camino a la presidencia
del país: combatir a la guerrilla militarmente.
La diferencia con el anterior gobierno que planteó una
negociación política al conflicto armado, pero que
a la postre dejó más desencanto que logros parece
ser también el cambio de actitud de una mayoría
de la población colombiana. Uribe Vélez ha venido
articulando una política para la guerra contra la guerrilla
que sorprende cada vez más a los colombianos. Lo primero
que hizo una vez presidente, fue crear un nuevo impuesto que recaudará
dos billones de pesos para operaciones militares, conformar un
ejercito de un millón de informantes civiles que ayudarán
a cuidar las carreteras, asediadas desde hace unos años
por las guerrillas, y finalmente en las últimas semanas
su iniciativa más polémica que todas las anteriores
tiene que ver con armar a miles de campesinos en la ancha geografía
colombiana.
Para muchos ésta decisión es el primer paso hacia
una sangrienta guerra civil,
pues estos campesinos, jóvenes en su mayoría, vivirán
en sus casas y continuarán con sus actividades de estudio
o trabajo, pero tendrán entrenamiento militar, aunque menos
especializado que el del resto de la tropa. Cuidarán puentes
o infraestructura de su zona y adelantarán labores de inteligencia.
La guerra de Uribe contra la guerrilla tiene dos focos de atención:
uno es la lucha contra el narcotráfico y el otro es el
control del territorio. El gobierno apunta a recuperar para el
Estado el territorio perdido en los últimos años
por el crecimiento acelerado de las guerrillas colombianas y el
recrudecimiento de las acciones militares que han desplazado cerca
de dos millones de campesinos de sus tierras.
El futuro de esta guerra está definido y cada vez la estrategia
es más consecuente. El país salió de su etapa
de negociación y salida política de la guerra y
eligió a un presidente que cree que la apuesta militar
es la vía más clara y rápida para dirimir
el conflicto colombiano. La pregunta hoy en Colombia y en Latinoamérica,
puesto que esto afecta al resto de países del continente,
es si esta nueva táctica conducirá a la solución
definitiva de este conflicto o peor aún hacia su agudización.
Para hablar de este tema que tiene a Colombia en un momento histórico
y que es un país estratégico para los intereses
directos de los Estados Unidos en el continente, entrevistamos
a Héctor Mondragón en su paso por Barcelona, después
de haber asistido al foro antiglobalización en Florencia
como expositor por Latinoamérica. Mondragón es colombiano
y un agudo analista del conflicto social y armado colombiano.
Economista y experto en comunidades campesinas e indígenas,
ha trabajado como asesor del Consejo Nacional Indígena
y del Consejo Nacional Campesino de Colombia. Su lucha civil y
permanente por el reconocimiento de las conquistas de los campesinos
e indígenas colombianos en toda su historia, lo tiene amenazado
de muerte y lo ha obligado a refugiarse en años anteriores
fuera del país.
Pregunta: ¿Se ha planteado que en Colombia el conflicto
armado tiene su origen en la enorme desigualdad que existe en
la distribución y posesión de la tierra. Qué
tiene de cierto esta tesis?
Héctor Mondragón: La tierra es históricamente
la base de subsistencia y permanencia de las comunidades. No es
simplemente un componente productivo, sino también, el
elemento del cual deviene la vida de las comunidades. El conflicto
armado está generando desarraigo y desplazamiento en las
comunidades rurales, porque la dinámica de la guerra los
está obligando por miedo o terrorismo a dejar sus comunidades
y venirse a la ciudades. También obedece este fenómeno
a que no sólo en Colombia, sino también, en todo
el continente hay una serie de megaproyectos con intereses de
los norteamericanos y de trasnacionales europeas que quieren obligar
a las comunidades a salir de sus territorios tasando sus tierras
en un valor comercial. Se desconoce las garantías conquistadas
por las comunidades en sus territorios, sobre todo indígenas,
que por siglos han resistido el embate de colonizadores venidos
de diferentes lugares e intereses.
