Uribe ofrece recompensa por la cabeza de los indios

Bogotá, marzo 29 (Centro de Cooperación al Indígena). En el año de 1572, en la plaza del Cuzco tiene lugar la ejecución del Inca de Vilcabamba Felipe Túpac Amaru, en medio de una multitud de indígenas y no indígenas convocadas por el Virrey Francisco de Toledo Conde de Oropeza para presenciar este crimen. Esto con el fin de frenar la rebelión indígena contra las injusticias impuestas por los invasores.

En 18 de mayo de 1781 en el Cuzco, los conquistadores españoles ordenaron que Tupac Amaru II fuera descuartizado, tirado por cuatro caballos, y decapitado, luego de presenciar el exterminio de su familia. En el mismo año, en Bolivia, el 14 de noviembre es masacrado Tupac Katari. Amarrado a las sinchas de 4 caballos que no lograron descuartizarlo. Después de arrancarle la lengua, los españoles lo descuartizan.

Estos crímenes de lesa humanidad contra los indígenas, perpetrados hace 500 y hace 300 años, se siguen viviendo en Colombia, porque día a día son amenazados, desaparecidos, torturados, masacrados, asesinados, muchos líderes indígenas, hombres y mujeres, cuyo único delito ha sido defender su derecho a seguir viviendo como indígenas, en su territorio, con su cultura y su gobierno propios.

A esta historia de terror, hay que añadir un nuevo acontecimiento, protagonizado por las propias autoridades del Estado colombiano. El 15 de marzo de 2008, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en un Consejo Comunitario, llevado a cabo en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, en un claro desconocimiento al derecho de los pueblos indígenas al territorio, y por consiguiente a la propia existencia, califica de delincuentes a quienes adelantan el proceso de liberación de la madre tierra, y como en las más retrógradas historias, de hace más de trescientos años, ordena poner precio a la cabeza de los indígenas.

Dice el presidente Uribe:

“¿Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?” […] “¡Ofrezcámosla s¡ eso ha sido muy útil en el país. Dicen: “no, es que están allá, están consolidados, que no los rompen”. Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen: “no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro”. Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros. […]”

Señala también: “Los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General.”

En consecuencia, ordena: “[…] Las autoridades militares y de Policía quedan esta noche autorizadas para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicializacion”

Estas declaraciones, por lo demás indignas del más alto funcionario gubernamental, son una agitación para alentar mucho más las prácticas racistas en contra de los pueblos indígenas. Con este discurso, el presidente Uribe está dando carta blanca a los militares, la rama judicial y a toda la sociedad para que, como antaño, lleguen con la cabellera de un indio o con su cabeza, su pierna, su brazo o su lengua, como muestra de que están haciendo la tarea que el Virrey les ha encomendado.

Recordemos que, las autoridades y gran parte de la sociedad colombiana aplaudieron un reciente hecho en el que se paga una recompensa por asesinar a un guerrillero, cercenar su mano y llevarla a las autoridades, legalizando de esa manera la pena de muerte, y la mutilación de cuerpos, contraviniendo el postulado de la Constitución colombiana que reconoce el derecho de todos, sin excepción, a tener un juicio justo.

Si bien, las recompensas han sido útiles para dar con el paradero de autores de delitos atroces, éstas deben tener unos principios y unos límites, porque como lo señala el propio discurso del presidente Uribe, estos mecanismos conducen a la traición, a la deslealtad, a los falsos positivos y montajes; y como ha quedado en evidencia, conducen a la justificación del asesinato, la tortura y el desmembramiento.

Resulta cínico que, en el mismo Consejo comunitario, el presidente señale que la ley es permisiva con los indígenas y por ello se ha perdido el respeto. Pero pasa por alto que la mal llamada ley de justicia y paz premia a los autores de delitos atroces, cuyas penas parecen ser inversamente proporcionales a la gravedad y cantidad de crímenes cometidos.

Justamente por la permisividad de esta Ley, los grupos paramilitares se reorganizaron y siguen causando el terror en contra de los colombianos y colombianas.

Es igualmente cínico, que se llame invasores y delincuentes a los indígenas, cuyos territorios han sido y siguen siendo invadidos por terratenientes, monocultivos, megaproyectos, que son favorecidos por grupos criminales como las autodenominadas Águilas Negras o Nueva Generación.

Con estos actos irresponsables, el gobierno Uribe Vélez, hace explícito nuevamente su propósito de frenar el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, a favor de los grandes terratenientes que mantienen la tierra ociosa, o que la destinan a monocultivos u otros proyectos no sostenibles, al igual que lo hizo al impulsar la aprobación de la denominada Ley de Desarrollo Rural.

El pueblo colombiano, que ha padecido la violencia durante casi toda su historia, y el resto de la comunidad internacional, no pueden permitir que el gobierno colombiano, incite a la violencia contra los pueblos indígenas.

De ser tolerantes con ese discurso, en muy corto tiempo se llegará a la justificación del exterminio total de los pueblos indígenas, el cual avanza a pasos agigantados durante el actual gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, tal como lo demuestran las cifras de asesinatos, desplazamiento, tortura, y otras violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El mundo ahora cuenta con una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, firmada después de muchos crímenes cometidos en contra de los indígenas de América y de todo el mundo.

El presidente Uribe Vélez, no puede sustraerse a esta trágica historia y a la nueva realidad, para devolverse más de quinientos años a ofrecer recompensas para formar su propio apilamiento de cabezas, cabelleras, lenguas, brazos y piernas de indios, cuyo único delito es Liberar la Madre Tierra.