Las personas que concentran la propiedad de la tierra en Colombia
son apenas cinco mil y para ellos no interesa la tierra como factor
productivo sino únicamente como dinero. Suben de precio
por su ubicación cercana a estos megaproyectos y no se
expropia para cultivarla, sino para acelerar un proceso de destrucción
de la agricultura y luego especular con ellas y venderlas a estos
megaproyectos petroleros, como el caso de Repsol o de carreteras
intercontinentales o canales fluviales o marítimos. En
conclusión la guerra en Colombia no es porque haya pobreza,
sino porque hay riqueza y todo lo que esté cerca de estos
intereses, generalmente de transnacionales, es convertido en objetivo
de guerra.
PR: Cuál es el objetivo de la guerra en la Colombia de
hoy?
HM: El objetivo de la guerra es desplazar a la gente, sacarlos
de su territorio y se lo propone específicamente con diferentes
pretextos. Hoy el pretexto es el narcotráfico, la guerra
contrainsurgente, la lucha contra el terrorismo, y no es que estas
cosas no existan, existen, pero se utilizan como pretextos para
sacar a la población civil de las áreas que las
quieren desplazar. En la visión economicista del neoliberalismo
hay una rentabilidad, no desde la sociedad, sino desde el punto
de vista de los inversionistas. Lo que no es rentable a la inversión
trasnacional se considera población inviable y por tanto
se utiliza la estrategia del desplazamiento. El mapa del conflicto
armado en Colombia, esto ya se ha demostrado, coincide con el
mapa de los territorios en los que hay grandes proyectos de inversión.
PR: A que juegan los actores armados en este conflicto?
HM: Yo creo que los actores armados que son la guerrilla y el
poder tradicional con sus diferentes formas de acción,
una de ellas es el paramilitarismo, conectado a los grandes terratenientes
y emporios económicos tiene la misión de “romperle
el espinazo al sindicalismo”, una frase utilizada hace un
par de años por el FMI (Fondo Monetario Internacional),
para referirse al problema colombiano. Basta ver los 183 sindicalistas
asesinados el año pasado en Colombia, es una cifra que
demuestra que se le está rompiendo el espinazo a los trabajadores
en Colombia y se le está rompiendo a balazos. Esos paramilitares
que han asesinado estos sindicalistas son funcionales a ese interés
del FMI y eso lo podemos ver en sectores que se han resistido
a la privatización como es el caso de las hidroeléctricas,
o del petróleo en el que los trabajadores no han permitido
que se privatice y por eso ponen todos los días muertos
y son asesinados cada día dirigentes petroleros. El caso
de la salud y de los maestros es igual, una violencia que funciona
en beneficio de la privatización de los grandes recursos
y proyectos. En cuanto a la guerrilla, hay que decir que surge
como una propuesta espontánea de los campesinos del 50,
con dos ideas: la primera conservar la vida de las masacres de
liberales y conservadores y la segunda vengarse. Hoy la guerrilla
recluta a jóvenes y mayores, los primeros porque ven en
la guerrilla la posibilidad de vengarse de las masacres de los
paramilitares y del mismo Estado y los segundos porque no quieren
irse a la ciudad a pedir limosna que es el único camino
que tienen. Esto ha ido creciendo la guerrilla considerablemente.
PR: Otro factor adicional del conflicto es el narcotráfico.
Cómo analiza esto en la guerra?
HM: Yo no creo que sea un factor adicional, creo, mas bien, que
es un factor propio de este conflicto. Los colonos empezaron a
cultivar un producto que se ha convertido en el producto central
de la agricultura nacional, cosa que ya había pasado con
otros como el café en otra época. Aquí se
repite la historia; el campesinado se va a la zona de colonización
y encuentra que hay un producto cultivable y rentable a diferencia
del café que dejó de serlo hace tiempos por intereses
de multinacionales. La mafia en Colombia no cultivaba, los cultivos
grandes de gente que al mismo tiempo comercia la cocaína
son recientes y son una estrategia de los paramilitares para financiarse.
El campesino que cultivaba la coca no es el que se lucra de la
cadena comercial. Los cálculos económicos del negocio
dicen que por cada dólar que recibe el campesino propietario
de la tierra y el campesino raspachin que es quien recoge la hoja
de coca, la mula (quien lo lleva a Estados Unidos) recibe 2 dólares
y la mafia local que controla el negocio recibe 17 dólares,
pero la mafia de Estados Unidos que lo distribuye en las calles
recibe 40 dólares. La guerrilla recibe un apoyo de los
colonos y les cobra a los narcotraficantes lo que ellos llaman
vacuna, allí donde tienen control territorial, y entonces
aparece una lucha por dominar estos territorios del circuito del
narcotráfico donde los paramilitares y la fuerzas del Estado
participan de forma directa. Hay una disputa a muerte por estos
territorios y el flujo de dinero que se genera. Estados Unidos
tiene interés en el negocio no porque su política
que enuncia sea la de proteger a sus ciudadanos del consumo de
drogas y por la que tiene una lucha radical contra la droga, sino
porque es un elemento del poder económico y le interesa
coger toda la cadena productiva para revertirlo en el conflicto.
En la practica de la guerra, Estados Unidos no está en
contra del tráfico de drogas, sino del control que la guerrilla
puede tener sobre el negocio que lo utiliza como forma de financiación
de la guerra
PR: Cómo afecta este conflicto colombiano a toda América
Latina?
HM: Estados Unidos está tratando de imponer el ALCA, que
es un tratado unilateral y de libre comercio entre ese país
y Latinoamérica. Si se impone este tratado golpearía
a toda la industria agrícola del continente y significaría
una liquidación total de ésta, y sólo quedarían
algunos productos que no se producen en América del Norte
y que les interesa que se siembre como es el caso de la palma
africana. Incentivarían cultivos del trópico con
bajísimos aranceles que comercializarían sus trasnacionales
y el resto de los productos quedarían liquidados. El gobierno
colombiano es completamente abierto a Estados Unidos y expresa
la decisión de acogerse a los planes de comercio desigual
de las trasnacionales y de Estados Unidos. Brasil y Venezuela
son los únicos países que no le juegan al ALCA tal
y como lo expone los americanos y ya empiezan a sentirse movimientos
sociales y campesinos fuertes en otros países manifestándose
en contra de este tratado como Ecuador, por ejemplo. Con el triunfo
del candidato Lula en las últimas elecciones en Brasil
empiezan a gestarse con Venezuela relaciones que preocupan a Estados
Unidos, por eso la campaña de descrédito mediático
con el presidente Hugo Chávez es tan fuerte hoy, porque
él ha sido un abanderado en América Latina de renegociar
los tratados comerciales con los americanos. El peligro que hoy
existe es que si estas alianzas son exitosas se pararía
el ALCA y el conflicto armado colombiano sería, entonces,
el pretexto para una intervención militar en Suramérica
para imponer el ALCA por la vía militar y del chantaje
como ya está ocurriendo con Colombia a quien senadores
americanos amenazan con recortar el presupuesto y de bloquear
económicamente al país si atiende las alianzas que
hoy gestan Brasil y Venezuela. En resumen, sí el neoliberalismo
llegó a América Latina en las botas de Pinochet,
el ALCA quiere llegar en los helicópteros del plan Colombia.
Al ritmo de Tierra Liberada
www.derechos.org/(...)
Por Héctor Mondragón.
 Si
al fin se hiciera justicia para reparar a las víctimas
de centenares de masacres cometidas en los últimos veinte
años en el campo colombiano, y además por las cometidas
entre 1946 y 1958, la principal medida sería devolver la
tierra a los campesinos, indígenas y afrocolombianos a
quienes una y otra vez les ha sido quitada la Madre Tierra, a
sangre y fuego.
Al amanecer del 2 de septiembre de 2005, dos centenares de comuneros
del Resguardo indígena Nasa de Huellas, se atrevieron a
hacer cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que estableció que el Estado colombiano debía
entregarles tierra. Dicha sentencia fue impuesta como parte de
la reparación integral por la masacre cometida por paramilitares,
de que fueron víctimas el 16 de septiembre de 1991, en
la Hacienda Nilo ocupada por ellos, donde fueron asesinados 20
indígenas, entre ellos niños.
Cansados de esperar por 14 años la justa reparación,
los comuneros ocuparon la Hacienda “La Emperatriz”.
La represión no se hizo esperar y tuvo un resultado inesperado:
combates con la policía, gases, presencia del Ejército,
disparos de armas de fuego contra la gente, indígenas heridos
a bala. Nada aterrorizó a los ocupantes, sino que su resistencia
civil encendió el corazón de más y más
indígenas. Fue imposible desalojar a los ocupantes y cada
día había más. Cuando el 13 de septiembre
el Ministro del Interior negoció con los Nasa, eran tres
mil quinientos y ocupaban además otra hacienda: “Guayabal”.
Este hecho marcó un cambio histórico. Fue la primera
derrota del terror que, en Colombia, paralizó la lucha
directa por liberar la tierra de manos del latifundio. La masacre
de Nilo significó la aplicación de la condena de
muerte contra todo aquel que se atreviera a desafiar a los amos.
Condena aplicada a campesinos, indígenas o afros, sin discriminación.
Así, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, el terror
se abalanzó contra los campesinos afiliados al Sindicato
de Trabajadores Agrícolas del Tolima, SINTRAGRITOL en Cajamarca,
que en marzo anterior habían ocupado la finca La Manigua,
propiedad de un embajador colombiano. Cinco campesinos aparecieron
brutalmente torturados y asesinados y 18 fueron “desaparecidos”.
El 10 de abril de 2004 el Ejército mató allí
mismo a otros tres campesinos, a un bebé y un niño.
En el 2005, el 24 de enero, Luz Miriam Castaño, presidenta
de la Asociación Campesina “La Conquista” de
Cajibio, Cauca, fue asesinada. Ella lideró en el mes de
diciembre de 2004, la ocupación de la hacienda “La
Chola” y había sido amenazada por esta razón.
“No insista”, le dijeron.
Toda la crueldad contra quien se atreviera a liberar la tierra,
consolidó una gigantesca contra-reforma agraria que permitió
que hoy el 61% de la propiedad rural registrada pertenezca a sólo
el 0,4% de los propietarios, es decir, 15 mil personas, una de
las cuales es el Presidente álvaro Uribe Vélez.
Cerca del 70% de los Congresistas también hacen parte de
ese selecto grupo. Ellos son hoy el Gobierno de Colombia, a punto
de ser reelegidos. El mensaje de las masacres era claro “¿Quién
como ellos? ¿Quién puede luchar contra ellos?”.
Ellos, al fin y al cabo ganaron el apoyo de Estados Unidos mediante
el Plan Colombia, destinado a defender este statu quo como contrapartida
por el apoyo de la clase dirigente colombiana al Tratado de Libre
Comercio y al ALCA y por la modificación de la legislación
petrolera, minera, forestal, de aguas, de inversiones... Un trueque
que garantiza además a los latifundistas la especulación
con el precio de la tierra en las áreas cercanas a las
inversiones y megaproyectos de las transnacionales.
Se consolidó un latifundismo que no depende de la producción
agropecuaria sino de la especulación. Las plantaciones,
especialmente de palma africana, la explotación maderera
o la ganadería, tienen la función primordial de
garantizar el dominio territorial y no la producción en
sí misma. El gobierno de Uribe comenzó a aprobar
la legislación necesaria para legalizar el despojo de tres
millones de desplazados. La ley que reduce el tiempo de prescripción
de la propiedad, el plan de desarrollo, las recientes resoluciones
que legalizan los cultivos de palma africana en los territorios
comunitarios de los afrocolombianos y les despojan de tierra,
son apenas parte de las normas destinadas a perpetuar las conquistas
hechas a sangre y fuego. El acuerdo con los paramilitares es el
toque final para lavar dineros y tierras.
Como contraparte, la acción de los Nasa sobre “La
Emperatriz” ha sido el verdadero lanzamiento de la consigna
“Justicia y Reparación” para las víctimas
de ese imperio infame. Han sido los Nasa los primeros en hacer
verdad este grito, porque fueron ellos quienes en septiembre de
2004 llamaron a la Gran Miga que recorrió la carretera
hasta Cali, con 60 mil indígenas, para oponerse a los proyectos
de reforma constitucional de Uribe y a la violencia; para decirle
no al TLC y sí a la vida y al proyecto de autogobierno
de los pueblos. Porque fueron los Nasa la columna vertebral de
la consulta popular contra el TLC que conmovió 6 municipios
del Cauca que votaron como nunca lo había hecho para rechazar
el engendro del “libre” comercio con Estados Unidos,
que se encuentra indisolublemente ligado con la contra-reforma
agraria del latifundio especulativo y la liquidación de
la agricultura nacional.
La resistencia exitosa de los Nasa en “La Emperatriz”
desbarató el nudo del terror que ataba las mentes. Campesinos,
indígenas Misak (Guambianos), Coconucos y Nasa, vieron
claro “como cuando un relámpago ilumina la noche
y permite ver cómo será el amanecer”. Aunque
existen muchas contradicciones entra cada uno de ellos, que por
años les impidieron actuar juntos, todos llegaron a una
conclusión unánime: llegó el momento de recomenzar
la liberación de la tierra.
Cada uno por su cuenta decidió que el día indicado
era el 12 de octubre, 513 aniversario del inicio de la resistencia,
día en que las centrales obreras convocaron a sus afiliados
a un paro nacional. Campesinos e indígenas del departamento
del Cauca tomaron 15 haciendas: “Miraflores”, entre
Corinto y Miranda, donde 3 mil campesinos reclamaron su derecho
a la tierra; indígenas y campesinos de Paletará,
Puracé y Coconuco ocuparon las cuatro fincas en que se
dividió la antigua hacienda Cocunuco; en Silvia fueron
ocupadas "Los Remedios”, por los indígenas de
Kisgó, y "Ambaló", por los Misak; y en
Caloto, El Japio, propiedad de Garcés & Compañía,
por los Nasa, de Caldono.
Cada evento repitió lo ocurrido en “La Emperatriz”.
Fueron varias las ocasiones en que la Policía comunicó
por televisión, radio y diarios, que los ocupantes habían
sido desalojados, y otras tantas veces la televisión mostró
a los ocupantes firmes en las fincas. Por primera vez millones
de colombianos vieron en directo los enfrentamientos por la tierra.
Solamente en los casos que hubo acuerdos, los ocupantes se retiraron
por propia voluntad, en los demás siguieron allí.
Los Gobiernos Nacional y del Cauca quisieron aparentar que las
ocupaciones fueron solamente indígenas, y acusaron, por
los grandes medios, a los indios de tener “mucha”
tierra“a costa de los campesinos y negros”. Pero,
la realidad mostró la alianza campesina-indígena
en las ocupaciones. La “mucha tierra” indígena
no está en el Cauca, donde 800 terratenientes tienen la
misma cantidad de tierra que 240 mil indios y las pequeñas
parcelas, incluidas las indígenas en los Resguardos, las
campesinas y afro, son el 54,1% de las explotaciones del departamento,
pero apenas disponen del 8,9% de la tierra de agrícola
o pecuaria. Tampoco están en el resto de los Andes, sino
en la Amazonia, donde el Estado no ha dado nada sino apenas reconocido
la posesión inmemorial de los pueblos amazónicos.
En el encuentro interétnico en Santander de Quilichao,
los afros no denunciaron a los indígenas sino al gobierno
por quitares las tierras y afianzaron su alianza con los Nasa.
Manifestaciones, organizadas por el latifundista Gobernador del
Cauca contra los indígenas, poco concurridas (500 personas),
fueron hechas por “campesinos urbanos” y empleados
públicos con sus familiares.
Mucho más importante, pudo constatarse también que
lo ocurrido en el Cauca fue parte de una movilización nacional
de indígenas, campesinos y afros. En el mismo departamento,
en Nariño y Valle se movilizaron adicionalmente a las ocupaciones,
25 mil de ellos exigiendo solución inmediata a su crítica
situación de pobreza. En Inzá (Cauca) 5 mil campesinos
e indígenas bloquearon la carretera. Entre Mallama y Ricaurte
(Nariño) 4 mil campesinos e indígenas Awá
marcharon durante dos días contra el TLC y la política
de "seguridad democrática" y por el respeto a
los derechos humanos. Dos mil campesinos bloquearon la vía
La Vega (Cauca)-Popayán en San Miguel, en apoyo al paro
nacional, a la liberación de la Madre Tierra y al proyecto
de ley agrario. Mil campesinos bloquearon la vía al Huila
en el sitio Gabriel López. Cuatro mil personas marcharon
desde "Mi Bohío" en el sur del Cauca hasta Popayán,
donde se unieron a la marcha urbana. En Barbacoas (Nariño),
3 mil afrocolombianos y campesinos tomaron el casco urbano reclamando
agua potable y soluciones para sustituir los cultivos ilegales.
En Buenaventura 5 mil afros marcharon en apoyo al paro y en protesta
por las resoluciones del gobierno que eliminan sus derechos.
En Caldas y Risaralda se movilizaron masivamente los Embera en
Minga en defensa de sus territorios: quince mil indígenas
en dos marchas, una desde Belén de Umbría hasta
Pereira y otra de Santa Rosa de Cabal a Manizales. Las dos movilizaciones
fueron prohibidas por el Gobierno Nacional, dejando un indígena
muerto y varios heridos, durante la represión. 20 mil campesinos
y pequeños empresarios agrícolas de los departamentos
del Tolima y Huila e indígenas del Huila se concentraron
en la ciudad de Neiva, rechazando el TLC. Se registraron concentraciones
campesinas Fusagasugá (Cundinamarca), Tunja y Ventaquemada
(Boyacá). Entre Sampués y Sincelejo (Sucre, Costa
Caribe) marcharon 5 mil indígenas que se unieron al llegar
a la marcha sindical. En Santa Rosa Sur de Bolívar, se
cumplió una romería de mil mineros artesanales que
protestaron contra la multinacional Kedahda, filial de la AngloGold
Ashanti, que quiere quedarse con la explotación del oro
de la serranía de San Lucas.
La movilización del 12 de octubre fue prueba evidente de
un nuevo ascenso de la lucha campesina afro e indígena,
que ya se había hecho sentir tanto en la Minga indígena
en Tolima (un mes antes) y en la ocupación de la hacienda
“Balsillas” en se departamento. También en
dos marchas campesinas multitudinarias a Carmen de Bolívar
(la última en septiembre); dos levantamientos contra los
paramilitares en San Pablo (sur de Bolívar) la ocupación
campesina de Cantagallo (sur de Bolívar); y los paros cívicos
en varias localidades de la costa Pacífica. Del 4 de noviembre
al 11 de noviembre fue ocupada la iglesia de San Francisco en
Bogotá, por 700 afrocolombianos que exigieron respeto a
las normas de etnoeducación y a sus tierras colectivas.
También los obreros rurales se han movilizado. En enero
1300 trabajadores de la palma africana realizaron una huelga victoriosa
de tres semanas en San Alberto, Cesar, para reclamar reajustes
salariales. La mayoría pertenecen a tres “cooperativas
de trabajo” impuestas hacia 1990, cuando los dirigentes
del sindicato fueron obligados, bajo amenazas de muerte, a renunciar
a la convención. En mayo, junio y julio, ocurrió
un alentador levantamiento de los corteros de la caña de
azúcar. El 25 de mayo, 2.700 corteros del Ingenio del Cauca,
bloquearon las entradas a la factoría y presentaron un
pliego petitorio. Con la simpatía abierta de la población,
tras 5 días de huelga lograron un acuerdo victorioso. El
ejemplo prendió y en pocas semanas pararon 7 mil corteros
en los ingenios Mayagüez, Manuelita, La Cabaña, Pichichí,
Central Tumaco, Castilla y María Luisa. Los Nasa se movilizaron
en apoyo a los corteros tanto durante la huelga como posteriormente
para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el ingenio
la Cabaña.
El Gobierno teme que se extienda la liberación de la Madre
Tierra, por eso desde la tarde del 8 de noviembre atacaron a los
Nasa que ocupan El Japio, con tanquetas, escuadrones de policía
y disparos de arma de fuego. Quieren matar la lucha y por eso
mataron el 10 de noviembre a Belisario Camayo Wetetó, guardia
indígena de 16 años, e hirieron a bala a Gerson
Menza. Fueron nueve intentos fallidos de desalojo. Mientras los
Nasa resistían los ataques policiales en El Japio, los
Misak de La María ocuparon el 9 de noviembre la hacienda
“Corazón” en Piendamó. Cientos de campesinos
sin tierra unidos con indígenas ocuparon desde el 10 de
noviembre tres fincas en el municipio de Morales, también
en el Cauca. El 16 de diciembre fue elegido y se posesionó
el Cabildo, la autoridad indígena de El Japio.
Lo que el actual Gobierno jamás hubiera querido. Reforma
agraria popular. Liberación de la Madre Tierra. Todos los
hemos oído este ritmo, con el corazón. No dejará
de sonar hasta que por fin haya justicia y reparación.
Colombia, 07 de enero de 2006 |
